POLITICA
La Justicia Federal ordenó investigar a Lugones y al jefe del PAMI por el presunto incumplimiento de sus fallos sobre discapacidad
CÓRDOBA.- La Justicia Federal de Córdoba ordenó investigar al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de las resoluciones que dispusieron regularizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad. La decisión se da en medio de la polémica originada por los cambios que introduce en el tema el proyecto de presupuesto 2027.
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que determine si la conducta de los funcionarios puede constituir un delito. La investigación quedó a cargo del fiscal federal Carlos Casas Nóblega, que deberá analizar si existió desobediencia a una orden judicial y, eventualmente, incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Fuentes del Ministerio de Salud indicaron a que el planteo sobre el “supuesto incumplimiento” ya había sido realizado por el juez que ahora rechazó la apelación presentada. Adelantaron que el Estado presentará un recurso de queja ante la Cámara Federal, por entender que corresponde que esa instancia sea quien revise la cuestión.
“Comprendemos que no existe incumplimiento del fallo y que tampoco se han presentado elementos concretos que acrediten que el Ministerio haya incumplido una obligación”, añadieron.
La decisión judicial es el último capítulo de un expediente que el propio Vaca Narvaja comenzó a tramitar en mayo y que tuvo desde entonces varias resoluciones en las que el magistrado fue insistiendo sobre la obligación del Estado de cancelar las deudas con los prestadores.
El conflicto se originó en un amparo colectivo promovido por personas con discapacidad, familiares e instituciones que denunciaron demoras en los pagos de prestaciones financiadas por el PAMI y por Incluir Salud.
En mayo, Vaca Narvaja había dictado una medida cautelar y ordenado al Ministerio de Salud, a través de Incluir Salud, y al PAMI que normalizaran los pagos en un plazo de 72 horas.
El juez consideró que las demoras podían comprometer la continuidad de tratamientos y prestaciones esenciales y advirtió sobre la situación particularmente vulnerable del colectivo alcanzado por el amparo. La orden judicial no se limitaba a resolver el reclamo de un prestador individual: alcanzaba al conjunto de personas comprendidas en la acción colectiva.
El Gobierno nacional apeló aquella resolución, pero el recurso fue concedido con efecto devolutivo. Esto significaba que la apelación no suspendía la obligación de cumplir con la cautelar mientras la Cámara Federal analizaba el planteo. En ese momento, Vaca Narvaja sostuvo que la administración nacional debía acatar la medida y que la discusión sobre la apelación no modificaba esa obligación.
La controversia avanzó luego hacia una sentencia de fondo. En junio, el juez volvió a ordenar que se regularizaran los pagos de las prestaciones previstas por la ley 24.901. Uno de los elementos que tuvo en cuenta fue que el Estado había acreditado pagos correspondientes a algunos períodos, pero no había demostrado, según la resolución, que hubiera normalizado la situación para todo el universo alcanzado por el amparo.
En aquella resolución, Vaca Narvaja también incorporó la situación informada por distintas instituciones de Córdoba. Prestadores como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría habían denunciado atrasos acumulados durante varios meses. Las entidades plantearon que las demoras estatales les generaban problemas para afrontar salarios, aportes, proveedores y otros costos indispensables para sostener las prestaciones.
El caso del Cottolengo fue uno de los ejemplos utilizados en el expediente. La institución informó que había tenido que afrontar intereses ante ARCA por aportes y contribuciones que no había podido cancelar a tiempo debido a los atrasos en los pagos. Para el juez, esos elementos mostraban que el problema no era solamente administrativo o contable, sino que tenía consecuencias concretas sobre el funcionamiento de las instituciones que atienden a personas con discapacidad.
La última decisión de Vaca Narvaja agrega una nueva dimensión al conflicto por el financiamiento de las prestaciones de discapacidad.
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POLITICA
La Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner: seguirá cumpliendo su condena en San José 1111
La Justicia resolvió extender la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner, quien seguirá cumpliendo en el departamento de San José 1111 la condena a 6 años de prisión que recibió en la causa Vialidad.
En el fallo, el juez federal Rodrigo Giménez Uriburu del Tribunal Oral Federal 2 sostuvo que la exmandataria “ha cumplido adecuadamente” con el deber de permanencia y con las pautas establecidas para las visitas.
El magistrado había solicitado medidas para conocer con precisión sus movimientos dentro del departamento y concluyó que acató las reglas impuestas, de acuerdo con los informes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).
Según el informe trimestral de la DCAEP, en las entrevistas domiciliarias realizadas de manera aleatoria, Kirchner “respondió a los requerimientos formulados con buena predisposición y mantuvo un trato cordial y respetuoso hacia los profesionales intervinientes”. En ese período tuvo una única salida autorizada por la Justicia, para una consulta médica, que se realizó “sin inconvenientes”.
Las visitas “se ajustaron a los permisos concedidos por el Tribunal”, con la demora de una visitante que fue debidamente explicada, y el monitoreo electrónico no registró irregularidades.
El tribunal también señaló que, pese a las movilizaciones que hubo frente al domicilio, no se registraron comportamientos que “hubieran perturbado la tranquilidad del vecindario” ni quejas de los vecinos. El pasado 1 de septiembre, Máximo Kirchner encabezó un acto en San José 1111 en el que aseguró que la expresidenta se está preparando para competir en 2027. La semana pasada, los abogados de Cristina Kirchner encabezaron una conferencia de prensa en la que aseguraron que hay pruebas nuevas en la causas que podrían beneficiar a la expresidenta.
“Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria”, agregó el juez.
La decisión se conoce luego de que el TOF 2 confirmara el embargo preventivo de varios bienes de la expresidenta y de los otros condenados en la causa, entre ellos el departamento de San José 1111.
La medida apunta a alcanzar un decomiso de alrededor de $685.000 millones, correspondientes al perjuicio económico causado al Estado por los delitos juzgados en el expediente. Por otra parte, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó dos recursos de Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia para frenar un posible decomiso de inmuebles de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
En paralelo, se investiga la compra del departamento ubicado debajo del que ocupa la expresidenta por parte de María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora cercana a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Ante la Justicia, Calle dijo que lo adquirió para que funcione una fundación, sin dar mayores precisiones. También se supo que el senador nacional del PJ Mariano Recalde es propietario de un departamento en el primer piso del mismo edificio.
cristina kirchner, Vialidad
POLITICA
El secretario de Discapacidad presentó su renuncia en medio de la puja por el rumbo del área
En medio de la puja por el rumbo de la política de discapacidad, Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario nacional del área, cargo que asumió tras la salida de Diego Spagnuolo, en agosto del año pasado.
El Gobierno confirmó su salida y aún no se conoce quién será su reemplazante.
En una nota dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, el funcionario comunicó su decisión y pidió que fuera efectiva “a partir de este momento” por “razones estrictamente personales”.
La presentación ocurre menos de tres semanas después de que Vilches expusiera ante la Comisión de Discapacidad de Diputados para dar cuenta de la normalización del área y de las medidas adoptadas durante su gestión.
Su decisión se conoce, además, tras la presentación del proyecto de ley presupuesto 2027, con el que el Gobierno buscó derogar el corazón de la ley de discapacidad vigente, como el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones. Tras el escándalo que provocó, incluso hacia adentro del gabinete libertario, el oficialismo decidió dar marcha atrás y comunicó que trabaja en un “proyecto superador” con aliados.
Es que la inclusión de esos puntos en el proyecto de presupuesto tomó por sorpresa hasta a los integrantes de la mesa política del Gobierno y dejó expuestas las diferencias que imperan dentro del oficialismo.
La más explícita fue Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario en el Senado reconoció que desconocía las modificaciones pese a integrar la mesa política y reclamó corregir los problemas de coordinación. “Quedás como un tonto o como que engañás”, advirtió, y sostuvo que ese tipo de episodios “resiente las relaciones” con los bloques que después deben defender las iniciativas oficiales en el Congreso.
También habló de un “error no forzado” y apuntó a la falta de coordinación entre las distintas áreas que intervinieron en la elaboración del proyecto. La mesa política de Milei, que encabeza su hermana Karina, se reunirá mañana tras estos cortocircuitos que expuso Bullrich.
El episodio también desacomodó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que venía negociando con Pro, la UCR y bloques provinciales un esquema alternativo para discapacidad que quedó en contradicción con el texto enviado por el Poder Ejecutivo.
Tras el revuelo, los libertarios retomaron esas conversaciones y transmitieron a sus aliados que los artículos cuestionados del presupuesto serán reemplazados por lo que finalmente se acuerde en comisión.
La próxima reunión plenaria de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto será este miércoles a las 12 en la que se deberá emitir un dictamen, tal como se votó durante la última sesión en Diputados. El oficialismo necesita llegar a la próxima cumbre con un texto capaz de reunir a los bloques dialoguistas antes de que la oposición consiga imponer el suyo, que extiende la emergencia en discapacidad por otro año.
El oficialismo plantea que, en vez de prorrogar una emergencia, es necesario lograr una legislación permanente para así sustituir elementos excepcionales por reglas de fondo. De esta manera, asegura LLA, podrán sacar cuentas y reflejar eso en el proyecto de presupuesto 2027, con objetivos, costos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control.
La dimisión de Vilches abre otro frente interno en el Gobierno por la política del área. El funcionario asumió el cargo en agosto de 2025 tras la salida de Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y procesado por la supuesta compra de medicamentos para discapacitados con sobreprecios y mediante un mecanismo de cartelización.
Además, se conoció hoy que la Justicia Federal ordenó investigar al ministro de Salud y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de las resoluciones que dispusieron regularizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad.
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POLITICA
El gremio de Fate critica a Kicillof y se muestra en alerta por un posible desalojo de la fábrica
Desde la puerta de la fábrica de neumáticos Fate, que cerró en febrero, una delegación del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) que mantiene una guardia en el lugar cuestionó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y le reclamó que reciba a los empleados despedidos. Las críticas llegaron luego de una entrevista en la que el mandatario provincial defendió el accionar de su gobierno en el conflicto y mientras el gremio y empleados despedidos se muestran en alerta ante el desalojo del predio fabril, confirmado por la Justicia la semana pasada.
“Estuvieron trabajando con ellos el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción. Tenemos, en el país, 30.000 empresas que han cerrado. Hemos acompañado. En el caso de Fate, hemos dictado las medidas que correspondían [el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria el 18 de marzo]. Sabemos que hay una parte importante que ha recibido indemnizaciones y vamos siguiendo cada uno de los conflictos. Tenemos conflictos en toda la provincia. Están cerrando empresas diariamente y estamos dando todo el apoyo que podemos”, fueron los dichos de Kicillof, este lunes a la radio y medio digital El Destape, que generaron la réplica sindical.
Desde la fábrica de Fate, en San Fernando, el Sutna difundió un video en el que critican al gobernador empleados de la firma y el secretario general del gremio, Alejandro Crespo. “Usted comprende mejor que yo, tiene años de política y fue ministro de Economía. ¿Le parece a Fate, con 80 años, emblema de la industria nacional, compararla con cualquier otra circunstancia, cuando hay un lockout? Se ve claramente que la empresa está haciendo esta maniobra y están sufriendo los trabajadores, que son bonaerenses. Cuando dice que recibió a trabajadores de todos los sectores, no nos recibieron», dijo Crespo.
El líder del Sutna y dirigente del Partido Obrero les dio paso a los manifestantes que lo acompañaban en el video para que refrendaran que no habían sido recibidos por Kicillof. “Hemos ido dos veces a La Plata para que nos reciba y no nos ha recibido. Y hay algo más grave: nuestro sindicato ha presentado un proyecto de ley en la Legislatura para decretar la fabricación de neumáticos como algo esencial. Gobernador: si quiere un país que se digne de ser tal, tiene que tener una fábrica nacional de neumáticos, es absolutamente esencial”, afirmó uno de los trabajadores que aparecieron en el video junto a Crespo.
El cierre de Fate se produjo hace siete meses y, desde ese momento, el Sutna mantiene presencia en la fábrica, con exempleados que se rotan en la permanencia en el lugar. El cese de la actividad en la planta propiedad de Javier Madanes Quintanilla dejó sin trabajo a 920 empleados. El jueves, se conoció una decisión de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro que ordenó “la restitución del inmueble al particular damnificado”.
Ante la posibilidad de que se concrete el desalojo de la fábrica de neumáticos, el Sutna lanzó una alerta. “Acá, necesitamos una solución. Si hay una represión sobre los trabajadores, cada uno de los compañeros lastimados tendrá un responsable”, advirtió Crespo.
En las últimas horas, se añadió un nuevo conflicto laboral para al gobierno de Kicillof. Se trata de la situación de la fábrica Dorada (ex-Dánica), ubicada en la localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora. El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (Soeia) denunció ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, que conduce Walter Correa, que el grupo Beltrán, propietario de la empresa, anunció su cierre a partir del 30 de septiembre. La empresa había cerrado en diciembre de 2024 y volvió a abrir en enero de 2025, luego de una intervención del gobierno provincial.
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