Nueve años después de la quiebra de Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez terminó de liquidar sus principales activos con un resultado inesperado: pagó la totalidad de los créditos verificados, incluidos los intereses, y todavía quedará un remanente de al menos $1681 millones que, según el proyecto de distribución, será puesto a disposición de la Justicia Penal Federal.

El dato surge del Proyecto de Distribución de Fondos V, la última rendición de cuentas del expediente “Austral Construcciones S.A. s/Quiebra”, que tramita ante el Juzgado Comercial 28, a cargo de Pedro Manuel Crespo. Según ese proyecto, el activo realizado por la quiebra asciende a $4.534.873.782, provenientes de las ventas de bienes y de los intereses generados por plazos fijos en que la sindicatura mantuvo depositados los fondos mientras avanzaba la liquidación.

Báez, uno de los principales contratistas de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cumple una pena única de 15 años de prisión, aún no firme, que unificó las condenas a 10 años por lavado de dinero en la causa conocida como “ruta del dinero K” y a 6 años por administración fraudulenta en la “causa Vialidad”. También acumula otras condenas: 4 años y 6 meses por lavado de dinero en el caso del campo El Entrevero, en Uruguay, y 3 años y 6 meses por apropiación indebida de recursos de la seguridad social correspondientes a empleados de empresas del Grupo Austral.

Entre los bienes de la constructora de Báez que fueron rematados figuran el edificio de Franklin D. Roosevelt 1780, en la ciudad de Buenos Aires; inmuebles en Río Gallegos y en la zona de Tres Lagos y Comandante Luis Piedra Buena, en Santa Cruz; así como rodados, maquinaria vial y el predio del Obrador Central de la empresa, en las afueras de la capital santacruceña, uno de los activos de mayor valor del expediente.

Con ese dinero, la sindicatura pagó el 100% de los créditos verificados por los acreedores —organismos estatales, obras sociales, proveedores y exempleados— y también abonó todos los intereses que habían quedado suspendidos desde la declaración de quiebra.

Cubiertos esos pagos, los síndicos determinaron un excedente de $2.473.528.833,20, sobre el cual la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) percibirá Impuesto a las Ganancias por aproximadamente $792,3 millones. Descontado ese impuesto, el Proyecto de Distribución V estima un remanente de $1.681.226.543,73, equivalente a unos US$1,1 millones al tipo de cambio de referencia.

Esa cifra, sin embargo, todavía no es definitiva. Depende, entre otros factores, de un litigio paralelo que también tramita en el expediente: la disputa por los honorarios de los profesionales que llevaron adelante la liquidación y que debe definir la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

La disputa por los honorarios

El estudio contable Stupnik & Stupnik, designado Sindicatura Liquidadora, apeló por bajos los $300 millones que le fijó el juez de primera instancia y pidió que sus honorarios se eleven al máximo permitido por la Ley de Concursos y Quiebras, el 12%. En conjunto, el juez reguló $450 millones para los beneficiarios de la distribución, equivalentes al 9,93% de la base usada para calcular los honorarios. La aplicación del tope del 12% llevaría esa suma a unos $544,2 millones.

Además, la Sindicatura Liquidadora reclamó una regulación “adicional y complementaria” de $353,8 millones, para compensar honorarios que considera insuficientes en las cuatro distribuciones de fondos anteriores. A ese pedido se sumaron reclamos de la Sindicatura Verificante y del letrado del acreedor peticionante por otros $160,7 millones.

El argumento central de la sindicatura es que, como todos los acreedores ya cobraron el 100% de sus créditos, la diferencia entre los honorarios actualmente regulados y el máximo legal no modificaría el cobro de ningún acreedor: pasaría directamente a engrosar el remanente que recibirá la propia empresa fallida. En ese contexto, los síndicos plantearon que se configuraría “un enriquecimiento sin causa” a favor de Austral Construcciones.

El remanente definitivo dependerá, por lo tanto, de la decisión que adopte la Cámara Comercial sobre los honorarios ya regulados y sobre las regulaciones adicionales solicitadas. Si elevara los honorarios hasta el 12%, disminuiría el monto disponible para la fallida respecto de la estimación actual; si confirmara las regulaciones inferiores y rechazara los adicionales, permanecería un monto mayor dentro del remanente.

A disposición de la Justicia Federal

En cualquiera de esos escenarios, el destino previsto para el remanente no cambiará: según consta en el propio proyecto de distribución, el dinero será reintegrado formalmente a Austral Construcciones y puesto a disposición de la Justicia Federal, en referencia a los tribunales federales de Comodoro Py donde tramitaron y tramitan las causas por asociación ilícita, lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Báez.

El trámite de cobro contra los propios accionistas de la firma, Báez y su hijo Martín Báez, quedó en cambio suspendido esta semana. El juez Crespo resolvió postergar esa causa —en la que la sindicatura reclama a ambos la restitución de fondos que, según sostiene, retiraron como dividendos sin la autorización de una asamblea de accionistas de Austral Construcciones— hasta que se resuelva en forma definitiva la distribución final de fondos.

El crédito reclamado a los Báez por ese concepto, que en el balance de 2015 de la constructora figuraba en $145 millones, había trepado a casi $147 millones para 2016 y, actualizado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), rondaría hoy los $17.750 millones, sin que conste que los accionistas lo hayan restituido.

La resolución sobre los honorarios en danza queda ahora en manos de la Cámara Comercial, que deberá decidir si eleva la retribución de los liquidadores al tope legal del 12%, mantiene las regulaciones fijadas en primera instancia o admite alguno de los pedidos adicionales. De esa definición dependerá cuánto dinero quedará finalmente como remanente de la megaquiebra de los Báez y, l proyecto de distribución, será puesto a disposición de la Justicia Federal.

Para Javier Milei, 2027 trae una pregunta clave: ¿se trata de la reelección de Milei o de la reelección del proyecto Milei? Suenan a lo mismo, pero no lo son. La que parece tenerlo más claro es Patricia Bullrich que suele poner sobre la mesa el concepto de reelección en su versión menos personalista. Volvió a hacerlo este domingo: “Para mí es muy importante que el proyecto reelija”.

Una definición que Bullrich no explota al máximo, pero que implícitamente abre un portal hacia otras consideraciones: primero, que con el proyecto mileísta puro quizás no alcance; segundo, que la supervivencia del corazón del proyecto Milei es innegociable, pero que la conveniencia política obligue a sumarle agregados clave que garanticen la continuidad; tercero, que en ese contexto, la persona Milei no es la pieza central sino el legado de los fundamentals de su modelo.

Bullrich también apuntó en ese sentido: “Superávit fiscal y metas de inflación no se negocian”, remarcó, pero le dio espacio a la necesidad de solucionar “aquellas cosas que generan una sensibilidad muy fuerte en la sociedad”.

Los tres debates del momento, discapacidad, AUH y presupuesto universitario, son algunas de “aquellas cosas” que dejan en evidencia los lados flacos del modelo Milei en sentido estricto, y alientan la variante que Bullrich quiere imprimirle a la nueva cepa del modelo.

No dos, sino tres modelos de país

Después de casi tres años de gestión mileísta y a un año de la elección presidencial, la Argentina de Milei enfrenta una encrucijada donde confluyen tres caminos, no dos. Ya no sólo la pugna entre un modelo macro-productivo mileísta puro y un modelo pero-kirchnerista clásico que Kicillof quiere representar, como quedó claro el sábado en Avellaneda, en el cuasi lanzamiento de su precandidatura a Presidente. “El pueblo argentino vivía mejor con Perón, con Néstor y con Cristina. Había más derechos”, dijo Kicillof, para no sorprender a nadie.

Dentro del mismo modelo mileísta, empieza a instalarse una tercera opción, una variante del modelo Milei que Bullrich se esfuerza por articular con mayor claridad. Esa visión asume los logros de la visión macroeconómica y productiva del mileísmo y, al mismo tiempo, integra los matices que le son más esquivos: un mileísmo macroeconómico con una oreja puesta en un desarrollismo moderado, una sensibilidad social estratégica y una institucionalidad tradicional, también estratégica.

La disputa entre los tres modelos se da en el tablero de la geoeconomía: una división geográfica de la Argentina que trasladó la promesa de prosperidad al eje cordillerano y sus conurbanos, sumado al caballito de batalla histórico de la zona núcleo agroexportadora. En lo geográfico, en ese futuro languidece el conurbano bonaerense y en lo sociológico, tardan en subirse a la tabla de salvación que va de Vaca Muerta al campo ni la industria, ni la construcción ni el consumo, es decir, la mayoría de los argentinos.

El modelo bullrich-mileísta

Bullrich pretende rediseñar el ADN mileísta con “sensibilidad social” para evitar darle letra a la oposición dura: “Si cometemos un error no forzado, ¿qué van a pensar, que somos crueles?”, dijo en relación al proyecto de Ley de Presupuesto 2027, usando el lenguaje del campamento opositor. Para Bullrich, la introducción subrepticia de los cambios en discapacidad y AUH, además de un nuevo conflicto en torno al financiamiento universitario, es un error político que lleva a un riesgo: reproducir la “ingobernabilidad”, según su definición, de 2025 en este nuevo camino electoral, según sostuvo en una entrevista en +.

El presupuesto 2027 es el tablero donde se libra la nueva batalla entre los dos modelos de raíz mileísta. De un lado, Luis Caputo como representante del modelo mileísta puro: “El presupuestos sale de Economía; yo no quiero acusar a nadie”, dijo la semana pasada, en medio de la interna disparada por el descubrimiento de los agregados al proyecto. Del otro lado, Bullrich, dando la batalla por los matices políticos para garantizar la viabilidad política y social que el modelo puro no puede asegurar.

La polémica arrancó la semana pasada y recién empieza. Esta semana en Diputados, Bullrich medirá sus fuerzas con las de Caputo en torno al tema discapacidad: desde la pata libertaria del Congreso, incentivada por Bullrich, que tiene como socio coyuntural a Martín Menem, la nueva redacción de la emergencia en discapacidad busca dotar de “sensibilidad” a la política de un Poder Ejecutivo que le escapa a esa consideración.

Desde febrero que Bullrich lleva adelante una coreografía sostenida de diferenciación respecto al eje duro de La Libertad Avanza. Después de la media sanción de la reforma laboral en el Senado, el 27 de febrero, Bullrich ya protagonizó al menos quince episodios de desmarque político de la conducción Milei-Karina Milei, con tres videos incluidos. El más reciente, al ritmo de “No me importa”, de Lali Espósito, para subrayar su autonomía política, resistente a cualquier voluntad de control de sus ideas y su palabra: una respuesta a su posicionamiento opuesto a los extremos del modelo mielísta puro que permeó en el presupuesto.

Coreografía política, ¿a favor o en contra?

El primero de sus videos apareció al día siguiente de la reforma laboral, al ritmo de “Vogue” de Madonna: buscaba mostrar a un Bullrich dueña del Senado, con actitud firme y capacidad negociadora al mismo tiempo. El 8 de junio publicó otro video, esta vez con al ritmo de “Se dice de mí”, en versión de La Joaqui, para mostrar una Bullrich dueña de su destino político, justo cuando había versiones sobre su rol en las próximas elecciones, desde jefa de Gobierno de la CABA hasta vice o, incluso, candidata a Presidente, alternativa a Milei en caso de crisis.

Su diferenciación ya hace sistema: hay un patrón que se repite. Bullrich se diferencia sistemáticamente en temas que complican a Milei y Karina Milei: la condena a la corrupción, con eje en el caso Adorni; la defensa de la institucionalidad y la independencia judicial, con su “objeción de conciencia” en el caso de la jueza María Verónica Michelli; la institucionalidad y la libertad de prensa, con declaraciones en el Colegio de Abogados: “Creo en la libertad de expresión, en la libertad de prensa y en la necesidad de ser prudentes respecto de estos actores que están protegidos en nuestra Constitución”, sostuvo.

Hay un foco especial en el modelo económico mileísta y la sensibilidad social que falta. En agosto, en la Bolsa de Comercio, planteó la necesidad de “velocidad en los resultados”. A fines de agosto en el Senado, se diferenció de Milei y Caputo en su mirada sobre la morosidad: “Tiene que aparecer un cartel gigante con el costo financiero total; cuando uno mira la letra chiquita, se da cuenta de que es un robo”.

Sus diferencias en el tema discapacidad, universidad y AUH van en el mismo sentido: una demanda de sensibilidad con el objetivo de afianzar el proyecto macroeconómico: “Lo que tenemos que hacer bien es fortalecer el proyecto, que la gente lo sienta, que la gente lo siga defendiendo, que sienta que le llegan los efectos de los cambios que se están haciendo”, sostuvo el domingo.

En su visión, hay una serie histórica que muestra el maleficio de los proyectos “liberales republicanos”: 1983, y un Alfonsín que no logra cumpllir con su mandato; 2001, y la partida anticipada de De la Rúa; 2019 y un Macri que termina el mandato, pero que no logra reelegir. Para Bullrich, el triunfo no pasa tanto por Milei sino por un modelo que no logra echar raíces: “La medida del triunfo de este proyecto: que reelija. Es el paso que todavía no se dio”.

La cuestión es si esos señalamientos públicos consolidan el proyecto de corazón mileísta, o lo ponen en riesgo. Esa diferenciación es paradójica: Bullrich fortalece su capacidad de representar a los votantes “liberales republicanos”, pero alienta cuestionamientos al Gobierno; al mismo tiempo, la consolidación de su representación aporta a sostener la base de sustentación electoral de Milei en 2027. Con la autonomía de Bullrich, Milei sufre rayones en su carrocería; sin su autonomía, para Milei puede ser más difícil estacionar el auto nuevamente en Casa Rosada en las elecciones del año que viene.

Tanto en primera vuelta como en un eventual balotaje, el votante de Bullrich en 2023 es necesario: si ella va a hacer olas con su independencia, a Milei le conviene que las agite desde adentro. Cualquier fragmentación es derrota asegurada.