Como parte del estricto operativo de seguridad por la visita del papa León XIV a la Argentina el Gobierno habilitó el derribo de “aeronaves hostiles” durante su estadía en el país, del 8 al 11 de noviembre, para proteger las zonas en las que habrá actividad del jefe de la Iglesia Católica, en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, en provincia de Buenos Aires. Se aplicará como “último recurso”, con la aprobación del ministro de Defensa, Carlos Presti.

El decreto 1334/2026 publicado en el Boletín Oficial mencionó que en los eventos que encabezará el Papa asistirán “numerosas autoridades nacionales y extranjeras”, además de la presencia masiva de ciudadanos, y que las circunstancias requieren “adoptar especiales medidas para preservar los intereses vitales fijados por la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y su modificatoria».

Citó que “el Comando Conjunto Aeroespacial ejerce la dirección y coordinación en forma permanente de las actividades relacionadas con la Defensa Aeroespacial integral que se realizan a nivel nacional en tiempo de paz”, y argumentó que “para un adecuado ejercicio de la disuasión, resulta necesario ampliar las ”reglas de protección aeroespacial” en las zonas de operaciones restringidas.

Los detalles del decreto que amplió el control aéreo por la visita del papa León XIV y habilitó el derribo de “aeronaves hostiles”

El decreto explicó que la medida es para garantizar “un adecuado ejercicio de la disuasión” y asegurar “la protección de los intereses nacionales y objetivos de valor estratégico en y desde dicho ámbito, adecuando las atribuciones y limitaciones a la libertad de acción en el empleo del Instrumento Militar, regulando la intensidad y modalidad en el uso de la fuerza ante las distintas situaciones que se presenten”.

Aclaró que el objetivo de la medida es “enfrentar las agresiones de origen externo, por lo que las situaciones que involucren aeronaves de origen interno quedan regidas por la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y sus modificaciones, que admite el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas solo en forma excepcional y previa declaración del estado de sitio».

El derribo solo se concretará en caso de “vectores incursores de origen externo declarados ‘hostiles’, con el objeto de anular su capacidad de vuelo impidiendo la continuidad de su trayectoria, circunstancias en las que se deberán adoptar las precauciones tendientes a evitar o minimizar la probabilidad de daños a la vida y/o bienes en la superficie (daño colateral)“.

Se usará como como acción de último recurso, luego de la confirmación de la situación prevista (acto hostil), “agotados los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje, y que se haya difundido la declaración de ‘hostil’ al vector incursor” y deberá tener la aprobación del ministro de Defensa.

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El Congreso entró en impasse con bajo nivel de actividad generado por las elecciones legislativas en Estados Unidos y la visita a la Argentina del papa León XIV. Con el cierre de las sesiones ordinarias cada vez más cerca, el Gobierno pierde margen de maniobra para avanzar con sus proyectos prioritarios en el Congreso. Por su parte, los aliados juegan con los tiempos para negociar desde una posición de fuerza.

Desde el oficialismo ya dejaron trascender que prevén convocar a una primera sesión el 18 de noviembre para tratar la ley de Defensa de la Soberanía y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y otra el 25 de noviembre íntegramente destinada al proyecto de Presupuesto 2027. Sin embargo, hay otros temas que resultan vitales para la oposición y podrían servir para destrabar votos clave, como la ley de biocombustibles, que siguen con atención los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, y la política de subsidios al transporte, que esta semana hizo enojar a más de un mandatario provincial.

Los planes de los libertarios sufrieron el primer traspié la semana pasada cuando no lograron avanzar con el dictamen del Presupuesto. El PRO, la UCR y los bloques provinciales se negaron a firmar el despacho hasta tener respuestas concretas sobre una larga lista de planteos.

El PRO reclamó precisiones sobre las deudas de Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, un reclamo que afecta directamente al histórico bastión amarillo y se mezcla con las negociaciones electorales entre los libertarios y Jorge Macri. Por otro lado, el bloque que conduce Cristian Ritondo impulsa una reducción del IVA al huevo y sus productos derivados, ya que tendría un fuerte impacto positivo para la producción avícola en la provincia de Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, también del PRO.

Tanto las bancadas del PRO, como la UCR y los gobiernos provinciales exigen una reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que por ley debería destinarse al mantenimiento de las rutas pero el Gobierno no ejecuta. En la misma línea, las provincias piden mayor información y procesos más “transparentes” para las concesiones viales, que según el Gobierno, llegarían a los 9.000 kilómetros.

Por su parte, las provincias que no transfirieron con sus cajas previsionales a la ANSES también pretenden obtener precisiones sobre los fondos que serán asignados a cada una para compensar el déficit. En el proyecto figura una partida de $503.325 millones que desde las provincias ya califican como insuficiente. Además, varios distritos tienen pendientes una respuesta sobre eventuales autorizaciones para tomar deuda.

Otro punto que incluso genera divisiones internas es el financiamiento universitario. El proyecto de Presupuesto asigna un poco más de $7 billones para todas las casas de altos estudios nacionales mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un mínimo de $11 billones para sostener su funcionamiento. En ese contexto, el sector de la UCR alineado con los gobernadores pone el foco en las universidades que el radicalismo controla políticamente y en las que están ubicadas sus distritos, mientras que los radicales disidentes nucleados en Provincias Unidas, como Martín Lousteau, tienen un planteo más “general” en sintonía con el CIN.

Pero en la última semana se sumó un nuevo foco de conflicto luego de que la Secretaría de Transporte acordara mayores subsidios para las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde noviembre. Y también reconoció una deuda de cerca de $39.000 millones por errores en las proyecciones de recaudación (vía pago de boleto) desde junio hasta septiembre.

Esta decisión generó un fuerte malestar en el interior del país. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que influye sobre cinco votos clave en la Cámara de Diputados, fue contundente a través de las redes sociales: “Recursos hay, evidentemente, pero no se distribuyen de manera equitativa. El discurso de ‘no hay plata’ se contradice con estas decisiones, donde Nación cede ante la presión de las empresas porteñas mientras sigue postergando al interior”, posteó.

En el mismo tono confrontativo, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, planteó: “Si existen recursos para sostener el transporte, deben distribuirse con un criterio federal. No se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas a las provincias y, al mismo tiempo, ampliar la asistencia al AMBA. Asistimos en esta materia a una política discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo. No hay diferencias y los cordobeses las seguimos padeciendo”.

Este problema se suma a las demoras en la ley de biocombustible, que aumentaron el malestar tanto en Córdoba como en Santa Fe. Este proyecto había comenzado a debatirse en Diputados hace dos semanas tras haber obtenido media sanción en el Senado. El rápido tratamiento del proyecto que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en gasoil fue un guiño del oficialismo a Llaryora y Pullaro, que jugaron a favor del oficialismo en temas importantes como el intento de derogación del DNU 70/23, la ley de Discapacidad y el endeudamiento familiar.

Pero la propuesta quedó trabada por reclamos muy concretos de provincias productoras de biodiésel, como Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos. Desde el PRO -aunque también tienen apoyo de otros sectores provinciales- proponen mantener la participación del 6% del mercado para las pequeñas y medianas empresas (“no integradas”), bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras de Santa Fe y Córdoba, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores.

Según dejaron trascender los diputados de Provincias Unidas, donde pisan fuerte los gobernadores Córdoba y Santa Fe, las negociaciones de subsidios, fondos previsionales y biocombustibles deberán avanzar en conjunto con las del Presupuesto. Esa es la forma que tendrán para hacer valer su peso político.

Ante este panorama, se descuenta que el Gobierno deberá llamar a sesiones extraordinarias al menos durante diciembre para lograr la aprobación definitiva del Presupuesto en el Senado.

El anuncio del Gobierno de suspender los embargos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) generó fuertes cuestionamientos de dirigentes de la oposición, que aprovecharon la decisión para criticar el rumbo económico de la administración de Javier Milei.

El senador nacional de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro fue uno de los primeros en responderle a Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, que había destacado la medida. “Si la medida que anuncia el Gobierno es para suspender los embargos es porque ya llegaron tarde, Patricia”, escribió en su cuenta de X.

El legislador sostuvo que las dificultades que atraviesan las empresas no se resuelven con una postergación de las ejecuciones judiciales. “Lo que está fundiendo a las PyMEs no es el embargo, es el modelo económico que ustedes implementan cada vez que llegan al poder”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó las consecuencias de las políticas económicas del oficialismo: “Empobrecen a los trabajadores, aumenta la desocupación, endeudan al país y a las familias mientras hacen negocios para la timba financiera”. “Las Pymes no aguantan más. No se trata de poner parches sino de cambiar el rumbo”, concluyó.

El diputado nacional Pablo Juliano también cuestionó el anuncio del Ministerio de Economía y puso el foco en la situación que atraviesan las empresas. “Llegamos al punto en que la ‘gran noticia’ para las pymes es que no las van a embargar. Hasta mayo…”, publicó en sus redes sociales.

Por su parte, el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde vinculó la decisión oficial con el crecimiento de la morosidad y el deterioro de la actividad económica. “Los datos que el Gobierno ya no puede ocultar. La morosidad llegó a las pymes argentinas”, sostuvo.