El oficialismo busca rearmar en velocidad un acuerdo con aliados y dialoguistas sobre el área de discapacidad. Lo hace con la mirada puesta en la reunión de comisiones de Diputados prevista para este miércoles, aunque el tema desborda los límites legislativos. El proyecto de Presupuesto 2027 dinamitó la movida que avanzaba en la Cámara baja, además de desconcertar a los operadores de LLA y alimentar otro capítulo de la interna. Y ahora, esa tensión condiciona las tratativas, porque lo que aparece en juego es hasta qué punto puede ceder el Gobierno. Todo remite a un tema especialmente sensible, que acaba de añadir la renuncia del funcionario nacional del rubro y agrega sospechas a ese clima enrarecido.

De manera inesperada, en este marco y con un texto de tres líneas, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, presentó su renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones. Dijo que su salida sería inmediata –“a partir de este momento”, escribió- y como es habitual, agregó que se trataba de una decisión tomada por “razones estrictamente personales”. No hubo explicaciones oficiales sobre esta nueva baja y más allá de las cuestiones de desgaste, que existen, el hecho fue vinculado a los cruces y malestares que produjo el ajuste en discapacidad incluido en el Presupuesto, aunque no sería lo único.

Como se sabe, la letra del proyecto oficial sacudió el tablero interno. La reacción visible fue protagonizada por Patricia Bullrich: sostuvo que el tema no había sido planteado previamente en la “mesa política” del oficialismo y advirtió que atentaba contra el armado de alianzas en el Congreso. Después, y a pesar del intento de Olivos por restarle trascendencia al cruce y aplacarlo, la senadora descalificó explicaciones de Diego Santilli, que buscaban distender el clima sin entrar en cuestiones de fondo.

En la misma línea para apaciguar las aguas internas, el Gobierno dejó trascender de inmediato que ese capítulo del Presupuesto no correría tal como fue redactado. Y reanimó las conversaciones con socios y aliados en Diputados. Prometió que será aplicado lo que sea acordado frente a la movida de la oposición y otros espacios, que impusieron el tratamiento de una respuesta sobre la emergencia en el área de discapacidad.

Se verá ahora el alcance de las tratativas para lograr dictamen en comisión. Por lo pronto, el malestar en filas libertarias fue generado no sólo por la falta de anticipo -que expuso incluso a la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem-, sino además por lo que algunos consideran un costo por el grado de insensibilidad en la materia y otros, como un error en la batalla discursiva.

En cualquier caso, la renuncia de Vilches agregó un ingrediente propio dentro de un ministerio que ya viene enfrentando otras tensiones, como ocurre con el manejo del PAMI. Un juzgado federal de Córdoba acaba de reponer el tema de las demandas judiciales: dispuso avanzar con una investigación sobre Lugones y el titular de la obra social de jubilados, Esteban Leguízamo, por presunto incumplimiento de una orden de regularización de pagos a proveedores de servicios de salud.

No es solo eso. La decisión del ahora ex funcionario impacta especialmente por la historia reciente del área, aun en el caso de se tratara de razones personales. Llama la atención que se haya concretado días después de que circulara un informe administrativo – es decir, impulsado por su gestión- con números que no cierran sobre la etapa de Diego Spagnuolo, procesado en la causa que investiga la existencia de un sistema de corrupción en la entonces Agencia Nacional de Discapacidad.

Vilches asumió como interventor de la ANDIS en agosto del 2025 -y siguió como secretario de Estado- luego de la crisis que generaron las denuncias sobre coimas en ese organismo. El referido informe analiza las cuentas hasta su llegada al cargo y registra inconsistencias millonarias en materia de deudas a proveedores. No extraña que la renuncia alimente especulaciones sobre la intención de dejar sentada su diferenciación de la primera etapa en esa área y las posibles estribaciones sistémicas.

El caso Spagnuolo es seguido de cerca por el Gobierno y recrea cada tanto inquietudes por su efecto público. El foco se correrá el miércoles hacia Nadia Beller, víctima de un ataque por el que su ex pareja, Fernando Cerimedo, sigue detenido en Bolivia como principal sospechoso. Está prevista una declaración por videoconferencia, desde Santa Cruz de la Sierra, ante el fiscal Franco Picardi. Beller dijo que tiene grabaciones en las que Cerimedo, de conocidos vínculos con el circuito libertario, habla de manejos de corrupción en la ANDIS.

La expectativa siempre abierta por este caso y la renuncia de Vilches agregan por distintas vías sus propios ingredientes al tema de discapacidad. De todos modos, al menos hasta ahora, el mayor sacudón fue producido por la llegada del Presupuesto 2027 al Congreso. Las miradas estaban puestas como siempre en algunas previsiones centrales -PBI, superávit, inflación, dólar, inversiones-, que en algunos casos suelen ser desbordadas por la realidad, como viene ocurriendo este año con los pronósticos sobre crecimiento y evolución de los precios. Eran esperables negociaciones con aliados y disputas con opositores en cuestiones como discapacidad y universidades.

Nadie esperaba un recrudecimiento de las internas en el oficialismo como la que disparó el capítulo de ajuste presupuestario en discapacidad. Impactaron especialmente cuestiones como la intención de borrar los ajustes por inflación de los montos del nomenclador o la vuelta a un esquema por “invalidez” mínimo (unos 300 mil pesos) que podría ser dado de baja si la persona consigue empleo formal o tiene ingreso como monotributista. Resultó indigerible para aliados y dialoguistas.

Las negociaciones son llevadas adelante por Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, de línea con Bullrich, que luego del temblor generado por el proyecto de Presupuesto tuvieron señales de respaldo expreso de Martín Menem y Diego Santilli. Es un interrogante hasta qué punto llegará la flexibilidad del Gobierno para avanzar con una “ley superadora” -así es mencionada- que asegure a los socios, del PRO y del bloque oficial del radicalismo, y recupere apoyos de legisladores alineados con gobernadores y otros espacios de buen trato con LLA.

El oficialismo enfrenta un nuevo round de la pelea motorizada por la oposición, que impuso el tratamiento de este tema y también el debate sobre la morosidad. Y espera que esta vez la interna no le juegue en contra. Doble desafío.

Patricia Bullrich,Lali Espósito,Javier Milei,Karina Milei

En su defensa ante la Justicia, el exjefe de Gabinete y exvocero presidencial Manuel Adorni justificó que ganó cerca de 390.000 dólares entre 2014 y 2018 con la compra y venta de criptoactivos en efectivo, sin conocer a sus contrapartes y sin dejar rastros contables o financieros, y que la ganancia, sumada a los 200.000 dólares con los que había comenzado, los guardó durante años fuera del circuito bancario. Es decir, más de 590.000 dólares en su casa.

La versión de Adorni registra, sin embargo, al menos dos inconsistencias posibles y una situación inverosímil, según los expertos en criptoactivos que consultó . La primera inconsistencia que señalaron es que registró dos veces el dinero de una misma operación; la segunda, que su contraparte en al menos una de las operaciones debería ser identificable. ¿La situación factible, pero inverosímil? Que haya intercambiado criptomonedas por casi 390.000 dólares, cash, siempre en lugares públicos.

NUEVA YORK.- Antes de la llegada del presidente Javier Milei a esta ciudad el martes para participar de la Asamblea General de la ONU, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo esta tarde una presentación en la sede del banco JP Morgan en la que buscó dar certidumbre sobre el programa económico de cara a 2027 ante las inquietudes que le presentaron inversores financieros de fondos de largo plazo.

Tras una exposición inicial de unos 30 minutos en la que destacó los logros del programa económico del Gobierno, Caputo respondió todas las consultas de los cerca de 50 participantes del encuentro, varias de ellas sobre los desafíos al plan que plantean las elecciones presidenciales del año próximo, según reconstruyó .

Manuel Adorni sostiene que gastos por cientos de miles de dólares que hizo en los últimos años se explican por inversiones en bitcoins que, según su relato, había mantenido en secreto, escondidas, hasta junio pasado. Fue en ese momento, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y números que no cerraban, que modificó su estrategia: dijo que él y su mujer habían ahorrado 200.000 dólares, que los invirtieron en criptomonedas y que ganaron otros 300.000, todo antes del gobierno de Javier Milei. Ahora, esa versión se la dio a la Justicia.

La historia, como la presentó la defensa del exjefe de Gabinete, tiene capítulos oscuros, casi imposibles de chequear; según Adorni, por la propia naturaleza de la inversión, que puede hacerse sin dejar rastros. Pero además, en toda la cadena de movimientos de dinero -algunos muy llamativos- el exfuncionario relata haber elegido siempre la informalidad.

En un claro desafío al reclamo argentino para suspender la explotación petrolera en Sea Lion, el gobierno de las Islas Malvinas anunció hoy que “extiende de todas las licencias de producción de hidrocarburos offshore por cinco años, con dos años opcionales adicionales a su discreción”. Además confirmó que la decisión cuenta con “el pleno apoyo del Gobierno del Reino Unido”.

El comunicado de prensa emitido a últimas horas de este lunes no precisó la cantidad de empresas beneficiadas con esta prolongación de permisos, pero se entiende que las petroleras vinculadas al proyecto de Sea Lion, el consorcio entre la británica Rockhooper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, con sus filiales Falklands Oil & Gas y desire Petroleum, serían las más beneficiadas.

Una jueza del fuero penal juvenil, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que bajó la punibilidad a los 14 años y, en consecuencia, sobreseyó a un menor de esa edad que, junto con un grupo de chicos, había sido detenido en flagrancia por un intento de robo.

“A lo que apunto es que, como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por la falta de respuesta del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros. No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil; solo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”, sostuvo la jueza Laura De Marinis en su resolución, a la que tuvo acceso .

El presidente Javier Milei defendió a Donald Trump de las críticas que recibe en Europa, aseguró que el viejo continente “se está hundiendo” y ratificó el reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas. Lo hizo durante una entrevista con el canal francés TF1, en la previa de la Argentina Week 2026 que se realizará en París.

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En principio, consultado por el periodista Darius Rochebin sobre las críticas que recibe el líder republicano en Europa, el mandatario argentino sostuvo que quienes consideran que Trump debilita a Occidente “están completamente equivocados” y aseguró que ocurre exactamente lo contrario.

La Cámara Federal de Casación Penal habilitó este lunes la realización del juicio en ausencia en la causa AMIA luego de declarar la legitimidad y la constitucionalidad de este procedimiento inédito en el país.

La decisión permite avanzar con el juzgamiento de los acusados por el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ocurrido el 18 de julio de 1994. El tribunal rechazó el planteo de inconstitucionalidad contra la Ley 27.784, presentado por la defensa oficial, y dejó habilitado el mecanismo que permite continuar el proceso sin la presencia de los imputados que permanecen prófugos.

El atentado dejó 85 muertos y 151 heridos. La causa lleva más de tres décadas sin un debate oral contra los acusados que permanecen fuera del país, pese a pedidos de captura internacional.

La norma, que fue sancionada en 2025, habilita el juicio en ausencia en delitos de lesa humanidad y en determinados crímenes contemplados en instrumentos internacionales contra el terrorismo cuando los imputados se sustraen deliberadamente al proceso.

En ese sentido, los jueces Ángela Ledesma, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques sostuvieron que “existieron múltiples mecanismos de notificación y difusión internacional que permitieron inferir el conocimiento del proceso por parte de los imputados, incluyendo actuaciones diplomáticas, alertas de INTERPOL y repercusión mediática”.

También consideraron que el argumento central de la defensa —que cuestionó las supuestas distinciones arbitrarias para acceder a un nuevo juicio en caso de que los acusados se presentaran después de una eventual condena— era hipotético y conjetural, ya que dependía de hechos que todavía no ocurrieron.

En el fallo, al que tuvo acceso TN, los camaristas además explicaron que “ninguna de esas circunstancias puede darse hoy por acontecida” y que resolver ahora esa cuestión importaría “emitir una declaración acerca de una controversia eventual, que depende de hechos futuros e inciertos”.

“A esta altura del análisis, no caben dudas de que el derecho de las víctimas a conocer la verdad no se trata solamente del deber del Estado argentino de cumplir con sus obligaciones internacionales, sino de una cuestión de estricta justicia”, agregaron los jueces.

“La parte recurrente, por su parte, más allá de invocar autorizada jurisprudencia nacional e internacional acerca del instituto del juicio en ausencia y su vinculación con el derecho de defensa, no logra acreditar algún perjuicio actual ni la vulneración constitucional que alega, déficit argumental que sella el rechazo del agravio bajo análisis”, concluyeron los jueces.

En su apelación, el defensor oficial Enrique Comellas sostuvo que el verdadero agravio no radicaba en la celebración del juicio en ausencia, sino “en el rechazo anticipado a la posibilidad de realizar un nuevo juicio posterior”.