POLITICA
Solo 1,3% de las denuncias contra jueces federales y nacionales terminaron en sanción o remoción
Solo 1,3% de las denuncias presentadas contra jueces federales y nacionales en el Consejo de la Magistratura terminaron con un castigo al denunciado, según revela un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que analizó los 27 años de funcionamiento del Consejo.
En total, las denuncias fueron 5170; se cerraron 4910, siguen en trámite 260, se aplicaron sanciones disciplinarias a 43 jueces (21 multas y 22 apercibimientos) y se destituyó a 21.
De los casos que se cerraron, 469 (9,55%) fueron desestimados por el mero paso del tiempo. Caducaron. Según lo establece la ley, si pasan tres años contados desde la fecha de presentación de la denuncia sin que haya una resolución del plenario del Consejo sobre el caso, las denuncias caducan. Se trata de expedientes que se cierran sin que exista un pronunciamiento sobre los hechos denunciados.
“¿Justicia intocable?» es el título del estudio que ACIJ presentó, con su plataforma JusTA, en una página web que incluye el detalle de las denuncias y opiniones de especialistas que analizan además el resultado del relevamiento.
El proceso
Los jueces solo pueden ser removidos de sus cargos si se prueba que cometieron delitos o incurrieron en mal desempeño. Entre las faltas que pueden justificar una sanción están desempeñar tareas incompatibles con el cargo, incumplir reiteradamente las normas procesales, desatender sus deberes y faltarles el respeto a otros jueces o participantes de los procesos.
Cuando una denuncia llega al Consejo de la Magistratura, es enviada a la Comisión de Disciplina o a la de Acusación, según la gravedad de los hechos. Hoy, de los expedientes que siguen en trámite, hay 225 que fueron derivados a Disciplina y 32 que están en Acusación. Si el expediente toma el primer camino, el juez puede recibir una advertencia, un apercibimiento o una multa. Si el caso va a Acusación y avanza, el magistrado puede terminar suspendido y acusado ante el Jurado de Enjuiciamiento, un organismo diferente, que es el que lleva adelante el jury, con representantes del Consejo que ofician de fiscales. Gran parte de las denuncias son desestimadas “in limine” porque se considera que no cumplen los requisitos mínimos para iniciar una investigación.
El informe de ACIJ cita tres “casos paradigmáticos”: los de Diego Hernán Papa, juez comercial de la Capital; Ariel Lijo, juez federal porteño, y Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora.
En cuanto a Papa, el estudio detalla que en 2023 fue denunciado por el gremio judicial por supuesto maltrato y acoso laboral. El Consejo recibió 58 declaraciones testimoniales y descargos del juez, y debatió dos sanciones posibles, pero ninguna logró la mayoría de votos exigida. Transcurridos tres años, la denuncia se archivó sin definiciones.
En el caso de Lijo, precisa que en sus 22 años como juez recibió un total de 41 denuncias disciplinarias por supuestas irregularidades en el manejo de determinadas causas (incluidos casos de corrupción, como Ciccone y Siemens), que la mayoría fueron desestimadas, pero que tenía todavía otras en trámite cuando Javier Milei lo propuso como candidato a la Corte Suprema.
De Villena, el estudio relata que en 2023 fue denunciado por el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de La Plata, por atribuirse de manera sistemática competencias que no le correspondían; por ejemplo, la intervención en una investigación por contrabando en el aeropuerto de Ezeiza, el sobreseimiento (como juez de feria y sin vista fiscal previa) de la hija de Hugo Moyano y la investigación de una financiera fuera de su jurisdicción. El informe de ACIJ sostiene que el Consejo solo pidió “copias de los expedientes” y advierte que la causa caducará el 1° de diciembre de 2026 si el plenario no se expide para entonces.
La pasividad como protección
El estudio destaca la “pasividad” del Consejo como forma de protección a los jueces. Advierte que, como no hay un proceso pautado de manera reglamentaria ni un calendario fijo de reuniones, los procedimientos se demoran. “Los datos evidencian que, en los últimos años, las reuniones de comisiones fueron cada vez menos frecuentes”, sostiene el documento.
Del equipo de investigación que llevó adelante este trabajo participaron Irene Benito, Celeste Fernández, Clara Lucarella, Ezequiel Nino y Emir Salomón.
ACIJ consultó a tres expertos, que analizaron los resultados del estudio. La exdiputada y exconsejera de la Magistratura Marcela Rodríguez advirtió: “Los jueces en la Comisión de Disciplina tienen un poder enorme y entre ellos se respetan. Todavía ahora, mandar una causa a Disciplina es salvar al juez. En nuestra época [2002-2006], en Acusación estaban los abogados Beinusz Smukler, Pereira Duarte y yo. Una vez que empezábamos una investigación, era muy difícil frenarla después. En cambio, si la denuncia pasaba a Disciplina, no arrancaba”.
Alfonso Santiago, director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, afirmó: “De modo general, se podría afirmar que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en el orden federal, ha funcionado adecuadamente desde su instalación en el año 2000: ha llevado correctamente los procesos y sus decisiones han sido fundadas, tanto cuando destituyó en la gran mayoría de casos sujetos a su jurisdicción, como cuando absolvió por carecer la acusación del debido fundamento para esa medida extrema. Sin embargo, me animaría a afirmar que no todos los casos que debieron llegar al Jurado de Enjuiciamiento, lo hicieron. Esto debido a que el Consejo de la Magistratura de la Nación no siempre decidió acusar a los jueces federales denunciados por graves hechos que encuadran en la causal genérica de ‘mal desempeño’, cuando debería haberlo hecho”.
Por último, Mauro Benente, doctor en Derecho y profesor de la Unpaz y UBA, sostuvo: “Llama la atención que frente a un plantel de alrededor de mil jueces y juezas, desde el inicio del funcionamiento del Consejo, se hayan aplicado tan pocas sanciones. Del estudio de las resoluciones dictadas por el Consejo surge que la mayoría de las denuncias se desestiman in limine o por caducidad, pero la imposibilidad de acceder a los expedientes impide delimitar si este número escasísimo de sanciones se explica por la excelencia de los jueces y las juezas, o por la ineficacia del diseño institucional”.
ACIJ recuerda que el hecho de que los jueces solo puedan ser removidos luego de un complejo proceso en el que debe probarse el mal desempeño o la comisión de delitos es una garantía de independencia porque evita que los magistrados sean desplazados por sus decisiones o por razones políticas, pero advierte que si los procesos de investigación no funcionan como deberían, esa garantía de independencia puede transformarse en garantía de impunidad.
en una página web,Conforme a
POLITICA
Presentan un proyecto para sancionar el abandono y maltrato a mascotas en la provincia de Buenos Aires
El diputado de la provincia de Buenos Aires Manuel Passaglia presentó un proyecto de ley para modificar el Código de Faltas provincial e incorporar penas contra el abandono y el maltrato animal. La propuesta establece multas, arrestos de hasta 60 días y el retiro preventivo de mascotas que estén en peligro.
La iniciativa, impulsada por el legislador bonaerense de Hechos, contempla penalizar la falta de cuidados básicos, la permanencia en espacios inadecuados o encerrados en vehículos sin ventilación, y el abandono deliberado.
Según explicó Passaglia a , el proyecto busca cubrir un vacío legal en el Decreto-Ley 8031/73, la normativa contravencional vigente en la materia: “El Código de Faltas bonaerense no prevé ninguna sanción por maltrato animal, sólo menciona a los animales cuando representan un peligro para las personas o la propiedad, nunca para protegerlos”.
Frente a situaciones de riesgo manifiesto para la salud o la vida de las mascotas, la iniciativa faculta a los Juzgados de Faltas y a los agentes de control a ordenar el retiro preventivo con el auxilio de la fuerza pública. Los animales rescatados quedarán bajo el cuidado de “un profesional idóneo, una entidad pública competente, o una institución de protección animal (hasta tanto se resuelva la situación definitiva”.
Al ser consultado por este medio sobre la duración de la inhabilitación a los infractores a tener mascotas que establece el documento, el legislador detalló: “Es temporal, de 1 a 2 años, y solo se aplica como sanción por el menoscabo de la integridad de animales de compañía y el abandono”.
El texto también agrega un apartado al régimen contravencional para sancionar acciones como pintarles el pelo, aplicarles sustancias tóxicas o provocarles sufrimiento y estrés.
A su vez, el proyecto crea un Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal dentro del sistema provincial y permite a los jueces cambiar las multas económicas por donaciones o tareas comunitarias en entidades de protección.
Respecto a la aplicación de la norma y el presupuesto necesario en las comunas, Passaglia remarcó: “La Provincia no necesita adherir presupuesto para implementar el proyecto. Serán los Municipios, a través de sus Juzgados de Faltas, lo que tendrán los gastos ejecutivos de las inspecciones y traslados”.
En el mismo sentido, sobre la articulación con las organizaciones protectoras y los costos del sistema, el diputado sostuvo: “Para la ejecución del procedimiento es necesario la articulación con las ONG´s que ya hacen este trabajo, muchas veces sin el apoyo del Estado provincial porque hay situaciones que la actual ley no contempla».
“El financiamiento surge del propio proceso, mediante las sanciones. Nuestro proyecto incrementa las penas y los casos considerados de explotación y maltrato animal. Pero no crea ninguna nueva dependencia estatal ni requiere incorporación de personal”, detalla al respecto.
Sobre el trámite parlamentario en las comisiones y el alcance de la propuesta, Passaglia señaló: “Estamos iniciando las conversaciones, aún está en comisión tanto en diputados como en senadores”.
Asimismo, ante la pregunta por una posible proyección nacional agregó: “Si funciona en la Provincia de Buenos Aires, puede servir como modelo para que otras provincias incorporen sanciones y medidas de protección similares. Cada jurisdicción tendría que adaptar su propio Código de Faltas, pero la experiencia puede impulsar una discusión más amplia sobre cómo fortalecer la protección animal en todo el país”.
El ejemplo de la gestión en San Nicolás
El legislador citó la experiencia previa desarrollada en el municipio de San Nicolás —fue intendente de allí—, donde y realizaron más de 50.000 castraciones gratuitas y articularon denuncias, inspecciones y rescates. Al respecto, indicó: “En San Nicolás tuvimos una gran respuesta de parte de la comunidad en general y con el apoyo de las organizaciones protectoras de animales logramos intervenir en casos muy diversos siempre con buen resultado.
El Municipio realiza el procedimiento de inspección, rescate y sanción, mientras que son las ONG las que determinan el hogar final de la mascota rescatada. Las sanciones sirven para financiar el proyecto y mantener los animales a salvo de los malos tratos”.
Finalmente, el diputado concluyó sobre la necesidad de actualizar el marco regulatorio nacional: “si el sistema funciona en la provincia de Buenos Aires, se sumaría al antecedente de la Ciudad y daría más fuerza al pedido de reformar la Ley Nacional 14.346. La ley fue sancionada hace más de 70 años y no contempla expresamente todas las situaciones de maltrato que hoy se denuncian”.
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POLITICA
Diputados: la Comisión de Salud dictaminó la creación de un sistema de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo
La Comisión de Salud dictaminó la creación de un Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs), que tomó como base el proyecto de la diputada nacional Silvana Giudici (LLA). “A partir de esta ley nunca más en la Argentina los medicamentos de alto riesgo como el fentanilo llegarán al brazo de los pacientes sin dejar una huella trazable y verificable”.
Ante la crisis sanitaria que produjo el fentanilo contaminado en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo el año pasado, con un saldo de más de 100 muertos. Tras el caso, la Cámara baja creó por unanimidad una Comisión Especial Investigadora, que Giudici integró y cuyo informe final recomendó la trazabilidad de medicamentos críticos.
Este debate comenzó el 8 de septiembre y el dictamen incluyó también los proyectos de los diputados Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Victoria Tolosa Paz (UxP), y las propuestas de Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Marcela Pagano (Coherencia) y las exdiputadas Danya Tavela (UCR) y Mónica Fein (Socialista).
Silvana Giudici expresó: “Los responsables de esta crisis sanitaria están presos, los dueños de HBL Pharma son criminales y como tales deberán pagar su pena, las vidas lamentablemente no vuelven, pero el Congreso hoy se pone a la altura de las circunstancias y en lo que le compete refuerza el marco regulatorio para que cualquier evento adverso detectado en el sistema hospitalario sea aislado, investigado y neutralizado en tiempo real” finalizó la diputada por la Ciudad de Buenos Aires.
Postura de UxP
Desde la oposición fundamentó la postura de Unión por la Patria (UxP) la diputada Victoria Tolosa Paz: “Con esta ley buscamos que ningún medicamento de alto riesgo pueda quedar fuera del radar del Estado: saber de dónde salió, por dónde pasó, a qué institución llegó y a qué paciente se administró. Si aparece una sospecha de contaminación, que la información circule inmediatamente y el Estado pueda inmovilizar el lote en todo el país antes de que haya más personas afectadas”.
Mientras que Pablo Yedlin agregó: “La propuesta original de la legisladora Silvana Giudici fue modificada y ampliada por varios bloques, avanzando en la dirección correcta, pero está muy lejos de ser la solución adecuada”, explicó el diputado nacional Pablo Yedlin, integrante de la Comisión.
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Yedlin sostuvo que “será difícil de cumplir en las condiciones actuales en que se encuentra ANMAT que es la autoridad de aplicación. ANMAT no tiene ni los inspectores, ni el equipamiento informático, entre otras falencias, que son responsabilidad del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones”.
La presencia de familiares
En el debate en la Comisión de Salud, hicieron uso de la palabra algunos familiares de las víctimas. “Reducir el tema a la trazabilidad solamente es un error, la Comisión del Fentanilo hizo muchos más aportes que no están siendo tenidos en cuenta”, explicaron.
“Si aprueban una ley a la medida de sus conveniencias políticas o sectoriales, sepan que no estarán protegiendo a la población. Estarán siendo cómplices de la desprotección y del silenciamiento al que nos vienen sometiendo”, destacó Daniel Oviedo, papá de Daniel Sebastián Oviedo, fallecido por el fentanilo adulterado el 17 de mayo de 2025 en el Hospital Italiano de la Plata.
Desde el bloque Coherencia, la diputada Marcela Pagano, les pidió perdón a los familiares de las víctimas “como parte del Estado ya que llegamos muy tarde, porque las pérdidas que sufrieron son irreparables”.
La norma dictaminada
El proyecto indica el deber de notificación inmediata por parte de las instituciones de salud públicas y privadas respecto del uso de medicamentos de alto riesgo, la ocurrencia de brotes infecciosos intrahospitalarios y la aparición de eventos adversos graves que puedan comprometer la salud pública.
La propuesta establece la trazabilidad obligatoria y en tiempo real de los fármacos inyectables parenterales (intravenosos, intramusculares, intratecales, entre otros) y de sus materias primas. Exige un registro digital en cada etapa: importación, producción y distribución. El registro llega hasta la administración efectiva, vinculada al identificador clínico del paciente dentro del establecimiento hospitalario.
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La norma crea también un Protocolo de Eventos Críticos de Salud. Ante sospechas de contaminación o eventos adversos, obliga a notificar en simultáneo a Nación, Provincias y ANMAT dentro de las 24 horas. También fija una Alerta Sanitaria Inmediata, con aviso a nivel nacional y bloqueo preventivo de los lotes sospechosos en un máximo de seis horas.
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Luego de que el Vaticano confirmara el programa oficial del viaje del papa León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, la Iglesia difundió la canción oficial para la visita pastoral y apostólica del Sumo Pontífice.
La pieza musical, Argentina con el Papa León, fue compuesta por Gabriel Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, quienes ganaron el concurso nacional que lanzó el mes pasado el Episcopado para seleccionar la obra que acompañará al Papa durante su paso por el país.
La convocatoria gratuita estuvo dirigida a músicos y compositores argentinos mayores de 18 años. Las canciones debían ser originales, inéditas, compuestas especialmente para el concurso y tener una duración de entre dos y cuatro minutos.
La Iglesia remarcó que la cantidad de obras que recibió el jurado, que estuvo integrado por miembros designados por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), provenientes de ámbitos eclesiales y del mundo de la música, exhibe “la alegría y los deseos de recibir al Santo Padre como pueblo”.
Luego de anunciar la canción ganadora, la CEA manifestó su deseo de que “todos los argentinos podamos sentirnos expresados en ella y la cantemos con mucho gozo” durante las actividades para preparar la visita de León XIV a la Argentina.
El lunes pasado, el Vaticano también confirmó el logo y el lema elegidos para la visita histórica. “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, reza el mensaje, sobre una cruz en celeste y blanco.
“El logotipo nace de la idea central de un pueblo en el que todos son acogidos y ninguno queda excluido, un pueblo que tiene a Cristo como centro. La diversidad es representada a través de una corola de muchas y pequeñas figuras humanas estilizadas, de diferentes formas, dimensiones y tonalidades de colores, reunidas en una única composición”, comunicó la Santa Sede.
El Papa llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre por la tarde. Ese mismo día tendrá una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. El lunes 9 celebrará misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y el 11 se hará la misa frente a la Basílica de Luján.
También visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, partido de Almirante Brown, y celebrará en Córdoba su segunda gran misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.
Será la primera visita de un papa al país desde el viaje de san Juan Pablo II en 1987, hace casi 40 años.
La letra de la canción oficial
Argentina con el Papa León
Argentina, caminando
con esperanzas, intentando
ser Iglesia, ser camino hacia la paz.
Nuestros santos nos animan
y con la Virgen de Luján hoy decimos:
-¡Bienvenido todo el mundo,
en esta mesa hay lugar para todos!
Caminando juntos hacia adelante
con el papa León,
con Jesús en el horizonte.
Caminando juntos hacia adelante,
¡hay lugar para todos!
Es tiempo de que Argentina se levante.
Hoy la Iglesia no descansa,
testimonio y alabanza;
el que sufre es la piedra angular
para edificar nuestra Iglesia.
Caminamos juntos hacia adelante
con el papa León,
con Jesús en el horizonte.
Caminamos juntos hacia adelante,
¡hay lugar para todos!
Es tiempo de que Argentina se levante.
¡Argentina con León!
confirmara el programa oficial del viaje,el concurso nacional que lanzó el mes pasado el Episcopado,#PapaLeónXIV,#Argentina,https://t.co/HEGEFhlq3Z,September 24, 2026,#𝑷𝒂𝒑𝒂𝑳𝒆𝒐́𝒏𝑿𝑰𝑽,#𝑨𝒓𝒈𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒂,#Comunicación,#CEA,https://t.co/8JVgkcENeM,September 21, 2026,llegará a Buenos Aires,Conforme a
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