POLITICA
Insólito ataque de Milei: un equipo de periodistas fue perseguido por la justicia de Insfrán y el Presidente acusó a la prensa
El presidente Javier Milei tuiteó un insólito ataque al periodismo como reacción a la persecución sufrida por un equipo de que viajó a Formosa, mostró las condiciones de pobreza en las que vive un pueblo originario, fue amenazado por la policía provincial y resultó condenado por un juez ligado a Gildo Insfrán a cinco días de arresto.
Lejos de solidarizarse con los periodistas perseguidos, Milei tuiteó: “TIRO POR LA CULATA. Aquí el modelo por el que las basuras inmundas con micrófono suspiran a diario y por el que trabajan de modo tan intensamente. Sigan haciéndole el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas. CIAO!”
“Hambre de Futuro” es una sección de que visibiliza realidades de personas que viven en la pobreza, con un equipo que recorre todos los rincones de la Argentina. Dedicó varios capítulos a la situación de comunidades formoseñas y uno de ellos fue el que motivó las actitudes amenazantes de la policía de Insfrán y la condena judicial.
La sentencia del juez Omar Padilla, exconsejal del gildismo y militante peronista, consideró a los periodistas Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán responsables de haber violado el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, por haber desarrollado una actividad sin contar con la autorización previa exigible y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo. Dos requisitos que no son exigibles. En la Argentina no se necesita licencia, matrícula ni autorización estatal para ser periodista o difundir información, actividades protegidas por la Constitución Nacional.
Después de publicar su tuit, Milei reposteó además el comentario de un seguidor a su mensaje. “NOL$ALP”, decía. La fórmula libertaria que significa “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.
Al ataque de Milei a la prensa se sumaron referentes de su tropa digital. La diputada nacional Lilia Lemoine tuiteó, en un reposteo del mensaje de su jefe político: “El periodismo que mientras trabaja activamente para que Argentina se parezca a Formosa… genios”.
Daniel Parisini, que tuitea como Gordo Dan, denunció un supuesto silencio del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), pese a que esta asociación ya se había pronunciado contra la condena.
“JAVI Y FOPEA QUÉ DIJO? NO LO ENCUENTRO POR NINGÚN LADO”, tuiteó el viernes por la mañana. La noche previa, Fopea había dado a conocer un comunicado en el que expresó su “firme rechazo” a la sentencia del juzgado de Las Lomitas que sancionó a los periodistas. Se trata de un tema que Fopea viene siguiendo.
El año pasado había denunciado públicamente que al equipo de lo habían seguido en Formosa con vehículos sin identificar, vigilado, retenido durante dos horas y denunciado.
un juez ligado a Gildo Insfrán,https://t.co/MkOD2k4VhR,September 25, 2026,#FOPEALibertadDeExpresion,September 25, 2026,Javier Milei,Periodismo,Conforme a
POLITICA
Procesaron a un camarista federal de Córdoba por abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por violencia de género
CÓRDOBA.- El juez federal Alejandro Sánchez Freytes procesó al camarista federal Abel Sánchez Torres por abuso de autoridad y lesiones graves agravadas por violencia de género. La situación es inédita para el fuero federal cordobés.
La causa que dio lugar a la decisión también incluía a la camarista Graciela Montesi, quien fue sobreseída en uno de los dos hechos que abarca el expediente y recibió falta de mérito por el otro.
El primero de los hechos -en el que Sánchez Torres fue procesado por abuso de autoridad- da cuenta de que, a mediados del 2023, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Montesi (Sala A) y Sánchez Torres (Sala B) “habrían acordado manipular la integración” del tribunal con el fin de intervenir los dos en el caso “Bunge”, de evasión tributaria (compuesto por los expedientes “Padilla” de la Sala A y “Humanes” de la Sala B), “privando así de jurisdicción a los jueces que legalmente debían intervenir por subrogancia”.
El segundo hecho -por el que el funcionario fue procesado por lesiones graves agravadas por violencia de género- fue denunciado por Celina Laje Anaya, quien era secretaria de Sánchez Torres.
La mujer acusó al camarista de haberla sometido a “maltrato y violencia laboral”, de manera sistemática, recurrente y sostenida en el tiempo, “logrando de este modo dañar su salud, en represalia por haberse negado a realizar la certificación ilegítima de la Sala”.
En esa investigación puntual, Sánchez Freytes otorgó oportunamente medidas protectivas para el secretario del tribunal, Francisco Juárez Rouvier, quien declaró como testigo de Laje Anaya.
Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, en agosto, pidieron el procesamiento de los dos camaristas y el arresto domiciliario de Sánchez Torres.
Para el juez Sánchez Freytes, en los dos hechos hay pruebas suficientes para procesar al camarista. Cuando los fiscales solicitaron el procesamiento, describieron que Sánchez Torres negó los hechos atribuidos por la acusación y se abstuvo de prestar declaración por consejo de sus abogados defensores, aunque “se reservó el derecho de hacerlo en una etapa posterior luego de un examen integral de las constancias” del proceso.
Después, presentó un memorial de descargo. Los fiscales relataron que en ese documento se defendió diciendo que la integración ilegal de la sala fue “un error corregido inmediatamente cuando fue advertido”, mientras que negó haber ejercido violencia en contra de Laje Anaya.
causa que dio lugar a la decisión,otorgó oportunamente medidas protectivas para el secretario del tribunal,Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
Diego Santilli profundiza las reuniones con gobernadores para sumar apoyos para el Presupuesto y la reforma electoral
El Gobierna busca profundizar este viernes sus conversaciones con las provincias aliadas para buscar el apoyo en el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. Por eso el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió por la tarde en la Casa Rosada al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y luego al de Mendoza, Alfredo Cornejo. Ya este jueves el ministro coordinador se había reunido con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero.
Santilli repasa con los gobernadores la agenda parlamentaria oficialista de los próximos días. El foco de la Casa Rosada está en el proyecto de gastos para el año que viene, que comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados desde inicios de octubre, y en la posibilidad de suspender o eliminar las PASO para las elecciones presidenciales, que se discute en el Senado.
Zdero expresó su respaldo a la intención del Gobierno de suspender las PASO en las presidenciales de 2027, en línea con la normativa que Chaco adoptó a principios de este mes. En la Casa Rosada sostienen que las primarias le cuestan al Estado US$250 millones.
Para el oficialismo, los gobernadores son una pieza central. El proyecto de reforma electoral requiere mayoría absoluta en ambas cámaras, y el PRO y la UCR habían rechazado la eliminación de las primarias, lo que llevó al Gobierno a evaluar la alternativa de suspenderlas. La oposición dialoguista también rechaza el esquema de colectoras que se negocia con los mandatarios provinciales. La senadora Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza, llegó a advertir que las colectoras “deforman el sistema electoral” y reconoció que el oficialismo no cuenta aún con los votos para avanzar.
La estrategia para conseguirlos está atravesada por diferencias dentro del oficialismo desde hace semanas. Un sector de la Casa Rosada creía que el proyecto podía salir en agosto, mientras que otro lo ponía en duda y advertía que estaba “súper verde”.
En ese contexto, la mesa política encabezada por Karina Milei y Santilli definió atar el Presupuesto y la estrategia para la reforma electoral en el diálogo con los gobernadores. Por eso el jefe de Gabinete retomó las reuniones con mandatarios provinciales. Otros gobernadores ya se pronunciaron al respecto: el de Catamarca, Raúl Jalil, por ejemplo, respaldó la eliminación de las PASO y pidió un acuerdo político amplio.
Las reuniones de Santilli de este viernes llegan después de la votación del jueves en el Senado, donde el oficialismo aprobó por 38 votos a favor y 8 en contra la modificación del régimen de subsidios de Zona Fría.
La victoria libertaria reveló cierto acuerdo del Gobierno con las provincias aliadas. Los votos afirmativos incluyeron a La Libertad Avanza, al PRO y a tres radicales (Flavio Fama, de Catamarca; y los correntinos Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela).
A su vez sumaron su apoyo senadores de bloques provinciales referenciados directamente con mandatarios locales, como los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la neuquina Julieta Corroza, la tucumana Beatriz Ávila, la jujeña Carolina Moisés, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y el correntino Carlos Espínola. También acompañaron los peronistas Guillermo Andrada y Sandra Mendoza.
Diego Santilli, Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego, PRESUPUESTO, reforma electoral
POLITICA
Polémica en El Calafate por la venta de tierras en una reserva provincial a una empresa extranjera
EL CALAFATE.- A través de un decreto, el Gobierno de Santa Cruz autorizó, con carácter excepcional, la venta de un inmueble ubicado en la Península de Magallanes, un área provincial protegida ubicada frente al glaciar Perito Moreno, a una empresa nacional conformada en su totalidad por capitales extranjeros que se constituyó hace dos meses. ¿El objeto? Construir 24 ecocabañas y tres circuitos de senderismo de baja dificultad.
La autorización de la operación inmobiliaria generó un fuerte revuelo en la localidad, en especial en los sectores empresariales, turísticos y ambientalistas que resisten históricamente a que se avance en construcciones en el lugar y a mantener el área prístina, como se denomina a los espacios naturales que se encuentran en su estado ecológico original.
El punto más delicado es que el decreto es una excepcionalidad a la normativa provincial que desde el año 2017 prohíbe la venta de tierras a extranjeros en áreas protegidas.
Según el decreto 915/26 firmado por el gobernador Claudio Vidal, se autoriza a la firma Lacustre del Sud SA a vender “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” y especifica el inmueble a favor de la empresa Asb Hospitality Calafate SAU.
Se especifica que la medida queda limitada exclusivamente a esta operación.
Técnicamente, la autorización para la venta es a favor de ASB Hospitality Calafate SAU, conformada en la Argentina.
Sin embargo, según surge del acta constitutiva consultada por y publicada en el Boletín Oficial el pasado 30 de julio, ASB Hospitality Calafate SAU fue constituida el 27 de julio como una sociedad anónima unipersonal, cuyo único accionista es ASB Hospitality LLC, una sociedad extranjera inscripta en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 11 de julio de 2018.
ASB Hospitality Calafate SAU, de acuerdo a su acta constitutiva, cuenta con un capital de 30 millones, representado por 30 millones de acciones escriturales de valor nominal $1 cada una, todas en poder de ASB Hospitality LLC. En tanto que su objeto incluye actividades hoteleras y gastronómicas, promoción y explotación turística, y operaciones inmobiliarias sobre bienes urbanos y rurales, además de la prestación de servicios. La sociedad fijó su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
La discusión por la venta llega luego de la polémica por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ante la presión de los bloques aliados, el oficialismo terminó entonces por retirar del proyecto el polémico capítulo de extranjerización de tierras que establecía, entre otros cambios, un nuevo límite del 25% para la titularidad extranjera.
La Legislatura provincial aprobó por unanimidad el acceso urgente al expediente para intervenir en el proceso. Según confiaron algunos diputados, la mayoría se enteró de la novedad por los medios de comunicación.
¿Qué se proyecta construir de acuerdo al plan presentado? Un ecoalojamiento extrahotelero de 24 cabañas, tres tramos de senderos denominados GS1, GS2, GS3 de baja dificultad para senderismo simple y movilidad en la zona, detalló Hugo Garay, presidente del Consejo Agrario Provincial, CAP, ante la consulta de .
Garay explicó que el proyecto está alcanzado por el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Península de Magallanes y que la Parcela G se encuentra en la Zona de Uso Público Extensivo, que restringe la circulación de vehículos fuera de los caminos habilitados y establece pautas constructivas de bajo impacto, con alturas reducidas y adaptación al entorno, entre otros aspectos de protección ambiental.
En cuanto al impacto ambiental, el funcionario indicó que el proyecto cuenta con Declaración de Impacto Ambiental, evaluación del Estudio de Impacto Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental. Según explicó, las medidas contemplan un sistema de volcamiento cero para los efluentes, gestión diferenciada de residuos, uso de energías renovables y criterios de eficiencia energética. A esto se suma la obligación de ubicar las construcciones y senderos en sectores degradados o aclarados naturales, evitando la afectación del bosque nativo.
“La actividad turística debe ser compatible con un Plan de Manejo Sostenible del Bosque que garantice la conservación del sotobosque y la regeneración natural”, afirmó Garay a
Debate de larga data
Gran parte de la Península de Magallanes —más de 38.000 hectáreas ubicadas frente al glaciar Perito Moreno— quedó fuera de los límites del Parque Nacional Los Glaciares y esa situación generó históricamente una diferencia en el nivel de protección ambiental del paisaje que acompaña la vista del glaciar Perito Moreno. El área fue loteada en la década del 60; sin embargo, quienes adquirieron las tierras nunca pudieron avanzar en ningún proyecto.
Los propietarios de tierras en la Península llegaron a la Corte Suprema de Justicia porque la provincia les prohibió operar hasta que se sancionara un Plan de Manejo, algo que se demoró por décadas. Los demandantes denunciaron que, mientras a ellos se les impedía desarrollar comercialmente, el gobierno permitió la construcción del hotel Los Notros en el mismo sector. Luego de esa construcción, el área fue declarada protegida y el hotel —hoy cerrado— pasó a manos de Cristóbal López.
En 2021 la Corte falló a favor de los litigantes, declaró inconstitucionales las normas ambientales dictadas por Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner y ordenó elaborar un Plan de Manejo que se firmó en 2022.
Según fuentes oficiales, el proyecto Master Plan Ecocentro avanzó desde entonces, pero ahora requirió una excepcionalidad del Poder Ejecutivo para ser vendido a inversores extranjeros, habilitada por el decreto conocido esta semana.
En El Calafate, las diferentes voces críticas del proyecto promueven que la península mantenga su carácter prístino, solicitan que se informe el detalle del proyecto de excepción y piden conocer el alcance de la iniciativa turística.
Por su parte, el Concejo Deliberante local reclamó ayer que la comunidad de El Calafate, la más cercana al área en cuestión, no tuvo la posibilidad de opinar sobre la iniciativa que parece inminente y significaría el desembarco de capitales extranjeros a la actividad turística en un área en la que durante años se sostuvo una militancia ambiental activa para mantenerla intangible.-
Con la colaboración de Ricardo Brom
Mariela Arias,Conforme a
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