POLITICA
Victoria Villarruel se mostró con el Rey de España y marcó diferencias con Milei sobre IA, pymes y empleo
Victoria Villarruel se mostró este jueves en España junto al rey Felipe VI y dio un discurso con definiciones que contrastan con el rumbo económico del Gobierno. Sobre todo hizo hincapié en Inteligencia Artificial, el desarrollo de las pymes y el empleo, con críticas por elevación a Javier Milei. En lo formal, la vice participó este jueves en Madrid del XII Foro Parlamentario Iberoamericano y habló ante el Hemiciclo del Congreso de los Diputados españoles.
En su intervención, Villarruel sostuvo que “el debate sobre la Inteligencia Artificial no es meramente técnico, es una encrucijada humana” y advirtió que “no habrá un Estado eficiente, ni una democracia plena, si no situamos al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica”. “El desarrollo, la producción y el trabajo son los verdaderos cimientos de Iberoamérica”, agregó.
Villarruel viajó con una delegación de senadores integrada por Maximiliano Abad (Buenos Aires-UCR), Natalia Gadano (Santa Cruz-Movere Santa Cruz), Martín Göerling Lara (Misiones-Pro) y Sandra Mendoza (Tucumán-Convicción Federal).
El tramo con mayor distancia respecto de la Casa Rosada fue el reclamo de intervención estatal. “Si los Estados y los Parlamentos no intervenimos con programas audaces de apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa, que es el verdadero motor de nuestro empleo, la reconversión tecnológica va a profundizar la inequidad en la distribución del dividendo digital”, afirmó Villarruel. También pidió “políticas públicas serias que defiendan el arraigo federal y la industrialización”, una agenda alejada de la desregulación y la apertura económica que impulsa el Gobierno.
Sobre el empleo, la vicepresidenta señaló que “la respuesta jamás puede ser el repliegue asistencialista ni la resignación de un subsidio permanente”. “Ninguna transferencia económica va a sustituir jamás la dignidad sagrada del trabajo. El trabajo es realización moral, dignifica a las familias y es el norte innegociable de toda política económica”, completó.
La oposición convocó a una sesión especial para tratar morosidad, Discapacidad y para rechazar el DNU de la Ley de Tierras
El foro reúne a representantes de los parlamentos de los 22 países de la comunidad iberoamericana. Pero al margen del foro, Villarruel mantuvo reuniones bilaterales con parlamentarios de la regón. El miércoles se reunió con el diputado paraguayo Francisco Petersen Veiluva y con autoridades de Chile: la presidenta del Senado, Paulina Núñez Urrutia; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri Vergara. Este jueves se reunió con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons.
El foro termina este viernes con una sesión plenaria. Por el viaje de Villarruel a España, en paralelo a la visita oficial de Milei a Francia, el Ejecutivo está a cargo de Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado.
Victoria Villarruel, Rey Felipe VI, España
POLITICA
Massot y Pichetto presentaron una cautelar para frenar la venta ilimitada de tierras a extranjeros
Los diputados nacionales Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto presentaron una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional para suspender la derogación de la Ley de Tierras Rurales, establecida por el artículo 154 del DNU 70/2023. El escrito también pide una medida interina urgente, antes de que el Gobierno presente su informe, y habilitación de días y horas inhábiles.
La presentación apunta a frenar los efectos de la norma que eliminó los límites a la adquisición de campos por personas extranjeras. Los legisladores sostienen que las operaciones realizadas mientras se tramita el expediente podrían quedar amparadas por derechos adquiridos, incluso si el Congreso rechaza luego el decreto o la Justicia invalida el artículo cuestionado.
Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot promovieron el pedido ante la Justicia en su carácter de ciudadanos y habitantes, no como diputados. Solicitaron una cautelar previa a la presentación de la demanda principal contra el Poder Ejecutivo, que buscará la declaración de invalidez del artículo 154 del DNU.
La medida principal requiere que se suspenda la derogación de la Ley 26.737 hasta que haya una sentencia en el proceso de fondo. En forma subsidiaria, los demandantes propusieron medidas de conservación de información y de advertencia a potenciales compradores.
Entre esas alternativas, pidieron que el Ministerio de Justicia mantenga en funcionamiento el Registro Nacional de Tierras Rurales, preserve su base de datos y remita mensualmente al tribunal información sobre las adquisiciones de dominio o posesión de tierras rurales por extranjeros que lleguen a su conocimiento desde el 29 de septiembre.
También reclamaron la publicación de un aviso en el Boletín Oficial sobre la existencia del expediente y sobre el hecho de que la validez del artículo 154 se encuentra bajo revisión judicial. Según el escrito, esa comunicación impediría que futuros adquirentes aleguen desconocimiento de la controversia.
El pedido llegó después del fallo de la Corte Suprema
La nueva acción se produjo tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 29 de septiembre de 2026 en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM).
En ese expediente, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional el artículo 154. Sin embargo, la Corte revocó ese fallo y rechazó la demanda al considerar que el CECIM no tenía legitimación para accionar.
El máximo tribunal aclaró que su pronunciamiento se limitaba a esa cuestión procesal y que no implicaba una definición sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras Rurales. A partir de esa decisión, la eliminación del régimen volvió a producir efectos plenos desde el 29 de septiembre.
Massot y Pichetto argumentaron que su planteo se diferencia del caso anterior porque invoca la protección colectiva de la tierra rural y los cuerpos de agua como recursos naturales, además del derecho de los ciudadanos a exigir que el régimen sea definido por el Congreso y no mediante un decreto de necesidad y urgencia.
La ley fijaba topes por nacionalidad, superficie y ubicación
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un régimen de orden público para la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales. El texto fijaba un máximo de 15 % de titularidad extranjera sobre el total de tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio o entidad equivalente.
Asimismo, impedía que personas de una misma nacionalidad extranjera concentraran más del 30 % de ese cupo. La norma también limitaba a 1.000 hectáreas en la zona núcleo —o una superficie equivalente según la ubicación— las tierras que podía reunir un mismo titular extranjero.
La ley prohibía, además, que personas extranjeras fueran titulares o poseedoras de inmuebles con cuerpos de agua de envergadura y permanentes, o ribereños de ellos. Para controlar el cumplimiento de esos requisitos, había creado el Registro Nacional de Tierras Rurales y exigía certificados de habilitación.
El artículo 154 del DNU 70/2023, publicado el 21 de diciembre de 2023, derogó por completo esa regulación. El escrito presentado por los diputados cuestiona que se haya eliminado por decreto una ley que regulaba recursos naturales y que, según los actores, no existían circunstancias excepcionales que hicieran imposible el trámite legislativo ordinario.
Los diputados advierten sobre operaciones que podrían quedar firmes
Uno de los ejes de la cautelar es el peligro de que se perfeccionen adquisiciones de tierras bajo el régimen vigente y que una decisión posterior no pueda alcanzarlas. La presentación cita el artículo 24 de la Ley 26.122, que preserva los derechos adquiridos durante la vigencia de un DNU aun cuando ambas cámaras del Congreso lo rechacen.
“Lo que se pierda en el ínterin no podrá recuperarse”, sostienen los legisladores en el escrito. También señalan que las posteriores transferencias a terceros de buena fe podrían dificultar una eventual reversión y que la derogación de la ley quitó una previsión que excluía a estas compras de la protección de los tratados bilaterales de inversión.
El pedido incluye una medida interina, con vigencia hasta que el Estado Nacional presente el informe previsto por la Ley 26.854 o venza el plazo para hacerlo. Los actores plantearon que ese resguardo es necesario porque cada operación concretada durante esos días podría consolidarse como un derecho adquirido.
La Cámara de Diputados tiene una sesión solicitada para el 15 de octubre
La acción fue presentada en paralelo a una solicitud de sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación para el 15 de octubre de 2026. El temario propuesto incluye el tratamiento del DNU 70/2023.
El Senado rechazó el decreto el 14 de marzo de 2024, pero Diputados aún no se pronunció. De acuerdo con la Ley 26.122, el rechazo de una sola cámara no basta para dejar sin vigencia un decreto de necesidad y urgencia.
El escrito también recuerda que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso, seis días después de publicar el DNU, un proyecto de Ley de Bases que incluía su ratificación. Esa ratificación no fue aprobada. Para Massot y Pichetto, ese antecedente demuestra que el Congreso estaba en condiciones de debatir la cuestión.
La Justicia deberá resolver primero la medida interina solicitada y requerir al Estado el informe sobre el interés público comprometido. Luego definirá si corresponde suspender los efectos del artículo 154 mientras se desarrolla el proceso principal o si adopta las medidas conservatorias solicitadas.
POLITICA
Quién es Rocío Gómez, la ladera de los Menem que Karina Milei ungió como referente de la juventud de LLA
Rocío Gómez camina por los pasillos del patio Malvinas de la Casa Rosada acompañada por jóvenes que superan por poco los 20 años, como ella. Algunos se pusieron traje. Ingresa a su despacho y el grupo la escolta. Sucede a menudo.
Nombrada a fines del año pasado coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales en la subsecretaría que conduce Eduardo “Lule” Menem, esta joven de 23 años oriunda de Lomas de Zamora fue ungida como referente de la juventud y las universidades de La Libertad Avanza (LLA), en el selecto universo de dirigentes que tiene aval político directo de la secretaria general, Karina Milei.
A esa vertiente del Gobierno, Gómez llegó de la mano de Sharif Menem. Ella ya estaba involucrada en la militancia universitaria liberal (en la agrupación Somos Libres) y salía en televisión. Con el Menem más joven del clan oficialista se cruzaba en los pasillos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Él, en 2024, le escribió para que se sumara a crear la juventud oficial del partido y la pata universitaria que también respondiera a la estructura formal.
“Con Sharif se conocían y charlaban, pero se dio una maduración en 2024. Ella le respondió y le dijo: ‘Estoy para ayudar’”, refieren los que saben. El trabajo junto a los Menem comenzó en noviembre, diciembre, de ese año. En tándem, los jóvenes que respondían a las terminales del estratega Santiago Caputo -con fuerte peso en redes desde antes de que Javier Milei fuera presidente- hacían pie en las universidades con el nacimiento de Universitarios Por La Libertad (ULLA).
Por su parte, Gómez fue encargada por Karina Milei de amalgamar a aquellos veinte y treintañeros que se identificaban con el Presidente pero que estaban desperdigados en el país o reunidos en pequeñas tribus bajo distintos nombres. “Rocío no la conocía a Karina. Primero conoció a Sharif, después a Lule, después a Martín y por último a Karina, que le ordenó organizar la juventud y encontrar cuadros. Cuando eso ya estuvo listo, le encomendó armar en las universidades”, enumera una fuente al tanto.
Así, en 2025 terminó de consolidar la Juventud Nacional de La Libertad Avanza y, este año, Universitarios Por La Libertad. Ambas estructuras responden al partido. “Ahora sí, Karina. Listo, ya estamos”, le habría dicho Gómez a la secretaria general cuando concluyó ambos frentes.
Antítesis en álgidas discusiones públicas de Luca Bonfante, de los dirigentes jóvenes más conocidos de la izquierda, Gómez escaló casilleros en el entorno de Karina Milei. “Con su laburo se ganó la confianza de la hermana del Presidente”, aseguran fuentes al tanto. “Los chicos la respetan. Tiene ideas muy fuertes y cumple un doble rol: de vocera -porque hace medios- y de armadora”, acotan.
A un año y medio para terminar la carrera de Economía, en la diaria de la Casa Rosada Gómez trabaja a la par de Lule Menem, con quien consulta sus pasos, en la subsecretaría que depende de la Secretaría General. Con fluida oratoria y una cuota de pragmatismo que remeda a aquellos que hace rato transitan la política, no reniega de tener un cargo en el Estado pese a integrar un espacio que denosta a los empleados públicos. Un coordinador, según averiguó , cobra en bruto $3.600.000 (unos $2.970.000 en mano).
“No tenemos cuadros técnicos jóvenes. A ella le gustó la idea cuando le dijeron que ingresara a la Casa Rosada. Se la juzgó por su edad, pero es contradictorio porque la izquierda siempre pide que haya mujeres en la toma de decisiones”, refiere una persona cercana, que repite así el argumento que la propia Gómez supo esgrimir luego de que su nombre quedara estampado en el Boletín Oficial, firmado por Karina Milei, el pasado 22 de diciembre.
Según fuentes al tanto, Gómez en su función dialoga con la secretaria general solo “para cosas puntuales”; el resto lo articula con Lule Menem.
Nacida en el conurbano, tiene una abuela kirchnerista que bancó la gestión del exintendente Martín Insaurralde y otra antiperonista. Su papá -que trabaja en Correo Argentino- y sus tíos paternos son todos K. “Intenté convencerlo, pero mi papá no me votó”, se lamentó ante los propios el año pasado, cuando integró la lista violeta por la tercera sección electoral.
No se define anarcocapitalista, sino una liberal clásica. Dicen fuentes al tanto que su primer acercamiento a esa corriente fue durante el debate por la ley de aborto legal. “En aquella discusión, que se dio cuando ella tenía quince años, se sintió identificada con la libertad individual, con que cada uno pueda tomar sus propias decisiones”, afirman quienes la conocen. En 2021, de acuerdo a voces consultadas, ahondó en ese pensamiento al notar los efectos de la inflación en la diaria del negocio que montaron junto a su hermana, en plena gestión de Alberto Fernández.
Su primer referente liberal fue José Luis Espert y en 2023 fiscalizó para Milei con su hermana y su cuñado. “Los amigos escuchaban a Milei y ella dijo ‘es por acá’”, aseguran en su entorno.
Sin embargo, sus díscolos en el frente interno le achacan haber militado junto a Ricardo López Murphy y haber criticado a Milei por esas épocas. La acusan, incluso, de borrar en redes las publicaciones de aquel entonces para no tener problemas ahora. Ella lo niega y suele decir a los propios que usaron esos argumentos para “desprestigiarla” cuando ascendía casilleros en LLA.
Más allá de que los suyos aseguran que Gómez articula el armado juvenil incluso con aquellos cercanos al caputismo, su vida política está ligada a los Menem y dista de las terminales donde orbitan referentes como Daniel Parisini (el Gordo Dan), Agustín Romo, Nahuel Sotelo, Mariano Pérez y su gente.
En la oficina de Gómez suele vérselo a Iñaki Gutiérrez, que le maneja la cuenta de TikTok a Milei, y en los eventos en las provincias también se suma Eugenia Rolón, militante libertaria y novia de Iñaki.
Por estos días, Gómez trabaja con Sharif Menem en un encuentro de la juventud del partido y las universidades junto al Presidente. Hay voces que dicen que Karina Milei pidió que fuera en Rosario. Algunos barajan que se haga en noviembre, pero no está confirmado. “Massa metió mil jóvenes en la Facultad de Derecho. Nosotros tenemos que llegar a unos 6000 o 7000″, la escucharon arengar a la funcionaria.
Casa Rosada,Paula Rossi,La Libertad Avanza,Conforme a
Murió Augusto César Belluscio, exjuez de la Corte Suprema de Justicia y uno de los juristas más reconocidos del país en materia de Derecho Civil y de Familia. Tenía 96 años.
Belluscio había nacido el 10 de junio de 1930 y desarrolló una extensa carrera tanto en la Justicia como en el ámbito académico. Se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1955 y obtuvo el doctorado en Derecho y Ciencias Sociales cinco años después.
Su trayectoria judicial comenzó en 1957, cuando ingresó como secretario de un juzgado nacional en lo Civil. En 1965 fue designado juez nacional en lo Civil y Comercial Federal y, en 1974, llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Belluscio llegó a la Corte Suprema en 1983, tras el retorno de la democracia y durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Permaneció allí hasta 2005, atravesando distintos períodos políticos y diferentes conformaciones del máximo tribunal.
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