Al considerar que una huelga “no es impedir por la fuerza que otros trabajen, compren o vendan”, un tribunal de Rosario condenó este martes a dos años y tres meses de prisión en suspenso a dos activistas del Sindicato de Camioneros de Santa Fe por haber bloqueado a la empresa Razzini durante 90 días, en 2020, en una causa clave que se congeló durante años y que estuvo a punto de prescribir hasta que fue reactivada por un fiscal.

El fallo del Tribunal Pluripersonal del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 2 de Rosario, integrado por Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre, consideró que dos de los imputados son culpables del delito de turbación de la posesión —es decir, haber perturbado ilegalmente el uso y control de un inmueble ajeno—, aunque las penas que recibieron implican que no irán a la cárcel si respetan las condiciones que el fallo impone durante todo ese período.

La sentencia cargó sobre los dos activistas sindicales un conjunto de reglas de conducta que rigen por el tiempo de la condena. Ambos deben fijar un domicilio sin posibilidad de modificarlo sin autorización judicial y quedan bajo la supervisión de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pospenitenciaria de Santa Fe.

Además, tienen prohibido salir del país sin permiso previo del juez de ejecución y deben mantenerse a más de 200 metros de tres ubicaciones vinculadas a la empresa denunciante. Y también rige una prohibición de contacto —por cualquier medio, incluso redes sociales o a través de terceros— con los dueños de la empresa, con restricción de acercamiento inferior a 200 metros.

El tribunal advirtió que si alguna de esas reglas se incumple, el juez de ejecución podrá descontar el tiempo ya transcurrido y, ante una reiteración, revocar la suspensión de la condena, lo que obligaría a los imputados a cumplir la prisión de manera efectiva.

El juicio oral por este bloqueo, que comenzó el 2 de noviembre, también terminó con la absolución parcial de un tercer acusado del delito de turbación de la posesión. El tribunal aplicó el principio de duda razonable: ante la falta de certezas sobre su participación, la norma constitucional obligó a fallar a su favor.

Los imputados también fueron absueltos de un segundo cargo impulsado por la querella: el desbaratamiento de empresa, figura del artículo 174 inciso 6 del Código Penal que sanciona a quien frustra dolosamente la actividad económica de un tercero. El tribunal no encontró mérito suficiente para condenar en ese punto.

Respecto del delito de amenazas, que el Ministerio Público había atribuido a los imputados, el fallo declaró extinguida la acción penal por prescripción. El tiempo transcurrido desde los hechos superó el plazo legal para perseguir ese delito —dos años, según fija el Código Penal—, lo que impidió cualquier condena al respecto y derivó en la absolución de ambos por esa causa.

Un cuarto imputado en los hechos, considerado el principal acusado, es Marcelo Ortiz, cuyo abogado defensor informó que habría fallecido a principios de año, pero el fiscal solicitó un certificado o un acta de defunción para acreditar su muerte y esa documentación apareció recién horas antes del inicio del juicio.

Más allá de las condenas, esta sentencia cobra una mayor importancia porque el tribunal rosarino no consideró que los bloqueos sean parte del ejercicio del derecho de huelga contemplado en la Constitución Nacional, en otro fallo que, como el dictado por un tribunal laboral de La Matanza, va en un sentido contrario al dictado por el juez Alejandro López en San Nicolás, que absolvió a 7 acusados por haber bloqueado a Rey Distribución.

En la causa por el bloqueo contra Razzin, antes de leer el veredicto, Fernández Bussy, presidente del tribunal, dijo que “este juicio no fue un juicio contra la huelga” ya que el reclamo sindical “puede haber sido justo o injusto”, pero advirtió: “No es este tribunal quien debe decidirlo y para eso existen los cauces del derecho laboral. Lo que sí nos toca decir es dónde termina el ejercicio de un derecho y dónde empieza el delito”.

“La respuesta es clara: la Constitución protege la huelga con firmeza y precisamente por eso hay que saber qué es. Hacer huelga es dejar de trabajar para reclamar. Así lo define la Corte Suprema en (el fallo) Orellano: la abstención o el retaceo de la prestación laboral como medio de presión. No es impedir por la fuerza que otros trabajen, compren o vendan. Ese límite no lo inventa este tribunal. Lo fija el Convenio 87 de la OIT, que obliga a los trabajadores y a sus organizaciones a respetar la legalidad, y lo reiteran los criterios del Comité de Libertad Sindical (de la OIT), que no amparan los piquetes que obstaculizan la libertad de trabajo mediante la intimidación y los excesos de carácter delictivo”, añadió.

Fernández Bussy remarcó que el tribunal “no reprocha la abstención de los trabajadores, ni el acampe, ni la carpa en la esquina, ni que se detuviera a los choferes para contarles el conflicto y pedirles solidaridad”, porque “eso es protesta y la protesta no es delito”, pero aseguró que que “la prueba de este juicio muestra que en esas semanas hubo conductas que cruzaron la línea”.

La diputada libertaria Verónica Razzini fue la primera testigo en las audiencias por haber sido en aquella época una de las dueñas, junto con sus hermanos, de la empresa de distribución de materiales de construcción que fue bloqueada a partir del 8 de junio de 2020 por la exigencia de Camioneros de Santa Fe, que lidera Sergio Aladio, de que 18 de sus 100 empleados se afiliaran al sindicato, aunque la actividad de la empresa no tenía nada que ver con el transporte de cargas y el encuadramiento les correspondía al Sindicato de Comercio y a la UOCRA.

Razzini, como informó Infobae, vivió toda una pesadilla en aquel momento: la amenazaban todos los días, la escupían y la insultaban, la intimidaron con armas de fuego, le dijeron que iban a ir a la casa de su padre -con problemas de salud- para provocarle un infarto, se mudó para evitar agresiones, le advirtieron que sabían adónde estaban sus hijos y tuvo que contratar a efectivos de Infantería para resguardar a sus empleados.

Asesorados desde un primer momento por el abogado Pablo Salvatori, los Razzini presentaron una denuncia judicial por el bloqueo y lograron que la Justicia detuviera e imputara a 10 empleados y 3 delegados sindicales que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos, aunque los problemas no terminaron: en julio de 2022, la fachada de la empresa recibió 3 disparos y dejaron en la puerta un mensaje intimidatorio (”Retirá la denuncia porque no abrí (sic) nunca más. Att. Camioneros”).

Pese al impulso inicial, la causa por el bloqueo quedó trabada en la Justicia durante años y estaba cerca de prescribir hasta que hace poco, por iniciativa de un nuevo fiscal, Germán Mazzoni, pudo reactivarse y llegar finalmente al juicio que terminó con las condenas.

Tras la protesta de 2020, Razzini creó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), desde donde ayudaron a pymes de todo el país que eran víctimas de las medidas sindicales extorsivas, hasta que la empresaria ganó su banca legislativa por el PRO en diciembre de 2023 y hace un año pasó a La Libertad Avanza.

En diálogo con Infobae, Razzini señaló: “Estoy satisfecha. Sólo esperaba una condena. Entiendo que la legislación en estos temas es compleja, pero la cantidad de pruebas que llevamos a la Justicia fue tan grande que si no había una condena iba a ser muy doloroso poder soportarlo. Desde hace años estamos dando una batalla fuerte contra la mafia sindical y decidimos que íbamos a cambiar la historia. Es lo que estamos haciendo”.

Para la actual diputada, “vamos sumando precedentes en la Justicia contra los bloqueos todos los meses; si bien tuvimos ese batacazo doloroso que fue el fallo de San Nicolás por Rey Distribución, después tuvimos el fallo de FADEMI; la semana pasada la sentencia en La Matanza que cuestionó esas protestas y van a seguir otras”.

“Hoy tenemos el fallo de nuestra causa, pero son muchos más los que están en camino porque es mucha más la cantidad de gente que entendió que había que perder el miedo y dar batalla. Eso es lo que los empresarios empezaron a hacer. Empezaron a luchar contra la mafia sindical y vamos a lograr se terminen los bloqueos en Argentina, que es lo que nos propusimos”, agregó.

Razzini enfatizó que “el objetivo es que se termine esta costumbre de maltratar a los empresarios y lograr que el sindicalismo cambie sus métodos”.

“Cuando terminó el juicio, miré a las personas que bloquearon mi empresa y les dije: ‘Replantéense los métodos. Dejen de hacer terrorismo sindical porque el sindicalismo no está para esto en Argentina. El sindicalismo tiene que reconstruirse y defender a los trabajadores, que no significa usarlos para sostener sus privilegios. Ustedes deben reflexionar y nosotros seguiremos trabajando para blindar a los empresarios que emprenden e invierten en Argentina y para seguir demostrándole a la sociedad que bloquear es delito’”, concluyó.

El senador nacional por Misiones y jefe del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling, puso en duda que el oficialismo logre sacar dictamen este martes para la reforma electoral si el Gobierno insiste en modificar el proyecto sobre la hora. En diálogo con Radio con Vos, el legislador sostuvo que la suspensión de las PASO no se puede “manosear” en función de la táctica o la estrategia electoral del gobierno de turno.

La iniciativa ingresó al Senado en abril de este año y quedó parada durante meses. Recién ahora, con el cierre de las sesiones ordinarias fijado para el 30 de noviembre, el oficialismo procura su tratamiento e incorpora cambios que no estaban en la versión original.

El jefe del bloque PRO fue categórico sobre los tiempos que maneja el Gobierno para la comisión de Asuntos Constitucionales. “Yo realmente no creo que el martes se pueda sacar un dictamen, si es que este proyecto se modifica de esta manera”, sostuvo.

Goerling explicó que ningún senador va a asumir la responsabilidad de firmar un dictamen con modificaciones que se le presenten el mismo día de la reunión. Según detalló, el Ejecutivo prevé enviar un nuevo texto que reemplace al que ingresó en mayo, con la suspensión de las PASO y la incorporación de colectoras.

El senador remarcó que el PRO todavía no conoce el contenido final de la propuesta. Por eso, adelantó que el bloque va a esperar el texto oficial antes de definir una postura y que luego lo discutirán en una reunión de mesa ejecutiva del partido.

El rechazo de fondo a tocar las PASO

Más allá de la discusión por los tiempos legislativos, Goerling fijó una posición de fondo sobre el sistema electoral vigente. “El sistema de las PASO no hay que tocarlo y menos a tan poco tiempo de una elección”, opinó.

El legislador recordó que en las dos últimas reuniones de mesa ejecutiva del PRO, con la presencia del expresidente Mauricio Macri, la decisión del partido fue mantener el esquema de primarias tal como está.

Para Goerling, una reforma que define cómo se elige al presidente de los argentinos debe discutirse “con seriedad” y “con profundidad”, no de manera apresurada. Cuestionó que el Ejecutivo no haya querido debatir el proyecto desde mayo y que ahora pretenda resolverlo en las últimas sesiones del año.

El senador trazó además una distinción entre la suspensión de las PASO del año pasado, que alcanzó a las elecciones legislativas, y una eventual suspensión para los comicios presidenciales. “Acá estamos hablando de la elección del presidente de la Nación y el vice”, planteó.

Según su razonamiento, las legislativas se definen por distrito, con candidaturas y discusiones provinciales distintas en cada caso. En cambio, remarcó, la elección presidencial involucra a todo el país detrás de una misma fórmula.

“Las reglas tienen que estar claras, no se pueden ir cambiando, manoseando en función de la táctica o la estrategia electoral del que gobierna de turno”, sostuvo Goerling. Agregó que, si hay que reformar la ley de las PASO, esa tarea debe hacerse con consenso y no a los apurones, porque de lo contrario “se resiente” el sistema.

El senador también dejó una puerta abierta sobre los plazos. “Si lo único que se quiere discutir es la suspensión, se puede dar más adelante, inclusive”, planteó, en referencia a la posibilidad de separar ese punto del resto de la reforma y tratarlo con más tiempo.

El rechazo a las colectoras y el antecedente de la ley de lemas

Otro eje del proyecto es la incorporación de un sistema de colectoras, que permitiría a otros partidos pegar su boleta a la candidatura presidencial en una categoría de diputados y senadores. Goerling calificó esa posibilidad como “un disparate”, aunque aclaró que todavía no conoce el texto final.

El senador vinculó su rechazo con su experiencia personal en Misiones, donde dijo estar peleando contra la ley de lemas, un sistema de sumatoria de candidaturas. “Uno termina votando uno y yendo para otro, eligiendo a otro”, explicó para graficar el efecto que, a su entender, podría replicar un esquema de colectoras a nivel nacional.

El proyecto también contempla un aumento de los pisos electorales para los partidos más chicos. Según detalló Goerling, hoy una fuerza necesita presencia en cinco provincias para ser considerada de distrito nacional, un requisito que la reforma elevaría a diez. El esquema de financiamiento también se modificaría.

Los números que el oficialismo necesita en el Senado

Goerling repasó la aritmética legislativa que enfrenta el Gobierno. Para obtener dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales se requieren diez firmas, y el oficialismo, sin aliados, no las consigue por sí solo: no tiene mayoría en ninguna comisión del Senado ni en el recinto.

El senador remarcó que el PRO no tiene integrantes en esa comisión en particular, por lo que su bloque no firmaría el dictamen aunque quisiera. Luego, para la sanción en el recinto, se necesitan 37 votos: la mayoría absoluta de los miembros del cuerpo, no de los presentes, por tratarse de una ley electoral.

Consultado sobre si el Gobierno realmente cuenta con esos votos, pese a los dichos de funcionarios del Ejecutivo, Goerling se mostró escéptico. Señaló que, por experiencia, muchas veces un proyecto llega al recinto con una idea y termina votándose con otra.

El senador agregó un dato sobre la estructura del Senado: no todos los legisladores responden a gobernadores que puedan negociar con la Casa Rosada. “El mío es un caso, por ejemplo”, apuntó, en referencia a su propia banca por Misiones.

La interna con Bullrich y el rol de los gobernadores aliados

El escenario descripto por Goerling se completa con la disputa interna que atraviesa al Gobierno. Según reconstruyó Infobae, la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y la senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, concentran el respaldo de buena parte de los bloques dialoguistas, por encima de las gestiones de la Casa Rosada.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó a cargo de destrabar la negociación electoral, aunque las adhesiones reales rondarían los 31 o 32 votos, por debajo de los 37 necesarios. Bullrich, de acuerdo con esa reconstrucción, es quien estaría en condiciones de cerrar los votos sueltos que todavía faltan.

El propio proyecto incluye otros puntos sensibles además de las PASO y las colectoras: modificaciones a la Boleta Única de Papel, cambios en el financiamiento privado, un eventual fin del debate presidencial obligatorio y la discusión de Ficha Limpia, que algunos aliados buscarían dictaminar en la misma reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, avance o no la reforma electoral.

La agenda paralela: discapacidad y Presupuesto 2027

Goerling también se refirió a otros proyectos que comparten la agenda del Senado en las dos semanas finales del período ordinario. Entre ellos, destacó la ley de discapacidad, que ya cuenta con media sanción de Diputados y fue votada allí de manera casi unánime.

El senador explicó que la intención de varios bloques es dictaminar esa iniciativa esta semana y llevarla al recinto la próxima, antes de que finalicen las sesiones ordinarias. Consideró que la sociedad espera esa ley y que buscarán llegar a un acuerdo rápido entre los distintos bloques.

Sobre el fondo de esa discusión, Goerling remarcó que la ley busca dar certeza a las personas con discapacidad de que sus prestaciones no van a ser modificadas y de que se van a actualizar por ley. El senador también mencionó, en ese contexto, la visita del papa a Don Orione la semana pasada.

El presidente Javier Milei utilizó la muestra sobre Manuel Belgrano, inaugurada el sábado en el marco de la Noche de los Museos, como plataforma para reiterar su aspiración reeleccionista de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En ese marco, en el entreveró reivindicaciones a la faceta liberal del pensamiento de Belgrano con números de su gestión, deslizó una serie de promesas que se harían realidad en un hipotético segundo mandato.

Javier Milei inauguró una exposición sobre Manuel Belgrano y ratificó que va por la reelección

Devolución impositiva y apertura comercial

Milei aseguró que, si se cumplen las previsiones económicas de su gestión, la reducción de la carga tributaria permitiría devolver a los contribuyentes argentinos la suma de USD 500 mil millones, una cifra que comparó con el endeudamiento de Argentina, según informó Clarín.

A su vez, siempre proyectándose a un segundo mandato, prometió profundizar la apertura comercial y continuar con la reducción de la carga impositiva.

La interna entre Javier Milei y Patricia Bullrich amenaza con complicar la estrategia electoral del Gobierno para 2027

Según lo que explicó en la inauguración de la muestra, cuando Milei llegó al poder, Argentina mantenía relaciones comerciales con el 10% de los países del mundo, y afirmó que, actualmente, ese porcentaje subió al 30%. Su objetivo es llevarlo al 90% en caso que sea reelecto.

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