En medio de semanas de convulsión, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) anunció que asumirá desde este jueves 1° de octubre la atención médica plena del personal de las Fuerzas Armadas y sus familias, al tiempo que dio inicio a un proceso para cancelar la deuda histórica del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), estimada en $200.000 millones.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el Tesoro Nacional, en coordinación con el Ministerio de Defensa, resolvió avanzar con el pago de la deuda acumulada para regularizar las prestaciones de la nueva obra social surgida de la división de la histórica IOSFA.

Por orden del presidente Javier Milei, OSFA quedó a cargo de la atención médica del personal del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, mientras que la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad de Argentina (OSFFESEG) concentra la cobertura de Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional.

“La nueva obra social militar inicia esta etapa con una prioridad: poner al afiliado en el centro y recuperar, en todo el país, la atención que necesita la familia militar”, destacaron desde la cartera de Defensa. La decisión responde al objetivo del ministerio a cargo de Carlos Presti de reconstruir la red prestacional y cumplir con el DNU 88/2026, de febrero de este año, que establece el plazo final para la disolución de la vieja IOSFA luego de su división en dos organismos autárquicos.

La antigua obra social nucleaba a más de 600 mil afiliados, lo que la convierte en la tercera prestadora más grande del Estado, pero arrastraba un pasivo estimado en unos $200.000 millones, aunque varios gremios ubican la deuda por encima de los $500.000 millones. Esa situación generaba demoras y cancelaciones en los tratamientos más costosos.

El esquema de cancelación no tiene un plazo final establecido, aunque el Gobierno prevé completarlo hacia fin de año. Según supo este medio, el proceso comenzará con el pago de un primer lote de más de 10 mil reintegros a afiliados, por un monto total de $5.000 millones. Las cifras surgen de la licitación interna abierta para cotejar los montos y reclamos presentados por los afiliados. La nueva obra social alcanza a unos 325 mil efectivos de las Fuerzas Armadas.

“Es un nuevo comienzo. La deuda nos trababa las prestaciones y lo que queremos dar es plena atención a los afiliados. De esta manera, nos permite avanzar con la desarticulación de lo que queda de IOSFA”, admitió una fuente oficial ante este medio.

Asimismo, las autoridades de OSFA, que atravesaron en las últimas semanas cambios en su conducción, protagonizaron reuniones con prestadores para acordar un cronograma de pagos y cerrar nuevos convenios, con el objetivo de “restablecer progresivamente la totalidad de las prestaciones en todo el país”.

“Cancelar deudas para recuperar prestadores y pagar reintegros para responder a los afiliados son las primeras medidas de un cambio más amplio”, argumentaron ante este medio, al tiempo que hablaron de “modernizar” el modelo de gestión y controlar gastos y recursos.

El anuncio llegó luego de la abrupta salida del administrador encargado de la liquidación de la IOSFA, el coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien fue reemplazado por Gonzalo Secchi. Los cambios se dieron en medio de la polémica generada por los reclamos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que ocupó la sede central en rechazo de una reorganización que, según el sindicato, pone en riesgo alrededor de 600 empleos y compromete la continuidad de 13 hoteles y dos centros recreativos.

Desde OSFA aseguran que el personal continúa trabajando y que mantienen conversaciones con los sindicatos “que quieran dialogar” con la administración nacional. “Estamos en el medio de un proceso de transición. El traspaso de los hoteles integra ese proceso, que además incluye distintos temas administrativos por resolver”, precisó una fuente de la obra social a este medio.

La misma señaló que se inició una investigación y que se denunció penalmente a ATE por presunta “connivencia interna”.

El Gobierno recibirá la próxima semana al titular de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, Ben Black, para comenzar a convertir en proyectos concretos el Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa bilateral que contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta US$7000 millones para infraestructura, energía, minerales críticos y tecnología.

Según pudo saber TN, Black llegará a Buenos Aires el 9 de octubre. La agenda todavía está bajo coordinación, pero en Nación consideran probable que mantenga reuniones con el Ministerio de Economía, funcionarios vinculados con infraestructura y Santiago Caputo en la Casa Rosada. La visita será seguida más adelante por la del subsecretario de Estado Christopher Landau.

La llegada de Black tiene una particularidad: conduce la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, una de las agencias que Washington prevé utilizar para estructurar las inversiones del corredor. Puede otorgar préstamos, garantías, seguros contra riesgos políticos y participar con capital en proyectos junto con inversores privados.

Los US$7000 millones, sin embargo, no corresponden exclusivamente a esa agencia. El monto surge del marco de financiamiento firmado por la Argentina con el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, que prevé movilizar hasta esa cifra hasta 2027 para proyectos de energía, minerales críticos, redes eléctricas, infraestructura digital y tecnologías consideradas estratégicas.

La Corporación Financiera de Desarrollo, el Banco de Exportación e Importación y otras agencias estadounidenses funcionarán como instrumentos diferentes dentro de una misma estrategia. La próxima etapa consiste en identificar qué proyectos pueden ser financiados, bajo qué modalidad y con qué participación de empresas estadounidenses.

El Corredor Andes-Atlántico fue lanzado el 23 de septiembre en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y Landau. Busca conectar el noroeste minero y Vaca Muerta con la Hidrovía y los puertos del Atlántico mediante inversiones en ferrocarriles, ductos, puertos, transmisión eléctrica y redes digitales.

Estados Unidos ya había anticipado oficialmente que durante octubre enviaría funcionarios a Buenos Aires, Jujuy y Salta para identificar y promover operaciones. La visita de Black abrirá esa etapa de trabajo, mientras que Landau viajará después para continuar las conversaciones con funcionarios y representantes del sector privado.

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