POLITICA
“No nos quedan más opciones”: habló una de las estudiantes universitarias que participó de la sentada en el Palacio Pizzurno

La protesta estudiantil en el Palacio Pizzurno sumó un nuevo capítulo al conflicto universitario. Agostina Olivera, consejera de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y militante de La Mella, explicó en diálogo con Infobae al Regreso por qué decidieron ingresar a la sede de la Secretaría de Educación y defendió la sentada como una forma de reclamar respuestas al Gobierno.
La manifestación ocurrió un día después de que la Justicia ordenara al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declarara inconstitucional el decreto que había frenado su implementación. El Ministerio de Capital Humano calificó la protesta como una “toma violenta” y anticipó una denuncia judicial.
El encuentro con Carlos Torrendell y la llamada de Sandra Pettovello
Olivera sostuvo que la protesta permitió concretar una reunión que, según afirmó, los estudiantes no habían conseguido desde el inicio de la actual gestión. “Lo que logramos ayer fue que por primera vez desde que asumió este gobierno, el secretario Carlos Torrendell nos reciba a los estudiantes. No había sucedido nunca”, señaló.
De acuerdo con su relato, los manifestantes realizaron una sentada y, tras conversar con integrantes de la Policía Federal y funcionarios de la dependencia, aceptaron trasladarse a una sala para dialogar con el secretario. Sin embargo, el encuentro no avanzó como esperaban.
La estudiante aseguró que Pettovello llamó por teléfono a Torrendell y le pidió que interrumpiera la reunión. “Le dijo que no podía negociar con nosotras, que no podía hablar con nosotras, que si no nos echaba en cinco minutos, él era el que iba a terminar echado del gobierno”, relató.
Según Olivera, la conversación se desarrollaba mientras los estudiantes planteaban sus reclamos. Uno de los temas abordados fue el monto de las Becas Progresar, que consideró insuficiente frente a las necesidades de quienes cursan en la universidad pública. “Ellos dicen en 35 mil pesos, pero son 28 mil los que les llegan a los estudiantes hoy en día, a los pocos que les llega esa beca”, afirmó.
También cuestionó la falta de información sobre un petitorio presentado semanas antes. Según contó, cuando consultaron por el trámite, les dijeron que el expediente ya no figuraba en la Secretaría de Educación. Además, acusó al subsecretario de Políticas Universitarias de increpar a los manifestantes y grabar un video antes de retirarse.
Olivera agregó que, después de la reunión, los estudiantes tuvieron dificultades para comunicarse porque les habían pedido dejar sus teléfonos antes de ingresar. “Nos estaban dejando básicamente privar de nuestra libertad dentro de una Secretaría de Educación”, denunció.
La discusión por la modalidad de la protesta
Durante la entrevista, los periodistas cuestionaron el ingreso de los manifestantes al edificio público y advirtieron que las imágenes de los incidentes podían desplazar del centro de la discusión el reclamo por los fondos universitarios.
Consultada por la rotura de un blindex que aparecía en los registros audiovisuales, Olivera dijo que no podía precisar qué había ocurrido porque había ingresado por otra puerta. “Yo lo que sucedió con esa puerta no lo sé”, respondió.
La estudiante defendió el comportamiento de quienes participaron de la sentada y aseguró que la medida se desarrolló sin agresiones. Según su versión, los manifestantes permanecieron sentados, leyeron apuntes y confeccionaron carteles, mientras que los trabajadores que querían salir pudieron hacerlo.
Frente al planteo de que la protesta podía perjudicar la legitimidad del reclamo, Olivera insistió en que el objetivo era conseguir una instancia de diálogo. “Fuimos al Congreso, nos dio la razón. Vamos a la Justicia, nos da la razón. Vamos a la calle, la sociedad acompaña. ¿Qué más uno puede hacer que ir a tocarle la puerta?”, sostuvo.
Otro contrapunto surgió en torno a la representación estudiantil. El economista Martín Tetaz cuestionó que un grupo autoconvocado pudiera representar al conjunto de los universitarios y defendió el papel de las federaciones y las organizaciones institucionales.
Olivera respondió que su participación también tenía respaldo institucional, ya que fue elegida consejera directiva por el claustro estudiantil de Ciencias Sociales. Al mismo tiempo, señaló que la convocatoria reunió a alumnos de distintas facultades de la UBA y del conurbano bonaerense. “Lo autoconvocado existe y funciona”, afirmó.
Qué reclaman los estudiantes y cómo seguirá el conflicto
Olivera enumeró los principales reclamos que buscaban plantear ante las autoridades: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las Becas Progresar, recursos para comedores y residencias, políticas de salud mental y medidas vinculadas con el boleto educativo y el transporte.
También se refirió a la situación salarial de docentes y no docentes. Aunque respaldó sus demandas, reconoció que las medidas de fuerza afectan las cursadas y las trayectorias académicas. “Los paros docentes para nosotros son un problema”, afirmó. Además, aseguró que 11.000 docentes habían dejado el sistema universitario público.
Olivera estudia Trabajo Social en la UBA. Comenzó la carrera en 2022 y, según contó, le faltan seis materias y la tesis para recibirse. Desde esa experiencia, cuestionó las dificultades que enfrentan los alumnos para sostener sus estudios en un contexto de conflicto presupuestario y pérdida de poder adquisitivo.
La estudiante también criticó a las distintas administraciones nacionales por la falta de soluciones al problema universitario. “Desde que yo tengo memoria, hasta el día de hoy, ninguna dirigencia política nos pudo dar respuestas”, expresó.
La continuidad del conflicto dependerá de la implementación de la ley, la respuesta oficial a los reclamos presupuestarios y salariales y las próximas medidas de las organizaciones universitarias. Mientras el Gobierno cuestionó la modalidad de la protesta y anticipó acciones judiciales, los estudiantes sostienen que la falta de avances los llevó a intensificar sus reclamos.
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POLITICA
Daniel Hadad: “Sergio Massa es quien mejor conoce el Estado argentino”

El empresario de medios Daniel Hadad se refirió a las próximas elecciones presidenciales de 2027 y no descartó presentarse como candidato. Además, opinó que el exministro de Economía Sergio Massa “es quien mejor conoce el Estado argentino” y advirtió sobre las posibles campañas de desinformación generadas con inteligencia artificial que podrían circular durante la campaña rumbo a los comicios nacionales.
Entrevistado este jueves en América TV, Hadad fue consultado sobre los posibles candidatos presidenciales de la oposición. Entre ellos, se mencionó a Massa, sobre quien expresó: “A mí me impresiona”.
“No conozco político que conozca lo que pasa en Jujuy, quién es el dirigente de Jujuy, y a la vez lo que pasa en Tierra del Fuego, quién está en la oposición de Tierra del Fuego, y lo que pasa en el Banco Interamericano de Desarrollo y quién es el que autoriza o no los créditos para Argentina”, agregó el periodista y fundador de Infobae.
Consultado sobre cuál es la principal virtud que le destacaría, Hadad indicó: “La virtud es que es el tipo que aprende más rápido”. En ese sentido, el empresario rememoró un intercambio con el excandidato presidencial. “Yo un día, hace tres años, le empecé a hablar de Inteligencia Artificial (IA) y lo vi dos meses después o tres meses después, sentí que me estaba dando clase”, contó.
Además de Massa, Hadad opinó sobre el expresidente Mauricio Macri y el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Sobre el fundador de Pro, resaltó: “Tiene la gran virtud de haber sido un presidente no peronista que pudo terminar su mandato. Para mí eso tuvo muchísimo mérito, aunque haya perdido la elección siguiente”. “También fue uno de los primeros en advertir que este Gobierno se estaba cerrando en un grupo muy chiquito, no abriéndole las puertas a gente con más experiencia en manejo del Estado“, sumó.
En referencia a Kicillof, Hadad señaló que “le tocó bailar con la más fea”. Luego, argumentó: “Así como está armada, no sé si la provincia de Buenos Aires tiene solución. Es demasiado grande y tiene realidades muy distintas: no es lo mismo la parte rural que la del conurbano”.
Otra de las preguntas que recibió el empresario fue si él mismo se va a postular a la presidencia de la Nación. “Aún no lo sé”, respondió. “Mi trabajo en los últimos 30 años fue ser un arquitecto de la conversación. Creo en el disenso, en el pluralismo, en la libertad de expresión. Con mis medios de comunicación siempre intenté que haya voces diversas”.
En referencia a su cosmovisión ideológica, Hadad evocó a un célebre filósofo alemán. “Yo sigo creyendo en [Friedrich] Hegel, que decía que hay una tesis, una antítesis y después una síntesis. El nuevo pensamiento autoritario no quiere eso. Quiere verdades absolutas en 140 caracteres”, apuntó.
Según Hadad, lo que le falta saber para tomar una decisión sobre si candidatearse o no a la presidencia “son las reglas del juego”. En esa dirección, profundizó: “Con la eliminación de las PASO, el Gobierno está en contra de que aparezcan figuras nuevas en la política”. “Entonces, si al Gobierno no le gusta una herramienta electoral tiene todo el derecho a cambiarla, pero para el próximo mandato. Es poco ético intentar cambiar las reglas del juego a mitad del camino”.
Durante otro pasaje de la entrevista, Hadad teorizó sobre la vigencia de las PASO y el rol de la senadora libertaria Patricia Bullrich. “Ella es una guerrera: una mujer muy inteligente. Y no me sorprendería que le pida unas PASO al Presidente”, dijo el empresario de medios, y planteó una serie de interrogantes: “¿O eso qué tendría de malo? ¿No saldría Javier Milei mucho más fortalecido?”.
Sobre la actual discusión política, el empresario opinó: “Las redes sociales no deben ser el campo de batalla de los políticos. Hay gente que se queda con el teléfonos y cree que esa es la realidad. Cuando la realidad es mucho más compleja”.
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POLITICA
Violencia de género: un concejal de Bariloche renunció a su banca tras reconocer que agredió a su expareja

Un concejal peronista de Bariloche presentó su renuncia indeclinable a la banca que ocupaba en el Concejo Deliberante luego de reconocer públicamente que protagonizó un episodio de violencia de género con su expareja. Leandro Costa Brutten admitió que la siguió por un edificio de la ciudad y que luego forcejeó con ella para quitarle el teléfono celular con el que lo estaba filmando.
Costa Brutten asumió la responsabilidad por lo ocurrido y sostuvo que se trató de una conducta que no puede justificar. Según su relato, decidió intervenir para impedir que su expareja continuara registrando la situación y terminó arrebatándole el teléfono mediante la fuerza. También anticipó que responderá ante la Justicia por lo sucedido.
Tras el episodio, el dirigente publicó un extenso descargo en sus redes sociales en el que reconoció su responsabilidad y pidió disculpas. “No le echo la culpa a nadie, la culpa es totalmente mía”, sostuvo.
Costa Brutten también explicó que decidió abandonar su banca porque considera que perdió las condiciones necesarias para continuar ejerciendo un cargo público. En ese sentido, sostuvo que ya no tiene “aptitud moral y legal” para representar a los vecinos de Bariloche.
POLITICA
Consejo de la Magistratura: los jueces eligieron a sus representantes y el peronismo dio la sorpresa

La distribución de fuerzas en la nueva conformación del Consejo de la Magistratura que entrará en funciones en 2027 experimentó un cambio esta noche, cuando se conocieron los resultados de la elección de consejeros jueces de todo el país reunidos en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y Federal.
Con los resultados difundidos esta noche, las cuatro listas que competían lograron colocar cada una a su candidato. De todos modos, resta el recuento definitivo en una elección muy ajustada donde todo se definió por un voto.
Así, por ahora, entrarán en el Consejo de la Magistratura el representante de la oficialista Lista Bordó, Marcelo Gallo Tagle; salió segundo Compromiso Judicial que lleva a Juan Manuel Culotta, le siguió la representante de la lista Celeste 2, cercana al kirchnerismo, la camarista Gabriela Vazquez y la cuarta es la lista Celeste 1 con Paula Castro, mas cercana al peronismo.
Si se confirman estos resultados en el conteo final, que se realizará en los próximos días, esta distribución implica que la lista Bordó, que hasta ahora tenía dos consejeros (el camarista Diego Barroetaveña y la jueza civil Agustina Díaz Cordero), y que por la división de los celestes aspiraba a ganar tres lugares, ahora tendrá uno solo.
La lista Bordó perdió el consejero, por un solo voto, a manos del peronismo, pues las “listas celestes” lograron incorporar dos representantes, con matices entre ellos. Hasta ahora tenía uno solo, el camarista de San Martín Alberto Lugones.
Compromiso Judicial, un espacio que se mueve con mayor independencia de los partidos políticos, conserva su consejero: la jueza Alejandra Provitola dejará su lugar a Juan Manuel Cullotta. Son la segunda lista en el país, y la primera en Capital Federal. Estaban entusiasmados con el resultado.
Esta distribución es la que informaron este jueves por la noche voceros de la lista oficialista, que advirtieron que, como la diferencia es de un solo voto, resta realizar aún el conteo definitivo para confirmar esos resultados. El recuento se hará cuando lleguen las urnas del interior del país.
Los números que se informaron indicaban que la lista Bordó tenía 203 votos; Compromiso Judicial, 185 votos; la lista Celeste 1, 102 votos (la mitad más un voto que la Bordó), y la Celeste 2, que fue la revelación de esta elección, 127 votos.
La lista Celeste de Gabriela Vázquez estaba también exultante con estos números.
En la lista Bordó algunos dirigentes explicaban la perdida de un consejero porque al menos 20 jueces, integrantes de la agrupación están de viaje en exterior y no votaron.
Otros hablaban de errores durante la definición de los candidatos, lo que les permitió ganar en los números totales, pero perder a un consejero.
Los cambios en el organismo que designa y remueve a los jueces federales y nacionales de todo el país anticipan alteraciones en la actual distribución de poder. Los abogados completarán su representación con elecciones a fines de este mes.
El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 consejeros. Lo preside el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y lo completan cuatro jueces, cuatro abogados, ocho legisladores (cuatro senadores y cuatro diputados), un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico.
Todos los mandatos vencen el 18 de noviembre, excepto por Rosatti, que sigue por su condición de presidente de la Corte, y Santiago Viola, designado por el Gobierno como representante del Ejecutivo.
El 20 de octubre próximo habrá elecciones para renovar a los cuatro consejeros abogados. Esas elecciones abren el juego y los candidatos que ganen allí se convertirán en consejeros. Se sumarán a los jueces ahora electos; a los que envíe el Congreso y a Diego Molea, ya electo por los académicos. Resta elegir a su compañero.
Entre los abogados votan 185.000 matriculados de todo el país, aunque en la práctica los que van a las urnas son unos 36.000, según los registros de los últimos comicios.
Se renuevan los lugares de Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y María Fernanda Vázquez. Hay cuatro listas en carrera.
La más poderosa es Unidad en Defensa de la Abogacía, que reúne a la actual conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, con decenas de agrupaciones abogadiles en su seno. Orientada por Ricardo Gil Lavedra, lleva como primer candidato a Alberto “Nacho” Biglieri, administrativista e interventor judicial de la UOM, exconsejero de la Magistratura porteña entre 2019 y 2023.
Se le enfrenta la lista Abogacía Federal, que lleva a Fernando Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y este año incorporado a la lista de conjueces de la Suprema Corte bonaerense.
Allí pesa un sector del peronismo con el radicalismo: detrás de la lista están el senador Maximiliano Abad (UCR), Diego Molea, el exconsejero Miguel Piedecasas y Martín Llaryora, gobernador peronista de Córdoba.
Son los que sucederían en el estamento de abogados a la actual consejera María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
El otro sector del peronismo, con el apoyo del auditor de la AGN Juan Manuel Olmos, lleva en Abogacía Unida y Dignidad Profesional, como primera candidata, a la cordobesa Itatí Demarchi Arballo, quien preside el Colegio de Abogados de Villa María.
El oficialismo de La Libertad Avanza juega con su propia lista en la elección de abogados, una aventura inédita. Abogados por la Libertad está encabezada por Luis Palomino, concejal de Vicente López y exsubsecretario de Empleo de la Nación.
Hernán Cappiello,Consejo de la Magistratura,Justicia Federal,Conforme a
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