POLITICA
Violencia de género: un concejal de Bariloche renunció a su banca tras reconocer que agredió a su expareja
Un concejal peronista de Bariloche presentó su renuncia indeclinable a la banca que ocupaba en el Concejo Deliberante luego de reconocer públicamente que protagonizó un episodio de violencia de género con su expareja. Leandro Costa Brutten admitió que la siguió por un edificio de la ciudad y que luego forcejeó con ella para quitarle el teléfono celular con el que lo estaba filmando.
Costa Brutten asumió la responsabilidad por lo ocurrido y sostuvo que se trató de una conducta que no puede justificar. Según su relato, decidió intervenir para impedir que su expareja continuara registrando la situación y terminó arrebatándole el teléfono mediante la fuerza. También anticipó que responderá ante la Justicia por lo sucedido.
Tras el episodio, el dirigente publicó un extenso descargo en sus redes sociales en el que reconoció su responsabilidad y pidió disculpas. “No le echo la culpa a nadie, la culpa es totalmente mía”, sostuvo.
Costa Brutten también explicó que decidió abandonar su banca porque considera que perdió las condiciones necesarias para continuar ejerciendo un cargo público. En ese sentido, sostuvo que ya no tiene “aptitud moral y legal” para representar a los vecinos de Bariloche.
POLITICA
Tierras rurales: Patricia Vásquez defendió la compra por extranjeros y explicó qué restricciones propone el Gobierno
Patricia Vásquez, diputada nacional de La Libertad Avanza, defendió la posibilidad de que ciudadanos extranjeros compren tierras en la Argentina y sostuvo que las restricciones deben responder a razones de seguridad nacional, especialmente en las zonas de frontera. En una entrevista con Infobae al Regreso, se refirió al debate legislativo que se abrirá la próxima semana y anticipó que el oficialismo buscará sostener su propuesta original, aunque reconoció que el texto definitivo dependerá de las negociaciones parlamentarias.
El Gobierno convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para el miércoles 14, en el marco del tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluirá un capítulo sobre tierras rurales. La reunión se realizará un día antes de la sesión impulsada por la oposición para debatir el DNU 70/23, cuyo artículo 154 derogó la Ley de Tierras.
Uno de los puntos en discusión es la posibilidad de recuperar el límite del 15% por provincia para la titularidad extranjera de tierras rurales, establecido por la Ley 26.737. Vásquez reconoció que todavía no conoce la redacción definitiva de la iniciativa que llegará a Diputados. “No sé cómo va a proponerse actualmente, porque lo que se votó en contra en el Senado no sé cómo llega a Diputados”, afirmó.
La compra de tierras y la discusión sobre la soberanía
Durante la entrevista, Vásquez rechazó que la derogación de las restricciones anteriores implique una cesión de soberanía nacional. Según planteó, la iniciativa oficialista apunta a garantizar la propiedad privada y ampliar las posibilidades de inversión, sin que eso suponga renunciar al control estatal sobre el territorio argentino.
“La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que siempre sostuvo el Gobierno, apuntaba a determinados temas. Uno de ellos era el tema de la mal llamada extranjerización. En realidad, era de protección de la propiedad privada en todos los articulados”, sostuvo.
La legisladora cuestionó las críticas de la oposición y afirmó que el Gobierno nunca manifestó la intención de entregar soberanía. “Nunca dijo el Gobierno querer o pretender ceder soberanía, porque esto se manejó con un relato muy eficiente del lado de la oposición”, expresó.
Para fundamentar su postura, distinguió la compra de un inmueble por parte de un particular extranjero de la presencia de instalaciones bajo control de otros Estados. En ese contexto, mencionó la base china de 200 hectáreas en el sur argentino y sostuvo que se trata de una situación diferente.
Vásquez también recordó la llegada de inmigrantes europeos durante el siglo XIX y su participación en el desarrollo de actividades productivas. “Vinieron, compraron tierra, produjeron, crecieron, desarrollaron, fueron agropecuarios. Bueno, y acá estamos nosotros”, señaló.
Consultada sobre la posibilidad de restablecer el límite del 15%, insistió en que las restricciones deben estar vinculadas con la seguridad nacional, especialmente en las zonas fronterizas. La definición sobre el alcance de esas condiciones quedará sujeta al debate legislativo.
“Lo que seguramente se quiere sostener es la idea original de darle la posibilidad al extranjero que compre tierras igual que el argentino”, afirmó. Sin embargo, admitió que la propuesta deberá adaptarse a los acuerdos que puedan alcanzarse en el Congreso. “Uno no llega a la ley ideal o por lo menos a la que uno quiere proponer. Llega a la posible, a la negociada, a la escuchada, a la debatida”, agregó.
Inmigración y acceso a los servicios públicos
La conversación también derivó en un intercambio sobre las condiciones de acceso de los extranjeros a la salud y la educación públicas. Vásquez sostuvo que el contexto actual de la Argentina es diferente del que existía durante las grandes corrientes migratorias y defendió la aplicación de criterios de reciprocidad.
“Estábamos hablando de una situación totalmente diferente porque éramos ocho millones de habitantes en todo el país. Ahora somos casi 50”, afirmó.
La diputada reclamó controles migratorios y cuestionó el ingreso de personas que, según dijo, llegan al país para cometer delitos. También planteó que las políticas públicas deben contemplar las condiciones económicas y fiscales antes de ampliar las prestaciones disponibles para quienes no son ciudadanos argentinos.
El economista y exdiputado Martín Tetaz planteó durante la entrevista una tensión entre las ideas liberales que reivindica el Gobierno y las posiciones nacionalistas que, a su entender, aparecen en algunas de sus propuestas. Vásquez respondió con un argumento basado en la reciprocidad entre países.
“Vas a Estados Unidos y vos te comprás el departamento que quieras, el terreno que quieras y el campo que quieras y nadie te va a decir nada. Ahora, andá a Estados Unidos y pretendé que te paguen la salud gratis”, sostuvo.
El respaldo a Milei y las diferencias con Bullrich
En otro tramo de la entrevista, Vásquez se refirió al vínculo entre Patricia Bullrich y Javier Milei. La diputada, que fue secretaria de Estado en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Bullrich al frente de esa cartera, consideró que la actual senadora continuará acompañando al Gobierno, aunque mantenga posiciones propias.
“Ella siempre va a decir lo que piensa, esté donde esté, y va a seguir acompañando este rumbo de país en el cual está convencida, porque es el mismo que ella proponía”, afirmó.
Vásquez defendió la posibilidad de expresar desacuerdos dentro de La Libertad Avanza y señaló que ella misma plantea diferencias ante funcionarios de distintas áreas. “Porque somos liberales no somos manada, lo dice el presidente y yo lo comparto”, sostuvo.
Consultada sobre una eventual candidatura presidencial de Bullrich, la legisladora manifestó su respaldo a la continuidad del actual mandatario. “En lo personal, quiero que Javier Milei reelija”, dijo. Para justificar esa posición, sostuvo que los procesos de estabilización económica requieren tiempo y afirmó que, históricamente, otros países necesitaron entre 15 y 20 años para superar crisis profundas.
Por último, se refirió al estilo confrontativo de Milei y a sus agravios contra periodistas, empresarios y dirigentes políticos. Vásquez reconoció que esa forma de expresarse no coincide con la suya, aunque diferenció el tono de las intervenciones presidenciales del contenido de sus decisiones.
“No es mi estilo, claramente. Y a Patricia obviamente le pasa lo mismo. No es su forma, pero es una cuestión de forma, no de fondo”, concluyó.
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patricia vásquez
La Corte Suprema de Justicia se reunirá mañana a las 9, en un acuerdo extraordinario, para tratar un nuevo caso sobre la ley de tierras. La convocatoria la hizo su presidente, Horacio Rosatti, informaron fuentes del tribunal.
El expediente que tienen para resolver incluye un pedido de medida cautelar; si la Corte la concede, pondría nuevamente en vigencia restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.
En la práctica, podría revertir los efectos que tuvo su propio fallo del martes de la semana pasada. Ese día, invocando un motivo procesal, revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023, de Javier Milei, que derogó por completo la ley de tierras.
El fallo de la Corte Suprema motivó muchas críticas y una amenaza de la oposición con hacer caer en el Congreso todo el DNU 70/2023 -y no solo el artículo 154-. La oposición pretende tratar el tema en una sesión especial el jueves de la semana próxima. Una nueva decisión del máximo tribunal podría ayudar al Gobierno a desactivar esa iniciativa, que nació como reacción a la sentencia anterior de la Corte.
Del acuerdo extraordinario de mañana participarán los jueces Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
El caso que tratarán es un planteo vinculado con el fallo anterior: una “aclaratoria” solicitada el jueves pasado por la asociación ambientalista Árbol de Pie, dos comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que defienden la ley de tierras y quieren que les precisen si la sentencia dictada por el máximo tribunal alcanza también al amparo colectivo presentado por ellos o no.
A diferencia de la semana pasada, los tres jueces de la Corte ahora no están de acuerdo en cómo seguir y, como sin tres votos no hay fallo posible, el martes pasado convocaron a dos conjueces. Todo indica que Carlos Rosenkrantz no está dispuesto a tomar una decisión que vuelva a cambiar el panorama. En la vereda de enfrente están Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, según fuentes que conocen los movimientos internos del tribunal.
Los conjueces que se sumarán para este caso son los camaristas Diego Barroetaveña (de Casación) y Juan Ignacio Pérez Curci (de la Cámara Federal de Mendoza). Fueron sorteados el martes y las reglas del proceso indican que las partes tienen 72 horas para recusarlos. Sin embargo, a las 19:09 de ayer, la Corte acortó a 24 horas ese plazo “en atención a las particulares circunstancias de la causa” (particularidades que no detalló). El apuro fue tal, que además habilitó “días y horas inhábiles”.
Este jueves, pasadas las 19:09, ya sin chances de que los conjueces fueran recusados, Rosatti convocó al acuerdo de mañana.
Si la Corte accede a contestar la “aclaratoria” y decide que este amparo colectivo debe recibir un tratamiento por separado del caso de la semana pasada, la Corte, con sus tres titulares y sus dos conjueces, debe determinar qué trámite le da al expediente. Una opción es devolverlo a la justicia federal de La Plata o de Bariloche, donde se inició. Difícilmente sea eso lo que discute, considerando la urgencia con la que se está manejando.
Otra opción sería que la propia Corte tratara ella -sin enviar el caso a primera instancia- la medida cautelar. Sería una decisión muy excepcional, advirtieron a constitucionalistas con mucha experiencia en la Corte. Posiblemente, una medida “interina”, en los términos de la ley que regula las cautelares contra el Estado.
El nuevo planteo
El planteo que la Corte tratará mañana lo hicieron Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y Odarda, que presidió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Alberto Fernández. Ellos habían presentado una acción colectiva para que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto 70/2023, que derogó la ley de tierras. Este planteo fue tratado por la Cámara Federal de La Plata como un caso conexo al del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que solicitaba lo mismo. En el expediente de los excombatientes, la Cámara Federal de La Plata les dio la razón. Ese fue el fallo que la Corte revocó la semana pasada, con el argumento de que el Cecim, que había invocado que estaba en juego la soberanía, no tenía legitimación activa para promover el caso.
Quienes presentaron la “aclaratoria” sostienen que ellos invocaron “títulos de legitimación propios y diferentes de aquel examinado en Cecim”. Remarcaron que el planteo de ellos no tuvo que ver con la defensa de la soberanía nacional, sino con “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente relacionados con sus territorios ancestrales y con la incidencia que sobre ellos podría producir la eliminación del régimen de protección establecido por la Ley 26.737 [la ley de tierras]″.
La aclaratoria de Odarda, Árbol de Pie y las comunidades indígenas fue presentada el jueves pasado, el mismo día que Rosatti y Lorenzetti habían dado a conocer un comunicado en el que dijeron que alguien que sí estuviera legitimado podría peticionar una medida cautelar si considera que la regulación vigente hoy en materia de tierras “es inconstitucional”.
Los conjueces
Barroetaveña y Pérez Curci son penalistas, cuentan con una larga carrera judicial y no es la primera vez que son nombrados conjueces. Pérez Cursi, de hecho, falló la semana pasada como parte de la Corte que revocó la absolución de César Milani. El sorteo por el que se los eligió se hizo con un bolillero y fue seguido por videoconferencia por las partes.
Barroetaveña, cercano a Rosatti, el presidente de la Corte, es miembro del Consejo de la Magistratura y había presentado una demanda judicial con el objetivo de poder ser reelegido en el Consejo para el año próximo, planteo del que finalmente desistió. Pérez Curci es discípulo de Carlos Mahiques, el juez de Casación y padre del actual ministro de Justicia.
Los dos conjueces tenían, hasta el año pasado, cargos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Barroetaveña presidía el Tribunal de Ética de la asociación que encabeza Claudio Tapia; Pérez Curci formaba parte de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA. Renunciaron en diciembre, después de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidió a la Corte que dispusiera el cese de las funciones de todos los jueces en los tribunales de la AFA por considerar que eran funciones incompatibles.
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POLITICA
Se reaviva la interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner por el reparto de poder en el Congreso del PJ bonaerense
La disputa por el rumbo del peronismo bonaerense volverá a quedar expuesta en las próximas semanas. Axel Kicillof y Máximo Kirchner deberán avanzar en la organización del Partido Justicialista (PJ) provincial, en un escenario atravesado por las diferencias sobre el armado político y electoral rumbo al 2027.
Sucede que el Consejo Provincial del PJ -que preside Kicillof desde marzo- deberá reunirse para convocar al Congreso partidario, cuya sesión se prevé para noviembre. Ese encuentro será una instancia decisiva para poner en práctica el acuerdo alcanzado entre el Movimiento Derecho al Futuro y el kirchnerismo a comienzos de año.
El entendimiento que permitió evitar una interna por la conducción del partido estableció que Kicillof quedara al frente del PJ bonaerense y que Máximo Kirchner asumiera la presidencia del Congreso partidario. Sin embargo, la distribución de responsabilidades entre ambos espacios todavía abre discusiones sobre el alcance real del acuerdo.
Desde el entorno del gobernador sostienen que el pacto continúa vigente, aunque el MDF pretende tener mayor incidencia en la integración de la Junta Electoral y en la conducción administrativa del Congreso, que cuenta con una Junta Directiva de 22 integrantes.
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