El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT) confirmó este viernes 9 de octubre de 2026 que Costa Rica no enfrenta peligro de tsunami como consecuencia del fuerte terremoto registrado en Panamá, que fue percibido en territorio costarricense y generó preocupación por sus posibles efectos en las costas del Pacífico centroamericano.

La institución científica, adscrita a la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), emitió un comunicado oficial después de analizar la información disponible sobre el movimiento sísmico, ocurrido a las 11:56 de la mañana, hora costarricense.

“Basándonos en la información disponible: NO HAY PELIGRO DE TSUNAMI PARA COSTA RICA por el sismo Mw 7.6 en Panamá, a las 11:56am hora de CR hoy 9 de octubre”, indicó el organismo mediante sus plataformas oficiales.

El pronunciamiento permitió aclarar la situación para las comunidades costeras después de que organismos internacionales emitieran evaluaciones de amenaza tras el movimiento de gran magnitud.

En su boletín informativo, SINAMOT reiteró que no existe amenaza de tsunami para el Pacífico de Costa Rica, por lo que el análisis técnico nacional no identificó condiciones que justificaran una advertencia de peligro por este fenómeno.

Fuerte terremoto se sintió en Costa Rica

El terremoto se originó en territorio panameño poco antes del mediodía y fue reportado como percibido en regiones de Costa Rica, principalmente en el sur del país.

La cercanía geográfica entre ambos territorios y la magnitud del fenómeno favorecieron que las ondas sísmicas pudieran propagarse a una distancia considerable del epicentro.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ubicó el movimiento a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, una localidad situada en la península de Azuero.

Según el catálogo revisado del organismo panameño, el terremoto alcanzó una magnitud de 7,2, con una profundidad aproximada de 4 kilómetros.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) no reportó daños materiales o personas lesionadas en Costa Rica como consecuencia del terremoto.

¿Por qué se habló de una posible amenaza de tsunami?

La preocupación por la posibilidad de un tsunami surgió debido a la considerable magnitud del terremoto y a su localización en una región del Pacífico donde existen estructuras tectónicas capaces de producir movimientos sísmicos importantes.

Después de un terremoto de gran magnitud, los organismos internacionales especializados suelen realizar evaluaciones inmediatas para determinar si existe la posibilidad de desplazamientos significativos del agua del océano.

Estas evaluaciones consideran factores como la ubicación del epicentro, la profundidad del movimiento, el mecanismo de ruptura y las características del fondo marino.

En este caso, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) emitió una evaluación regional que incluyó diferentes países de Centroamérica y Sudamérica.

Entre los territorios contemplados en las estimaciones iniciales figuraban Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, El Salvador y México.

Para Costa Rica, la conclusión de SINAMOT fue que el terremoto de este viernes no representa peligro de tsunami.

¿Qué significa la confirmación de SINAMOT para las costas costarricenses?

El boletín de la institución establece que no existe amenaza de tsunami asociada con este terremoto para el litoral Pacífico del país.

La confirmación resulta especialmente relevante para comunidades costeras de Puntarenas, Guanacaste y la Zona Sur, así como para las personas que desarrollan actividades turísticas, pesqueras y comerciales vinculadas con el océano.

También brinda información a los habitantes de destinos como Golfito, Puerto Jiménez, Quepos, Puntarenas y el Pacífico Norte, donde la vigilancia del comportamiento del mar constituye una parte importante de los protocolos de prevención.

Costa Rica registró otro sismo durante la mañana

El fuerte terremoto ocurrido en Panamá se produjo durante una jornada en la que también se registró actividad sísmica en el norte de Centroamérica.

Horas antes, a las 6:33 de la mañana, la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (RSN-UCR)había informado sobre un movimiento de magnitud 4,9, localizado a 26 kilómetros al oeste de Rivas, Nicaragua.

El temblor tuvo una profundidad aproximada de 160 kilómetros y fue reportado como sentido en Guanacaste y la Zona Norte de Costa Rica.

Según los especialistas de la Universidad de Costa Rica, su origen estuvo relacionado con la deformación interna de la placa del Coco durante el proceso de subducción bajo Centroamérica.

Aunque ambos movimientos ocurrieron durante el mismo viernes, no existe información científica que permita establecer una relación directa entre ellos.

La coincidencia temporal tampoco significa que se esté produciendo una secuencia sísmica regional de mayor magnitud.

Los especialistas recuerdan que Centroamérica se encuentra sobre una región tectónicamente activa, donde la interacción de diferentes placas puede generar movimientos frecuentes.

Autoridades recomiendan mantenerse informados

Pese a que SINAMOT descartó el peligro de tsunami para Costa Rica, las autoridades de prevención recuerdan la importancia de mantener medidas básicas de preparación ante terremotos y otros fenómenos naturales.

Entre las recomendaciones generales figuran identificar zonas seguras, conocer los planes de evacuación de las comunidades costeras y utilizar fuentes oficiales para confirmar cualquier cambio en las condiciones de riesgo.

Los especialistas también insisten en evitar la difusión de mensajes alarmistas o información no verificada, especialmente después de terremotos de gran magnitud.

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Secretary of State Marco Rubio announced Friday that the Trump administration is imposing sweeping financial sanctions on the International Criminal Court (ICC), a body the president has sought to dismantle throughout his second term.

To date, the administration has sanctioned 17 individuals with ties to the ICC, including judges and prosecutors. The latest move marks the first time the U.S. has gone after the institution itself.

«Our message is clear: The United States and the American people are not subject to the jurisdiction of this fake ICC,» Rubio said in a pre-recorded video message released Friday morning. «Both parties agree on this, but only President Trump has the resolve to take the action needed to end this threat once and for all.»

This comes hours after this year’s Nobel Peace Prize was awarded to Navanethem «Navi» Pillay, a former ICC judge.

TRUMP ADMINISTRATION SANCTIONS SITTING PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT FOR ‘ABUSES OF POWER’

In a statement Friday, the Netherlands-based court strongly condemned the U.S. sanctions as «an assault on the rule of law and on the very foundations of the international legal order.»

«This measure targets an independent judicial institution, created by treaty and entrusted by 125 States Parties with investigating and prosecuting genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression,» the ICC added.

«It is an attempt to obstruct the course of justice and to prevent the Court from doing what it was created to do.»

ICC President Tomoko Akane, who was personally sanctioned by the Trump administration in August, said the court will continue to operate despite the new penalties.

In announcing the sanctions, Rubio argued the ICC believes it has the authority to prosecute American service members operating overseas and even U.S. Border Patrol agents. There is no evidence the court has sought to investigate or prosecute Border Patrol agents, though Rubio previously raised that possibility in July.

WORLD COURT PROSECUTOR WHO WENT AFTER NETANYAHU FOR WAR CRIMES SUSPENDED OVER SEXUAL MISCONDUCT

The administration’s concerns about U.S. personnel are not entirely hypothetical. In 2017, an ICC prosecutor sought authorization to investigate alleged war crimes committed by U.S. military and intelligence personnel in Afghanistan.

ICC judges initially rejected the request, but that decision was overturned on appeal in 2020, allowing the investigation to proceed. The court’s prosecutor later de-prioritized alleged crimes involving U.S. personnel to focus on alleged crimes committed by the Taliban and ISIS-K.

Under the new sanctions, any ICC assets subject to U.S. jurisdiction will be frozen, while Americans, U.S. businesses and banks are generally barred from conducting transactions with the court.

The sanctions will not go into effect immediately. The Treasury Department has given the ICC a 180-day general license to maintain its operations, giving the court time to address U.S. concerns.

ICC TURNS ‘BLIND EYE’ TO TOP WORLD THREATS WHILE TARGETING AMERICANS, TRUMP ADMIN SAYS

«Either the ICC will end its threats, or we will end the ICC. And we expect our allies, many of whom are part of the ICC and that rely on American service members for their defense, to rein in this rogue court,» Rubio said.

«If they do not, the United States will continue its campaign to dismantle the ICC piece by piece until Americans are threatened no longer.»

One of the other major grievances the administration has with the ICC is its decision to issue arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant in 2024.

The ICC argued both officials were responsible for war crimes and crimes against humanity against Palestinians in Gaza during Israel’s military response to the Hamas-led Oct. 7 terrorist attacks in 2023. Both men have denied wrongdoing.

In a February 2025 executive order authorizing sanctions against ICC officials, President Donald Trump called the arrest warrants «baseless» and said the court overstepped its authority since Israel was not an ICC member.

The ICC maintains that it can exercise jurisdiction over nationals of non-member states when they are accused of qualifying crimes committed on the territory of a state that has accepted the court’s jurisdiction.

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La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) impulsa la conciliación como una vía para resolver diferencias entre consumidores y comercios sin extender los conflictos hacia instancias más complejas.

Durante el periodo de enero a agosto de este año, la institución de protección al consumidor registró 1.332 conciliaciones entre clientes y agentes económicos.

Los acuerdos alcanzados involucraron un total de $12.539.194,52.

Estos resultados reflejan que muchas reclamaciones pueden resolverse cuando las empresas escuchan el planteamiento de sus clientes, revisan cada caso y ofrecen una respuesta dentro de sus posibilidades, según la entidad.

La conciliación permite que consumidores y comercios busquen un entendimiento para atender desacuerdos vinculados con compras, servicios u otras relaciones de consumo.

Cuando existe disposición de ambas partes, el proceso puede evitar mayores trámites, costos y demoras.

La institución señaló que una atención responsable también ayuda a preservar la confianza entre quienes venden un producto o servicio y quienes lo adquieren.

Alega que una respuesta oportuna puede impedir que un reclamo sencillo se transforme en una disputa prolongada.

Para la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, la voluntad de diálogo por parte de los agentes económicos forma parte de la protección efectiva de los derechos de los consumidores.

Sostiene que la resolución de un problema no depende únicamente de la intervención institucional, sino también de la actitud que adopte el comercio frente a la situación planteada.

La entidad recomendó a los consumidores conservar las facturas, los comprobantes de pago, los contratos, las garantías y otros documentos relacionados con sus adquisiciones.

Estos respaldos son necesarios para sustentar una reclamación y facilitar la intervención de la institución cuando sea requerida.

Voceros de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia manifiestan que continuarán promoviendo relaciones de consumo en las que consumidores y agentes económicos conozcan sus derechos y obligaciones.

Atender un inconveniente cuando existe una solución posible constituye una forma de prevenir conflictos y proteger a ambas partes, aduce la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

Durante las actividades que realiza se explica a los proveedores cuáles son sus principales responsabilidades frente a los consumidores, haciendo énfasis en aspectos como precios visibles, información clara y veraz, garantías, condiciones de venta y calidad de los productos ofrecidos.

Se indica que la educación y prevención forman parte de las acciones de protección al consumidor, por lo que continuará fortaleciendo el contacto directo con los agentes económicos en las diferentes provincias del país.

Asimismo, la entidad recuerda a los consumidores que tienen derecho a recibir información clara sobre los productos y servicios que adquieren y que, ante cualquier posible incumplimiento, pueden presentar sus denuncias o quejas a través de los canales oficiales.

A través de sus diferentes administraciones regionales, la institución mantiene de manera permanente las jornadas de orientación y educación dirigidas a los agentes económicos, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y prevenir situaciones que puedan generar reclamos o denuncias.

Entre los temas abordados se destaca la necesidad de mantener los precios de los productos claramente visibles para los consumidores, revisar periódicamente las fechas de vencimiento, garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento de las balanzas, cumplir con las garantías ofrecidas y respetar las demás disposiciones establecidas en la legislación de protección al consumidor.

Como parte de estas acciones preventivas, verificadores de la entidad visitaron en la provincia de Coclé 50 locales comerciales, ubicados en El Copé (27) y Río Grande (23). Durante estas visitas se informó que se brindó orientación a los responsables de los establecimientos sobre aspectos fundamentales de sus obligaciones como proveedores.

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