POLITICA
La controversia por la ley de Tierras avivó las diferencias internas en la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia quedó envuelta en los últimos 15 días en una controversia política. El motivo fueron las idas y vueltas en torno a la ley de Tierras, que define el límite que pueden comprar los extranjeros. El conflicto avivó las diferencias internas entre los miembros del máximo tribunal y las expuso públicamente como pocas veces antes. La convivencia entre los tres jueces quedó “sensibilizada”, como la describió un funcionario judicial.
Primero, la Corte dejó sin efecto una medida cautelar que frenaba el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei del 20 de diciembre de 2023. Invocando un motivo procesal, la Corte Suprema dijo que quienes reclamaban la inconstitucionalidad del decreto, un Centro de Ex Combatientes de Malvinas, no estaban legitimados para hacerlo.
El fallo fue unánime, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Aunque versaba sobre un tecnicismo, generó un terremoto político, porque le quitó vigencia a la Ley de Tierras. De esa forma dejaba de regir el límite del 15% de zonas rurales que pueden adquirir los extranjeros.
La reacción pública fue inmediata y sonora. En medio de la polémica, la Corte Suprema, por decisión de Rosatti y Lorenzetti, respondió con un comunicado en el que aclaraba que ese fallo no cerraba la discusión y que el asunto podía volver a discutirse. En verdad, ya tenían previsto tratarlo. Rosenkrantz no fue consultado para ese comunicado, según dijeron sus allegados. Las diferencias comenzaban a salir a la luz. Luego, el viernes pasado, un nuevo fallo de la Corte volvió a dejar en vigencia la ley de Tierras y los límites a la venta de campos. Todo en apenas diez días.
Las dos decisiones generaron un estrépito político. Tras el primer fallo, la oposición buscó organizarse para voltear por completo el DNU de Milei. Tras el segundo, salió a criticar lo que considera una política de compensaciones de la Corte, primero en favor y luego en contra del Gobierno.
El caso exhibió las diferencias entre los jueces. Rosenkrantz votó en disidencia y, en un considerando que se apartó de sus argumentos técnicos, criticó elípticamente a la mayoría. Escribió que el “descontento social” que provocó el primer fallo “no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten”.
La segunda decisión había sido tomada por una mayoría que integraban Rosatti y Lorenzetti, acompañados por los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
El caso se tramitó a velocidad de vértigo. El voto mayoritario de cuatro jueces estaba listo hace tres días; la disidencia de Rosenkrantz ingresó anoche pasadas las 22, según dijeron a en tribunales.
En lo jurídico, el asunto exhibió diferencias. Para Rosenkrantz, los planteos de la ONG Árbol de Pie que motivó el segundo fallo deben resolverlos primero las instancias inferiores, y solo después podrían llegar a la Corte en revisión. Sus colegas sostuvieron que la Corte debía actuar ahora y otorgar la cautelar.
Pero más allá de los aspectos técnicos, la crisis tuvo raíces políticas porque Rosenkrantz sugirió que la mayoría actuaba para calmar el clamor popular. Esas expresiones dejaron un ambiente “sensibilizado”, según reconocieron funcionarios de los tribunales.
En la Corte Suprema hay dos explicaciones de lo sucedido y se contradicen. En los despachos de la mayoría señalaron que no hubo marcha atrás. Dijeron que los procesos colectivos se inscriben en un registro y deben resolverse en orden. “Si no, los hubiéramos resuelto juntos y no hubiera habido controversia”, dijo a una fuente que siguió la deliberación.
Agregan que la primera demanda no guardaba relación con el tema y por eso se rechazó por falta de legitimación de los excombatientes. La segunda, en cambio, la plantearon una ONG ambientalista y comunidades con legitimación para reclamar tutela ambiental. Según esa lectura de la mayoría, los dos fallos no se contradicen. El comunicado de la semana pasada solo buscó aclarar algo que “en la política leyeron mal”, porque creían que la posición era definitiva.
“Los jueces ya sabían que a la semana siguiente tenían que resolver el otro caso”, explicaron en los tribunales.
Cerca de Rosenkrantz la lectura es distinta. Allí ven que la mayoría retrocedió ante el clamor social y el conflicto político que se abrió por la derogación de los límites a la compra por parte de extranjeros. “A Rosenkrantz no le parece que los ministros de la Corte deban responder a las críticas de la sociedad, y menos con comunicados”, dijeron cerca del magistrado.
En el entorno de Lorenzetti bajan el tono. Hablan de “una diferencia legítima” con Rosenkrantz, a quien describen como más restrictivo en la interpretación de la ley ambiental.
“Siempre opinó así, no ahora”, dicen. La mayoría, en cambio, se apoya en precedentes como la causa del Riachuelo y en cautelares ambientales que el tribunal ya dictó sin oír a la contraparte. “Jurídicamente es inobjetable”, aseguran. Ese sector también busca relativizar el conflicto. “Hoy no tenemos conflictos; nos llevamos bien; es una diferencia jurídica y no de otro orden”, afirman.
Las reacciones vinieron del ámbito de la política y no se tradujeron en reclamos judiciales; es decir, hubo confrontación política en el Congreso, pero poco interés ambiental.
Enojo
“Veo funcionarios de la Corte muy enojados”, admitió una fuente del tribunal. De todos modos, sería erróneo hablar de una nueva mayoría en la Corte; en el próximo fallo las posiciones pueden ser distintas.
Más allá de las diferencias que mostró el debate por la Ley de Tierras, las diferencias “reales y persistentes” entre Rosenkrantz y Rosatti se mantienen. Tienen posturas distintas sobre la manera de ejercer el liderazgo de la Corte en el Consejo de la Magistratura y en el sistema de elección de los jueces.
Rosenkrantz y Lorenzetti cuestionaron la discrecionalidad que existe en las distintas etapas del proceso de selección de jueces, sobre todo en las entrevistas personales, que pueden colocar a dedo a candidatos en lugares privilegiados. Plantearon reformar el reglamento, iniciativa que quedó congelada en el Consejo de la Magistratura, que preside justamente Rosatti.
De hecho, Rosatti no firmó la acordada del cambio de reglamento que impulsaba Rosenkrantz sobre ese régimen.
En el entorno de la mayoría señalaron que el primer fallo, el de los excombatientes, fue también un mensaje hacia adentro del Poder Judicial: los tribunales inferiores no pueden elevar cualquier planteo, porque las causas tienen que llegar sustanciadas.
En la Corte minimizan el impacto político. Señalan que el DNU 70/2023 sigue vigente, salvo contadas excepciones, porque la oposición no logró rechazarlo en el Congreso.
“Si la agenda de la Corte está supeditada a la política, no tomás ninguna decisión”, resumió un funcionario del tribunal. Otro fue más gráfico: comparó a los dirigentes que agitan el tema con los teros, que gritan de un lado y ponen los huevos en el otro. Como prueba, dijo que contra la derogación de la Ley de Tierras hubo apenas dos acciones judiciales, cuando contra los aumentos de tarifas se presentaron cientos en todo el país.
El DNU 70/23 tendrá revancha, porque en la Corte sigue pendiente la discusión sobre el capítulo laboral. La Procuración ya dictaminó que ese capítulo es inconstitucional en cuanto a los aportes sindicales, y en el tribunal admiten que “en breve” deberán resolverlo. También esperan turno otros capítulos del decreto que amenazan con volver a mostrar las diferencias.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Caso $LIBRA: EE.UU. rechazó el pedido de colaboración de la Justicia argentina tras concluir que faltan pruebas de un delito
Un día antes de que una jueza federal de Nueva York desestimara la demanda colectiva (“class action”) que impulsaron afectados por el lanzamiento y colapso de $LIBRA, el gobierno de Estados Unidos había fijado su propia posición, por escrito, que comunicó de manera formal a las autoridades argentinas. Sostuvo que los inversores en criptomonedas asumen los riesgos propios de comprar y vender activos financieros que son especulativos, nuevos y no regulados, y que la publicación viral de un político que promueve un criptoactivo no basta, por sí sola, para demostrar que fueron inducidos a una trampa.
La posición oficial del gobierno estadounidense, que hasta ahora no había trascendido y cuya copia obtuvo , fue más lejos. Tras transmitir su parecer, le informó al Gobierno de Javier Milei que no entregará los registros solicitados por la Justicia argentina porque la información aportada desde Buenos Aires fue insuficiente para demostrar que se había cometido un delito.
“Dado que no hay pruebas suficientes para dar curso a la solicitud, estamos cerrando nuestro expediente sobre este asunto”, indicó la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Criminal del Departamento de Justicia. Y lo planteó mediante una carta de una carilla que remitió al Ministerio de Justicia argentino para que la presente ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de instruir la investigación criminal por presunto fraude en los tribunales federales de Comodoro Py.
La requisitoria argentina había comenzado a tramitarse hace más de un año y medio y el Departamento de Justicia la recibió el 8 de abril de 2025. El pedido buscaba acceder a “registros de suscriptor” para avanzar en la investigación por fraude en torno a $LIBRA, el criptoactivo que impulsaron el estadounidense Hayden Mark Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y que contó con el apoyo del presidente Milei, quien posteó en su cuenta de la red social X el código de 44 letras y números indispensable para adquirirlo.
Según surge de la respuesta oficial remitida desde Washington, funcionarios estadounidenses solicitaron información adicional a los tribunales argentinos en dos ocasiones —el 24 de abril y el 31 de julio de 2025— para evaluar si daban curso a la requisitoria. La primera respuesta argentina llegó el 31 de julio de 2025; la segunda, recién el 7 de mayo de 2026, más de nueve meses después. Pero, al final, la respuesta fue negativa.
“Lamentablemente —indicó la carta, redactada en inglés, con traducción oficial en español, y firmada por la fiscal Mari Aponte—, la información fue insuficiente para obtener los registros solicitados, ya que no había pruebas suficientes que demostraran que se había cometido un delito”.
“Deben existir pruebas suficientes para demostrar que existe una conexión clara entre los sujetos de la investigación y los delitos objeto de investigación y las asistencias solicitadas”, abundó el texto, que en su cuerpo no aludió por sus nombres a Davis, Novelli y Terrones Godoy, entre otros acusados, ni a Milei, que sí figuró en la carátula de la misiva.
“Los inversores de criptomonedas asumen los riesgos de activos financieros especulativos nuevos y no regulados”, fijó como pauta general el Departamento de Justicia. “Las campañas agresivas en las redes sociales sobre un criptoactivo altamente volátil y una publicación viral de un político que lo promueve, por sí solas, no son suficientes para demostrar que los inversores fueron inducidos a invertir mediante falsedades”.
Aunque el texto no aludió a político alguno, esa descripción podría aplicarse a figuras como el presidente Donald Trump, su esposa Melania y Milei, quienes han utilizado sus redes sociales para difundir “memecoins” y otros criptoactivos con sus nombres -$Trump y $Melania- o, en el caso del jefe de Estado argentino, $LIBRA, para darles visibilidad y volumen financiero a esos proyectos.
Tras el colapso de $LIBRA, cabe recordar, Milei borró su posteo original y buscó despegarse del proyecto y de sus protagonistas. Remarcó que él solo se había limitado a “difundir”, pero no a “promocionar” el proyecto, del que empezó por afirmar que serviría para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, pero al que luego caracterizó como “ir al casino” o, incluso, una “ruleta rusa”.
En la misiva que llegó a Comodoro Py, el Departamento de Justicia terció en ese contrapunto, acaso sin buscarlo: aludió al político que “promueve” un criptoactivo, en lugar de sostener que se había limitado a difundirlo. La carta, sin embargo, se limitó a cerrar el trámite vinculado al pedido argentino, pero no precisó si la Sección Fraudes de la División Criminal tramita su propia investigación sobre lo ocurrido.
En ese sentido, funcionarios de la Sección Fraudes recibieron al menos un “reporte de operaciones criminales” en los días posteriores al colapso de $LIBRA, según reveló en febrero de 2025, ante la sospecha de una presunta megaestafa por entre 87 millones y 107 millones de dólares, que afectó a miles de inversores de la Argentina, Estados Unidos y otros países, e impactó en empresas del mundo cripto como KIP Protocol, Jupiter y Meteora, donde cayó uno de los máximos ejecutivos. No trascendió si esas actuaciones avanzaron.
Un día antes
La comunicación oficial del Gobierno de Estados Unidos se fechó el 28 de septiembre pasado, en Washington. Es decir, un día antes de que la jueza federal Jennifer Rochon rechazara en Nueva York la demanda colectiva de inversores damnificados por el lanzamiento y posterior colapso de $LIBRA y dispusiera el cierre de la causa que tramitaba ante los tribunales federales de Manhattan.
Rochon admitió así los pedidos de desestimación formulados por Davis y los demás integrantes de Kelsier Ventures, por Benjamin “Ben” Chow y por Dynamic Labs, y rechazó además el intento de los demandantes de ampliar nuevamente su denuncia, por lo que los impulsores de la “class action” deberán evaluar ahora si recurren a la Cámara de Apelaciones.
Rochon concluyó que los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta no habían logrado demostrar sus acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones de la ley federal RICO —utilizada contra organizaciones que desarrollan un patrón continuado de actividades ilícitas—. En particular, consideró que no habían acreditado el requisito de continuidad exigido para configurar un “patrón” de actividad ilícita bajo esa legislación.
En ese sentido, la jueza mencionó 18 veces a Milei en su resolución y consignó que Davis envió mensajes a terceros afirmando que tenía “control” sobre el jefe de Estado y ofreciendo reuniones con el mandatario a cambio de dinero. También, según surge de los mensajes incorporados a la demanda colectiva, que afirmó que le enviaba dinero a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “y él firma lo que sea que yo le diga y hace lo que yo quiera”.
Rochon también consignó el papel que los propios demandantes atribuyeron a Milei en el lanzamiento del criptoactivo, el 14 de febrero de 2025, a partir de su posteo en la red social X. “En respuesta a su anuncio [por el posteo], el interés de los inversores, el volumen de operaciones y la cotización [de $LIBRA] subieron”, señaló la magistrada.
la demanda colectiva,Hugo Alconada Mon,Escándalo cripto,Conforme a
POLITICA
La cárcel de Devoto pasó a manos del Gobierno nacional y avanza el traslado de los presos al penal de Marcos Paz
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmaron el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El documento habilita una nueva etapa para trasladar a los detenidos alojados en la cárcel de Devoto y desocupar el establecimiento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
La nueva unidad penitenciaria, construida en territorio bonaerense, quedará bajo la órbita nacional una vez finalizada. El Ministerio de Seguridad Nacional tendrá a su cargo la preparación de las instalaciones y la organización del operativo para movilizar a la población carcelaria, junto con los equipos necesarios para el funcionamiento del nuevo destino.
La mudanza todavía no tiene fechas definidas, pero el Gobierno ordenó que las fuerzas involucradas elaboren un plan operativo conjunto. La planificación deberá contemplar el perfil criminológico de cada detenido, los recorridos terrestres, la custodia de los inmuebles y la prevención de incidentes durante todo el desplazamiento.
El acuerdo para dejar sin detenidos el penal de Devoto forma parte de un convenio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. La entrega del complejo de Marcos Paz permitirá trasladar a la totalidad de las personas privadas de la libertad alojadas en el establecimiento porteño y avanzar en el cierre de esa prisión.
El nuevo penal tendrá capacidad para 2.240 detenidos. La infraestructura incluye cuatro unidades, un edificio administrativo, un área de salud, espacios para visitas, salas de videoconferencia para internos y profesionales, un gimnasio y un sector educativo destinado a talleres de trabajo y capacitación laboral.
También contará con un campus de módulos de alojamiento distribuidos en cinco sectores independientes, con canchas de fútbol y áreas para huertas. Habrá un espacio específico para la distribución de raciones alimentarias y dependencias para los programas y servicios vinculados con el comando de seguridad interna.
Un comando para custodiar el traslado hacia Marcos Paz
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal para planificar, coordinar y ejecutar el traslado. La conducción general estará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, que deberá coordinar las acciones entre el personal penitenciario y las Fuerzas Federales de Seguridad.
La estructura funcionará dentro del Comando Unificado Federal creado en mayo de 2024 mediante la Resolución N.º 403. La nueva medida fue formalizada a través de la Resolución 1018/2026 y prevé un dispositivo específico para el desplazamiento entre Devoto y el partido bonaerense de Marcos Paz.
La mesa de trabajo estará integrada por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y el Servicio Penitenciario Federal. También participarán la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El esquema habilita la convocatoria de otros organismos nacionales según sus competencias e invita a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires a designar representantes con capacidad de decisión operativa. La intervención de ambas jurisdicciones busca asegurar la cooperación en la custodia del trayecto y de los establecimientos involucrados.
El plan deberá proteger al personal penitenciario, a las autoridades participantes, a los internos y a la población civil de las zonas alcanzadas por el operativo. También deberá establecer mecanismos de respuesta ante contingencias, con vigilancia perimetral en las dos cárceles y control de los corredores viales utilizados para el traslado.
La firma del acta reunió además a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y a la legisladora de la Ciudad, Pilar Ramírez. Participaron igualmente el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.
Una obra reactivada tras cinco años de paralización
La construcción del complejo de Marcos Paz comenzó hace ocho años y permaneció detenida durante cinco. Las obras fueron reactivadas en diciembre de 2024 por la gestión porteña, que avanzó con su finalización para cumplir el convenio firmado entre las jurisdicciones en 2018.
Jorge Macri supervisó el predio de 80 hectáreas del Centro Penitenciario Federal VII cuando la obra se encontraba en su etapa final. El jefe de Gobierno sostuvo entonces que la cárcel permitiría trasladar a los detenidos de Villa Devoto y atender el reclamo vecinal por el cierre de ese establecimiento.
“La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, afirmó Macri. El mandatario agregó que la obra posibilitaría avanzar con la desocupación de Devoto.
El acuerdo entre Monteoliva y Giménez incluyó además la posibilidad de incorporar módulos de alojamiento en los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, ambos en Ezeiza. Esas estructuras permitirán sumar plazas permanentes para hasta 400 detenidos.
La puesta en funcionamiento de Marcos Paz y la ampliación prevista en Ezeiza apuntan a incrementar la capacidad del Servicio Penitenciario Federal y a descomprimir las comisarías y alcaidías porteñas. El complejo fue diseñado bajo estándares nacionales e internacionales de seguridad, tratamiento penitenciario y habitabilidad, mientras el Gobierno prepara el traslado y la desocupación definitiva de Devoto.
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POLITICA
La CGT se movilizó en defensa de la industria y advirtió: “La lucha se va a seguir profundizando”
La CGT retomó este jueves su plan de lucha con una movilización en defensa de la industria nacional, en donde sus líderes advirtieron que “la lucha se va a seguir profundizando” si no hay rectificaciones en la política socioeconómica del Gobierno.
La marcha, que comenzó pasadas las 15, tuvo lugar ante la Secretaría de Industria de la Nación, en la avenida Julio Roca 651, donde confluyeron las columnas de los distintos sindicatos, aunque, como en anteriores concentraciones, la presencia de los manifestantes no fue tan masiva como anunciaban sus organizaciones.
Entre los gremios que movilizaron más gente se destacaron la UOCRA, SMATA, Camioneros, Alimentación, Comercio, Sanidad, UPCN, Bancarios y Obras Sanitarias, entre otros.
Para graficar la importancia de la protesta, hubo discursos de los 3 cotitulares cegetistas, Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros): hablaron desde un escenario que se instaló sobre la calle.
En el escenario estuvieron, además del triunvirato cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Sergio Palazzo (bancarios), Hugo Benítez (textiles), Pablo Flores (AFIP) y Omar Plaini (canillitas), entre otros.
Hubo ausencias de algunos importantes dirigentes como Armando Cavalieri (Comercio), quien estuvo en la calle con su gente; Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Julio Piumato (judiciales). La curiosidad fue la presencia del ex presidente Eduardo Duhalde en el escenario, junto con la máxima dirigencia de la CGT.
En su discurso, Argüello dijo que “ya no alcanza con las palabras” y anticipó que “sabemos cuando va a tronar el escarmiento y no falta mucho para ello”.
Sola, por su parte, afirmó que la convocatoria era para “ejercer nuestro legítimo derecho de reclamarle a un gobierno que tiene un proyecto económico que no nos incluye y que busca el enriquecimiento de unos pocos”.
“Es mentira que hay una economía con dos velocidades, como dice el ministro de Economía -agregó-. Hay dos economías diferentes: una economía para los más ricos y una economía para el pueblo empobrecido, con un proyecto industrial que han tratado de desmantelar en todas y cada una de las decisiones de cada funcionario, desde el ministro de Desregulación hasta el ministro de Economía y el presidente Javier Milei”.
Luego, Jerónimo fue terminante al efectuar una advertencia al Gobierno: “O cambian su estrategia de modelo de país económico, que lo único que hace es expulsar a los argentinos a la pobreza y agudiza su situación, o la lucha se va a seguir profundizando. No estamos dispuestos a entregar las banderas”.
A la vez, le hizo un fuerte reclamo a la dirigencia opositora al exigir que “la política que se deje de joder y que se ponga al frente de los problemas estructurales que demanda la sociedad argentina” porque, si no, “el pueblo se va a enojar y lo va a pasar por encima”. “Necesitamos el compromiso de la dirigencia política del campo nacional y popular”, precisó.
Los líderes cegetistas se reunieron a las 14 en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), en la avenida Belgrano 665, y marcharon juntos dos cuadras hasta el lugar de la convocatoria, cuya consigna fue “Las Malvinas son argentinas; la industria nacional también”.
Además, se leyó un documento con críticas a las políticas de administración libertaria: en el texto se alerta sobre “un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia” y advierte que “estamos ante un gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el FMI en función de intereses que no son los nuestros”.
“Un modelo -agrega la CGT- que está destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos”.
La movilización fue decidida hace una semana durante la reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que deliberó en la sede de la UOCRA, donde no se habló de avanzar en el quinto paro general contra el Gobierno.
De esa forma, la CGT se diferenció de las dos CTA, con las que comparten un plan de lucha desde el 22 de julio, que ya anunciaron una serie de marchas que terminarán a fines de octubre con un paro general.
En el encuentro cegetista también se resolvió un “acompañamiento” a la Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el 15 de octubre, a la que irán también otros sectores sindicales, políticos y sociales.
Serán las últimas medidas de la CGT antes de la visita del Papa León XIV a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre, adonde los sindicalistas donde esperan que el sucesor de Francisco brinde señales que puedan interpretarse inequívocamente como críticas a la política socioeconómica de la administración libertaria.
Qué dice el documento de la CGT
El diagnóstico de situación es claro: estamos ante un gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en función de intereses que no son los nuestros.
Un modelo que está destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos.
Las consecuencias también son claras y están a la vista: una situación social angustiante, creciente pobreza y marginalidad; cientos de miles de hogares con carencias alimentarias severas y un endeudamiento familiar descontrolado que dispara graves alarmas en materia de salud mental; jubiladas y jubilados en condiciones de precariedad existencial que no pueden comprar siquiera sus medicamentos; personas con discapacidad sin atención; desfinanciamiento del sistema de salud, del sistema educativo, de la investigación científica, de la obra pública, de la infraestructura vial y del transporte. En definitiva, un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia.
Hoy nos movilizamos en defensa de la industria nacional para visibilizar la realidad del sector productivo y alertar sobre la difícil situación que atraviesa, en especial la de las pymes, principal sostén del empleo. Este achicamiento no sólo involucra quebrantos empresariales, sino que también implica un daño que agudiza las dificultades en la cadena de pagos y debilita los entramados productivos regionales. No estamos proponiendo una economía cerrada, sino la necesidad de configurar una apertura comercial inteligente, en función de nuestros recursos y de nuestras posibilidades, pero con la certeza de que ningún país se desarrolla sin industria.
No hay dos velocidades en este programa económico vigente: hay dos economías. Una, para muy pocos, concentrada en sectores que capturan la mayor parte de la renta. Y la otra, la de la microeconomía popular, que transitamos cotidianamente las grandes mayorías, donde «la plata no alcanza» y la situación de las y los trabajadores —ocupados, subocupados, precarizados y desocupados— es cada vez peor.
Este gobierno ya ha dado claras muestras de que las argentinas y los argentinos no son su prioridad. En su fanatismo ideológico, todos los días confirma su insensibilidad, su falta de empatía y la clausura de toda posibilidad de diálogo institucional.
Por tanto, en defensa de una Argentina con producción, desarrollo y trabajo digno, nos cabe la tarea de organizar allí donde todavía no hay organización y de construir alternativas consistentes, políticamente confiables y participativas, capaces de conmover y contener a todas aquellas personas y organizaciones que no queremos convalidar este estado de cosas: el de un país para unos pocos.
Frente a estas propuestas del «sálvese quien pueda», nosotros proponemos otra idea de sociedad, donde la dignidad del trabajo, como experiencia solidaria de intercambio y colaboración, siga siendo una construcción colectiva a favor del bien común y del desarrollo personal y familiar, en el marco de una comunidad integrada
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