POLITICA
Milei consiguió sus primeros acuerdos de palabra con gobernadores y se gesta una negociación “blue” para bajar impuestos
El lunes de la semana pasada comenzó con la novedad de que Javier Milei invitó a la reunión de Gabinete al economista Alberto Ades. No tan conocido para la mayoría de los funcionarios, el Presidente lo había recibido el día anterior a la Quinta de Olivos para desayunar y hablar de economía. Su reflexión sobre la geopolítica y sus efectos de la coyuntura en la Argentina lo interesó sobremanera, al punto que le propuso que le transmitiera sus lecturas a la plana mayor del Gobierno.
“Nos contó cómo se posicionaba la Argentina en este contexto global. Habló de las tasas altas, de la situación del petróleo. No mencionó nada vinculado al programa económico”, contó uno de los asistentes de la cumbre a Infobae. No pasó desapercibido que no hubiera ido a la reunión el ministro de Economía, Luis Caputo. En su sector justificaron que no se sentía bien, justo en el encuentro en el que Milei llevó a otro economista con altísima experiencia en Wall Street. Pero las suspicacias se dispararon al ver que el ministro asistió a la noche al streaming Carajo a exponer su visión de la marcha económica. Una persona que lo vio in situ confió a este medio: “Lo vi bastante bien”.
Chimentos de peluquería, diría Milei. No hay ningún tipo de posibilidad de que se cuestione la continuidad de Caputo. Lo curioso es que hacia mediados de la semana un integrante de la Casa Rosada comenzó a sondear entre diferentes despachos para ver quién había lanzado las operaciones. Las sospechas son varias y no contribuyen a generar confianza interna en un momento de la gestión que se presagia clave.
El Gobierno se encuentra ante una situación paradójica. Todavía no se iniciaron las negociaciones electorales pero debe cerciorarse de que los actores económicos sientan, como nunca, que el oficialismo está en condiciones para ganar. El mercado seguramente mutará a un modo cada vez más conservador en la medida en que no se pueda asegurar una continuidad del rumbo macroeconómico. Y el Gobierno no tiene mayores aspiraciones de poder impulsar otras reformas significativas que repercutan en la economía. Al menos no hasta después del 2028, si es que reeligen. Ese lapso es, en esencia, un limbo en el que la cúpula libertaria busca venderle previsibilidad a un mercado que en su mayoría no tiene el incentivo para apostar su capital sin saber cuál será el país que tendrá en un año y medio.
El ministro Caputo ha dicho en reuniones privadas que han desplegado todos los recursos y políticas que tienen a su alcance para poder convencer al mercado. Ha afirmado que ahora es el turno de la política. Por eso se lo ha visto más activo en reuniones con gobernadores. “Le tienen confianza. Sabe que puede ser duro con algunos ajustes macro, pero que cuando promete algo, cumple”, dice un funcionario que participa de esos encuentros.
El plan de la Casa Rosada es persuadir al mercado con una serie de acuerdos políticos que le permitan visualizar que hay una alianza amplia dentro del espectro del centro hacia la derecha para que el modelo macroeconómico nacional continúe. Lo que el mendocino Alfredo Cornejo sintetizó en medio de su estadía en París: “El Gobierno puede ser validado electoralmente en el 2027 en una primera vuelta si hace buenas alianzas con 10, 12 gobernadores”. El trade-off de ese pacto es que La Libertad Avanza debe ceder en su pretensión de ganar gobernaciones.
Karina Milei ya sentó postura al decirle a varios de ellos que la única prioridad es la reelección de su hermano. Con esa premisa, Diego Santilli volvió del Argentina Week con la misión de tratar de cerrar los acuerdos políticos que, a su vez, permitan aprobar la Reforma Política y suspender las PASO. Esto último le importa al Gobierno para poder aplazar la incertidumbre electoral, más que por la repercusión que pueda generar en el peronismo.
La semana que pasó contó con algunos primeros encuentros con mandatarios provinciales. A 20 días de que termine el mes, lo que aseguran los negociadores políticos de la Casa Rosada es que “el combo de los votos de los gobernadores está sólido” y que se lograron “acuerdos de palabra” con varios de ellos. Quienes siguen el poroteo que llevan Santilli y los primos Menem dicen que “hay que trabajar” los votos de algunos senadores, en especial de los radicales. Algunos responden a gobernadores del mismo signo.
¿Qué está faltando, entonces? Quienes están puertas adentro con los negociadores libertarios opinan que “hace falta un cierre político” a las conversaciones. La novedad que se oficializará en los próximos días es que se está trabajando con los gobernadores en una modificación de la Reforma Política que incluirá una boleta por espacio político máximo. “Esa es una de las salidas, además de otros componentes adicionales”, afirman.
Infobae adelantó la semana pasada que un sector del ala política está negociando no competir con intensidad en algunos distritos provinciales a cambio de que los gobernadores garanticen un camino desregulador y de baja de impuestos para sus provincias.
En un plenario hecho el viernes en Tigre, Martín Menem dijo: “Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza, pero si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, lo que tenemos que hacer es tener agendas programáticas similares. Bajar impuestos, seguir desregulando, seguridad jurídica, previsibilidad, no cambiarle las reglas a la gente”.
Hace una semana se habían producido quejas significativas sobre la política tributaria de Neuquén, la provincia más beneficiada por el modelo macroeconómico actual. Coincidentemente, el gobernador Rolando Figueroa anunció el miércoles una propuesta para eliminar el impuesto de los Ingresos Brutos a las empresas que creen puestos de trabajo en el 2028. La promesa de baja impositiva se produce a días de que Milei viaje a la provincia. Más precisamente, el Presidente asistirá el 19 de octubre a la inauguración oficial de la expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026. Forma parte de una serie de viajes provinciales que quiere hacer antes de que termine el año.
En otros sectores del Gobierno son más optimistas y creen que no hay gobernadores aliados que estén en contra de bajar impuestos. “Esto se va a facilitar siempre y cuando se discuta un nuevo acuerdo fiscal integral entre la Nación y las provincias”, afirman. Un acuerdo integral en términos tributarios parece altamente improbable, aunque es algo que forma parte de las conversaciones que Santilli y Caputo mantienen con los gobernadores.
Casualmente, ambos funcionarios del Gobierno estarán dando una presentación juntos en la Conferencia de Federalismo Fiscal (CONFEFI II) que se desarrollará el 14 de octubre. El panel se llama Federalismo fiscal y expectativas económicas de la Argentina. Antes de ellos hablará el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y después los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta). El jefe de Gabinete apuesta a aprovechar el viaje de alguno de ellos a Buenos Aires para invitarlos a conversar mano a mano en Casa Rosada.
Además de los acuerdos electorales, hay una negociación blue vinculada a lo tributario. Además de lo dicho por Menem, los gobernadores piden a cambio que Nación aplique una reducción o eliminación progresiva de las retenciones, bajar o eliminar el impuesto al cheque y reducir las cargas patronales, con el objetivo de aliviar la presión fiscal sobre la producción, la inversión y el empleo. Si las provincias de Vaca Muerta, de potencialidad minera y de producción agropecuaria intensiva se vieron beneficiadas por el modelo macroeconómico, quienes tienen industrias y sectores afectados por estas reglas de juego, buscan que se las equipare con otras medidas.
Si así lo hacen, varios gobernadores les dicen a los funcionarios del Gobierno que podrían impulsar acuerdos con intendentes para reducir las tasas municipales. Parecen intenciones que distan de lo que después termina pasando en términos prácticos, aunque es real que estos temas fueron abordados por casi media docena de gobernadores en diálogo con Caputo.
Aunque las tratativas políticas parecen signar la agenda de múltiples funcionarios, la económica será clave para esta semana. El dato de inflación de septiembre se conocerá el martes próximo con un panorama que no invita al optimismo: la Ciudad de Buenos Aires ya registró una leve aceleración en ese mes, lo que anticipa que el índice nacional podría seguir la misma tendencia.
La dinámica de este indicador no es para nada menor. El Gobierno apuesta a un crecimiento del salario que esté influenciado por una desaceleración de la suba de precios. También esperan que crezcan el crédito y la inversión, pero ambos están atados a que se disperse el clima de imprevisibilidad, que se ve reflejado, en parte, en el Riesgo País. “Ese número puede bajar [cayó 10% en la última semana hacia los 579 puntos básicos] si los factores que vienen del exterior se moderan y la recaudación y la acumulación de reservas siguen con una tendencia positiva”, asegura alguien que trabaja codo a codo con Milei.
Milei recibió el último viernes en la Quinta de Olivos a Patricia Bullrich para escuchar su lectura política respecto de los próximos meses. “Se habló de economía y cuáles son los motores que se tienen que prender y qué efectos se pueden lograr sin tocar las bases del programa. Tenemos que llegar a cada familia”, aseguró una fuente inobjetable a Infobae. El Presidente solo le hizo una observación: le dijo que no coincidía en absoluto con hablar de una reforma previsional como la que mencionó en el Coloquio de IDEA la semana anterior. Bullrich se lo reconoció y entendió que hay que dejarlo para una eventual reelección.
El vínculo entre ambos sigue siendo de respeto mutuo. No parece ser el mismo que tiene con ciertos miembros de la cúpula del Gobierno. Aunque el vínculo con el karinismo podría ser mejor, merece la atención la forma en la que están trabajando los alfiles de Bullrich con la armadora porteña de La Libertad Avanza. Hay más puntos en común que disidencias.
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POLITICA
Dura advertencia de la Iglesia por el avance narco en barrios populares: “La ausencia del Estado permite que ocupe su lugar”
La Iglesia lanzó una advertencia por el avance del narcotráfico en los barrios populares y vinculó ese fenómeno con el retroceso de la presencia estatal. El obispo de San Justo, Eduardo García, sostuvo que la falta de servicios, oportunidades y respuestas institucionales favorece a las redes criminales. Sus palabras fueron escuchadas por funcionarios bonaerenses, jueces, fiscales y organizaciones sociales.
“La ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas”, alertó García durante la Jornada de Acceso a la Justicia, que se realizó el martes en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), y que llamativamente no contó con la presencia ni del intendente local, Fernando Espinoza, ni de la vicegobernadora y ex mandataria, Verónica Magario. Allí, el prelado describió un circuito que resumió con una fórmula: “Las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio”. Como contrapartida, reclamó fortalecer “las tres C de la vida: colegio, capilla y club”.
El planteo excedió a un distrito específico y apuntó a una problemática presente en numerosos barrios del conurbano bonaerense: la combinación de exclusión social, economías delictivas y dificultades de acceso a derechos. García relacionó la expansión del narcotráfico con la falta de educación, atención sanitaria, cloacas y oportunidades de desarrollo.
También cuestionó el momento en que las instituciones judiciales toman contacto con esas realidades. Según afirmó, la Justicia ordinaria en los barrios populares “suele llegar tarde, interviniendo únicamente cuando el daño ya está hecho y el delito se ha cometido”. La observación expuso la tensión entre la respuesta penal ante hechos consumados y la prevención de las condiciones que facilitan el ingreso de adolescentes y jóvenes a circuitos criminales.
El encuentro se realizó en el Salón de las Américas de la UNLaM y reunió a representantes de la Iglesia, el Poder Judicial, el gobierno de Axel Kicillof y organizaciones territoriales. Participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; el juez federal de Morón Jorge Rodríguez; la fiscal general Patricia Ochoa; el diputado provincial Facundo Tignanelli y el rector de la universidad, Daniel Martínez.
Mena coincidió en ubicar a la desigualdad en el centro de la discusión. “Hablar de justicia en la región es hablar fundamentalmente de desigualdad”, afirmó. También se refirió a la relación entre los sectores más postergados y las instituciones: “La mayoría de los ciudadanos vulnerables conocen el sistema judicial a través de su peor cara, que es la Justicia Penal”.
El ministro defendió la necesidad de modificar ese vínculo y ampliar los mecanismos para resolver conflictos antes de que deriven en un expediente penal. Como ejemplo, destacó las visitas de integrantes del Ministerio Público Fiscal al barrio Puerta de Hierro, donde reciben las inquietudes de los vecinos.
Además, valoró la apertura de espacios de los Hogares de Cristo dentro de la Unidad 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esos ámbitos buscan acompañar a personas privadas de la libertad y ofrecer herramientas para reconstruir sus proyectos de vida.
El debate giró en torno a cómo evitar que el sistema penal se convierta en la única presencia estatal reconocible en los sectores marginados. Para los organizadores, acercar la Justicia supone garantizar la intervención de jueces y fiscales, facilitar el acceso a dispositivos de acompañamiento y promover la cooperación entre organismos públicos y organizaciones comunitarias.
La convocatoria fue organizada por áreas académicas de la UNLaM, el Obispado de San Justo, Cáritas, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la Pastoral Judicial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. También participaron el defensor general Marcelo García, el presidente del Colegio de Abogados local, Martín Rivas, y el juez Franco Fiumara, entre otros referentes judiciales.
Durante la apertura, el rector Martínez sostuvo que el debate sobre los tribunales debe partir de las condiciones materiales de vida de la población. “Cuando hablamos de Justicia, lo primero que tenemos que hablar es de vida, de la gente”, expresó. También aludió a la decisión judicial que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y vinculó la educación pública con la garantía de derechos.
Uno de los anuncios políticos de la jornada estuvo a cargo de Tignanelli, vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense. El legislador anticipó que impulsará la incorporación de las denominadas “Reglas del Papa Francisco” como material obligatorio en la Escuela Judicial provincial. La propuesta busca que quienes aspiren a integrar la magistratura conozcan principios orientados a una Justicia cercana a las personas vulnerables y atenta a las desigualdades que condicionan el ejercicio de los derechos.
Tignanelli a su vez destacó el trabajo de la Iglesia a través de los Hogares de Cristo en los barrios más vulnerables de La Matanza: “La Iglesia es el gran articulador de toda esta actividad, es quien convoca a todos los actores que pueden hacer algo para poder dar una respuesta clara a las necesidades que están viviendo hoy los vecinos y vecinas de la Matanza”.
“Es muy importante el trabajo que vienen haciendo en distintos barrios de La Matanza, ahí dónde es más urgente y el Estado abandonó”, afirmó.
La jornada incluyó mesas de trabajo sobre adicciones en el sistema penal juvenil, violencia de género y derecho a la identidad en contextos de marginalidad. Los debates serán sistematizados en un documento académico con conclusiones y propuestas. Según informó la universidad, el material será remitido al papa León XIV y servirá de insumo para continuar el intercambio entre las instituciones participantes.
Los organizadores proyectan conformar una Mesa Territorial de Acceso a la Justicia de La Matanza. La iniciativa busca establecer un ámbito permanente de coordinación para identificar obstáculos, compartir experiencias e impulsar respuestas conjuntas entre los equipos judiciales y las organizaciones que trabajan en los barrios.
POLITICA
Caso $LIBRA: EE.UU. rechazó el pedido de colaboración de la Justicia argentina tras concluir que faltan pruebas de un delito
Un día antes de que una jueza federal de Nueva York desestimara la demanda colectiva (“class action”) que impulsaron afectados por el lanzamiento y colapso de $LIBRA, el gobierno de Estados Unidos había fijado su propia posición, por escrito, que comunicó de manera formal a las autoridades argentinas. Sostuvo que los inversores en criptomonedas asumen los riesgos propios de comprar y vender activos financieros que son especulativos, nuevos y no regulados, y que la publicación viral de un político que promueve un criptoactivo no basta, por sí sola, para demostrar que fueron inducidos a una trampa.
La posición oficial del gobierno estadounidense, que hasta ahora no había trascendido y cuya copia obtuvo , fue más lejos. Tras transmitir su parecer, le informó al Gobierno de Javier Milei que no entregará los registros solicitados por la Justicia argentina porque la información aportada desde Buenos Aires fue insuficiente para demostrar que se había cometido un delito.
“Dado que no hay pruebas suficientes para dar curso a la solicitud, estamos cerrando nuestro expediente sobre este asunto”, indicó la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Criminal del Departamento de Justicia. Y lo planteó mediante una carta de una carilla que remitió al Ministerio de Justicia argentino para que la presente ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de instruir la investigación criminal por presunto fraude en los tribunales federales de Comodoro Py.
La requisitoria argentina había comenzado a tramitarse hace más de un año y medio y el Departamento de Justicia la recibió el 8 de abril de 2025. El pedido buscaba acceder a “registros de suscriptor” para avanzar en la investigación por fraude en torno a $LIBRA, el criptoactivo que impulsaron el estadounidense Hayden Mark Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y que contó con el apoyo del presidente Milei, quien posteó en su cuenta de la red social X el código de 44 letras y números indispensable para adquirirlo.
Según surge de la respuesta oficial remitida desde Washington, funcionarios estadounidenses solicitaron información adicional a los tribunales argentinos en dos ocasiones —el 24 de abril y el 31 de julio de 2025— para evaluar si daban curso a la requisitoria. La primera respuesta argentina llegó el 31 de julio de 2025; la segunda, recién el 7 de mayo de 2026, más de nueve meses después. Pero, al final, la respuesta fue negativa.
“Lamentablemente —indicó la carta, redactada en inglés, con traducción oficial en español, y firmada por la fiscal Mari Aponte—, la información fue insuficiente para obtener los registros solicitados, ya que no había pruebas suficientes que demostraran que se había cometido un delito”.
“Deben existir pruebas suficientes para demostrar que existe una conexión clara entre los sujetos de la investigación y los delitos objeto de investigación y las asistencias solicitadas”, abundó el texto, que en su cuerpo no aludió por sus nombres a Davis, Novelli y Terrones Godoy, entre otros acusados, ni a Milei, que sí figuró en la carátula de la misiva.
“Los inversores de criptomonedas asumen los riesgos de activos financieros especulativos nuevos y no regulados”, fijó como pauta general el Departamento de Justicia. “Las campañas agresivas en las redes sociales sobre un criptoactivo altamente volátil y una publicación viral de un político que lo promueve, por sí solas, no son suficientes para demostrar que los inversores fueron inducidos a invertir mediante falsedades”.
Aunque el texto no aludió a político alguno, esa descripción podría aplicarse a figuras como el presidente Donald Trump, su esposa Melania y Milei, quienes han utilizado sus redes sociales para difundir “memecoins” y otros criptoactivos con sus nombres -$Trump y $Melania- o, en el caso del jefe de Estado argentino, $LIBRA, para darles visibilidad y volumen financiero a esos proyectos.
Tras el colapso de $LIBRA, cabe recordar, Milei borró su posteo original y buscó despegarse del proyecto y de sus protagonistas. Remarcó que él solo se había limitado a “difundir”, pero no a “promocionar” el proyecto, del que empezó por afirmar que serviría para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, pero al que luego caracterizó como “ir al casino” o, incluso, una “ruleta rusa”.
En la misiva que llegó a Comodoro Py, el Departamento de Justicia terció en ese contrapunto, acaso sin buscarlo: aludió al político que “promueve” un criptoactivo, en lugar de sostener que se había limitado a difundirlo. La carta, sin embargo, se limitó a cerrar el trámite vinculado al pedido argentino, pero no precisó si la Sección Fraudes de la División Criminal tramita su propia investigación sobre lo ocurrido.
En ese sentido, funcionarios de la Sección Fraudes recibieron al menos un “reporte de operaciones criminales” en los días posteriores al colapso de $LIBRA, según reveló en febrero de 2025, ante la sospecha de una presunta megaestafa por entre 87 millones y 107 millones de dólares, que afectó a miles de inversores de la Argentina, Estados Unidos y otros países, e impactó en empresas del mundo cripto como KIP Protocol, Jupiter y Meteora, donde cayó uno de los máximos ejecutivos. No trascendió si esas actuaciones avanzaron.
Un día antes
La comunicación oficial del Gobierno de Estados Unidos se fechó el 28 de septiembre pasado, en Washington. Es decir, un día antes de que la jueza federal Jennifer Rochon rechazara en Nueva York la demanda colectiva de inversores damnificados por el lanzamiento y posterior colapso de $LIBRA y dispusiera el cierre de la causa que tramitaba ante los tribunales federales de Manhattan.
Rochon admitió así los pedidos de desestimación formulados por Davis y los demás integrantes de Kelsier Ventures, por Benjamin “Ben” Chow y por Dynamic Labs, y rechazó además el intento de los demandantes de ampliar nuevamente su denuncia, por lo que los impulsores de la “class action” deberán evaluar ahora si recurren a la Cámara de Apelaciones.
Rochon concluyó que los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta no habían logrado demostrar sus acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones de la ley federal RICO —utilizada contra organizaciones que desarrollan un patrón continuado de actividades ilícitas—. En particular, consideró que no habían acreditado el requisito de continuidad exigido para configurar un “patrón” de actividad ilícita bajo esa legislación.
En ese sentido, la jueza mencionó 18 veces a Milei en su resolución y consignó que Davis envió mensajes a terceros afirmando que tenía “control” sobre el jefe de Estado y ofreciendo reuniones con el mandatario a cambio de dinero. También, según surge de los mensajes incorporados a la demanda colectiva, que afirmó que le enviaba dinero a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “y él firma lo que sea que yo le diga y hace lo que yo quiera”.
Rochon también consignó el papel que los propios demandantes atribuyeron a Milei en el lanzamiento del criptoactivo, el 14 de febrero de 2025, a partir de su posteo en la red social X. “En respuesta a su anuncio [por el posteo], el interés de los inversores, el volumen de operaciones y la cotización [de $LIBRA] subieron”, señaló la magistrada.
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POLITICA
La cárcel de Devoto pasó a manos del Gobierno nacional y avanza el traslado de los presos al penal de Marcos Paz
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmaron el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El documento habilita una nueva etapa para trasladar a los detenidos alojados en la cárcel de Devoto y desocupar el establecimiento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
La nueva unidad penitenciaria, construida en territorio bonaerense, quedará bajo la órbita nacional una vez finalizada. El Ministerio de Seguridad Nacional tendrá a su cargo la preparación de las instalaciones y la organización del operativo para movilizar a la población carcelaria, junto con los equipos necesarios para el funcionamiento del nuevo destino.
La mudanza todavía no tiene fechas definidas, pero el Gobierno ordenó que las fuerzas involucradas elaboren un plan operativo conjunto. La planificación deberá contemplar el perfil criminológico de cada detenido, los recorridos terrestres, la custodia de los inmuebles y la prevención de incidentes durante todo el desplazamiento.
El acuerdo para dejar sin detenidos el penal de Devoto forma parte de un convenio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. La entrega del complejo de Marcos Paz permitirá trasladar a la totalidad de las personas privadas de la libertad alojadas en el establecimiento porteño y avanzar en el cierre de esa prisión.
El nuevo penal tendrá capacidad para 2.240 detenidos. La infraestructura incluye cuatro unidades, un edificio administrativo, un área de salud, espacios para visitas, salas de videoconferencia para internos y profesionales, un gimnasio y un sector educativo destinado a talleres de trabajo y capacitación laboral.
También contará con un campus de módulos de alojamiento distribuidos en cinco sectores independientes, con canchas de fútbol y áreas para huertas. Habrá un espacio específico para la distribución de raciones alimentarias y dependencias para los programas y servicios vinculados con el comando de seguridad interna.
Un comando para custodiar el traslado hacia Marcos Paz
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal para planificar, coordinar y ejecutar el traslado. La conducción general estará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, que deberá coordinar las acciones entre el personal penitenciario y las Fuerzas Federales de Seguridad.
La estructura funcionará dentro del Comando Unificado Federal creado en mayo de 2024 mediante la Resolución N.º 403. La nueva medida fue formalizada a través de la Resolución 1018/2026 y prevé un dispositivo específico para el desplazamiento entre Devoto y el partido bonaerense de Marcos Paz.
La mesa de trabajo estará integrada por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y el Servicio Penitenciario Federal. También participarán la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El esquema habilita la convocatoria de otros organismos nacionales según sus competencias e invita a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires a designar representantes con capacidad de decisión operativa. La intervención de ambas jurisdicciones busca asegurar la cooperación en la custodia del trayecto y de los establecimientos involucrados.
El plan deberá proteger al personal penitenciario, a las autoridades participantes, a los internos y a la población civil de las zonas alcanzadas por el operativo. También deberá establecer mecanismos de respuesta ante contingencias, con vigilancia perimetral en las dos cárceles y control de los corredores viales utilizados para el traslado.
La firma del acta reunió además a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y a la legisladora de la Ciudad, Pilar Ramírez. Participaron igualmente el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.
Una obra reactivada tras cinco años de paralización
La construcción del complejo de Marcos Paz comenzó hace ocho años y permaneció detenida durante cinco. Las obras fueron reactivadas en diciembre de 2024 por la gestión porteña, que avanzó con su finalización para cumplir el convenio firmado entre las jurisdicciones en 2018.
Jorge Macri supervisó el predio de 80 hectáreas del Centro Penitenciario Federal VII cuando la obra se encontraba en su etapa final. El jefe de Gobierno sostuvo entonces que la cárcel permitiría trasladar a los detenidos de Villa Devoto y atender el reclamo vecinal por el cierre de ese establecimiento.
“La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, afirmó Macri. El mandatario agregó que la obra posibilitaría avanzar con la desocupación de Devoto.
El acuerdo entre Monteoliva y Giménez incluyó además la posibilidad de incorporar módulos de alojamiento en los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, ambos en Ezeiza. Esas estructuras permitirán sumar plazas permanentes para hasta 400 detenidos.
La puesta en funcionamiento de Marcos Paz y la ampliación prevista en Ezeiza apuntan a incrementar la capacidad del Servicio Penitenciario Federal y a descomprimir las comisarías y alcaidías porteñas. El complejo fue diseñado bajo estándares nacionales e internacionales de seguridad, tratamiento penitenciario y habitabilidad, mientras el Gobierno prepara el traslado y la desocupación definitiva de Devoto.
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