POLITICA
Uruguay y Chile intensifican el comercio con las Malvinas y los isleños apuestan a fortalecer los negocios con los “vecinos amigables”

La amenaza de sanciones del gobierno argentino a empresas que exploten recursos hidrocarburíferos y naturales en la zona de las Islas Malvinas puede producir cambios en las relaciones comerciales que mantienen los países del cono sur con las islas y desencadenar incluso un conflicto imprevisto con Chile.
El presidente de la Cámara de Comercio de las Islas, Mike Summers, le dijo esta semana al diario chileno La Prensa Austral: “Las líneas de suministro desde el norte de Europa son muy largas y costosas; para nosotros es mejor comerciar con nuestros vecinos amigables”.
Desde el 3 de septiembre, el gobierno argentino protagoniza una escalada diplomática con el británico por la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Durante 44 años de enfrentamiento por la soberanía, la Argentina tuvo idas y vueltas respecto al trato que los países vecinos tuvieron y tienen con los isleños. El crecimiento de su población, sumado a la mayor inmigración producto de la expansión económica ligada a la pesca y a los soldados que habitan la base militar, hace que, sobre todo en la temporada de cruceros −que llevan entre 70.000 y 80.000 turistas por año−, las islas necesiten más bienes y servicios que en 1982, cuando apenas superaban los 2000 habitantes.
Hernan Zenteno –
Hoy, el mapa social cambió; se necesitan más insumos para sostener su modo de vida. En el último censo de 2021, la población estable alcanzó los 3660 habitantes que, con la expansión por la guarnición militar de Mount Pleasant, más los turistas, pueden llegar a picos de 5500 personas en algunas semanas del año.
Lo que producen los isleños no alcanza. Existe una empresa local, la Stanley Growers Ltd, que cosecha tomates, pepinos, berenjenas, pimientos y algunas frutas que, por inclemencias del tiempo, se obtienen en invernaderos, pero que resultan insuficientes. “Todo lo que no se puede cultivar en las islas y necesitamos se importa desde Chile y Uruguay”, comentó a un comerciante local. Después de la guerra de 1982, los isleños se acercaron a los países vecinos en busca de alimentos y suministros.
Uruguay exporta bienes y servicios a las islas por un valor de 970.000 dólares anuales, según una medición de 2023. Pero, además, importa de las islas una parte de su producción de lana isleña de aproximadamente entre cuatro y seis millones de dólares. Chile es el proveedor más importante: le vende leche y derivados lácteos, arándanos, verduras, tubérculos. Todo sale del puerto de Punta Arenas, ubicado a unos mil kilómetros de Puerto Argentino. En cuanto a Brasil, le vende poco y nada a las islas: algo de café y frutos.
Uruguay analiza un cambio
Uruguay puede dar un giro en sus relaciones con las islas. Algo así se interpretó luego de las recientes declaraciones formuladas por el canciller Mario Lubetkin: “Cuando inició el proceso de prospección petrolera por parte de Reino Unido, cambió la lógica de todo el tema de las Malvinas. La disputa por su soberanía cambió de naturaleza con la exploración petrolera, porque una cosa es ‘la isla invadida’ y ‘la lucha contra el colonialismo’, y otra cuando de ahí se saca mucho dinero”.
Así, Uruguay mostró un cambio de perspectiva que abre dudas sobre la utilización del puerto de Montevideo, que abastece a las islas. El senador opositor Robert Silva, del Partido Colorado, dijo a que Uruguay mantiene una posición histórica de respaldo al reclamo de la República Argentina sobre las Islas Malvinas: “Es una posición de Estado, sostenida por sucesivos gobiernos, que promueve una solución pacífica mediante el diálogo y la negociación, las resoluciones de las Naciones Unidas”. Pero deslizó: “La existencia de intercambios comerciales con las islas no debe interpretarse como un cambio de esa posición histórica”.
Mientras tanto, están muy avanzadas las negociaciones con el Reino Unido para la venta de patrulleros oceánicos de primera generación. El Ministerio de Defensa uruguayo aspira a adquirir dos. Enviados de la Armada uruguaya ya visitaron Londres y el plan sería cerrar la compra para utilizar las naves en 2028, cuando la Marina Real los retire del servicio. Consultadas por , fuentes uruguayas señalaron que “aún no hay una decisión definitiva”.
Una reunión clave
La exportación chilena es acotada, pero el panorama cambió justo en un momento delicado: entre el 28 y 29 de septiembre se realizó un encuentro entre empresarios y emprendedores isleños en el Hotel Cabo de Hornos, en Punta Arenas, donde se celebraron 800 reuniones de negocios entre 53 empresas chilenas de la región de Magallanes y 28 corporaciones y delegados de las Islas Malvinas.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, dijo eufórico que Punta Arenas sería un gran “home center” para los isleños, a los que les podrían vender hasta 20 millones de dólares por año en insumos de primera necesidad, en medio de su expansión económica apoyada en las posibilidades del desarrollo petrolero.
Además, Radonich confirmó la firma de un contrato entre la Corporación de Desarrollo de Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island, con el objetivo de establecer un puente marítimo entre esa ciudad y Puerto Argentino, asunto que no cayó nada bien en la Argentina. Consultado, el gerente comercial de Easter Island Naviera, Luis Cisternas, ratificó que el primer viaje zarpará en los primeros días de diciembre, a través del Estrecho de Magallanes, a bordo del buque de carga Danstar.
Sobre la queja argentina, Cisternas dijo: “No tenemos que coordinar nada con las autoridades argentinas. Es un negocio entre privados”. Funcionarios de Magallanes afirmaron que la queja argentina es “una patudez”, un modismo chileno que se utiliza para señalar a quien abusa de la confianza de otro. “Nosotros tenemos derecho a comerciar con cualquier parte del mundo”, sentenciaron.
Vale destacar que este plan de negocios entre las Malvinas y Punta Arenas recibió el apoyo explícito del gobierno del presidente José Antonio Kast y de varios de sus ministros, como el de Defensa, Fernando Barros Tocornal, que calificó a Gran Bretaña como un “país amigo” que llevaba “200 años de soberanía en las islas” y pidió respetar la voluntad de los isleños, algo taxativamente negado en el reclamo soberano argentino.
Todo esto, a pesar de que el 3 de septiembre pasado Kast firmó con Milei un acuerdo de apoyo mutuo, que generó críticas de la oposición chilena por la ambigüedad de la política exterior del país trasandino. El diputado socialista Nelson Venegas, que aclaró a que se define como un “latinoamericanista, a diferencia del actual presidente de Chile”, pidió la renuncia del canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, durante su interpelación en el Congreso.
Mackenna había dicho: “Nuestra relación con el Reino Unido siempre ha sido buena; no va a cambiar porque el tratado que Milei firmó con Kast no es vinculatorio. El conflicto de Argentina y el Reino Unido no afecta a Chile”. Venegas dijo que “la expansión comercial desde Punta Arenas no tiene problemas legales, porque existe un tratado vigente de libre circulación”.
Finalmente, criticó al gobierno de Milei: “Es un polo fundamental de la doctrina ‘Donroe’ en Latinoamérica. La soberanía de nuestros países no corre peligro por el Reino Unido, sino porque le están entregando la soberanía hemisférica a Trump, y de eso Kast y Milei son responsables. Además, Milei levanta el tema Malvinas solo con el propósito de influir en la contienda electoral de su país”.
El primer buque
En las últimas horas, según publicó el portal Noticias Bio Bio, la inteligencia chilena manejaba información sobre un posible “evento crítico” inminente, que podría ocurrir cuando zarpe el primer buque comercial desde Magallanes hacia las Islas Malvinas. Las mismas fuentes de inteligencia explican que la fecha del viaje se encuentra bajo reserva. “La decisión responde a que se busca evitar que Argentina tome una medida que pueda generar una tensión innecesaria con Chile”, publicó Noticias Bio Bio y agregó que, por esa misma razón, se desestimó que fuera escoltado por unidades militares nacionales.
“El encuentro empresarial de Punta Arenas solo será un éxito cuando la carga empiece a cruzar el mar”, dijo Mike Summers, representante del comercio isleño. Y agregó: “Si las empresas chilenas tuvieran reparos, lo dirán y lo rechazarán, pero hasta hoy es todo lo contrario. Para que la conexión marítima sea viable, hará falta un suministro adecuado de negocios en ambos sentidos”, concluyó.
Summers agregó, en alusión a las reuniones de Punta Arenas: “Nuestra experiencia ha sido que las empresas de Magallanes están muy ansiosas por comerciar con las Falkland, como lo hemos hecho durante varias décadas anteriormente, y simplemente nos gustaría restablecer esos vínculos amistosos”.
También este tema se está abordando en la política argentina. Impulsada por el diputado Nicolás Trotta, estos días circuló una carta con firmas de varios diputados y senadores del peronismo, dirigida a los presidentes de los países vecinos, donde solicitan que se abstengan de tener relaciones comerciales con las islas y que no presten sus puertos ni abran rutas marítimas con el continente para favorecer la explotación petrolera.
El rol de Brasil
Según los registros de exportación de los últimos años, Brasil solo le vendió a las Islas unos 200.000 dólares, principalmente en café y frutos. “Tenemos una amistad de más de 200 años con la Argentina, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, afirmó el encargado de negocios de Brasil en Argentina, Eduardo Uziel, quien priorizó “el apoyo diplomático histórico que tiene Brasil con la Argentina”. Enfatizó el término “miopía”, como mensaje al presidente Javier Milei por sus reiterados agravios e insultos contra Lula da Silva.
De todos modos, en medio de la campaña electoral para el balotaje, ni Lula ni Flávio Bolsonaro quieren comprarse un problema por Malvinas.
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POLITICA
El Gobierno enfrenta una nueva marcha universitaria en medio del conflicto por la Ley de Financiamiento

El gobierno de Javier Milei enfrentará este jueves una nueva demostración de fuerza de las universidades públicas, uno de los sectores con los que mantiene un conflicto desde el inicio de su gestión y con el que todavía no consigue encauzar una solución. La quinta Marcha Federal Universitaria llegará después de sucesivos paros, protestas estudiantiles y fallos judiciales que obligan al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que el Presidente vetó y que el Congreso ratificó.
La movilización confluirá frente al Congreso, donde la oposición intentará avanzar ese mismo día con el rechazo del DNU 70/2023. La coincidencia de ambas convocatorias amenaza con transformar el reclamo universitario en una jornada de mayor presión política sobre la Casa Rosada, que deberá afrontar las protestas mientras Milei se encuentre en Washington, donde tiene previstas actividades con empresarios y en la Embajada argentina.
A diferencia de otros conflictos sectoriales, la disputa por el financiamiento universitario excede la discusión salarial y presupuestaria. La defensa de la educación pública tiene un fuerte arraigo social y permite reunir a estudiantes, docentes, autoridades académicas y organizaciones de distintas pertenencias políticas. Esa amplitud representa una dificultad para el Gobierno, que hasta ahora no consiguió desactivar las protestas ni cerrar la controversia con las universidades.
La tensión se profundizó durante la última semana, cuando los rectores trasladaron una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al Cabildo de Buenos Aires para reclamar fondos, mientras representantes de centros de estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno y exigieron respuestas de las autoridades educativas. La protesta terminó con la intervención de las fuerzas de seguridad, después de una reunión frustrada con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
“Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció”, fueron los reclamos que se escucharon en el hall del Palacio Pizzurno.
POLITICA
Legisladores peronistas pidieron suspender la privatización de AySA: reclaman conocer la tasación

Dos diputadas y dos senadores del peronismo pidieron una medida cautelar que busca suspender la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) hasta que se conozca su “tasación oficial e íntegra”. La acción judicial se presentó contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, este viernes, justo un día después de la apertura de sobres con las ofertas que el Estado recibió para vender el 90% de sus acciones sobre la compañía. En el Gobierno, en tanto, indicaron que “el proceso continúa”.
El pedido de cautelar está firmado por los senadores Jorge Capitanich y Adán Bahl, y por las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni.
El texto cuestiona el carácter reservado de las tasaciones y sostiene que una “ceguera deliberada” impide “evaluar si la adjudicación resguarda el interés público o consuma un desfalco al erario nacional”.
Los legisladores citaron una ley del menemismo, la 23.696, sobre emergencia administrativa (que incluye regulaciones sobre privatizaciones), cuyo artículo 14 establece que una comisión bicameral del Congreso “deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos” a dicha normativa.
Con este argumento, los legisladores reclamaron que Chaher les entregue “el informe completo de tasación y valuación oficial de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)”.
Este jueves se abrieron los sobres de las empresas que compiten por el 90% de las acciones de la compañía y el consorcio compuesto por Rowing-Arcos-Transclor-PHX fue el que realizó la oferta más alta: US$340,2 millones. Lejos de los US$450 millones que el Gobierno anunció que esperaba obtener por la venta.
contactó a representantes del Ministerio de Economía, bajo cuya órbita trabaja la Agencia a cargo de Chaher. En el ministerio ratificaron que “el proceso continúa” y señalaron que la licitación se encuentra en etapa de impugnación. Indicaron que el informe sobre tasaciones, cuando se eleva al ministro la propuesta de adjudicación, “queda desreservado” y hay “acceso al informe de valuación previo”.
La presentación judicial alegó que están en juego las normas que regulan el acceso a la información pública. “La tasación de un activo estatal estratégico no constituye un ‘secreto comercial’ oponible al propio Congreso ni a la ciudadanía”, dijeron los legisladores. Además, consideraron que, como los sobres con las ofertas económicas ya han sido presentados e ingresados formalmente, “la divulgación de la tasación no otorga ventaja competitiva a ningún oferente”.
Los legisladores también cuestionaron al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN). Catalogaron como “unilaterales” decisiones de ese organismo, encargado de tasar los bienes del Estado. “Se eludió la intervención de su Cuerpo Colegiado y se derivó la tarea de valuación a una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE)”, señalaron.
Según el pedido de cautelar, el método de tasación del BICE es distinto al del TTN. Esgrimieron que aplica el criterio de Flujo Neto de Fondos Descontados importado del marco eléctrico. “Dicho método propende a generar subvaluaciones de activos estatales al basarse en ganancias hipotéticas”, sostuvieron.
Esta presentación judicial ingresó en el juzgado en lo contencioso administrativo 3, a cargo del juez Santiago Ricardo Carrillo.
Mientras tanto, el Gobierno analiza las ofertas que recibió por el paquete accionario del 90% de AySA. Si bien se esperaban propuestas cercanas a los US$450 millones y la más alta fue de US$340,2 millones, a eso debe sumarse una deuda de US$70 millones que tendrían que honrar los actuales accionistas; por ende, el valor de la compañía −lo que en el mercado se conoce como enterprise value− rondaría los US$447 millones.
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El debate en el Gobierno rumbo a 2027: las dudas sobre polarizar con Kicillof y la opción que los puede “hacer transpirar”

En el tramo final del año y con la reelección de Javier Milei como horizonte, el Gobierno debate la estrategia electoral que deberá adoptar La Libertad Avanza de cara a los comicios presidenciales de 2027. En ese marco, la posibilidad de polarizar con el peronismo -en particular, con el kirchnerismo- forma parte de las discusiones en Casa Rosada, donde también evalúan si conviene subir al ring al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Pese a que Kicillof aparece como uno de los dirigentes opositores que mejor permite contraponer modelos, en las filas libertarias advierten que una confrontación directa podría fortalecerlo. La preocupación se vincula a la detección del rechazo a la imagen presidencial, en niveles altos, y con la posibilidad de que el gobernador capitalice y se beneficia con la polarización.
“A nosotros no nos sirve polarizar con nadie actualmente. Tenemos que fragmentar y generar los incentivos para que el peronismo vaya dividido. Kicillof será el peor preparado, pero es el que más mide”, planteó ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial.
La postura se apoya en la detección del aumento en el rechazo hacia la figura del libertario, que se presenta mayor a la positiva. Según el monitoreo de opinión pública de septiembre de Management & Fit, Milei registró un 31,2% de valoración positiva frente a un 52,7% de negativa.
De espaldas a las advertencias, otro sector del oficialismo considera conveniente marcar una distancia tajante con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a quien identifica como la expresión más clara del modelo que busca dejar atrás. Desde el karinismo, incluso, ponen en duda su capacidad de ampliar el respaldo electoral en un eventual balotaje frente a Milei.
Entre quienes sostienen esa postura destacan el ministro de Economía, Luis Caputo, que definió al gobernador como “el anticristo”, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien insiste en que la sociedad “no quiere volver para atrás”.
El propio Milei fue uno de los primeros en apuntar directamente contra Kicillof, a quien suele llamar “enano soviético”. Sin embargo, en sus últimas entrevistas evitó centrar sus críticas en el gobernador y sostuvo que su principal adversario de cara a 2027 es él mismo.
“Mi rival soy yo mismo. Qué me importan los que atrasan 100 años y además fracasaron siempre. Es casi insultante tener que debatir con un comunista”, sostuvo el mandatario en el marco del Coloquio IDEA cuando le consultaron por Kicillof y la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman.
En el entorno de Karina Milei consideran que Kicillof sintetiza el modelo opuesto al programa libertario y creen que sus posibilidades de crecimiento están condicionadas por las tensiones internas del peronismo, que todavía no resolvió quién ejercerá la representación del espacio.
La sintonía con varios gobernadores aliados también condiciona el discurso oficial. Para evitar una confrontación que abarque a la totalidad del peronismo, en la administración libertaria prefieren centrar sus críticas contra “el kirchnerismo”.

“La gente no vota para atrás. Los números en las encuestas son relativos. Además, ante un eventual balotaje entre Milei y Kicillof, ¿cuánto del universo tiene para crecer Axel? ¿Un 10% con toda la furia? No lo veo viable”, explicó un funcionario ante este medio.
No obstante, producto de la sintonía expresa con varios gobernadores aliados se cuidan de hablar de “kirchnerismo” y no de peronismo.
En el armado de La Libertad Avanza proyectan que Milei parte de un piso electoral del 40%, que incluye a su núcleo duro. Desde esa perspectiva, sostienen que la expresión opositora debe ser “lo más kuka posible”, bajo la premisa de que una candidatura identificada con el kirchnerismo facilitaría la polarización.
El escenario que más inquieta a ese sector es otro: la aparición de un dirigente peronista con un perfil más moderado, capaz de disputar el electorado de centro. “Un peronista blando nos puede hacer transpirar”, resumió una fuente que transita a diario la Casa Rosada.
Con otros cuatro años de mandato como horizonte, el oficialismo busca definir una estrategia electoral que le permita llegar a 2027 ordenados y con una oposición fragmentada. En medio de las diferencias sobre la conveniencia de confrontar directamente con Axel Kicillof, en Casa Rosada apuestan a convertir la gestión en un activo de campaña y construir una narrativa que les permita renovar el contrato electoral con la sociedad.
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