El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, aseguró este domingo que la sesión en la que la oposición busca derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei que, entre sus artículos determinó la eliminación de la Ley de Tierras rurales, “no tiene sentido”, tras el fallo de la Corte Suprema.

“Se esconden detrás del DNU 70 porque lo único que quieren es generar algún tipo de caos, porque esto ya está solucionado, ya no hay ningún motivo. ¿Saben qué pasa si se cae este DNU? Para que la gente sepa: vuelve la Ley de Alquileres y van a pagar un 30% más“, sostuvo Menem.

“Esta gente, con tal de hacer daño, son capaces de intentar llevarse puesto todo”, reiteró el funcionario, al tiempo que agregó en declaraciones a LN+: “Vuelve la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, voltean el programa de Cielos Abiertos. Vuelve todo para atrás, es un retroceso. Todo eso escondiéndose en la Ley de Tierras, que ya no tiene sentido”.

Además de la Ley de Tierras, el llamado a sesión incluye temas como Endeudamiento familiar y Emergencia nacional en Discapacidad, dos ejes de alta sensibilidad para el Gobierno.

Consultado sobre la situación económica actual, Menem aseguró que “no se perdieron puestos de trabajos”. “Venimos de un país quebrado, un país incendiado, hay que ponerlo sobre la mesa a esto y obviamente cuesta. ¿En que momento de la campaña el Presidente dijo que esto iba a ser un camino color de rosa? Hablo de reformas de primera, segunda y tercera generación».

el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, puso en duda que una pronunciación de la ONU,Cristina Kirchner,Axel Kicillof,Conforme a

Un proyecto de ley sobre vandalismo rural obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados. La iniciativa propone incorporar nuevos delitos al Código Penal, con penas de hasta ocho años de prisión por daños a cultivos, ganado e infraestructura agropecuaria, y quedó habilitada para llegar al recinto en busca de media sanción.

El despacho fue firmado el 6 de octubre por esas dos comisiones. El proyecto fue presentado por el diputado del PRO Martín Ardohaín, acompañado por otras firmas.

Las penas previstas para la intrusión y los daños rurales

La propuesta reunió 41 adhesiones tras conseguir el respaldo de La Libertad Avanza y otros bloques aliados. El texto plantea que el ingreso sin autorización a un campo pase a constituir un delito.

La iniciativa incorpora el artículo 150 bis al Código Penal. La norma establece una pena de entre un mes y un año de prisión para quien entre a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad de quien tenga derecho a excluirlo. Esa voluntad se presume si hay “cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”.

El proyecto excluye de esa figura los ingresos que respondan a una necesidad justificada, razones de auxilio o situaciones en las que el límite entre el predio y la vía pública no pueda distinguirse con claridad.

La reforma también crea el artículo 184 bis, con penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y 12 veces el valor del daño. Alcanzaría a quienes destruyan o dañen bienes vinculados de forma directa con la producción agropecuaria, como cereales, oleaginosas, plantaciones, ganado, forrajes, leña y productos durante su transporte.

El artículo contempla daños contra silobolsas, tolvas, silos, corrales, tranqueras, alambrados, reservas hídricas, sistemas de riego, bombas sumergibles, generadores y paneles solares. La pena se duplicaría si interviene un funcionario público, si el responsable utiliza conocimientos técnicos específicos o si abusa de una relación laboral o de confianza con la persona damnificada.

Ardohaín, presidente de la Comisión de Agricultura, sostuvo que “es necesario salir de la visión urbanística del Código Penal” y afirmó que la modificación sería “un gran paso para proteger a las familias que viven en el campo”.

Las críticas de la oposición por una eventual baja de penas

El diputado nacional de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez cuestionó que el nuevo artículo 184 bis duplica figuras ya contempladas en el Código Penal y establece escalas inferiores en casos superpuestos. Su objeción se centra en la comparación entre ese artículo y el artículo 186, inciso 2°, del Código vigente.

Gutiérrez dijo a Infobae: “Junto a Sergio Massa fuimos los autores del proyecto original de vandalismo rural de 2020, en línea con su histórica posición en materia de seguridad: bajar la edad de imputabilidad, incorporar tecnología contra el delito, publicar un libro junto a Rudolph Giulianı y proponer una Código Penal nuevo. Siempre entendimos que la seguridad exige decisión política y leyes eficaces. Por eso resulta preocupante que ahora el PRO pretenda reformular el vandalismo rural duplicando delitos que ya existen y proponiendo penas inferiores a las vigentes. Defender al productor exige mejorar el Código Penal, no introducir contradicciones que terminen favoreciendo a quienes delinquen.”

Según el legislador, el Código Penal ya prevé penas de entre tres y 10 años por la destrucción de cereales, plantaciones, ganado, leña, alfalfares y forrajes. El proyecto de Ardohaín vuelve a incorporar esos bienes, pero con una escala de dos a ocho años de prisión.

Como ejemplo, Gutiérrez señaló que el artículo 186 vigente castiga con penas de tres a 10 años la destrucción de cereales todavía no cosechados, mientras que el artículo 184 bis propuesto prevé entre dos y ocho años para la misma conducta. El diputado planteó una comparación similar para los daños a viñas, olivares, ganado, alfalfares y otros cultivos forrajeros.

Gutiérrez afirmó que existiría una superposición directa en casos de daño a cereales almacenados, bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales, ganado y productos derivados, leña, carbón y cultivos forrajeros, incluidos los productos cuando se encuentran en transporte.

“Como ha quedado expuesto la baja de penas es evidente y no podemos acompañar una desprotección de esa naturaleza”, señaló Gutiérrez. El legislador agregó que la iniciativa podría afectar los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica, al plantear un problema de interpretación para jueces y fiscales.