POLITICA
Expulsaron a un brasileño que insultó a Milei en redes sociales y le prohibieron ingresar a la Argentina durante 5 años
El Gobierno nacional canceló la residencia permanente y prohibió el ingreso a la Argentina durante cinco años a un ciudadano brasileño vinculado al Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva, que había publicado insultos y críticas contra Javier Milei en las redes sociales. La medida se hizo efectiva este lunes, cuando José Rogério Rogerio Tomaz Jr. llegó al Aeroparque Jorge Newbery para realizar entrevistas destinadas a un libro sobre el Presidente argentino. El brasileño, que mantiene posiciones contrarias a Milei y al bolsonarismo, había protagonizado en julio una controversia pública con Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe, director de Comunicación Digital del Gobierno nacional. Desde la administración libertaria aclararon que la decisión respondió a incumplimientos de las condiciones legales de su residencia.
Infobae accedió en exclusiva a la documentación de la Dirección Nacional de Migraciones que dispuso la cancelación de la residencia y la prohibición de ingreso, obtuvo una explicación de fuentes oficiales sobre los fundamentos de la medida y conversó con el propio Rogerio Tomaz Jr. mientras permanecía en Aeroparque, a la espera de un vuelo de regreso a Brasil. Los documentos, las declaraciones del brasileño y la información proporcionada por el Gobierno permiten reconstruir las circunstancias de la decisión y sus antecedentes.
“La cancelación se debió a que la persona prácticamente no había permanecido en la Argentina durante el período de vigencia de su residencia permanente. Y en esa línea se constató que no vivía en el domicilio que había declarado ante la Dirección Nacional de Migraciones. Es una falta grave eso”, explicaron a Infobae fuentes oficiales con conocimiento de la decisión.
La explicación gubernamental precisó los fundamentos administrativos de una resolución adoptada el 5 de agosto, casi dos semanas después de que Rogerio Tomaz Jr. participara en un enfrentamiento en X con dirigentes y seguidores del oficialismo. En aquella discusión, el brasileño había cuestionado al Gobierno por las iniciativas relacionadas con el cobro de servicios educativos a extranjeros y por los ataques que, según denunció, habían recibido estudiantes de su país después de la final del Mundial de fútbol y de los festejos por la victoria de España ante la Selección de Lionel Messi.
La Dirección Nacional de Migraciones sostuvo en la disposición que el ciudadano brasileño había permanecido solamente 153 días en territorio argentino desde que obtuvo su residencia permanente, el 20 de enero de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández. El organismo también consideró que carecía de actividad laboral verificable en el país, que no cursaba estudios y que tampoco acreditaba vínculos familiares u otras condiciones de arraigo que justificaran el mantenimiento de esa categoría migratoria.
Migraciones fundamentó la medida en la falta de arraigo y permanencia en el país
La resolución, a la que Infobae tuvo acceso exclusivo, consignó expresamente: “Verificados los movimientos migratorios del causante, surge que solo ha permanecido en el país ciento cincuenta y tres (153) días desde la obtención de su residencia, es decir dentro de los últimos cuatro años y seis meses”.
El documento desarrolló las consecuencias que Migraciones atribuyó a esa circunstancia. “Así las cosas, cabe concluir sin lugar a dudas que la residencia oportunamente otorgada se ha visto claramente desnaturalizada, dado que el extranjero no reside en el país ni tiene actividad laboral verificable, ni cursa estudios, ni tiene ningún otro tipo de arraigo o reunificación familiar que le permita mantener la condición de residente oportunamente concedida”, señaló el organismo.
La resolución fue firmada por Juan Francisco De Carli, director general de Inmigración, y quedó registrada como Disposición SDX 89027, del 5 de agosto de 2026. El expediente administrativo, identificado con el número 49526-2021, contenía los antecedentes de la residencia concedida al ciudadano brasileño.
El documento estableció la cancelación de su residencia permanente y una prohibición de ingreso por cinco años. La decisión se sustentó en la Ley 25.871 y en las modificaciones introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, dictado durante la administración de Milei, que reformó distintos aspectos del régimen migratorio argentino.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial el 29 de mayo de 2025, modificó las condiciones de admisión y permanencia de extranjeros y sustituyó, entre otros, los artículos 62 y 63 de la Ley de Migraciones. La reforma estableció los supuestos en los que la Dirección Nacional de Migraciones puede cancelar una residencia, cualquiera sea su antigüedad o categoría, y las consecuencias administrativas de esa decisión.
En particular, el inciso f del artículo 62, invocado en la resolución contra Rogério Tomaz Jr., contempla la cancelación cuando el residente “hubiese desnaturalizado las razones que motivaron su concesión”. Esa fue la causal utilizada por las autoridades para considerar que el ciudadano brasileño había dejado de cumplir las condiciones que justificaban su residencia permanente en el país.
El artículo 63, también modificado por el decreto de 2025, establece que la cancelación fundada en ese inciso puede derivar en una intimación a abandonar el territorio nacional o en una expulsión, según las circunstancias del interesado. Además, dispone que las expulsiones que no estén relacionadas con la comisión de un delito llevan implícita una prohibición de reingreso por un mínimo de cinco años.
La reforma también incorporó obligaciones específicas relacionadas con la declaración del domicilio real, la constitución de un domicilio para recibir notificaciones y la comunicación de los cambios de residencia. Ese aspecto fue mencionado por las fuentes oficiales que explicaron a Infobae la situación de Rogério Tomaz Jr., al señalar que Migraciones había constatado que el brasileño no vivía en el domicilio declarado ante el organismo.
En la disposición escrita que recibió el ciudadano brasileño, el fundamento desarrollado por Migraciones estuvo centrado en los registros de sus movimientos migratorios y en la ausencia de actividad laboral verificable, estudios o arraigo. La información sobre la constatación del domicilio fue aportada por las fuentes gubernamentales consultadas para esta investigación.
La resolución también citó el artículo 18 de la Ley de Migraciones, referido a las obligaciones de los extranjeros de cumplir con la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes vigentes. Asimismo, incorporó jurisprudencia de la Corte Suprema sobre las facultades del Estado para establecer las condiciones de ingreso y permanencia en territorio argentino.
En uno de sus considerandos, el organismo recordó que el máximo tribunal había reconocido “el incuestionable derecho del Estado Nacional de regular y condicionar la admisión de extranjeros en la forma y medida en que, con arreglo a los preceptos constitucionales, lo requiera el bien común en cada circunstancia”.
Tras exponer esos fundamentos, Migraciones estableció en el artículo primero de la disposición: “Cancélase la residencia PERMANENTE otorgada a JOSE ROGERIO CARVALHO TOMAZ JUNIOR de nacionalidad BRASILEÑA, en virtud de las consideraciones expuestas y en los términos del Artículo 62 inciso f) de la Ley 25.871 modificada por Decreto 366/25”.
El artículo segundo dispuso expresamente: “Prohíbase su ingreso a la República Argentina por el término de CINCO (5) años conforme lo previsto por el artículo 63 de la Ley 25.871 modificada por Decreto 366/25”.
La aplicación concreta de esa medida ocurrió este lunes 12 de octubre por la mañana. Rogério Tomaz Jr. arribó a Aeroparque alrededor de las 9 de la mañana y se presentó ante el control migratorio utilizando su Documento Nacional de Identidad argentino, correspondiente a la residencia permanente que había obtenido cuatro años antes.
Según contó a Infobae, el agente que lo atendió advirtió que existía una observación sobre su situación migratoria y derivó el caso a una instancia de supervisión. Aproximadamente una hora después, las autoridades le comunicaron que su residencia había sido cancelada y que tenía prohibido ingresar a la Argentina.
“Cuando fui a pasar por Migraciones había una anotación. El de la cabina no tenía acceso, así que fue la supervisión y más o menos una hora después vinieron a informarme”, relató durante una conversación telefónica mantenida desde el aeropuerto.
El brasileño aseguró que desconocía la existencia de la disposición de agosto y que hasta ese momento consideraba vigente su documentación argentina. También sostuvo que nunca había recibido una comunicación previa sobre la cancelación de su residencia.
“Yo tengo registro en Mi Argentina y jamás me notificaron. Ahí me dijeron que la excusa fue que yo pasé menos días de los necesarios para mantener mi residencia permanente”, explicó.
El procedimiento quedó registrado en un acta de incidente migratorio que dejó constancia de una observación en la base de aptitud migratoria y consignó la decisión de las autoridades: “No se autoriza su ingreso. Rechazo”.
La notificación que recibió este lunes por la mañana, también obtenida en exclusiva por Infobae, fue emitida en Buenos Aires el 12 de octubre de 2026. Bajo el título “Acta de notificación”, el documento identificó al ciudadano brasileño y dejó constancia de que se le comunicaba formalmente la disposición firmada más de dos meses antes.
“Se notifica a usted por medio de la presente que en el Expediente de la referencia ha recaído la Disposición SDX N° 89027 de fecha 05/08/2026, a cuyo texto da lectura por sí, recibiendo copias certificadas de la misma”, estableció el acta.
El documento también informó que el afectado podía presentar los recursos contemplados en la resolución, en caso de corresponder, y que las actuaciones debían tramitarse ante la Dirección Nacional de Migraciones.
La constancia incluyó la firma del ciudadano brasileño y la intervención de una agente del organismo. De esta manera, quedó documentado que Rogério Tomaz Jr. recibió personalmente la comunicación de la medida cuando intentó ingresar al país este lunes. Esa notificación es distinta de la comunicación previa que el brasileño aseguró no haber recibido.
En forma simultánea, las autoridades labraron un acta de incidente en el Aeroparque Jorge Newbery. Allí quedó asentada una “coincidencia en la base de Aptitud Migratoria”, que motivó la intervención del personal encargado de resolver su situación.
En el apartado correspondiente a la resolución de la autoridad migratoria quedó marcada la opción “No se autoriza su ingreso. Rechazo”. El acta también informó sobre el procedimiento aplicable y las posibilidades de impugnación.
De acuerdo con esa documentación, la actuación del lunes consistió en un rechazo de ingreso en frontera, basado en la cancelación previa de la residencia permanente y en la prohibición de entrada al país. Rogério Tomaz Jr. había llegado desde el exterior cuando ambas medidas ya se encontraban vigentes.
El brasileño aseguró que durante el procedimiento también le retiraron el DNI argentino correspondiente a su condición de residente. Según explicó, las autoridades le indicaron que debía regresar a Brasil y le entregaron copias de la documentación relacionada con la decisión administrativa.
La disposición precisó en su artículo quinto que “la presente medida sólo será recurrible desde el exterior, mediante presentación efectuada ante las delegaciones diplomáticas argentinas o las oficinas en el extranjero de la Dirección Nacional de Migraciones”.
Además, estableció un plazo de quince días desde el rechazo para presentar el recurso correspondiente. La resolución también contempló que, ante un nuevo intento de ingreso al territorio nacional durante la vigencia de la prohibición, las autoridades debían aplicar el procedimiento de rechazo previsto por la legislación.
Rogerio Tomaz Jr. manifestó su intención de evaluar esa alternativa para recuperar la posibilidad de viajar a la Argentina.
“Tengo quince días a partir de hoy para recurrir y ganar el derecho de volver al país como turista”, explicó. Al momento de conversar con Infobae se preparaba para abordar un vuelo hacia San Pablo, desde donde tenía previsto continuar hasta Brasilia.
Quién es el brasileño que insultó a Milei
Rogerio Tomaz Jr. es un ciudadano brasileño que desarrolla actividades relacionadas con la política, el periodismo y el análisis internacional. Según explicó durante la entrevista, trabaja en la Cámara de Diputados de Brasil y, paralelamente, se desempeña como periodista independiente, con colaboraciones en medios brasileños y publicaciones dedicadas a la situación política de otros países.
Una de sus principales áreas de interés es la Argentina. El brasileño afirmó que sigue habitualmente la evolución política, institucional y económica del país y que realiza viajes a Buenos Aires para entrevistar a periodistas, consultores, legisladores, dirigentes y ciudadanos vinculados con los temas que investiga.
“Estoy aquí como periodista freelance. De hecho, trabajo en la Cámara de Diputados, pero saqué vacaciones. Esta semana estoy formalmente de vacaciones y vine para mi labor como periodista independiente”, explicó.
Su intención era completar una serie de entrevistas para un libro dedicado a la Argentina durante el gobierno de Javier Milei, cuya publicación proyecta para febrero. También tenía previsto producir artículos sobre la evolución de la economía argentina para medios de Brasil, donde, según sostuvo, existe interés por los acontecimientos políticos y económicos del país vecino.
“Siempre estoy entrevistando gente, periodistas, analistas políticos, consultores, parlamentarios, dirigentes, gente común”, detalló. Como antecedentes de sus viajes durante 2026, mencionó una estadía de 24 días en enero y otra de doce días en julio.
La frecuencia de esos desplazamientos fue uno de los puntos de diferencia entre su interpretación de la situación y la evaluación realizada por Migraciones. Mientras Rogerio Tomaz Jr. consideró que las visitas demostraban una relación sostenida con la Argentina, el organismo entendió que los períodos de permanencia y las restantes circunstancias constatadas resultaban insuficientes para conservar la residencia permanente.
Durante la conversación con Infobae, el brasileño también reconoció su vinculación política con el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. Ante una consulta sobre su condición de afiliado o simpatizante de esa fuerza, respondió afirmativamente, aunque aclaró que su presencia en Buenos Aires estaba relacionada con sus actividades periodísticas y de investigación.
Su posicionamiento político incluye críticas al presidente argentino y al espacio identificado con Jair Bolsonaro en Brasil. En sus publicaciones sobre política internacional cuestiona las políticas de Milei y mantiene posiciones contrarias a dirigentes y comunicadores de la derecha brasileña.
En una de sus publicaciones en portugués, Rogerio Tomaz Jr. afirmó: “Lula ama más a la Argentina que el psicópata degenerado que gobierna a nuestros hermanos”. En otra intervención, también dirigida contra el Presidente argentino, escribió: “Milei anda con el pañal cagado y está loco de remate”.
Las expresiones formaron parte de una serie de mensajes en los que el brasileño cuestionó al mandatario argentino mediante descalificaciones personales, comentarios sobre sus decisiones de gobierno y comparaciones con dirigentes políticos de Brasil.
En una de esas publicaciones comparó a Milei con Jair Bolsonaro, expresidente brasileño y referente de la derecha de ese país.
“Retrato de la Argentina que no sabe cómo eligió a un loco para presidente. Al lado de Milei, Jair Bolsonaro es simplemente el tío del asado haciendo chistes de sobremesa…”, sostuvo en un mensaje difundido en sus redes sociales.
Sus intervenciones también incluyeron referencias a la situación económica y social argentina. En una publicación utilizó una noticia sobre la comercialización de leche de burra para cuestionar las condiciones de vida durante el gobierno libertario.
“Todo el mundo en Brasil sabe que en la Argentina están comiendo carne de burro. Pero poca gente vio esta noticia —de mayo de 2026— que hablaba sobre la idea de vender leche de burra para que la tomen los bebés en la tierra de Javier Milei”, escribió.
En otro mensaje volvió a descalificar al Presidente argentino: “Ese es el psicópata degenerado que la derecha brasileña idolatra”.
Las publicaciones, traducidas del portugués, reflejan las posiciones que Rogerio Tomaz Jr. sostuvo públicamente sobre Milei, su administración y sus vínculos políticos con sectores de Brasil. Sus cuestionamientos al oficialismo argentino también alcanzaron a dirigentes, comunicadores y usuarios de redes sociales identificados con el espacio libertario.
Esa actividad adquirió mayor repercusión durante julio, cuando el brasileño intervino en una controversia que comenzó con publicaciones relacionadas con la final del Mundial de fútbol y derivó en una discusión sobre la presencia de estudiantes extranjeros en las universidades públicas argentinas.
La discusión por el Mundial derivó en un cruce con Juan Doe
La controversia comenzó cuando estudiantes brasileños que vivían en Buenos Aires publicaron mensajes celebrando la victoria de España sobre la Argentina en la final del Mundial. Las expresiones provocaron respuestas de usuarios argentinos y cuestionamientos a los estudiantes extranjeros. También se conocieron denuncias de amenazas y difusión de datos personales en redes sociales.
El episodio incorporó una discusión sobre el acceso de ciudadanos extranjeros a la educación universitaria argentina, financiada con recursos públicos. Dirigentes libertarios impulsaron iniciativas legislativas relacionadas con el cobro de determinados servicios educativos a extranjeros, en un debate que también involucró a representantes de las universidades y a distintos sectores políticos.
En ese contexto, el 22 de julio Rogerio Tomaz Jr. publicó un video de cuatro minutos y 53 segundos, grabado frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, sobre la avenida Córdoba, en las inmediaciones del Hospital de Clínicas.
La grabación comenzó con una referencia a los estudiantes brasileños que cursan sus carreras en la Argentina. El periodista destacó las características del sistema universitario público, mencionó la presencia de alumnos extranjeros en la UBA y señaló que la Facultad de Medicina había formado a profesionales de reconocimiento internacional.
También se refirió a las reacciones provocadas por las publicaciones de los estudiantes brasileños después de la final del Mundial y cuestionó a quienes habían difundido mensajes contra ciudadanos de su país.
“Esos argentinos y argentinas que están atacando a los brasileños por la final del Mundial son los mismos que apoyan al gobierno de Milei y que, si fuera por ellos, cerrarían las universidades públicas o comenzarían a cobrarles a todos, especialmente a los extranjeros”, afirmó en portugués.
A lo largo de la grabación, Rogério Tomaz Jr. sostuvo que los enfrentamientos digitales respondían a una campaña política promovida por sectores de derecha. Mencionó al oficialismo argentino, al partido español Vox y a sectores políticos estadounidenses, a los que atribuyó una estrategia destinada a profundizar las divisiones entre las sociedades latinoamericanas.
“Es una operación financiada, articulada y planificada por la extrema derecha, no solo de Milei, sino también de Vox de España y de Estados Unidos, cuyo objetivo es dividir nuestras sociedades”, afirmó.
Esas acusaciones formaron parte de su interpretación política de los acontecimientos. En el video también cuestionó las expresiones racistas registradas durante competencias deportivas y aclaró que esas conductas no podían extenderse a toda la sociedad argentina.
Rogério Tomaz Jr. sostuvo, además, que Brasil enfrentaba problemas de violencia racial de mayor magnitud que otros países de América Latina. A partir de esa comparación, pidió que los episodios relacionados con el Mundial fueran analizados sin generalizaciones sobre argentinos y brasileños.
Hacia el final de la grabación incorporó una referencia a un proyecto impulsado por legisladores libertarios bonaerenses relacionado con el arancelamiento de servicios educativos para extranjeros. Según explicó, había recibido información sobre esa iniciativa mientras editaba el video y decidió sumarla como parte de su argumentación.
Para el brasileño, la propuesta legislativa estaba vinculada con la discusión que había surgido después del Mundial. Desde su perspectiva, los cuestionamientos a los estudiantes extranjeros y el debate sobre el financiamiento de las universidades formaban parte de una misma controversia política.
El video fue publicado en su cuenta de X y generó respuestas de usuarios identificados con distintas posiciones políticas. Una de las intervenciones correspondió a Juan Pablo Carreira, conocido en las redes sociales como Juan Doe, director de Comunicación Digital del Gobierno nacional.
El 23 de julio, Carreira publicó un fragmento de la grabación y mencionó directamente a Rogério Tomaz Jr.. Su mensaje comenzó con una descalificación personal: “Brasilero zurdo lulista gordo y pelotudo”.
A continuación, el funcionario cuestionó que el brasileño criticara al gobierno de Milei por las propuestas de arancelamiento educativo para extranjeros. En su publicación sostuvo que Rogério Tomaz Jr. atacaba al oficialismo por pretender cobrarles la educación en las universidades públicas argentinas y reprodujo, en tono crítico, una supuesta queja del brasileño sobre la posibilidad de dejar de estudiar gratuitamente.
La publicación, realizada a las 11:56 del 23 de julio, registraba 44.500 visualizaciones en la captura a la que accedió Infobae. El mensaje incluía un video de un minuto y 35 segundos, tomado de la grabación original difundida por Rogério Tomaz Jr..
El enfrentamiento formó parte de una discusión más amplia sobre las universidades argentinas, la presencia de estudiantes extranjeros y las posiciones políticas de los participantes. En ese intercambio también circularon publicaciones relacionadas con el financiamiento de los servicios públicos y las políticas del Gobierno nacional.
Carvalho Tomaz Junior respondió con nuevos mensajes críticos contra Milei y sus seguidores. En uno de ellos sostuvo que los libertarios habían elegido al presidente “más vendepatria de la historia argentina”. En otras publicaciones cuestionó las decisiones económicas y educativas del oficialismo.
Según relató el brasileño, el intercambio se prolongó durante varios días y sus declaraciones fueron reproducidas en programas y cuentas de redes sociales identificados con el espacio libertario.
“Estaba en medio de una pelea en las redes sociales con los libertarios. Me pusieron en varios programas. En un programa llegaron a pasar dieciséis minutos hablando de mí, de mis redes, exponiendo mis datos”, aseguró durante la entrevista con Infobae.
También identificó a Carreira como uno de los protagonistas de la discusión: “El primero que empezó los ataques fue Juan Doe, Juan Pablo Carreira, que publicó un video mío”.
Carvalho Tomaz Junior contó que, después de regresar a Brasilia, continuó publicando mensajes sobre la situación argentina y sobre las medidas impulsadas por el Gobierno. En su relato vinculó temporalmente esa confrontación con la resolución de Migraciones, que fue firmada durante los primeros días de agosto.
Migraciones desvinculó la resolución de las críticas contra Milei
El 5 de agosto, trece días después de la publicación de Carreira, la Dirección Nacional de Migraciones firmó la disposición que canceló la residencia permanente de Carvalho Tomaz Junior y estableció la prohibición de ingreso a la Argentina durante cinco años.
El brasileño relacionó ambos acontecimientos durante su conversación con Infobae y cuestionó la oportunidad en que se produjo la decisión administrativa. Sin embargo, la documentación oficial examinada no incluyó referencias a sus publicaciones políticas, a las críticas que había dirigido contra Milei, al video sobre los estudiantes brasileños ni al intercambio con Carreira.
Desde el Gobierno insistieron en que la medida respondió a una cuestión formal relacionada con las condiciones de residencia. La resolución consignó que el brasileño había permanecido 153 días en territorio argentino desde enero de 2022 y que carecía de actividad laboral verificable, estudios o arraigo familiar. A esos fundamentos, las fuentes oficiales agregaron la constatación de que no vivía en el domicilio que había declarado ante la Dirección Nacional de Migraciones.
El organismo consideró que esas circunstancias encuadraban en las causales de cancelación previstas por la legislación vigente, particularmente en el artículo 62, inciso f, de la Ley 25.871, modificado por el Decreto 366/2025. La prohibición de ingreso durante cinco años quedó incorporada a los registros migratorios utilizados en los controles fronterizos.
La resolución también dejó asentado que Carvalho Tomaz Junior se encontraba fuera del territorio nacional cuando fue adoptada. Esa circunstancia explica que la aplicación de la medida se produjera cuando intentó ingresar nuevamente al país, en lugar de ejecutarse una expulsión desde el interior del territorio argentino.
El brasileño, por su parte, sostuvo que sus viajes respondían a actividades periodísticas y de investigación política, cuestionó los fundamentos de la medida y reiteró que se había enterado de la cancelación cuando llegó este lunes a Aeroparque.
La controversia quedó así planteada en dos planos: las críticas públicas que Carvalho Tomaz Junior había dirigido contra Milei y el enfrentamiento que mantuvo con un funcionario nacional, por un lado, y la decisión de Migraciones, que el Gobierno fundamentó en el incumplimiento de las condiciones de residencia, por otro.
Mientras aguardaba su vuelo de regreso a Brasil, Carvalho Tomaz Junior confirmó que evaluaría recurrir la resolución. Según explicó, su intención era continuar con las entrevistas destinadas al libro sobre Milei y mantener sus colaboraciones periodísticas sobre la situación política y económica argentina.
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Cristina Kirchner candidata: secretos de una estrategia improbable y los caminos que se bifurcan en la ONU, la Corte y el peronismo
Cristina Kirchner tiene una condena firme a seis años de prisión, una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y su nombre fue excluido del padrón electoral. Aun así, el kirchnerismo y su defensa trabajan sobre una estrategia diplomática, política y judicial que mantiene abierta la hipótesis de una candidatura presidencial en 2027. El plan reúne tres frentes: una presentación ante Naciones Unidas, la posición de la Corte Suprema y el diseño electoral del peronismo.
La defensa busca una medida provisional del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que suspenda los efectos de la inhabilitación. En el máximo tribunal, en cambio, entienden que ningún pronunciamiento internacional podría modificar la sentencia firme. En paralelo, el kirchnerismo analiza cómo sostener la centralidad de la exmandataria en la discusión electoral, incluso si otra figura termina al frente de la fórmula.
La situación judicial de Cristina Kirchner incluye otros expedientes. Cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado a raíz del direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. Además, afronta el juicio oral de la causa Cuadernos, donde está acusada de encabezar una asociación ilícita vinculada con la recaudación ilegal de dinero de empresarios.
A ese cuadro se sumarán los procesos por Los Sauces y Hotesur, en los que también está acusado su hijo, Máximo Kirchner. El primero tiene previsto comenzar el 23 de octubre y el segundo, el 19 de marzo de 2027, aunque persiste una controversia judicial sobre la eventual reunificación de ambos debates.
El Comité de Derechos Humanos analizará el planteo de la defensa en Ginebra
El primer frente de la estrategia está en Ginebra. El lunes 19 de octubre comenzará el 146° período de sesiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se extenderá hasta el 6 de noviembre. El organismo, integrado por 18 expertos independientes elegidos por los Estados parte, supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y puede examinar denuncias individuales por presuntas vulneraciones de los derechos previstos en ese instrumento.
Se trata de una instancia distinta del Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano intergubernamental de Naciones Unidas. Los abogados Rafael Valim, de Brasil, y Javier Borrego, de España, presentaron en julio una comunicación individual contra el Estado argentino. Ambos trabajan con Carlos Alberto Beraldi, defensor penal de la expresidenta en la Argentina, quien intervino en las distintas etapas que concluyeron con la sentencia firme de la Corte.
La presentación cuestionó aspectos del juicio de Vialidad y solicitó medidas provisionales para proteger los derechos políticos de Cristina Kirchner, además de revisar determinadas condiciones de su prisión domiciliaria. Durante las últimas semanas, la defensa incorporó una adenda con hechos posteriores, entre ellos embargos sobre bienes de la exmandataria, declaraciones de integrantes del Poder Judicial y manifestaciones del presidente Javier Milei.
Uno de los elementos centrales de esa ampliación fue un informe económico-financiero elaborado con documentación oficial incorporada a la causa Cuadernos. El estudio examinó el destino de los recursos de un fideicomiso utilizado para financiar obras viales entre 2009 y 2015, con el objetivo de cuestionar uno de los fundamentos de la condena en Vialidad.
El trabajo fue elaborado por especialistas de la consultora brasileña Specs y analizó desembolsos de la denominada Fuente 14 del Presupuesto Nacional, un mecanismo de financiamiento de infraestructura vial. Según sus conclusiones, los recursos evaluados alcanzaron unos USD 2.200 millones, distribuidos entre 367 obras, 114 constructoras y 3.855 certificados de pago.
Dentro de ese universo, las compañías vinculadas al Grupo Austral, de Lázaro Báez, habrían percibido cerca de USD 18,66 millones, equivalentes al 0,85 % de los fondos examinados. El informe identificó 17 obras relacionadas con esas empresas que registraron pagos a través de esa fuente de financiamiento.
La defensa incorporó esos resultados para discutir la interpretación judicial sobre el direccionamiento de recursos públicos hacia las firmas de Báez. El análisis tiene un alcance delimitado: examina los desembolsos de una partida presupuestaria específica, no todos los mecanismos de financiamiento ni la totalidad de las pruebas valoradas en Vialidad. Sin embargo, es uno de los argumentos que el equipo jurídico pretende utilizar para pedir una revisión de la condena.
El período de sesiones del Comité introdujo una referencia temporal para la estrategia internacional, aunque una solicitud de medidas provisionales puede ser evaluada fuera de las reuniones ordinarias. El reglamento prevé la intervención de un relator para nuevas comunicaciones y medidas provisionales, que puede actuar en nombre del organismo sin que sea necesaria una deliberación de sus 18 integrantes ante cada pedido urgente.
Una medida provisional puede disponerse antes de que el Comité resuelva sobre la admisibilidad o el fondo de la denuncia. Para concederla, debe acreditarse la necesidad de evitar daños irreparables sobre los derechos invocados. Su eventual otorgamiento tampoco supone que el organismo considere fundada la presentación principal.
El calendario electoral vuelve decisiva la cuestión de los plazos. Una decisión sobre los derechos políticos de Cristina Kirchner después de las presidenciales de 2027 tendría consecuencias distintas de una resolución anterior a la oficialización de candidaturas. La defensa trabaja con el período de sesiones de octubre como una instancia relevante y contempla esperar, al menos, hasta noviembre antes de analizar nuevos pasos procesales.
El pedido principal apunta a la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Una medida favorable podría requerir al Estado argentino que suspenda sus efectos mientras se analiza el fondo del caso. La presentación también aborda aspectos de la prisión domiciliaria, aunque la restricción electoral concentra la mayor relevancia política.
Un antecedente clave para la defensa es el de Luiz Inácio Lula da Silva. En 2018, cuando el dirigente brasileño estaba preso y buscaba competir en las elecciones presidenciales, el Comité pidió medidas para preservar sus derechos políticos. Brasil no acató ese requerimiento y Lula quedó fuera de la contienda. En marzo de 2022, el organismo emitió un dictamen sobre las vulneraciones de derechos examinadas en ese caso. La comparación muestra la posibilidad de una intervención internacional, pero también los límites prácticos de sus decisiones frente a las autoridades de un Estado.
El frente de la Corte Suprema y la condena
Según pudo saber Infobae, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideran que una eventual resolución del Comité carece de aptitud jurídica para alterar la condena firme contra Cristina Kirchner. La postura predominante es que los pronunciamientos del organismo pueden expresar una posición sobre el cumplimiento de obligaciones internacionales, pero no reemplazar decisiones definitivas de los tribunales argentinos.
En el máximo tribunal sostienen que el ordenamiento jurídico nacional no contempla un mecanismo que permita revertir una sentencia firme por una determinación de esa naturaleza. Desde esa perspectiva, una intervención de Naciones Unidas mantendría sin cambios tanto la pena de seis años de prisión como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La discusión de fondo enfrenta interpretaciones diferentes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo tienen jerarquía constitucional en la Argentina, por aplicación del artículo 75, inciso 22, de la Constitución. La defensa apoya en ese reconocimiento su planteo ante el Comité, mientras que en la Corte ponen el foco en los instrumentos disponibles para cumplir una eventual decisión dentro del sistema judicial local.
Las medidas provisionales se dirigen al Estado argentino. Una comunicación de ese tipo se canalizaría por la representación estatal correspondiente y podría derivar en actuaciones de los poderes públicos. Pero la modificación de una sentencia penal exigiría una decisión de las autoridades judiciales competentes; el pronunciamiento internacional no puede modificar por sí solo los registros judiciales argentinos.
En el Palacio de Tribunales también consideran que la defensa de Cristina Kirchner no cuestionó de modo específico la sanción accesoria de inhabilitación perpetua al recurrir al máximo tribunal contra la condena. Ese punto abre otra discusión sobre el agotamiento de los recursos internos, una de las condiciones habituales para que el Comité admita una comunicación individual.
La defensa mantiene una lectura diferente sobre el alcance de la revisión que puede realizar el organismo, en especial cuando están involucrados derechos políticos y restricciones fijadas por la legislación nacional. Si la sanción que ahora se busca suspender no fue discutida en forma puntual ante las instancias judiciales argentinas, la posibilidad de trasladar el reclamo al plano internacional será otro punto de debate.
En esa discusión aparece el artículo 36 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994. La norma establece que quien incurra en un delito doloso grave contra el Estado que implique enriquecimiento quedará inhabilitado para ocupar cargos o empleos públicos por el período que determinen las leyes. La Constitución contempla la sanción, pero deja su duración en manos de la legislación del Congreso.
En el caso de Cristina Kirchner, la inhabilitación especial perpetua se impuso bajo las normas del Código Penal para la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En la Corte señalan que esa penalidad fue establecida por el Congreso y que cualquier modificación corresponde al Poder Legislativo. Durante los 16 años de gobiernos kirchneristas, entre las presidencias de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, nunca se puso en discusión una reforma sobre esa sanción.
El Código Penal prevé, además, un régimen de rehabilitación para determinadas inhabilitaciones perpetuas en su artículo 20 ter, sujeto a condiciones y plazos. Esa alternativa es distinta de la suspensión cautelar solicitada ante Naciones Unidas y no habilita de manera automática la recuperación de la capacidad para ejercer cargos públicos antes de los comicios de 2027.
La posición de la Corte agrega un obstáculo a los planes electorales del kirchnerismo. Incluso si Naciones Unidas resolviera a favor de la expresidenta, quedaría pendiente la cuestión de su aplicación por parte de la Justicia argentina, dentro de un calendario electoral con plazos y procedimientos propios.
El kirchnerismo analiza una fórmula y Kicillof conserva su proyecto propio
Mientras avanza la discusión judicial, el tercer frente se despliega dentro del peronismo. Allí se estudia una estrategia que depende de dos variables aún abiertas: la resolución del Comité de Naciones Unidas y la posibilidad de que el Gobierno consiga eliminar o suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ambas definiciones incidirán en el calendario y en la organización de las candidaturas presidenciales.
La intención de impulsar a Cristina Kirchner como candidata tuvo una expresión pública el 28 de septiembre. Máximo Kirchner, diputado nacional y líder de La Cámpora, afirmó en una entrevista con Infobae que su madre tenía voluntad de competir por la Presidencia. “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”, dijo, y vinculó de manera explícita la presentación ante Naciones Unidas con esa aspiración electoral.
Detrás de esa definición existe un diseño más complejo. La hipótesis, según pudo saber Infobae, considera inscribir una fórmula presidencial con Cristina Kirchner y un dirigente que pueda representar territorial o políticamente a otros sectores peronistas. En las conversaciones aparecen tres nombres: Sergio Uñac, exgobernador de San Juan; Gerardo Zamora, senador nacional y ex mandatario de Santiago del Estero; y Sergio Massa, último candidato presidencial del peronismo.
Uñac aporta su trayectoria al frente de una provincia cuyana y sus vínculos con el peronismo tradicional. Zamora suma su experiencia de gobierno en Santiago del Estero y su relación con las estructuras provinciales. Massa representa otro perfil: perdió el balotaje de 2023 frente a Javier Milei y, durante esa campaña, anticipó que el programa económico libertario podía derivar en recesión y en un deterioro de las condiciones de vida.
La incorporación de Massa también devolvería a la discusión al dirigente que encabezó la última fórmula presidencial competitiva del peronismo. Cualquiera de las tres opciones buscaría reunir detrás de Cristina Kirchner a sectores con posiciones diferentes sobre el liderazgo y el futuro del justicialismo.
El procedimiento bajo análisis contempla un paso adicional: formalizar la candidatura de la expresidenta aun si se prevé que la inhabilitación impedirá su oficialización y buscar que el vicepresidente ocupe luego el primer lugar de la fórmula. La alternativa es una hipótesis política y enfrenta una dificultad jurídica sustancial.
En las conversaciones se mencionaron los distritos electorales de Buenos Aires y Santa Cruz como posibles escenarios para impulsar la inscripción. Sin embargo, la legislación establece que las fórmulas de presidente y vicepresidente deben presentarse ante el juez federal con competencia electoral de la Capital Federal. El artículo 61 del Código Electoral Nacional prevé el reemplazo del candidato presidencial por su compañero de fórmula en determinados casos, como renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente.
La falta de habilitación legal desde el momento de la inscripción plantea una situación diferente, que debería resolver la Justicia Electoral. Una candidatura rechazada por incumplir requisitos legales no activa necesariamente el mismo mecanismo que una fórmula ya oficializada cuyo candidato presidencial queda impedido de continuar. El plan podría, por lo tanto, abrir otra controversia judicial.
A la incertidumbre se suma el debate por las PASO. Su eliminación o suspensión modificaría los mecanismos de selección de candidaturas y podría alterar la relación entre los sectores peronistas. El Gobierno necesita respaldo parlamentario para avanzar con esa reforma, en una negociación que se cruza con la discusión presupuestaria y la agenda legislativa acordada con los gobernadores.
La diferencia entre una competencia en primarias y una definición por acuerdos partidarios tiene efectos sobre la interna. Para el kirchnerismo, la presencia de Cristina Kirchner en una fórmula conserva valor político más allá de su eventual oficialización. Para otros sectores del justicialismo, el método de selección presidencial forma parte de la disputa por la conducción opositora y por la construcción de una alternativa frente a Milei.
En ese cuadro, Axel Kicillof queda fuera de las combinaciones que se mencionan para acompañar a Cristina Kirchner. El gobernador bonaerense mantiene diferencias políticas con La Cámpora y con la conducción de la expresidenta, y conserva su propio proyecto nacional para 2027.
Su estrategia actual se sintetiza en una frase que circula entre sus dirigentes: “Este año es un año de acumulación política”. El planteo apunta a reforzar su posición territorial, ampliar los vínculos con otros referentes y postergar una decisión electoral que podría agrandar las diferencias internas del peronismo.
La coexistencia de ambos proyectos excede las discusiones jurídicas. Mientras el kirchnerismo preserva la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner, Kicillof trabaja sobre un horizonte presidencial propio. Comparten espacio político y representación electoral, aunque deberán resolver cómo ordenar la oferta cuando se acerque la definición de 2027.
El futuro de la eventual candidatura depende de decisiones que se tomarán en ámbitos con reglas y tiempos distintos. El Comité de Derechos Humanos puede evaluar medidas provisionales, pero su intervención no sustituye a los tribunales argentinos. La Corte Suprema sostiene una interpretación restrictiva sobre los efectos de ese procedimiento internacional y el peronismo discute alternativas que dependerán de la legislación vigente y de sus acuerdos internos.
La candidatura presidencial de Cristina Kirchner continúa siendo jurídicamente improbable, pero conserva relevancia política. Su eventual inscripción, incluso si fuera rechazada, podría abrir una nueva controversia y obligar al peronismo a resolver una fórmula alternativa. La disputa por sus derechos políticos, mientras tanto, seguirá su recorrido en los procedimientos internacionales y nacionales.
El interrogante hacia 2027 incluye quién encabezará la propuesta presidencial peronista si la condena mantiene todos sus efectos, qué papel tendrán los dirigentes que hoy aparecen como posibles compañeros de fórmula y cómo se procesará la competencia con el proyecto político de Kicillof. Los caminos de Ginebra, el Palacio de Tribunales y el peronismo todavía pueden conducir a resultados diferentes.
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El expresidente Alberto Fernández reapareció en un canal de streaming y se refirió a la tensión que guió el vínculo con Cristina Kirchner, su vice, durante la gestión del Frente de Todos. Marcó como una de las grandes diferencias el acuerdo que se selló con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”, sostuvo Fernández en diálogo con el podcast Sistema Joaco Santos. Y agregó, en un intento de relativizar su respuesta: “Es contrafáctico. Pero creo que era lo que seguramente hubiera pasado”.
El exjefe del Estado planteó que la falta de pago habría dejado a la Argentina en una situación de vulnerabilidad frente a los mercados internacionales. Según expresó, el incumplimiento de los compromisos con el FMI habría llevado al país a caer en default con el organismo y a quedar “a la intemperie en el sistema financiero mundial”.
“Era una vicepresidenta con un peso muy importante, sin duda. Pero también se encontró con un presidente que no compartía toda su mirada. Si cada uno hubiera entendido el rol que tenía, hubiera sido más fácil”, dijo Fernández a modo de autocrítica.
Sostuvo que recibió presiones continuas para alinearse con las posiciones de la entonces vicepresidenta en materia económica y de administración pública. De hecho, el pacto con el FMI tuvo como consecuencia la renuncia de Máximo Kirchner como jefe de bloque de la Cámara de Diputados.
Reconoció haber sido blanco de las críticas del kirchnerismo por su postura frente al FMI, pero se defendió al considerar que se trataba de “un debate falso”. Y añadió: “Me decían: ‘Estás borrando lo que hizo Néstor’. Pero Néstor, que era un hombre que entendía mucho cómo funcionaba el poder, comprendió, como lo entiendo yo, que la presencia del FMI condiciona el desarrollo de cualquier Estado y de cualquier sociedad, y que endeudarse con el Fondo es muy costoso”.
El expresidente recordó que Néstor Kirchner, de quien fue su jefe de gabinete, decidió cancelar la deuda con el organismo para dejar de depender de sus condicionamientos. “Le pagó hasta el último centavo y le dijo: ‘No te quiero deber más’. Es como si vos fueras al banco y, para dejar de pagar intereses, dijeras: ‘Tomá, te pago todo. No quiero deberte más, no quiero entregarte un poco más de mi vida’. Porque terminas condicionando tu vida a la deuda con el banco. Eso es lo que hizo Néstor”, señaló.
Además, se refirió a la herencia que le dejó Mauricio Macri. Según indicó, en el Banco Central había US$ 11.000 millones de reservas y una deuda de US$ 44.000 millones, que mayoritariamente había contraído la gestión de Juntos por el Cambio.
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POLITICA
Milei defendió el rumbo de la economía y descartó las versiones sobre una salida de Luis Caputo: “Nadie lo cuestiona”
El presidente Javier Milei defendió el rumbo económico del Gobierno y descartó una posible salida de Luis Caputo del Ministerio de Economía.
“Nadie lo cuestiona”, afirmó en una entrevista radial, en medio de las versiones sobre una eventual renuncia del funcionario.
En esa línea, el mandatario aseguró que mantiene una “relación simbiótica” con el ministro y destacó que ambos comparten la misma mirada sobre la gestión. “Hablamos regularmente y tenemos la visión perfectamente alineada”, sostuvo.
Milei explicó además cómo se distribuyen las tareas dentro del Gobierno y remarcó que las decisiones finales dependen de él. “En el equipo hay división de trabajo. Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. Hay una mesa que se dedica a las cuestiones políticas, pero la decisión general de gobierno es mía. O sea, nadie cuestiona a ‘Toto’ Caputo porque es mi política”, expresó en diálogo con Radio Mitre.
Durante la entrevista, el Presidente también destacó los cambios que impulsa su administración y vinculó el desempeño de las distintas jurisdicciones con su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
“El país está teniendo cambios estructurales, por apertura, tecnología, baja de impuestos, desregulaciones, que generan reformas muy potentes”, afirmó.
En cuanto al mercado laboral, Milei rechazó que exista un conflicto generalizado en el ámbito laboral y planteó que hay diferencias entre las actividades económicas. “No hay problema de empleo, sino sectores que están creciendo mucho y otros que están rezagados”, señaló.
Además, sostuvo que las provincias que adhirieron al RIGI “están teniendo un desempeño enorme y les va maravillosamente bien”.
Por otra parte, el Presidente vinculó las versiones sobre una posible salida del ministro de Economía con su encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
“Caputo tiene una reunión con Georgieva y le inventan esto. Tratan de ir contra el país, quieren limar al ministro de Economía cuando se reúne con la titular del FMI. Es una canallada, es traición a la patria”, manifestó.
En ese sentido, calificó de “disparate total” la posibilidad de que el funcionario deje su puesto y agregó: “Hay que estar completamente loco para pensar que Caputo va a salir del Gobierno”.
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