Cristina Kirchner tiene una condena firme a seis años de prisión, una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y su nombre fue excluido del padrón electoral. Aun así, el kirchnerismo y su defensa trabajan sobre una estrategia diplomática, política y judicial que mantiene abierta la hipótesis de una candidatura presidencial en 2027. El plan reúne tres frentes: una presentación ante Naciones Unidas, la posición de la Corte Suprema y el diseño electoral del peronismo.

La defensa busca una medida provisional del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que suspenda los efectos de la inhabilitación. En el máximo tribunal, en cambio, entienden que ningún pronunciamiento internacional podría modificar la sentencia firme. En paralelo, el kirchnerismo analiza cómo sostener la centralidad de la exmandataria en la discusión electoral, incluso si otra figura termina al frente de la fórmula.

La situación judicial de Cristina Kirchner incluye otros expedientes. Cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado a raíz del direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. Además, afronta el juicio oral de la causa Cuadernos, donde está acusada de encabezar una asociación ilícita vinculada con la recaudación ilegal de dinero de empresarios.

A ese cuadro se sumarán los procesos por Los Sauces y Hotesur, en los que también está acusado su hijo, Máximo Kirchner. El primero tiene previsto comenzar el 23 de octubre y el segundo, el 19 de marzo de 2027, aunque persiste una controversia judicial sobre la eventual reunificación de ambos debates.

El Comité de Derechos Humanos analizará el planteo de la defensa en Ginebra

El primer frente de la estrategia está en Ginebra. El lunes 19 de octubre comenzará el 146° período de sesiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se extenderá hasta el 6 de noviembre. El organismo, integrado por 18 expertos independientes elegidos por los Estados parte, supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y puede examinar denuncias individuales por presuntas vulneraciones de los derechos previstos en ese instrumento.

Se trata de una instancia distinta del Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano intergubernamental de Naciones Unidas. Los abogados Rafael Valim, de Brasil, y Javier Borrego, de España, presentaron en julio una comunicación individual contra el Estado argentino. Ambos trabajan con Carlos Alberto Beraldi, defensor penal de la expresidenta en la Argentina, quien intervino en las distintas etapas que concluyeron con la sentencia firme de la Corte.

La presentación cuestionó aspectos del juicio de Vialidad y solicitó medidas provisionales para proteger los derechos políticos de Cristina Kirchner, además de revisar determinadas condiciones de su prisión domiciliaria. Durante las últimas semanas, la defensa incorporó una adenda con hechos posteriores, entre ellos embargos sobre bienes de la exmandataria, declaraciones de integrantes del Poder Judicial y manifestaciones del presidente Javier Milei.

Uno de los elementos centrales de esa ampliación fue un informe económico-financiero elaborado con documentación oficial incorporada a la causa Cuadernos. El estudio examinó el destino de los recursos de un fideicomiso utilizado para financiar obras viales entre 2009 y 2015, con el objetivo de cuestionar uno de los fundamentos de la condena en Vialidad.

El trabajo fue elaborado por especialistas de la consultora brasileña Specs y analizó desembolsos de la denominada Fuente 14 del Presupuesto Nacional, un mecanismo de financiamiento de infraestructura vial. Según sus conclusiones, los recursos evaluados alcanzaron unos USD 2.200 millones, distribuidos entre 367 obras, 114 constructoras y 3.855 certificados de pago.

Dentro de ese universo, las compañías vinculadas al Grupo Austral, de Lázaro Báez, habrían percibido cerca de USD 18,66 millones, equivalentes al 0,85 % de los fondos examinados. El informe identificó 17 obras relacionadas con esas empresas que registraron pagos a través de esa fuente de financiamiento.

La defensa incorporó esos resultados para discutir la interpretación judicial sobre el direccionamiento de recursos públicos hacia las firmas de Báez. El análisis tiene un alcance delimitado: examina los desembolsos de una partida presupuestaria específica, no todos los mecanismos de financiamiento ni la totalidad de las pruebas valoradas en Vialidad. Sin embargo, es uno de los argumentos que el equipo jurídico pretende utilizar para pedir una revisión de la condena.

El período de sesiones del Comité introdujo una referencia temporal para la estrategia internacional, aunque una solicitud de medidas provisionales puede ser evaluada fuera de las reuniones ordinarias. El reglamento prevé la intervención de un relator para nuevas comunicaciones y medidas provisionales, que puede actuar en nombre del organismo sin que sea necesaria una deliberación de sus 18 integrantes ante cada pedido urgente.

Una medida provisional puede disponerse antes de que el Comité resuelva sobre la admisibilidad o el fondo de la denuncia. Para concederla, debe acreditarse la necesidad de evitar daños irreparables sobre los derechos invocados. Su eventual otorgamiento tampoco supone que el organismo considere fundada la presentación principal.

El calendario electoral vuelve decisiva la cuestión de los plazos. Una decisión sobre los derechos políticos de Cristina Kirchner después de las presidenciales de 2027 tendría consecuencias distintas de una resolución anterior a la oficialización de candidaturas. La defensa trabaja con el período de sesiones de octubre como una instancia relevante y contempla esperar, al menos, hasta noviembre antes de analizar nuevos pasos procesales.

El pedido principal apunta a la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Una medida favorable podría requerir al Estado argentino que suspenda sus efectos mientras se analiza el fondo del caso. La presentación también aborda aspectos de la prisión domiciliaria, aunque la restricción electoral concentra la mayor relevancia política.

Un antecedente clave para la defensa es el de Luiz Inácio Lula da Silva. En 2018, cuando el dirigente brasileño estaba preso y buscaba competir en las elecciones presidenciales, el Comité pidió medidas para preservar sus derechos políticos. Brasil no acató ese requerimiento y Lula quedó fuera de la contienda. En marzo de 2022, el organismo emitió un dictamen sobre las vulneraciones de derechos examinadas en ese caso. La comparación muestra la posibilidad de una intervención internacional, pero también los límites prácticos de sus decisiones frente a las autoridades de un Estado.

El frente de la Corte Suprema y la condena

Según pudo saber Infobae, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideran que una eventual resolución del Comité carece de aptitud jurídica para alterar la condena firme contra Cristina Kirchner. La postura predominante es que los pronunciamientos del organismo pueden expresar una posición sobre el cumplimiento de obligaciones internacionales, pero no reemplazar decisiones definitivas de los tribunales argentinos.

En el máximo tribunal sostienen que el ordenamiento jurídico nacional no contempla un mecanismo que permita revertir una sentencia firme por una determinación de esa naturaleza. Desde esa perspectiva, una intervención de Naciones Unidas mantendría sin cambios tanto la pena de seis años de prisión como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La discusión de fondo enfrenta interpretaciones diferentes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo tienen jerarquía constitucional en la Argentina, por aplicación del artículo 75, inciso 22, de la Constitución. La defensa apoya en ese reconocimiento su planteo ante el Comité, mientras que en la Corte ponen el foco en los instrumentos disponibles para cumplir una eventual decisión dentro del sistema judicial local.

Las medidas provisionales se dirigen al Estado argentino. Una comunicación de ese tipo se canalizaría por la representación estatal correspondiente y podría derivar en actuaciones de los poderes públicos. Pero la modificación de una sentencia penal exigiría una decisión de las autoridades judiciales competentes; el pronunciamiento internacional no puede modificar por sí solo los registros judiciales argentinos.

En el Palacio de Tribunales también consideran que la defensa de Cristina Kirchner no cuestionó de modo específico la sanción accesoria de inhabilitación perpetua al recurrir al máximo tribunal contra la condena. Ese punto abre otra discusión sobre el agotamiento de los recursos internos, una de las condiciones habituales para que el Comité admita una comunicación individual.

La defensa mantiene una lectura diferente sobre el alcance de la revisión que puede realizar el organismo, en especial cuando están involucrados derechos políticos y restricciones fijadas por la legislación nacional. Si la sanción que ahora se busca suspender no fue discutida en forma puntual ante las instancias judiciales argentinas, la posibilidad de trasladar el reclamo al plano internacional será otro punto de debate.

En esa discusión aparece el artículo 36 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994. La norma establece que quien incurra en un delito doloso grave contra el Estado que implique enriquecimiento quedará inhabilitado para ocupar cargos o empleos públicos por el período que determinen las leyes. La Constitución contempla la sanción, pero deja su duración en manos de la legislación del Congreso.

En el caso de Cristina Kirchner, la inhabilitación especial perpetua se impuso bajo las normas del Código Penal para la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En la Corte señalan que esa penalidad fue establecida por el Congreso y que cualquier modificación corresponde al Poder Legislativo. Durante los 16 años de gobiernos kirchneristas, entre las presidencias de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, nunca se puso en discusión una reforma sobre esa sanción.

El Código Penal prevé, además, un régimen de rehabilitación para determinadas inhabilitaciones perpetuas en su artículo 20 ter, sujeto a condiciones y plazos. Esa alternativa es distinta de la suspensión cautelar solicitada ante Naciones Unidas y no habilita de manera automática la recuperación de la capacidad para ejercer cargos públicos antes de los comicios de 2027.

La posición de la Corte agrega un obstáculo a los planes electorales del kirchnerismo. Incluso si Naciones Unidas resolviera a favor de la expresidenta, quedaría pendiente la cuestión de su aplicación por parte de la Justicia argentina, dentro de un calendario electoral con plazos y procedimientos propios.

El kirchnerismo analiza una fórmula y Kicillof conserva su proyecto propio

Mientras avanza la discusión judicial, el tercer frente se despliega dentro del peronismo. Allí se estudia una estrategia que depende de dos variables aún abiertas: la resolución del Comité de Naciones Unidas y la posibilidad de que el Gobierno consiga eliminar o suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ambas definiciones incidirán en el calendario y en la organización de las candidaturas presidenciales.

La intención de impulsar a Cristina Kirchner como candidata tuvo una expresión pública el 28 de septiembre. Máximo Kirchner, diputado nacional y líder de La Cámpora, afirmó en una entrevista con Infobae que su madre tenía voluntad de competir por la Presidencia. “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”, dijo, y vinculó de manera explícita la presentación ante Naciones Unidas con esa aspiración electoral.

Detrás de esa definición existe un diseño más complejo. La hipótesis, según pudo saber Infobae, considera inscribir una fórmula presidencial con Cristina Kirchner y un dirigente que pueda representar territorial o políticamente a otros sectores peronistas. En las conversaciones aparecen tres nombres: Sergio Uñac, exgobernador de San Juan; Gerardo Zamora, senador nacional y ex mandatario de Santiago del Estero; y Sergio Massa, último candidato presidencial del peronismo.

Uñac aporta su trayectoria al frente de una provincia cuyana y sus vínculos con el peronismo tradicional. Zamora suma su experiencia de gobierno en Santiago del Estero y su relación con las estructuras provinciales. Massa representa otro perfil: perdió el balotaje de 2023 frente a Javier Milei y, durante esa campaña, anticipó que el programa económico libertario podía derivar en recesión y en un deterioro de las condiciones de vida.

La incorporación de Massa también devolvería a la discusión al dirigente que encabezó la última fórmula presidencial competitiva del peronismo. Cualquiera de las tres opciones buscaría reunir detrás de Cristina Kirchner a sectores con posiciones diferentes sobre el liderazgo y el futuro del justicialismo.

El procedimiento bajo análisis contempla un paso adicional: formalizar la candidatura de la expresidenta aun si se prevé que la inhabilitación impedirá su oficialización y buscar que el vicepresidente ocupe luego el primer lugar de la fórmula. La alternativa es una hipótesis política y enfrenta una dificultad jurídica sustancial.

En las conversaciones se mencionaron los distritos electorales de Buenos Aires y Santa Cruz como posibles escenarios para impulsar la inscripción. Sin embargo, la legislación establece que las fórmulas de presidente y vicepresidente deben presentarse ante el juez federal con competencia electoral de la Capital Federal. El artículo 61 del Código Electoral Nacional prevé el reemplazo del candidato presidencial por su compañero de fórmula en determinados casos, como renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente.

La falta de habilitación legal desde el momento de la inscripción plantea una situación diferente, que debería resolver la Justicia Electoral. Una candidatura rechazada por incumplir requisitos legales no activa necesariamente el mismo mecanismo que una fórmula ya oficializada cuyo candidato presidencial queda impedido de continuar. El plan podría, por lo tanto, abrir otra controversia judicial.

A la incertidumbre se suma el debate por las PASO. Su eliminación o suspensión modificaría los mecanismos de selección de candidaturas y podría alterar la relación entre los sectores peronistas. El Gobierno necesita respaldo parlamentario para avanzar con esa reforma, en una negociación que se cruza con la discusión presupuestaria y la agenda legislativa acordada con los gobernadores.

La diferencia entre una competencia en primarias y una definición por acuerdos partidarios tiene efectos sobre la interna. Para el kirchnerismo, la presencia de Cristina Kirchner en una fórmula conserva valor político más allá de su eventual oficialización. Para otros sectores del justicialismo, el método de selección presidencial forma parte de la disputa por la conducción opositora y por la construcción de una alternativa frente a Milei.

En ese cuadro, Axel Kicillof queda fuera de las combinaciones que se mencionan para acompañar a Cristina Kirchner. El gobernador bonaerense mantiene diferencias políticas con La Cámpora y con la conducción de la expresidenta, y conserva su propio proyecto nacional para 2027.

Su estrategia actual se sintetiza en una frase que circula entre sus dirigentes: “Este año es un año de acumulación política”. El planteo apunta a reforzar su posición territorial, ampliar los vínculos con otros referentes y postergar una decisión electoral que podría agrandar las diferencias internas del peronismo.

La coexistencia de ambos proyectos excede las discusiones jurídicas. Mientras el kirchnerismo preserva la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner, Kicillof trabaja sobre un horizonte presidencial propio. Comparten espacio político y representación electoral, aunque deberán resolver cómo ordenar la oferta cuando se acerque la definición de 2027.

El futuro de la eventual candidatura depende de decisiones que se tomarán en ámbitos con reglas y tiempos distintos. El Comité de Derechos Humanos puede evaluar medidas provisionales, pero su intervención no sustituye a los tribunales argentinos. La Corte Suprema sostiene una interpretación restrictiva sobre los efectos de ese procedimiento internacional y el peronismo discute alternativas que dependerán de la legislación vigente y de sus acuerdos internos.

La candidatura presidencial de Cristina Kirchner continúa siendo jurídicamente improbable, pero conserva relevancia política. Su eventual inscripción, incluso si fuera rechazada, podría abrir una nueva controversia y obligar al peronismo a resolver una fórmula alternativa. La disputa por sus derechos políticos, mientras tanto, seguirá su recorrido en los procedimientos internacionales y nacionales.

El interrogante hacia 2027 incluye quién encabezará la propuesta presidencial peronista si la condena mantiene todos sus efectos, qué papel tendrán los dirigentes que hoy aparecen como posibles compañeros de fórmula y cómo se procesará la competencia con el proyecto político de Kicillof. Los caminos de Ginebra, el Palacio de Tribunales y el peronismo todavía pueden conducir a resultados diferentes.

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