Patricia Bullrich retiene parte de su cuota de poder en el Poder Ejecutivo, pese a los desacuerdos internos con la estrategia política de los hermanos Milei. Tras su desembarco en el Senado el año pasado, la ex ministra de Seguridad nacional obtuvo hoy la ratificación Pablo Héctor Walter, uno de sus amigos y hombres de confianza, en la conducción del Registro Nacional de las Armas (RENAR).

El presidente Javier Milei formalizó a Walter como subdirector ejecutivo del organismo, que lidera otro bullrichista, Juan Pablo Allan. Así salió publicado este jueves en el Boletín Oficial, a través del Decreto 1156/2026, firmado el 7 de octubre. La designación con rango de subsecretaría, que tiene vigencia desde el 20 de agosto de 2026, aporta indicios sobre el reparto de los “ravioles” del Estado en la coalición libertaria.

Pablo Walter ya ocupaba el rol de subjefatura en el RENAR bajo su anterior denominación, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Pero su nombramiento era de carácter transitorio. Incluso, desde el año pasado se especulaba que podría quedar al frente de la entidad en reemplazo de Allan, el actual director, quien resultó electo en 2025 como concejal en La Plata y desde hace meses combina las dos actividades en la gestión pública.

El “Negro” Walter es un histórico dirigente del PRO de Tucumán. Fue ex secretario nacional del PRO, y ex senador por la provincia norteña. El año pasado, Mauricio Macri lo dejó fuera finalmente del partido amarillo, al ratificar su alineamiento con la jefatura de Bullrich.

En medio de ese proceso electoral, Walter tenía expectativas de obtener una candidatura en la Cámara de Diputados, deseo que finalmente quedó trunco y que aceptó “con resignación la imposibilidad de aportar mi experiencia, al no concretarse el pedido” de la entonces ministra, expresó en un posteo en redes sociales.

Con el nombramiento, la ex ministra de Seguridad mantiene así influencia sobre el organismo encargado de registrar, regular y fiscalizar las armas de fuego, explosivos, chalecos antibalas y materiales controlados en el país. La cartera esté formalmente a cargo de Alejandra Monteoliva, sucesora de Bullrich y que adquirió relativa autonomía de la ex candidata presidencial.

La ratificación llega en momentos en los que la Casa Rosada viene teniendo contrapuntos con Patricia Bullrich, que no oculta sus opiniones disonantes sobre el rumbo del Gobierno y las expresa a viva voz. Sin embargo, según reconstruyó Infobae, fuentes de la mesa política sostienen que esas intervenciones no anticipan una ruptura con La Libertad Avanza y que, en el Senado, también pueden limitar el margen de maniobra de la oposición.

El Gobierno sigue de cerca la proyección electoral de la ex ministra. Un relevamiento de Management & FIT le atribuyó a Bullrich una imagen positiva del 33%, por encima del 31,2% que registra Milei. En la administración libertaria consideran que ese nivel de conocimiento y adhesión puede resultar útil para el objetivo electoral de 2027, mientras la legisladora conserva un perfil propio dentro de la coalición.

En los últimos meses, Bullrich reclamó que la recuperación económica tenga efectos más rápidos en la sociedad y tomó distancia de varias decisiones legislativas del oficialismo. Cuestionó la estrategia sobre la Ley de Tierras, el ajuste en discapacidad previsto en el Presupuesto 2027 y la exclusión del artículo sobre licencias de la reforma laboral. También objetó la decisión de Javier y Karina Milei de retirar el pliego de María Verónica Michelli, propuesta para ocupar un juzgado federal.

Después de que Bullrich expresara su intención de competir en 2031 y dejara abierta la posibilidad de una postulación en 2027, el oficialismo decidió evitar cualquier tipo de confrontación. El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que entiende que la senadora respalda la reelección de Milei el año que viene. En ese contexto, sectores cercanos a Karina Milei también la definen y consideran como una aliada necesaria.

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El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes la modificación del Régimen de Zona Fría, que otorga descuentos en las tarifas de gas a usuarios de distintas regiones del país. La medida quedó formalizada con la publicación de la Ley 27.828 y del Decreto 1161/2026 en el Boletín Oficial.

La reforma, sancionada por el Congreso el 24 de septiembre y promulgada por el Presidente el 9 de octubre, establece nuevas condiciones para acceder al beneficio y una bonificación adicional para los hogares que cumplan determinados requisitos socioeconómicos y geográficos.

La nueva legislación modifica el artículo 75 de la Ley 25.565 y deroga distintos artículos de la Ley 27.637, que había ampliado el alcance territorial del régimen.

El principal cambio es que residir en una zona alcanzada por la ampliación anterior ya no será suficiente para acceder automáticamente al descuento. Los hogares deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplir las condiciones establecidas por la nueva normativa.

Además, la bonificación adicional se aplicará sobre los denominados Consumos Base, por lo que no necesariamente alcanzará a la totalidad del gas utilizado por cada hogar.

La reforma mantiene un tratamiento diferenciado para la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región conocida como Puna, donde continuarán los beneficios previstos en el régimen.

Quiénes podrán mantener el subsidio de Zona Fría con la nueva ley

La Ley 27.828 establece una bonificación adicional por Zona Fría para determinados usuarios residenciales de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes.

El beneficio estará destinado a hogares ubicados en las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, contempladas en la normativa utilizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Para acceder, los usuarios deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados, encontrarse dentro de las áreas geográficas previstas y cumplir alguno de los criterios socioeconómicos establecidos por la ley.

Los requisitos contemplados son:

• Ingresos familiares: hogares cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según el INDEC.
• Certificado de Vivienda Familiar: hogares con al menos un integrante que posea este documento del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
• Veteranos de Malvinas: hogares con un integrante que perciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
• Personas con discapacidad: hogares con al menos un integrante que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD). En estos casos, la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué manera esa condición implica una necesidad de asistencia económica para pagar los servicios energéticos.

La ley no establece un límite de ingresos fijo en pesos, sino que lo vincula al valor de tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, de acuerdo con las mediciones del INDEC.

La legislación también determina que la bonificación adicional estará limitada a los consumos base reconocidos por el régimen de subsidios.

Por otra parte, la Región Patagónica, Malargüe y la Puna conservarán un régimen específico. Para esas zonas continuarán los beneficios destinados a usuarios residenciales de gas natural y gas propano por redes, así como a determinados usuarios del Servicio General P.

El Poder Ejecutivo, por sí o mediante la autoridad de aplicación, tendrá la facultad de determinar las modalidades de esos beneficios.

Qué cambia en las facturas de gas y hasta cuándo estará vigente el régimen

La modificación introduce un cambio en las condiciones de acceso a los descuentos para los usuarios de las zonas comprendidas en la ampliación anterior.

La bonificación adicional dejará de depender únicamente de la ubicación geográfica y quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos del régimen focalizado.

Esto significa que los hogares que no reúnan las nuevas condiciones podrían dejar de recibir el descuento territorial anterior, aunque su situación frente a otros subsidios energéticos deberá evaluarse por separado.

Además, el nuevo beneficio se aplicará sobre los consumos base establecidos por el régimen, por lo que no necesariamente cubrirá la totalidad del gas utilizado en una casa.

Sin embargo, la Ley 27.828 no establece un porcentaje específico para la nueva bonificación adicional ni determina cuánto aumentarán las facturas de los usuarios que dejen de recibir el descuento anterior.

Tampoco precisa cuántos hogares podrán conservar el beneficio ni cuántos quedarán excluidos.

En cuanto al financiamiento, la normativa establece que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas se constituirá con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, con las excepciones previstas en la ley.

El Poder Ejecutivo podrá aumentar o disminuir el nivel de ese recargo hasta en un 50%, de acuerdo con las modalidades que considere pertinentes.

La reforma también incorpora disposiciones sobre el mercado eléctrico, las condiciones de contratación de gas, las fuentes renovables de energía y la actividad hidrocarburífera.