POLITICA
Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera en Malvinas: los cuatro reclamos urgentes
El gobierno de Javier Milei presentó hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud formal de medidas provisionales para intentar detener el avance de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. La Argentina formuló cuatro requerimientos al organismo internacional, que incluyen impedir nuevas actividades hidrocarburíferas, restringir el uso de información obtenida durante las exploraciones, preservar el medio marino y evitar que el Reino Unido otorgue nuevos permisos para explotar recursos naturales en la zona.
Cómo había anticipado Infobae, la decisión se concretó después del vencimiento del ultimátum de dos semanas que la Argentina había concedido a Londres para que adoptara medidas destinadas a impedir el inicio o la continuación de actividades vinculadas con Sea Lion, un proyecto desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
En la presentación trabajaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Pablo Quirno, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. El anuncio fue realizado mediante un comunicado de la Oficina del Presidente en el que se informó que la Argentina había recurrido al organismo judicial internacional, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar una intervención urgente que preserve los derechos invocados por el país mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de examinar la controversia.
“La República Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”, informó la Oficina del Presidente.
El Gobierno pretende que el Tribunal ordene una medida provisional, equivalente en términos generales a una cautelar, que impida el avance del proyecto petrolero. La resolución dependerá de los jueces internacionales, que deberán examinar los argumentos argentinos, escuchar a las partes y determinar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para disponer una suspensión u otras medidas.
En el comunicado, la Presidencia precisó que la solicitud busca “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
La presentación constituye una nueva instancia de la estrategia anunciada por Milei el 28 de septiembre. Aquel día, la Argentina notificó al Reino Unido el inicio de un procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y concedió un plazo de dos semanas para que Londres adoptara medidas destinadas a impedir las actividades hidrocarburíferas.
Ese plazo venció ayer, lunes 12 de octubre. El Reino Unido había rechazado el planteo argentino y defendido las actividades autorizadas por las autoridades de las islas. Hoy, el gobierno argentino formalizó el pedido de medidas provisionales, en el que tuvo un rol clave el equipo que lidera Ibarzabal, a quien el presidente Milei define como “el cerebro” jurídico de la administración libertaria.
Por su parte, la conducción de la estrategia diplomática y del procedimiento internacional corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores. La Consejería Legal Internacional de Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzábal, intervino en la preparación técnica, mientras que también participó la Procuración del Tesoro, dirigida por Sebastián Amerio.
Los cuatro pedidos de la Argentina ante el Tribunal del Mar
Después de la difusión del comunicado presidencial, el canciller Pablo Quirno publicó en su cuenta oficial de X los detalles de los cuatro requerimientos formulados ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La información permitió conocer con mayor precisión el alcance de la solicitud argentina, que comprende tanto las actividades petroleras como el uso de los datos obtenidos durante las exploraciones, las obligaciones ambientales y las decisiones administrativas que podría adoptar el Reino Unido.
“La estrategia integral impulsada por el Presidente @JMilei para defender nuestros recursos en la Plataforma Continental argentina está generando resultados concretos”, sostuvo Quirno. El ministro describió la presentación como un hecho sin precedentes y explicó que el país había recurrido al Tribunal para solicitar medidas provisionales destinadas a detener las acciones unilaterales británicas en la Cuenca Malvinas Norte.
El primer pedido apunta directamente a Sea Lion. La Argentina solicitó que el Tribunal ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuación de la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas mediante ese proyecto.
Es el objetivo inmediato de la presentación. El desarrollo petrolero todavía no comenzó su producción comercial, prevista para 2028, pero las compañías involucradas ya adoptaron decisiones de inversión, contrataron infraestructura y avanzaron con los preparativos para iniciar las perforaciones. La solicitud busca que esas actividades queden sujetas a restricciones provisionales mientras se sustancia la controversia internacional.
El segundo requerimiento se concentra en la información obtenida durante las exploraciones. Quirno explicó que la Argentina pidió que el Reino Unido “se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de la República Argentina”.
Este punto incorpora un aspecto diferente de la eventual extracción de petróleo. El planteo comprende los resultados de los trabajos exploratorios realizados en el área, que pueden incluir información geológica, geofísica y técnica utilizada para identificar y evaluar los recursos hidrocarburíferos.
El pedido argentino pretende evitar que esa información sea utilizada en perjuicio de los derechos que reclama el país mientras permanece pendiente la controversia. El alcance concreto de una eventual restricción deberá ser determinado por el Tribunal.
El tercer pedido introduce expresamente la protección del medio marino. La Argentina solicitó que el Reino Unido cese de impedirle cumplir con las obligaciones que considera derivadas de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR en las áreas marítimas objeto del conflicto.
El artículo 192 establece que los Estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino. El artículo 194 dispone que deben adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación marina, mediante los medios disponibles y de acuerdo con las obligaciones previstas en la Convención.
La Cancillería intenta vincular esas disposiciones con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos en disputa. El planteo apunta a preservar las facultades y obligaciones ambientales que invoca la Argentina, además de prevenir posibles alteraciones del lecho y el subsuelo marino.
La incorporación de estos artículos agrega una dimensión ambiental al reclamo, que el Tribunal deberá examinar para determinar si las obligaciones invocadas resultan aplicables y justifican adoptar medidas provisionales.
El cuarto requerimiento busca impedir nuevas decisiones unilaterales. La Argentina solicitó que el Reino Unido “se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia”, particularmente mediante el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa.
La finalidad de este punto es evitar que las autoridades británicas amplíen las autorizaciones o adopten decisiones que modifiquen la situación mientras continúa el procedimiento internacional. Se relaciona con la posición argentina de que las partes deben abstenerse de realizar actos unilaterales capaces de agravar el conflicto de soberanía.
Los cuatro requerimientos integran una misma solicitud judicial. Su presentación no implica que hayan sido concedidos. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá analizar cada pretensión y determinar si corresponde ordenar medidas provisionales y cuál será su alcance.
Al concluir su publicación, Quirno reiteró la voluntad argentina de recurrir al diálogo y a los mecanismos pacíficos de solución de controversias.
“Reiteramos una vez más nuestro compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional, e invitamos al Reino Unido a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”, expresó el canciller, en referencia a las resoluciones de Naciones Unidas.
Qué puede resolver el Tribunal y cuáles son los plazos
La Oficina del Presidente explicó que “la presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”.
El fundamento jurídico inmediato es el artículo 290, párrafo quinto, que permite solicitar medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar mientras se encuentra pendiente la constitución del tribunal arbitral encargado de resolver la controversia principal.
En el comunicado presidencial se destacó que cualquiera de las partes puede solicitar esas medidas para preservar sus derechos o prevenir daños graves al medio marino cuando la urgencia de la situación lo requiera.
La distinción entre ambos procedimientos resulta central. El arbitraje del Anexo VII contempla un tribunal especial de cinco integrantes, cuya constitución y posterior procedimiento pueden demandar varios años. En cambio, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar funciona permanentemente y tiene atribuciones para examinar solicitudes urgentes antes de que se encuentre constituido el órgano arbitral.
Para adoptar medidas provisionales, los jueces deberán determinar si existe una base de jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral y si las circunstancias justifican una intervención urgente.
El Tribunal podrá aceptar alguna o varias de las solicitudes, rechazarlas o disponer medidas diferentes de las reclamadas. Si decide ordenarlas, serán jurídicamente obligatorias para las partes, conforme al artículo 290.6 de la CONVEMAR.
Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá mantener, modificar o dejar sin efecto esas medidas.
El procedimiento urgente puede desarrollarse en un plazo relativamente breve. Los antecedentes permiten considerar que una primera resolución podría conocerse durante noviembre, aunque todavía no existe una fecha anunciada para las audiencias ni para una decisión.
El antecedente de la Fragata Libertad
Como informó Infobae en sus anteriores publicaciones sobre el procedimiento, existe un antecedente argentino que permite comprender el mecanismo utilizado: el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 a raíz de una acción judicial impulsada por acreedores de la deuda argentina.
Durante el gobierno de Cristina Kirchner, la Cancillería inició un arbitraje conforme al Anexo VII de la CONVEMAR y solicitó medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para obtener la liberación del buque.
La solicitud fue presentada el 14 de noviembre de 2012. Después de celebrar audiencias, el Tribunal resolvió el 15 de diciembre ordenar a Ghana la liberación inmediata e incondicional de la fragata.
Entre el pedido argentino y la resolución transcurrió aproximadamente un mes. La decisión permitió obtener el resultado práctico buscado por el Estado antes de que concluyera el litigio de fondo.
Aunque los fundamentos jurídicos son diferentes, la arquitectura procesal resulta comparable: una controversia sometida a arbitraje y una solicitud urgente ante el Tribunal del Mar para preservar derechos mientras se desarrolla el procedimiento principal.
Otro antecedente relevante es la controversia entre Ghana y Costa de Marfil, en la que se adoptaron medidas provisionales en abril de 2015.
En ese caso, una sala especial ordenó impedir nuevas perforaciones petroleras en un área marítima cuya delimitación estaba discutida, aunque permitió la continuidad de determinadas operaciones existentes. La diferencia principal es que aquel litigio involucraba una delimitación marítima, mientras que el reclamo argentino está vinculado con una controversia territorial.
El avance de Sea Lion y las empresas involucradas
El proyecto que intenta detener la Argentina se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es desarrollado por Navitas Petroleum, empresa israelí que controla el 65 por ciento y actúa como operadora, y Rockhopper Exploration, compañía británica propietaria del 35 por ciento restante.
Rockhopper descubrió el yacimiento en 2010 y posteriormente incorporó a Navitas como socio mayoritario.
A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera fase del proyecto, que contempla comenzar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028.
El desarrollo prevé inicialmente once pozos submarinos conectados con una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO. Las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027.
Las empresas mantuvieron sus compromisos de inversión durante las últimas semanas, pese a las medidas anunciadas por Buenos Aires.
El 7 de octubre, Rockhopper comunicó un acuerdo para invertir 44 millones de dólares en su participación del 35 por ciento en la sociedad propietaria del buque FPSO OSX-1, destinado a acelerar otra etapa de Sea Lion.
Al mismo tiempo, las actuaciones del Gobierno argentino tuvieron consecuencias sobre algunas contrataciones del proyecto. La Oficina del Presidente informó que Halliburton había confirmado que sus filiales se abstendrían de prestar servicios para Sea Lion.
Navitas reconoció posteriormente que estaba trabajando para sustituir a dos contratistas, aunque sostuvo que continuaba con sus planes de desarrollo y que no esperaba un impacto material adverso sobre el proyecto.
La continuidad de las inversiones constituye parte del contexto en el que la Argentina fundamenta la urgencia de su presentación. El Gobierno pretende conseguir una decisión internacional antes de que comiencen las perforaciones y se consoliden nuevas etapas de la explotación hidrocarburífera.
Los fundamentos argentinos y la controversia con el Reino Unido
La posición argentina se apoya en la existencia de una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas, las obligaciones establecidas por la CONVEMAR respecto del medio marino y sus recursos, y el rechazo a las modificaciones unilaterales mientras permanece pendiente una controversia internacional.
La Resolución 2065, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1965, reconoció la disputa entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución mediante negociaciones.
La Resolución 31/49, de diciembre de 1976, llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras continuara el proceso recomendado por Naciones Unidas.
La Cancillería vincula esos antecedentes con las disposiciones de la Convención del Derecho del Mar sobre la protección de los espacios marítimos, el lecho y el subsuelo, y los recursos naturales existentes en ellos.
Uno de los argumentos centrales es el carácter no renovable del petróleo: su extracción constituye una actividad cuyos efectos materiales no pueden revertirse mediante una resolución judicial posterior.
La principal discusión jurídica estará relacionada con la competencia del Tribunal. La CONVEMAR habilita mecanismos para resolver controversias sobre la interpretación y aplicación de sus disposiciones, pero no otorga jurisdicción general para decidir disputas de soberanía territorial.
Por ese motivo, la Argentina plantea que el conflicto debe examinarse desde las obligaciones internacionales vinculadas con la explotación de recursos marítimos y la necesidad de preservar los derechos discutidos, sin requerir una decisión sobre la soberanía de las islas.
El Reino Unido sostiene, por su parte, que las actividades petroleras autorizadas en Malvinas se encuentran amparadas por la normativa aplicable y el derecho internacional.
En el cierre de su comunicado, la Oficina del Presidente reafirmó la posición argentina: “La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
Con la presentación de este martes, la Argentina concretó el paso judicial anunciado a fines de septiembre. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá examinar ahora los cuatro requerimientos formulados por el Gobierno y determinar si existen fundamentos suficientes para disponer medidas provisionales.
La primera definición podría conocerse durante noviembre, mientras las compañías petroleras mantienen sus planes para comenzar las perforaciones de desarrollo en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. La resolución determinará si corresponde establecer restricciones temporales sobre Sea Lion y otras actividades vinculadas con los recursos marítimos en disputa.
Navitas Petroleum,Rockhopper Exploration,plataforma petrolera
El periodista brasileño Rogério Tomaz Jr. cuestionó al Gobierno de Javier Milei después de que las autoridades argentinas le impidieran ingresar al país y lo obligaran a regresar a Brasil. En sus redes sociales, calificó la deportación como “prácticamente un trofeo” y sostuvo que la decisión estuvo vinculada con sus críticas políticas al Presidente.
Tomaz publicó una foto desde el aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, mientras esperaba un vuelo a Brasilia. “Tengo mucho orgullo del camino que elegí y construí en mi vida. Ser deportado, a causa de mis críticas políticas, por un gobierno de narcos, pedófilos, ladrones de criptomoneda y agresores de jubilados es prácticamente un trofeo para mí”, escribió.
En otro mensaje, el periodista se refirió al escenario político de Brasil, donde se enfrentan el presidente Lula da Silva y el candidato opositor Flávio Bolsonaro. “En Brasil (todavía) hay democracia, pero estamos en serio riesgo de convertirnos en una Argentina. ¡Vamos que vamos!”, expresó.
La expulsión también provocó un cruce en redes con el asesor presidencial Santiago Caputo, que había celebrado la medida. “Te falló el operativo, campeón”, publicó el funcionario después de conocerse que Tomaz Jr. no había podido ingresar al país.
El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En un escrito presentado ante el juez Ariel Lijo, pidió 15 nuevas medidas de prueba, entre ellas, que se analice un depósito en efectivo de 620.000 dólares en una cuenta personal del dirigente, así como dinero recibido del Sindicato de Camioneros, cuyo jefe es Hugo Moyano, su exsuegro.
Además, el fiscal pidió enviar un exhorto a Suiza para preguntar a la FIFA por qué le transfirieron casi 190.000 dólares sin que Tapia lo informara en sus declaraciones juradas. También requirió que se levante el secreto bancario y fiscal de su exesposa, Paola Moyano.
Paola Moyano es hija de Hugo Moyano, el líder histórico del Sindicato de Camioneros. Tapia, exyerno de Moyano, llegó a la presidencia de la AFA en 2017 con el respaldo del gremialista, que por entonces presidía Independiente y fue vicepresidente de la AFA en esa gestión.
La causa fue iniciada por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien supo tener negocios con la AFA.
Tapia, además de presidir la AFA, es funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la empresa estatal de residuos del área metropolitana. Ese cargo público es el que permite investigar a Tapia por supuesto enriquecimiento ilícito. La denuncia sostiene que Tapia registró un incremento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024, a partir del análisis de sus declaraciones juradas.
De la documentación que envió el Banco Credicoop al tribunal surgió que el 12 de febrero de 2019, Paola Moyano fue incorporada como firmante de la cuenta corriente en pesos y de la caja de ahorros en dólares de Tapia.
Ese mismo día, en la cuenta en dólares se registró un depósito en efectivo de 620.000 dólares, cuyo origen y motivos se buscan establecer. También ese día se dio de alta una caja de seguridad en la sucursal Plaza Lavalle del mismo banco, de la que Moyano es cotitular con orden indistinta. Además, ella usa tarjetas adicionales Visa y Cabal del investigado.
Pollicita señaló que la mayor parte de los bienes de las declaraciones juradas de Tapia son gananciales. Por eso pidió extender a Paola Moyano el levantamiento de los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero que Lijo ya había dispuesto el 16 de septiembre para Tapia, por el período 2016 a la actualidad.
Exhorto y depósitos
El fiscal le pidió al juez que libre un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA explique tres giros a favor de Tapia: 49.585 dólares de diciembre de 2018, 124.583 dólares en junio de 2019 y 15.408 dólares en marzo de 2020. Suman unos 189.578 dólares.
Según el fiscal, Tapia no declaró ingresos de esa entidad. Pollicita quiere saber además todo lo que la FIFA le pagó desde 2016 en honorarios o viáticos, y por qué cargos.
Otro pedido apunta al Sindicato de Choferes de Camiones, el gremio que conduce Hugo Moyano, suegro de Tapia. Entre enero de 2016 y enero de 2019 hizo 37 acreditaciones por 1.494.678 pesos en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia.
Fueron los únicos ingresos de esa cuenta en el período, pero Tapia solo declaró ingresos del Ceamse, la Conmebol y la AFA. El fiscal pidió al sindicato el legajo de Tapia, sus cargos, recibos de sueldo y fechas de alta y baja.
A la AFA, Pollicita le pidió las actas o resoluciones que autorizaron a emitir a nombre de Tapia tarjetas adicionales Visa, Cabal y American Express Corporate, con sus límites y rendiciones de gastos. También le preguntó si imputó esos consumos como remuneración o anticipo. Además, pidió que explique cinco transferencias a las cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, la mayor de $1.251.000, y la liquidación de los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber cobrado de la entidad.
El fiscal también detectó seis transferencias desde la cuenta de Tapia en el HSBC, por 1.171.070 pesos, a una escribana, Marisa Galarza.
Cinco se hicieron en la misma semana de febrero de 2019 en que se registró el depósito millonario. Pidió a los colegios de escribanos porteño y bonaerense que confirmen su registro. Después se le requerirán las escrituras desde 2016 en las que hayan intervenido Tapia o Moyano, con precio, forma de pago y origen de los fondos.
Entre las demás medidas, Pollicita pidió los legajos de cuatro autos, entre ellos una BMW X4 comprada en junio de 2020, y los vehículos en los que Tapia figuró como “autorizado”.
También solicitó los movimientos de dos subcuentas comitentes en el Credicoop y en el Banco de Servicios y Transacciones.
A la ARCA le pidió que informe si Tapia o Moyano adhirieron al blanqueo de la ley 27.743 e intimó a que en 72 horas la Oficina de Integridad Pública porteña, cuya respuesta consideró incompleta, entregue las declaraciones juradas de Tapia de 2016 a 2022 con sus anexos reservados.
Además, solicitó certificar siete causas en las que Tapia está o estuvo investigado, en los fueros penal económico, criminal y federal de Campana. Entre ellas figura el expediente por evasión de la AFA. El objetivo es reunir toda la información patrimonial que haya en esos expedientes.
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POLITICA
Javier Milei viaja otra vez a Washington: disertaciones, premios y un nuevo gesto de respaldo a Trump
WASHINGTON.- Javier Milei regresa a Estados Unidos en un viaje de 36 horas a esta capital que combinará reconocimientos y disertaciones para defender su programa económico, e incluso cruces con un alto funcionario de la Casa Blanca y un aliado como Eduardo Bolsonaro, pero que también es interpretado aquí como un nuevo gesto de apoyo del líder libertario a Donald Trump en momentos en que su principal aliado internacional está embarcado de lleno en la recta final de la campaña para las cruciales elecciones de medio término del 3 de noviembre.
Si bien el puntapié inicial de su nuevo viaje a este país -el 19° desde que asumió la presidencia- fue la invitación para participar en la Gala Oficial de la Herencia Hispana el miércoles por la noche, Milei tendrá el jueves por la mañana en la sede de la Cámara de Comercio el encuentro con el funcionario de mayor nivel de la administración Trump en su estadía en Washington: el secretario de Energía, Chris Wright.
En Washington, la participación de Wright en ese evento -en el que el Presidente dará un discurso titulado “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”– es visto como otro eslabón en la alianza estratégica entre ambas administraciones en todos los campos, en un momento de particular ebullición en Estados Unidos.
Pese a que faltan solo 20 días para las elecciones que podrían redefinir el segundo tramo del mandato de Trump -las encuestas anticipan un avance de la oposición demócrata en el Capitolio, hoy bajo dominio republicano-, con su viaje a Washington el Presidente dará una nueva señal de su respaldo inequívoco a la Casa Blanca.
“No hay especulación política al respecto”, dijo a una fuente al tanto del viaje presidencial, que en ese sentido recordó el apoyo que Milei le dio a Trump en febrero de 2024, cuando el magnate aún era candidato, en una reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en las afueras de esta capital.
Destacado donante de la última campaña de Trump y con un vínculo muy cercano al mandatario republicano, Wright hará una presentación inicial en nombre del gobierno antes del discurso de Milei, quien además será galardonado con el premio “Campeón global de la libre empresa”, en reconocimiento a su defensa de los principios de la libertad económica.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos, cuya sede está frente al parque Lafayette, a metros de la Casa Blanca, se presenta como la organización empresarial más grande del mundo, y nuclea desde pequeñas empresas y cámaras de comercio de todo el país hasta asociaciones industriales y corporaciones globales. Su presidenta y directora ejecutiva, Suzanne Clark, será la encargada de abrir el evento.
Wright es un funcionario clave de la administración republicana en medio del aumento de los precios de los combustibles en Estados Unidos como consecuencia directa del conflicto en Medio Oriente, uno de los ejes de la actual campaña electoral, y también para la estrategia norteamericana de reconstrucción de la industria petrolera venezolana tras la captura de Nicolás Maduro y el estrecho vínculo forjado con la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
La llegada de Milei a Washington este miércoles por la mañana -en compañía del canciller Pablo Quirno– se produce exactamente un año después de que Trump lo recibiera junto a su comitiva en la Casa Blanca. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se quedará en Buenos Aires para afrontar la agenda política doméstica. En Washington se sumará el embajador ante Estados Unidos, Alec Oxenford.
El miércoles por la noche, Milei participará en la Gala Oficial de la Herencia Hispana, organizada en el auditorio Andrew W. Mellon por la organización Latino Wall Street y La Derecha Diario, medio que controlaba el empresario Fernando Cerimedo (actualmente detenido en Bolivia) y que ahora dirige el español Javier Negre. Ese día, Trump tendrá una ajetreada jornada de campaña, con actos en Arizona y Montana.
El Presidente, que recibirá el “Reconocimiento al liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana” y brindará un discurso, se cruzará en el evento con Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, a quien el Presidente respalda de cara al balotaje del 25 de octubre ante Luiz Inacio Lula da Silva.
“El 14 de octubre en Washington con mi amigo Milei”, posteó el domingo el exdiputado, que vive en Texas y sobre quien pesa una orden de detención del Supremo Tribunal Federal (STF) tras la condena a cuatro años de prisión por presionar al gobierno de Trump para que impusiera sanciones contra Brasil. Hijo del expresidente Jair Bolsonaro, es un nexo clave entre su familia y la Casa Blanca.
A la gala también están invitados, entre otros, los líderes de la CPAC, Matt y Mercedes Schlapp; el exsenador republicano y actual tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, y el congresista republicano Cory Mills (Florida). Los precios de las entradas para participar del evento van desde 3000 dólares hasta los 10.000, lo que permite una ubicación más cercana al Presidente, según el sitio del evento. El dress code es esmoquin.
Latino Wall Street, plataforma enfocada en educación financiera para la comunidad latina, fue fundada por la experta en inversiones peruana Gabriela Berrospi, miembro de Forbes Finance Council y con un programa en la Bolsa de Valores de Nueva York en asociación con FinTech TV, y por su esposo, el empresario tecnológico Tony Delgado, apodado por Trump como “El rey de Puerto Rico” en una reunión en su club Mar-a-Lago tras reconocer su labor para movilizar al voto latino en la campaña de 2024.
En febrero pasado, Milei ya había sido galardonado por Latino Wall Street con el Premio a la Libertad Económica en la Gala de la Prosperidad Hispana en el resort del presidente norteamericano en Palm Beach. Aquella vez, el líder libertario envió un video grabado en el que elogió a Trump.
Otras reuniones
Antes de asistir al auditorio Andrew W. Mellon, el Presidente mantendrá otros dos encuentros en la tarde del miércoles, informó la Casa Rosada. El primero será con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, radicado en California y con quien el mandatario ya se reunió el año pasado en un viaje a Los Ángeles. El emprendedor es presidente de Delphi Interactive, la empresa que, por ejemplo, desarrolló el último videojuego de la FIFA.
Luego, Milei se reunirá con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una de las principales compañías privadas de petróleo no convencional y de gas natural del mundo, y con una creciente presencia en Vaca Muerta.
Hamm, conocido como el padre de la producción no convencional y que fue recibido por Milei el año pasado en la Casa Rosada, está 144 en la lista de multimillonarios de Forbes, con una fortuna estimada en 19.000 millones de dólares.
Hamm es un partidario de larga data de Trump que desempeñó un papel clave en cuestiones energéticas durante el primer mandato del líder republicano, como consejero, pero sin cargos formales. Incluso, fue uno de los apoyos de peso para que Wright fuera designado al frente del Departamento de Energía norteamericano.
En tanto, el jueves por la tarde, luego de su disertación en la Cámara de Comercio, el Presidente dará un discurso en un encuentro en la sede de la embajada argentina, en el barrio de Dupont Circle, enfocado en la lucha contra el antisemitismo, a raíz de que la Argentina tiene la presidencia temporal de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).
En el encuentro, titulado “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”, participará el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos en el monitoreo y combate al antisemitismo, quien este año fue recibido por Milei en la Casa Rosada. También estará el empresario Marcelo Mindlin, en su carácter de presidente de la IHRA.
Milei emprenderá su regreso desde Washington el jueves por la noche, y llegará a Buenos Aires el viernes por la mañana.
@JMilei,pic.twitter.com/esIYjQkqWH,October 11, 2026,@gabywallstreet,pic.twitter.com/iJDCs37THy,February 28, 2026,empresario e inversor argentino,Guillermo Idiart,Javier Milei,Donald Trump,Washington,Conforme a
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