POLITICA
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para endurecer las penas por explotar recursos en las Islas Malvinas
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas luego de que repudiaran el inicio del proyecto Sea Lion, impulsado por dos petroleras extranjeras en territorio argentino. Asimismo, propusieron crear un sistema de seguridad nacional bajo conducción presidencial.
De acuerdo con la iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía), propone derogar la Ley N° 26.659, vigente desde 2011 para penalizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en el área en disputa.
No obstante, las autoridades remarcaron que “la medida no se limita, como el régimen vigente, a las actividades hidrocarburíferas, sino que resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.
En este sentido, ese esquema plantea que toda explotación de recursos naturales renovables y no renovables realizada en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina sin habilitación de una autoridad nacional.
A raíz de esto, las autoridades propusieron que las personas o empresas que desarrollen actividades prohibidas podrían recibir multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y una inhabilitación de entre cinco y 20 años.
La escala penal se endurecerá para los casos vinculados con hidrocarburos. La exploración o explotación de recursos no renovables sin habilitación tendría penas de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos, la condena prevista ascenderá a entre 15 y 20 años, con multas de hasta 3 millones de barriles de petróleo.
También quedarían alcanzados los proveedores que entreguen bienes o servicios considerados esenciales para esas actividades, siempre que conozcan su destino. Así, el proyecto contempla penas de cinco a siete años para esas conductas.
De la misma forma, las sanciones se extenderían a las sociedades que participen en los hechos. Entre otras medidas, podrían sufrir la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años, la imposibilidad de contratar con el Estado y, en casos determinados, su disolución o liquidación.
La inhabilitación alcanzaría contratos, beneficios fiscales y operaciones en Argentina
El régimen propone que una empresa inhabilitada no pueda desarrollar actividades económicas en el país durante el plazo de la sanción. Además, se revocarían sus permisos, cesarían beneficios impositivos o previsionales otorgados por actos particulares y se rescindirían contratos con ejecución total o parcial en territorio argentino o sobre bienes situados en el país.
Para ordenar el retiro de las compañías afectadas, la autoridad de aplicación fijaría un período de cese de entre 30 y 180 días, prorrogable en función de la continuidad de servicios, la situación de trabajadores, acreedores o terceros de buena fe.
El proyecto crea, a la vez, un Régimen de Desistimiento y Regularización. Los infractores que abandonen las prácticas cuestionadas podrán pedir su ingreso, pagar multas o comprometer inversiones en actividades legales dentro de Argentina. Si cumplen las condiciones, se archivarán las actuaciones administrativas y se extinguirá la acción penal, salvo que exista una sentencia firme o reincidencia.
Un Consejo de Seguridad Nacional coordinaría defensa, economía, diplomacia e inteligencia
El segundo eje de la iniciativa es la creación del Sistema de Seguridad Nacional, que reuniría las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas.
Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
El Consejo tendría a su cargo la elaboración de una Política de Seguridad Nacional, que luego debería ser aprobada por el Poder Ejecutivo. Asimismo, podría requerir información y asistencia obligatoria a organismos del sector público nacional y solicitar cooperación a provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios.
En línea con esto, la norma define como infraestructuras críticas a las redes, instalaciones y sistemas públicos o privados indispensables para los servicios esenciales, la salud, la defensa, la economía y el funcionamiento estatal. Las jurisdicciones locales deberían identificarlas y elaborar planes de protección; el Consejo definiría cuáles tienen interés nacional.
La propuesta regula la respuesta ante aeronaves y buques considerados hostiles
El proyecto también establece una secuencia para identificar, interceptar y eventualmente emplear fuerza contra aeronaves que vulneren reglas de vuelo, no se identifiquen o desobedezcan órdenes de autoridades competentes.
La utilización de medidas coercitivas para impedir la continuidad de un vuelo requeriría una orden expresa del Presidente, quien podría delegarla en el ministro de Defensa. El articulado aclara que las decisiones deberán ajustarse al derecho internacional y evitar poner en riesgo a los ocupantes de aeronaves civiles.
En el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, la iniciativa habilita advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización de buques después de agotar medidas menos lesivas. El hundimiento solo podría ordenarse como una medida militar excepcional contra un buque hostil, con autorización previa del Presidente.
Sin embargo, las autoridades ratificaron que estará prohibido hundir un buque civil como sanción, herramienta policial o forma de impedir una fuga.
Las sanciones por amenazas a la seguridad nacional incluirían bloqueos de activos
Por otro lado, el Consejo de Seguridad Nacional podría abrir procedimientos administrativos contra personas o entidades vinculadas a Estados u organizaciones extranjeras que busquen afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones estatales, atacar infraestructuras críticas o financiar esas acciones.
Las penas incluirían multas de entre 30.000 y 180.000 Unidades de Valor Adquisitivo, revocación de permisos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para actuar en sectores considerados estratégicos.
Ante un riesgo grave e inminente, el Consejo podría ordenar restricciones temporales a operaciones cambiarias, transferencias, importaciones y exportaciones; bloquear fondos; suspender permisos; o elevar derechos de importación y exportación hasta un máximo del 75% para el Estado extranjero involucrado.
También se modificarán normas de defensa, financiamiento político e inteligencia
La propuesta también reforma la Ley de Defensa Nacional para incorporar riesgos y amenazas externas estatales y no estatales, tanto “cinéticos” como “no cinéticos”, y prevé el empleo de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructuras críticas de interés nacional cuando corresponda.
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En materia electoral, prohíbe que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña y propaganda. Además, incorpora figuras penales vinculadas con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera, filtración de secretos y campañas masivas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales.
Por último, eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET, bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera. El mecanismo permitiría inmovilizar bienes y restringir operaciones de personas o entidades registradas, con posterior intervención judicial.
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POLITICA
Un gobernador peronista cruzó a Milei por sus críticas a su gestión: “Me opondré siempre a que haya personas como usted”
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a cruzar en redes sociales al presidente Javiel Milei, quien lo había cuestionado por no adherir al RIGI.
“Qué fácil es viajar a Catamarca a agredir a las provincias y repartir insultos desde un atril, mientras se esconde el desastre de un modelo que prometió crecimiento y solo trae recesión”, afirmó Quintela en sus redes sociales. “De la pretensión mesiánica de ser el ‘faro de la libertad mundial’ y convertirnos en Alemania, pasamos a ser el aguantadero de los trabajos sucios de una asociación ilícita continental«, añadió.
“Milei se comporta como un peón obediente de mandatos ajenos, más preocupado por cumplir con foros internacionales que por atender el sufrimiento de las familias argentinas”, expresó el mandatario. “Me opuse, me opongo y me opondré siempre que haya personas como usted, presidente, que quieran entregar nuestros recursos naturales sin dejar beneficios concretos ni desarrollo para las provincias», remarcó.
“Capaz que, entre tantos viajes y países recorridos, no se enteró de los más de 20 proyectos que se están trabajando en La Rioja sin necesidad del RIGI”, chicaneó Quintela. “Para que sepa y no repita mentiras, los Chachos son una herramienta financiera que impulsamos para acompañar a los trabajadores y fortalecer la economía local frente al abandono nacional», destacó.
POLITICA
El presidente de la Corte bonaerense dijo que las vacantes complican mucho “el trabajo diario” del tribunal
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, admitió problemas para el funcionamiento del máximo tribunal debido a las cuatro vacantes existentes. La Corte provincial se maneja con solo tres integrantes desde 2024.
“Tenemos cuatro vacantes sobre siete jueces. Estamos abajo del mínimo requerido para sesionar. Eso nos complica, y mucho, el trabajo diario, y afecta el servicio de Justicia”, afirmó Torres en declaraciones al medio La Brújula 24, de Bahía Blanca.
“En el último mes, firmé más de 1700 sentencias y resoluciones, entre Presidencia y mi rol jurisdiccional”, calculó el presidente de la Suprema Corte bonaerense, tribunal que comparte con Hilda Kogan y Daniel Soria.
En 2024, cuando renunció el juez Luis Genoud (fallecido el año pasado), la Corte provincial quedó con tres integrantes, sobre siete. Para funcionar, debe convocar a un cuarto juez.
En abril, Torres encabezó la presentación de un proyecto de ley de autarquía y reclamó la cobertura de las vacantes en el máximo tribunal provincial. En esa ocasión, en el Palacio de Tribunales provincial, señaló que “la cobertura de las vacantes en la Corte no es una cuestión de política menor”, y remarcó que se trata de “una condición constitucional básica para garantizar el gobierno del Poder Judicial y el ejercicio pleno de las competencias de la Constitución”.
Al referirse a las vacantes en todo el Poder Judicial provincial, el presidente de la Suprema Corte bonaerense afirmó: “Tenemos necesidad de cobertura de muchos cargos. Sin ser una situación de colapso, afecta el sistema de Justicia. Desde la Corte, hemos exhortado a los poderes constitucionales, el Ejecutivo y el Legislativo, a la cobertura de las vacantes”.
Según los últimos datos relevados por el máximo tribunal provincial, 17% de los cargos de jueces bonaerenses están vacantes. El fuero con más puestos sin cubrir es el penal juvenil, con 33% por designar. En el fuero civil y comercial, la vacancia es de 13%; en el penal, de 15%; en el laboral, de 19%, al igual que en el de familia; en el comercial, de 22%, y en la Justicia de Paz, del 16%.
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POLITICA
La ayuda oficial para la huida de Bolsonaro complica cada vez más la relación bilateral entre la Argentina y Brasil
La reconocida participación del gobierno argentino en el operativo de salida del senador liberal Flavio Bolsonaro desde Brasil hacia los Estados Unidos le dio un duro golpe adicional a un vínculo político bilateral ya maltrecho desde hace años entre Buenos Aires y Brasilia.
Es esta la sensación en ámbitos diplomáticos de ambos países, luego de conocido el discreto y breve paso de Bolsonaro por Misiones en su camino hacia Miami. Previo a este episodio, como otro antecedente de peso, sobresale el no reconocimiento por parte de Javier Milei del triunfo del domingo pasado de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral contra el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
Más allá de que ninguno de los dos presidentes se pronunció sobre el futuro del vínculo tras el nuevo episodio, la fuerte apuesta de Milei por Bolsonaro desde el principio de la campaña electoral–participó del lanzamiento oficial de su postulación, a fines de julio en San Pablo- sumó mucho más ruido a una relación ya de por sí áspera y conflictiva entre ambos presidentes. Milei y Lula se evitan desde hace rato en cada compromiso regional o internacional en el que coinciden y rebajaron desde agosto pasado el vínculo diplomático a la categoría de encargados de Negocios.
Con los insultos de Milei hacia Lula en los días previos a la segunda vuelta del domingo pasado (lo tildó de “ladrón” y puso en duda la transparencia del conteo de votos) como último intercambio, nadie cree que, en el corto plazo, Daniel Raimondi pueda regresar a Brasilia como embajador, e igual de lejano se ve el retorno de Julio Bitelli como embajador de Brasil en Buenos Aires.
Luego de conocido el resultado de las elecciones, Milei dispuso que no hubiese reconocimiento oficial al ganador. “El Gobierno tomó nota del resultado electoral en Brasil”, dijo el martes el portavoz Adrián Ravier, dejando claro que no habría comunicado de felicitación al ganador. “Argentina y Brasil son dos pueblos hermanos, para Javier Milei son más importantes los pueblos que las ideologías”, agregó Ravier, y estimó que “seguiremos trabajando como siempre dentro del Mercosur”, a pesar de “las diferencias ideológicas”.
La postura de no reconocimiento a Lula, en línea con las dudas que mostrara el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (habló de una elección “amañada”), fue enarbolada sobre todo por el sector que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, aunque no fue homogénea dentro del Gobierno.
La senadora Patricia Bullrich afirmó este miércoles que “la gente decide en las urnas y su voluntad se respeta”. Un modo concreto de reconocer el triunfo del presidente brasileño, aunque se mostró crítica de “la utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición”, en referencia a las acusaciones judiciales contra los Bolsonaro.
Los aliados de Pro, más proclives a intentar mejorar el vínculo bilateral, afirmaron en un comunicado que “Brasil ya eligió”, y afirmaron que “Argentina necesita una política exterior que sepa dialogar más allá de las diferencias y que defienda siempre el interés de los argentinos”, un sutil modo de diferenciarse de la reacción del gobierno de Milei ante el resultado electoral.
Desde ese sector, que se mantiene como aliado de La Libertad Avanza, se mostraron preocupados por la continuidad de la relación entre ambos países luego de la salida de Bolsonaro desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, hacia Guayaquil y Miami.
Desde el peronismo, en tanto, sugieren que con este episodio “Milei comenzó una etapa de aislamiento”, y dan como ejemplos los llamados al trabajo conjunto que Lula hizo después de su triunfo a presidentes de derecha, como el chileno José Antonio Kast y el colombiano Abelardo de la Espriella, ambos de buena sintonía con el libertario.
Milei y Lula podrían cruzarse en próximos eventos internacionales, como la Cumbre Iberoamericana, en España, la semana que viene; la cumbre de presidentes del Mercosur, el 4 de diciembre en Montevideo, y la cumbre del G20, en Mar-a-Lago, diez días después. “Difícil que haya reconciliación entre ambos”, estimaron fuentes diplomáticas. Una curiosidad: el último encuentro del Mercosur en el que Lula y Milei coincidieron fue, precisamente, en Foz de Iguazú, en diciembre del año pasado. Todo fue distancia y frialdad entre ellos durante el breve lapso que compartieron, frente a las Cataratas del Iguazú.
Sin planes de reconocimiento oficial al ganador, desde el Gobierno destacan que, al margen de las cuestiones electorales, el vínculo comercial y diplomático entre la Argentina y Brasil continuará como hasta ahora. “A nivel técnico se sigue trabajando y mucho”, dijo una voz autorizada de la gestión libertaria, relativizando el impacto de este nuevo desencuentro, que ensombrece un poco más el vínculo político entre los principales socios del Mercosur.
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