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El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para endurecer las penas por explotar recursos en las Islas Malvinas

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El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas luego de que repudiaran el inicio del proyecto Sea Lion, impulsado por dos petroleras extranjeras en territorio argentino. Asimismo, propusieron crear un sistema de seguridad nacional bajo conducción presidencial.

De acuerdo con la iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía), propone derogar la Ley N° 26.659, vigente desde 2011 para penalizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en el área en disputa.

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No obstante, las autoridades remarcaron que “la medida no se limita, como el régimen vigente, a las actividades hidrocarburíferas, sino que resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.

En este sentido, ese esquema plantea que toda explotación de recursos naturales renovables y no renovables realizada en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina sin habilitación de una autoridad nacional.

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A raíz de esto, las autoridades propusieron que las personas o empresas que desarrollen actividades prohibidas podrían recibir multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y una inhabilitación de entre cinco y 20 años.

La escala penal se endurecerá para los casos vinculados con hidrocarburos. La exploración o explotación de recursos no renovables sin habilitación tendría penas de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos, la condena prevista ascenderá a entre 15 y 20 años, con multas de hasta 3 millones de barriles de petróleo.

También quedarían alcanzados los proveedores que entreguen bienes o servicios considerados esenciales para esas actividades, siempre que conozcan su destino. Así, el proyecto contempla penas de cinco a siete años para esas conductas.

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De la misma forma, las sanciones se extenderían a las sociedades que participen en los hechos. Entre otras medidas, podrían sufrir la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años, la imposibilidad de contratar con el Estado y, en casos determinados, su disolución o liquidación.

La inhabilitación alcanzaría contratos, beneficios fiscales y operaciones en Argentina

El régimen propone que una empresa inhabilitada no pueda desarrollar actividades económicas en el país durante el plazo de la sanción. Además, se revocarían sus permisos, cesarían beneficios impositivos o previsionales otorgados por actos particulares y se rescindirían contratos con ejecución total o parcial en territorio argentino o sobre bienes situados en el país.

La plataforma petrolera Sea Lion opera en las aguas del océano Atlántico sin autorización del Estado argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ordenar el retiro de las compañías afectadas, la autoridad de aplicación fijaría un período de cese de entre 30 y 180 días, prorrogable en función de la continuidad de servicios, la situación de trabajadores, acreedores o terceros de buena fe.

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El proyecto crea, a la vez, un Régimen de Desistimiento y Regularización. Los infractores que abandonen las prácticas cuestionadas podrán pedir su ingreso, pagar multas o comprometer inversiones en actividades legales dentro de Argentina. Si cumplen las condiciones, se archivarán las actuaciones administrativas y se extinguirá la acción penal, salvo que exista una sentencia firme o reincidencia.

Un Consejo de Seguridad Nacional coordinaría defensa, economía, diplomacia e inteligencia

El segundo eje de la iniciativa es la creación del Sistema de Seguridad Nacional, que reuniría las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas.

Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.

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El Consejo tendría a su cargo la elaboración de una Política de Seguridad Nacional, que luego debería ser aprobada por el Poder Ejecutivo. Asimismo, podría requerir información y asistencia obligatoria a organismos del sector público nacional y solicitar cooperación a provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios.

En línea con esto, la norma define como infraestructuras críticas a las redes, instalaciones y sistemas públicos o privados indispensables para los servicios esenciales, la salud, la defensa, la economía y el funcionamiento estatal. Las jurisdicciones locales deberían identificarlas y elaborar planes de protección; el Consejo definiría cuáles tienen interés nacional.

La propuesta regula la respuesta ante aeronaves y buques considerados hostiles

El proyecto también establece una secuencia para identificar, interceptar y eventualmente emplear fuerza contra aeronaves que vulneren reglas de vuelo, no se identifiquen o desobedezcan órdenes de autoridades competentes.

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El barco Bluewater, uno de los buques vinculados al proyecto Sea Lion (Bluewater)

La utilización de medidas coercitivas para impedir la continuidad de un vuelo requeriría una orden expresa del Presidente, quien podría delegarla en el ministro de Defensa. El articulado aclara que las decisiones deberán ajustarse al derecho internacional y evitar poner en riesgo a los ocupantes de aeronaves civiles.

En el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, la iniciativa habilita advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización de buques después de agotar medidas menos lesivas. El hundimiento solo podría ordenarse como una medida militar excepcional contra un buque hostil, con autorización previa del Presidente.

Sin embargo, las autoridades ratificaron que estará prohibido hundir un buque civil como sanción, herramienta policial o forma de impedir una fuga.

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Las sanciones por amenazas a la seguridad nacional incluirían bloqueos de activos

Por otro lado, el Consejo de Seguridad Nacional podría abrir procedimientos administrativos contra personas o entidades vinculadas a Estados u organizaciones extranjeras que busquen afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones estatales, atacar infraestructuras críticas o financiar esas acciones.

Las penas incluirían multas de entre 30.000 y 180.000 Unidades de Valor Adquisitivo, revocación de permisos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para actuar en sectores considerados estratégicos.

Ante un riesgo grave e inminente, el Consejo podría ordenar restricciones temporales a operaciones cambiarias, transferencias, importaciones y exportaciones; bloquear fondos; suspender permisos; o elevar derechos de importación y exportación hasta un máximo del 75% para el Estado extranjero involucrado.

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También se modificarán normas de defensa, financiamiento político e inteligencia

La propuesta también reforma la Ley de Defensa Nacional para incorporar riesgos y amenazas externas estatales y no estatales, tanto “cinéticos” como “no cinéticos”, y prevé el empleo de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructuras críticas de interés nacional cuando corresponda.

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En materia electoral, prohíbe que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña y propaganda. Además, incorpora figuras penales vinculadas con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera, filtración de secretos y campañas masivas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales.

Por último, eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET, bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera. El mecanismo permitiría inmovilizar bienes y restringir operaciones de personas o entidades registradas, con posterior intervención judicial.

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Guillermo Montenegro volvió a asumir como intendente y reconoció que Mar del Plata vive un problema “muy grave” con la inseguridad

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MAR DEL PLATA.- Enfocado en reforzar la seguridad como prioridad de su gestión, Guillermo Montenegro retomó este miércoles la conducción del gobierno municipal de General Pueyrredón tras su breve paso por el Senado provincial, donde estuvo diez meses en el bloque de Pro a pesar de haber ingresado por la boleta de La Libertad Avanza.

“Existe en nuestra ciudad un problema muy grave con relación a la seguridad y tomé la decisión de ponerme al frente”, dijo Montenegro, y advirtió que ahora “hay que generar coordinación con los actores que deben trabajar en la ciudad para volver a que el destino se sienta libre, porque lo que afecta a la seguridad es la falta de libertad”.

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En conferencia de prensa, que se convirtió en una de sus primeras acciones en este retorno al gobierno, contó que habló con el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, y también con el presidente Javier Milei sobre los problemas de inseguridad.

“Todos tienen que ser parte de la solución y no del problema”, dijo, e incluyó a la Justicia, con fiscales y jueces. Además, advirtió que frente a la inseguridad “no puede haber aprovechamiento político” y por eso ratificó que, si bien tiene grandes diferencias con Kicillof, no existen en este tema.

Guillermo Montenegro, intendente de General PueyrredónMauro V. Rizzi

Retornó al frente del Poder Ejecutivo municipal tras casi diez meses como legislador bonaerense. Durante ese período delegó la gestión en Agustín Neme, concejal que encabezó su lista de candidatos en aquella elección de 2023 en la que logró su reelección y que desde diciembre de ese año hasta diciembre pasado había sido presidente del bloque oficialista en el deliberativo.

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“Hay una realidad que en estos últimos diez meses cambió y tengo que dar las respuestas y ponerme al frente”, afirmó Montenegro para explicar los motivos que lo llevaron a regresar a su cargo original y relegar su mandato como senador bonaerense, con el que integraba el bloque de La Libertad Avanza.

Su regreso se conoció casi en coincidencia con el paso por Mar del Plata de la senadora nacional Patricia Bullrich, participante del Coloquio de IDEA que se realizó la semana última en un hotel frente al Golf Club de Playa Grande. “Mar del Plata está en una crisis de seguridad muy fuerte. Los ciudadanos están indefensos”, afirmó la senadora en su paso por la ciudad.

Montenegro corrió a Neme de la responsabilidad sobre este escenario comprometido y se hizo cargo del rumbo del gobierno municipal, aun durante su ausencia: “La responsabilidad de esta gestión es mía y me hago responsable, me pongo al frente para buscar las soluciones y que esto funcione como corresponde”, afirmó.

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Incluso dejó traslucir un escenario de cierta laxitud en el distrito frente al incremento de robos y hechos violentos, algunos de los cuales muy graves y de notoria trascendencia mediática nacional. “El delincuente está cómodo y es algo que tenemos que modificar”, describió el intendente y pidió respaldo para las fuerzas de seguridad. Y remarcó que “hay un solo enemigo y es el delincuente”.

Casi en coincidencia con el desarrollo de la conferencia de prensa, se conocían detalles de un robo en modalidad “entradera” que sufrió una pareja de jubilados la noche anterior, en el barrio Los Troncos. Es un perfil de hechos que se viene reiterando y en zonas muy concurridas e incluso con mejor equipamiento de seguridad.

El despliegue policial se reforzó en la ciudad desde los primeros días de agosto, luego de dos crímenes en ocasión de robo, un femicidio y una brutal entradera en el barrio “San Carlos” que quedó registrada por el sistema de monitoreo que disponían las víctimas y cuyas imágenes trascendieron en los medios.

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Montenegro reconoció que la posibilidad de sumar refuerzos de fuerzas federales, también insinuados por Bullrich el pasado viernes, es una posibilidad abierta.

Crisis económica

Si bien la seguridad está a tope de las preocupaciones, el intendente regresa a una gestión que tiene otras complicaciones y urgencias. Entre ellas, la dinámica económica, la cercanía de una nueva temporada de verano todavía cargada de incertidumbre y las fuentes de trabajo frente a índices de desempleo que aquí siempre preocupan.

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“Hay que trabajar pensando que el empleo de calidad lo va a generar el privado”, insistió sobre otro de los ejes de su gestión, siempre enfocado en facilitar el desarrollo de inversiones y la generación de mano de obra en sus distintas alternativas.

No brindó precisiones sobre posibles cambios en su gabinete que se podrían dar en un intento por refrescar la gestión y afrontar los 14 meses que le quedan como intendente con otro impulso.

También respondió sobre otro de los temas que han generado mayor volumen de acusaciones desde la oposición, la concesión a privados del Estadio Mundialista, el Polideportivo Islas Malvinas y espacios del Parque Municipal de Deportes. La empresa que ganó la licitación y administra esos escenarios perdió socios inversores y no se ven mejoras en infraestructura que se habían comprometido. “Habrá obras, tengo mucha tranquilidad”, dijo Montenegro para aclarar luego que se cerró una causa judicial que se había iniciado por el tema e insistió en que lo importante es que en esos espacios “estén las obras, haya espectáculos y se genere laburo”.

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Darío Palavecino,Mar del Plata,Conforme a

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El Gobierno denunciará a los estudiantes universitarios que tomaron la Secretaría de Educación: “Por la fuerza, nada”

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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, publicó un contundente mensaje en medio del reclamo estudiantil que se lleva adelante en la sede de la Secretaría de Educación de la Nación.

“Por la fuerza, nada”, escribió la ministra y citó al presidente Javier Milei.

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El ministerio también emitió un comunicado donde adelantó que denunciarán la toma. “Durante el día de hoy, un grupo de manifestantes universitarios llevó adelante una toma violenta del Palacio Sarmiento, edificio donde funciona la Secretaría de Educación, dependiente de esta cartera, provocando daños al patrimonio público”.

“La evacuación del edificio fue posible gracias al trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal Argentina, a través de las autoridades y los efectivos a cargo del operativo, cuya intervención permitió recuperar las instalaciones”, se lee en el texto publicado por el organismo que conduce Pettovello.

Ante estos hechos, agregó el comunicado, “el Ministerio realizara la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”.

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“Desde el Ministerio de Capital Humano reafirmamos que el dialogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo. No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta. El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”, concluyó el texto.

La protesta comenzó con una sentada frente al Palacio Pizzurno y minutos después los estudiantes entraron a la sede de la cartera que encabeza Carlos Torrendell. Allí resolvieron mantener una permanencia pacífica.

Noticia que está siendo actualizada.-

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Educación, Sandra Pettovello, Javier Milei

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Bullrich se involucra en la campaña porteña de LLA a través de un legislador de confianza

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Aunque todavía no definió si competirá en las elecciones a jefe de gobierno porteño en 2027, Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, ya se involucra en el preámbulo de la campaña en la ciudad de Buenos Aires.

Según pudo saber , la exministra de Seguridad, que por estas semanas desafía a Javier Milei al plantear públicamente sus reparos a la gestión nacional, se inmiscuye en la estrategia comunicacional de la filial porteña de LLA –comandada por Pilar Ramírez– a través del legislador Juan Pablo Arenaza, un dirigente del círculo íntimo de Bullrich que la acompaña en su trayectoria política hace prácticamente un cuarto de siglo.

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Arenaza aportará su expertise, adquirida en más de dos décadas de asesorar a la hoy senadora en sus distintas campañas electorales. Ahora, comentará sus ideas y consejos a LLA Capital.

Entre estas sugerencias, figuran una mejor comunicación del espacio, “arriesgada” y poco tradicional; la diferenciación del jefe de gobierno, Jorge Macri; y una mayor aparición de los referentes porteños en los medios, especialmente de Nicolás Pakgojz, Juan Ignacio Fernández y Arenaza, que será una suerte de vocero en temas de seguridad, presupuestarios y políticos. “Bullrichismo puro”, definió una fuente al tanto de estos movimientos.

Los legisladores de LLA Juan Pablo Arenaza y Pilar RamírezJuan Pablo Arenaza

Más allá del lugar que Ramírez, jefa del bloque libertario en la Legislatura y delegada porteña de Karina Milei, le otorgó a Arenaza –tienen buen trato–, el legislador cuenta con el aval de su jefa política. Le planteó su desembarco en la campaña de LLA y Bullrich le dio su aprobación, además de ponerse a disposición para coordinar comunicaciones con el bloque si fuera necesario.

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Lejos de plantear un desafío a Ramírez, Bullrich pretende “colaborar” para “posicionar” al partido de cara a los comicios locales de 2027. La jefa porteña de LLA sigue teniendo la última palabra en la Capital, también en materia de comunicación.

Fuentes de la bancada libertaria remarcaron a que Arenaza es un “buen vocero que expone de forma clara las ideas de LLA” y que “conoce al dedillo los temas de la Ciudad”. Además, dijeron que tienen en mente “sumar nuevos voceros” y que, si bien todavía no se conformó una mesa de estrategas para 2027, el legislador “siempre aporta ideas y sugerencias”.

Patricia Bullrich y Juan Pablo Arenaza en las elecciones 2023Juan Pablo Arenaza

La voluntad de posicionar a LLA en el bastión macrista no quita que Bullrich sea la única libertaria que dice con firmeza que deben sellar una alianza con Pro en Buenos Aires. Sin embargo, en el universo bullrichista puntualizan: “No es un acuerdo por un acuerdo, así nomás. Es con condiciones, y con condiciones duras”. En concreto, un gobierno de coalición que siga un plan delineado por los libertarios, en el que ellos comanden distintos ministerios y se adueñen del control parlamentario.

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Pero en la Ciudad todavía no rige un clima de acuerdo. Ahora entienden que es momento de mostrar los dientes. De hecho, en las últimas semanas, Jorge Macri, que ya dijo que buscará la reelección, anunció una baja del impuesto a las patentes, con lo que incumplió la promesa que le había hecho a LLA de que ellos impulsarían esa medida en la Legislatura. Además, se diferenció de Milei en la discusión por la eliminación de las PASO, al decir que prefiere debatir el asunto con la mira en los comicios de 2031, y no para el año próximo. Apenas días después, los libertarios supeditaron su acompañamiento al presupuesto porteño a una serie de propuestas propias, entre ellas la eliminación de las PASO a nivel local.

A Bullrich “no le gusta” el jefe de gobierno y es crítica de su gestión, aseguran. Pero podría apoyar su candidatura si se llegara a un entendimiento electoral. Sin embargo, deslizan que “el candidato puede ser de LLA”. ¿Y ella? La senadora dijo a una semana atrás que tiene “toda la posibilidad y toda la capacidad” para postularse. No obstante, advirtió que la decisión aún no está tomada, y en su entorno deslizan que “por ahora” prefiere competir a nivel nacional.

Patricia Bullrich y Jorge Macri

En paralelo, Bullrich tiene en cuenta el apoyo de los porteños dentro de su propio electorado, uno de sus principales activos. El año pasado, la lista que encabezó superó el 50% de los votos. Y en 2023 la Ciudad fue el único distrito donde su candidatura presidencial ganó en los comicios generales –tras los que quedó fuera de competencia–: sacó 41,2% en la Capital, frente al 23,8% a nivel nacional.

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Soldado de Bullrich

El gobierno de la Alianza había caído hacía apenas dos meses cuando un joven Arenaza, de 29 años, leyó en el diario que Bullrich, exministra de Trabajo de Fernando de la Rúa, haría un acto en el Hotel Panamericano. No solo le atraía su pelea con Hugo Moyano, histórico líder del Sindicato de Camioneros, sino que además estudiaba Ciencia Política y buscaba trabajo. Le dijo –palabras más, palabras menos– que quería aprender y trabajar, y ella le abrió los brazos con un “venite conmigo”. Corría febrero de 2002.

Desde entonces, acompañó a Bullrich en al menos cinco contiendas, incluso en la de 2023, en la que fue su jefe de campaña: algunas experiencias fueron fallidas y otras exitosas; para jefa de gobierno, diputada nacional y presidenta. Esa lealtad lo convirtió en una pieza fundamental de la mesa chica de la senadora.

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Patricia Bullrich y Juan Pablo ArenazaJuan Pablo Arenaza

Arenaza cursa actualmente su cuarto mandato como legislador porteño. Ocupa una banca desde 2009 y solo hizo un paréntesis entre 2017 y 2021, cuando fue subsecretario de Participación Ciudadana en Seguridad, en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Su carrera siguió los cambios de piel de Bullrich: llegó a la Legislatura por Acuerdo Cívico y Social, una alianza entre la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, y luego pasó por Unión Pro, Juntos por el Cambio y LLA.

Patricia Bullrich y Juan Pablo ArenazaJuan Pablo Arenaza

El año pasado revalidó su banca. Ocupó el quinto lugar en la lista libertaria que encabezó Manuel Adorni. Hoy Bullrich cuenta con dos alfiles en la Legislatura: Arenaza y Silvia Imas. Pero en el entorno de Arenaza se jactan de que nadie estuvo tanto tiempo en la cocina bullrichista.

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