POLITICA
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para endurecer las penas por explotar recursos en las Islas Malvinas

El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas luego de que repudiaran el inicio del proyecto Sea Lion, impulsado por dos petroleras extranjeras en territorio argentino. Asimismo, propusieron crear un sistema de seguridad nacional bajo conducción presidencial.
De acuerdo con la iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía), propone derogar la Ley N° 26.659, vigente desde 2011 para penalizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en el área en disputa.
No obstante, las autoridades remarcaron que “la medida no se limita, como el régimen vigente, a las actividades hidrocarburíferas, sino que resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.
En este sentido, ese esquema plantea que toda explotación de recursos naturales renovables y no renovables realizada en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina sin habilitación de una autoridad nacional.
A raíz de esto, las autoridades propusieron que las personas o empresas que desarrollen actividades prohibidas podrían recibir multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y una inhabilitación de entre cinco y 20 años.
La escala penal se endurecerá para los casos vinculados con hidrocarburos. La exploración o explotación de recursos no renovables sin habilitación tendría penas de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos, la condena prevista ascenderá a entre 15 y 20 años, con multas de hasta 3 millones de barriles de petróleo.
También quedarían alcanzados los proveedores que entreguen bienes o servicios considerados esenciales para esas actividades, siempre que conozcan su destino. Así, el proyecto contempla penas de cinco a siete años para esas conductas.
De la misma forma, las sanciones se extenderían a las sociedades que participen en los hechos. Entre otras medidas, podrían sufrir la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años, la imposibilidad de contratar con el Estado y, en casos determinados, su disolución o liquidación.
La inhabilitación alcanzaría contratos, beneficios fiscales y operaciones en Argentina
El régimen propone que una empresa inhabilitada no pueda desarrollar actividades económicas en el país durante el plazo de la sanción. Además, se revocarían sus permisos, cesarían beneficios impositivos o previsionales otorgados por actos particulares y se rescindirían contratos con ejecución total o parcial en territorio argentino o sobre bienes situados en el país.

Para ordenar el retiro de las compañías afectadas, la autoridad de aplicación fijaría un período de cese de entre 30 y 180 días, prorrogable en función de la continuidad de servicios, la situación de trabajadores, acreedores o terceros de buena fe.
El proyecto crea, a la vez, un Régimen de Desistimiento y Regularización. Los infractores que abandonen las prácticas cuestionadas podrán pedir su ingreso, pagar multas o comprometer inversiones en actividades legales dentro de Argentina. Si cumplen las condiciones, se archivarán las actuaciones administrativas y se extinguirá la acción penal, salvo que exista una sentencia firme o reincidencia.
Un Consejo de Seguridad Nacional coordinaría defensa, economía, diplomacia e inteligencia
El segundo eje de la iniciativa es la creación del Sistema de Seguridad Nacional, que reuniría las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas.
Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
El Consejo tendría a su cargo la elaboración de una Política de Seguridad Nacional, que luego debería ser aprobada por el Poder Ejecutivo. Asimismo, podría requerir información y asistencia obligatoria a organismos del sector público nacional y solicitar cooperación a provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios.
En línea con esto, la norma define como infraestructuras críticas a las redes, instalaciones y sistemas públicos o privados indispensables para los servicios esenciales, la salud, la defensa, la economía y el funcionamiento estatal. Las jurisdicciones locales deberían identificarlas y elaborar planes de protección; el Consejo definiría cuáles tienen interés nacional.
La propuesta regula la respuesta ante aeronaves y buques considerados hostiles
El proyecto también establece una secuencia para identificar, interceptar y eventualmente emplear fuerza contra aeronaves que vulneren reglas de vuelo, no se identifiquen o desobedezcan órdenes de autoridades competentes.

La utilización de medidas coercitivas para impedir la continuidad de un vuelo requeriría una orden expresa del Presidente, quien podría delegarla en el ministro de Defensa. El articulado aclara que las decisiones deberán ajustarse al derecho internacional y evitar poner en riesgo a los ocupantes de aeronaves civiles.
En el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, la iniciativa habilita advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización de buques después de agotar medidas menos lesivas. El hundimiento solo podría ordenarse como una medida militar excepcional contra un buque hostil, con autorización previa del Presidente.
Sin embargo, las autoridades ratificaron que estará prohibido hundir un buque civil como sanción, herramienta policial o forma de impedir una fuga.
Las sanciones por amenazas a la seguridad nacional incluirían bloqueos de activos
Por otro lado, el Consejo de Seguridad Nacional podría abrir procedimientos administrativos contra personas o entidades vinculadas a Estados u organizaciones extranjeras que busquen afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones estatales, atacar infraestructuras críticas o financiar esas acciones.
Las penas incluirían multas de entre 30.000 y 180.000 Unidades de Valor Adquisitivo, revocación de permisos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para actuar en sectores considerados estratégicos.
Ante un riesgo grave e inminente, el Consejo podría ordenar restricciones temporales a operaciones cambiarias, transferencias, importaciones y exportaciones; bloquear fondos; suspender permisos; o elevar derechos de importación y exportación hasta un máximo del 75% para el Estado extranjero involucrado.
También se modificarán normas de defensa, financiamiento político e inteligencia
La propuesta también reforma la Ley de Defensa Nacional para incorporar riesgos y amenazas externas estatales y no estatales, tanto “cinéticos” como “no cinéticos”, y prevé el empleo de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructuras críticas de interés nacional cuando corresponda.
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En materia electoral, prohíbe que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña y propaganda. Además, incorpora figuras penales vinculadas con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera, filtración de secretos y campañas masivas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales.
Por último, eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET, bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera. El mecanismo permitiría inmovilizar bienes y restringir operaciones de personas o entidades registradas, con posterior intervención judicial.
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POLITICA
El caso de la quinta de Pilar: la Corte resolvió que la causa por presunto lavado de dinero en la AFA pase al juzgado de Rafecas

La Corte Suprema resolvió hoy que sea el juzgado federal de Daniel Rafecas el que investigue la causa en disputa por presunto lavado de dinero y desvío de fondos provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que incluye el caso de la quinta de Villa Rosa, en Pilar, sospechada de pertenecer en las sombras a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
La Corte dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había resuelto que, como pretendían las defensas, la investigación la llevara adelante el juzgado federal de Campana, cuyo titular es Adrián González Charvay.
Los tres jueces de la Corte –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti– sostuvieron que ese fallo de la Casación afectó de “modo severo e inequívoco” la garantía de juez natural; que cometió una “grosera” violación a las reglas de la competencia y que incurrió en un evidente apartamiento de las constancias de la causa y de las normas aplicables.
La Corte afirmó que la sentencia, firmada por los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, “omitió deliberadamente” analizar los argumentos planteados por la fiscalía, que había sostenido que le correspondía intervenir a la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires.
“No se investiga exclusivamente la adquisición de un inmueble emplazado en la localidad de Villa Rosa -dijo la Corte-, sino una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas, modificaciones societarias y diversas operaciones patrimoniales”. La Corte destacó que “a medida que avanzó la pesquisa, el objeto procesal fue ampliándose mediante sucesivos requerimientos de instrucción fiscal, a partir de nuevas denuncias y de los elementos que fueron incorporándose al expediente”.
Rafecas, que ahora reasumirá el expediente, podría dejar su juzgado en cualquier momento porque está a un paso de ser nombrado juez de la Cámara Nacional de Casación Penal (la casación ordinaria, no federal). Cuando eso ocurra, dejará Comodoro Py y alguno de sus actuales colegas asumirá como subrogante en su juzgado y, por ende, en esta causa.
La historia del caso
La causa se inició por una denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, que figuran como quienes adquirieron, a través de la firma Real Central SRL, la quinta de Villa Rosa, en Pilar. La sospecha es que son testaferros porque de las pruebas reunidas surge que no tendrían la capacidad económica suficiente para justificar esa operación. Pantano es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de más de 2.000.000 de pesos. Conte, su madre, es jubilada y durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.
La causa le tocó a Rafecas, en los tribunales de Comodoro Py, pero este juez se declaró incompetente y envió el expediente al fuero penal económico, que tampoco asuimó el caso. Quedó así configurada la primera pelea de competencia.
La causa volvió entonces a Comodoro Py y la Cámara Federal dijo que le correspondía intervenir al fuero penal económico.
Pero la defensa se presentó entonces en el juzgado federal de Campana. Sostuvo que era el tribunal territorialmente competente para tomar el caso porque la quinta está dentro de su jurisdicción.
El juzgado federal de Campana hizo lugar a ese planteo y le reclamó el expediente al juzgado en lo penal económico, que se negó a enviárselo. Argumentó que la investigación no se centraba en el inmueble de Pilar, sino en supuestas maniobras de administración fraudulenta de los directivos de la AFA, cuyo domicilio estaba en la ciudad de Buenos Aires.
Esta disputa por la competencia fue resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín en favor del juzgado federal de Campana, pero la historia no había terminado.
La fiscalía apeló y el caso llegó así a la Cámara Federal de Casación que, por mayoría, dispuso mandarlo a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que resolviera la contienda. Ese tribunal dijo que debía intervenir el juzgado en lo penal económico N° 10.
Pero la defensa presentó un nuevo recurso de casación. En esta segunda intervención, la Sala I del máximo tribunal penal hizo lugar al planteo de la defensa y declaró competente al juzgado federal de Campana.
Pero el Ministerio Público Fiscal, en desacuerdo, llevó el caso hasta la Corte, que hoy resolvió finalmente la cuestión.
Críticas a la Casación
El argumento central de la Corte para enviar el caso al juzgado de Rafecas fue que lo que se investiga excede las sospechas sobre la propiedad de la quinta de Villa Rosa.
“El Partido de Pilar no era en modo alguno el centro de dirección y desenvolvimiento de la actividad bajo investigación -dijo la Corte-. La vinculación de esa jurisdicción con el caso deriva únicamente de la ubicación de un inmueble, el cual estaría inscripto a nombre de personas que se sospechan testaferros de los verdaderos autores del delito, pero no sirve para dirimir la competencia territorial cuando la hipótesis delictiva consiste en la presunta existencia de una red internacional de intermediarios que habrían operado entre los años 2021 y 2025, a los efectos de canalizar fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero”.
Los jueces de la Corte fueron duros con los camaristas de Casación que enviaron el caso a Pilar. “El juez Barroetaveña ignoró lo planteado por el fiscal Villar en torno a la competencia territorial, mientras que el juez Borinsky, tras aludir a ‘las alegaciones efectuadas por el Fiscal General (…) afirmó que ‘de su lectura se advierte que el propio Fiscal admite que las supuestas circunstancias allí alegadas ‘…no se circunscriben al recurso aquí presentado por la defensa de Pantano y Conte’, motivo por el cual, en tanto excede el objeto de la presente incidencia de competencia, no corresponde efectuar consideraciones al respecto”. Según la Corte, “la Cámara de Casación, al reseñar el recurso del fiscal general Villar, reconoció que el Ministerio Público había planteado la existencia de elementos objetivos que, a juicio del órgano fiscal, eran suficientes para vincular territorialmente el hecho con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que debía investigarse en el fuero de excepción de esta jurisdicción, pero omitió deliberadamente analizar sus argumentos”.
Borinsky y Barroetaveña dictaron aquel fallo con la disidencia de Alejandro Slokar, el otro integrante del tribunal.
El juez Rafecas
Rafecas, que reasumirá ahora la investigación de esta causa, fue quien le dio su primer impulso cuando ordenó los allanamientos que derivaron en el secuestro de una costosa flota de vehículos y otros elementos que apuntaban directamente contra Toviggino, como un bolso y una placa homenaje que tenían su nombre.
Aunque ahora recibirá el caso, no está claro durante cuánto tiempo Rafecas lo tendrá a su cargo. Hace años que este juez aspira a ser nombrado camarista de la Casación Nacional y el mes pasado, el presidente Javier Milei envió finalmente su pliego al Senado para ese cargo.
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POLITICA
Al igual que Bullrich, Villarruel cuestionó el rumbo económico: “Sin industria no hay trabajo”

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó este jueves la política económica de Javier Milei luego de confirmarse el cierre definitivo de la fábrica de La Campagnola en Mar del Plata.Mar del Plata.
A través de su cuenta en X, la mandataria sentenció: “Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia”.
La firma perteneciente al Grupo Arcor explicó que la falta de insumos pesqueros y el alto stock provocaron “un esquema productivo insostenible”. Asimismo, la compañía informó que ofrecerá reubicación interna en otros establecimientos productivos del país a las 75 personas afectadas por la medida.
Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina. Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción.
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 19, 2026
Este pronunciamiento profundiza las diferencias con la Casa Rosada, sumándose al decreto firmado el 30 de octubre que creó un Programa de Alivio Financiero en el Senado.
Para justificar los adelantos salariales, la funcionaria citó registros del Banco Central sobre irregularidades crediticias familiares del 12,8% en junio de 2026.
Por su parte, la senadora oficialista Patricia Bullrich realizó planteos similares durante un encuentro de Somos Pymes realizado en La Rural. Aunque ratificó ser “socia” del proyecto gobernante, reclamó medidas fiscales urgentes al advertir: “A las pymes todavía les ha llegado muy poco”.
La legisladora también solicitó “humildad” electoral tras los pronósticos reeleccionistas del jefe de Estado para los comicios de 2027. Entretanto, el titular del Ejecutivo ratificó la continuidad estricta de su plan fiscal para evitar emisión monetaria, endeudamiento o incrementos tributarios.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Los responsables van a ser juzgados”, dijo el Presidente sobre el atentado a la AMIA

En una maratónica sesión atravesada por un temario variopinto, el Senado convirtió por unanimidad en ley uno de los temas más sensibles para el Gobierno: el proyecto sobre discapacidad que regulariza el esquema de atención y prestaciones del sector. La propuesta, que surgió inicialmente como respuesta a la emergencia, adquirirá a partir de ahora carácter permanente.
Además, el oficialismo logró convertir en ley la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) y la reforma del régimen de propiedad privada, que mantiene vigente la Ley de Tierras y, con ella, las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. Por su parte, la Cámara alta también sancionó la Ley Joaquín y la reforma del régimen de cabotaje.
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