POLITICA
Tras el fracaso de la sesión opositora, el PJ apunta contra el gobernador Melella por la ausencia de su diputado Tita
Tras el fracaso de la sesión convocada por la oposición para rechazar el megadecreto 70 de Javier Milei, el bloque Unión por la Patria (UP) acaparó la atención luego de que dos integrantes de la bancada no bajaran al recinto: Estela Neder (Santiago del Estero) y Agustín Tita (Tierra del Fuego).
Mientras en el bloque sostienen que Neder había avisado con anticipación que no asistiría por motivos personales, los reproches se concentran en Tita, legislador alineado con el gobernador fueguino Gustavo Melella.
La inasistencia de Neder estaba prevista, pero Tita los habría tomado por sorpresa en la mañana del jueves.
De acuerdo a dos diputados consultados por , Tita avisó solo “un rato antes” de la sesión que no estaría presente.
“Supongo que hubo una conversación con Melella; no tiene autonomía”, deslizó en las últimas horas un legislador kirchnerista.
En concreto, el faltazo de Tita levantó la sospecha de que Melella haya negociado esta jugada con el gobierno libertario.
Otra fuente parlamentaria puntualizó que Tita “adujo un problema familiar un rato antes” de la sesión, que fue convocada el 1° de octubre tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó la derogación de la ley de tierras fijada en el DNU 70/2023.
No obstante, el legislador consultado aclaró que no le consta que ese problema sea real y no descarta que Tita lo haya coordinado con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
En el bloque plantearon una autocrítica: convocaron la sesión con demasiada anticipación y muchos temas (además del DNU, pretendían abordar los proyectos de la prórroga de la emergencia en discapacidad y morosidad y endeudamiento familiar). No obstante, evitaron señalar un único responsable de la fallida estrategia.
Por su parte, Germán Martínez, titular del bloque UP, dijo que Neder y Tita le “expresaron los motivos de fuerza mayor que los llevaron a esa situación”.
Ante la consulta por el fueguino, sostuvo: “No me pidas que yo sea el vocero de un diputado que me expresa una situación de fuerza mayor. Ya dirá lo que tenga que decir. A mí me trasladó una situación de fuerza mayor en un momento donde ya no podía hacer nada”, dijo en Futurock.
El faltazo de Tita no solo encendió alarmas en el Congreso, sino que activó el frente interno en su provincia.
En este sentido, el diputado kirchnerista Jorge Araujo Hernández, también de UP y de Tierra del Fuego, sostuvo que está “convencido de que la ausencia de Agustín Tita es provocada por el arreglo que tiene el gobernador de la provincia con el presidente de la Nación”.
Según consignó el medio local Diario Provincia 23, Araujo Hernández dijo que el gobierno nacional “no le va a cumplir” a Melella con este hipotético acuerdo, dado que “no cumple con nadie”. “Y si le cumple, le va a dar migajas”, agregó.
En la misma línea, Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana del municipio fueguino Río Grande, que gobierna el intendente kirchnerista Martín Pérez, dijo que Tita “volvió a ayudar a los libertarios ausentándose de la sesión”. El diputado también había faltado, por ejemplo, a la votación de la reforma laboral.
Tanto Araujo Hernández como Pérez apoyaron en 2025 la lista Defendamos Tierra del Fuego, una alternativa a Fuerza Patria, la opción que respaldó Melella y por la que Tita ingresó a la Cámara baja en diciembre pasado.
intentó contactar a Agustín Tita, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.
En los últimos meses, Melella, aliado del kirchnerismo, pasó de un perfil opositor más duro al diálogo con el gobierno libertario, especialmente después del renovado reclamo del presidente Javier Milei por la soberanía de las islas Malvinas.
El fueguino apoyó el llamado a la unidad, respaldó el anuncio sobre la Base Naval Integrada y pidió la “participación efectiva” de Tierra del Fuego en las decisiones que se tomen sobre las islas y el Atlántico Sur. También recibió a los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, que visitaron el lugar donde se instalará la futura base, y se reunió en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para hablar, entre otros temas, de Malvinas. Al salir del encuentro, planteó que “en general hay que acompañar” el Presupuesto 2027 del Ejecutivo.
“Como no tiene reelección, no hay mucho para conversar con Melella”, plantearon en UP, después del faltazo de su diputado. El gobernador conduce la provincia desde 2019.
Jaldo, un “pseudocompañero”
Lo cierto es que la oposición necesitaba 129 diputados para abrir el recinto y alcanzó 121: le faltaron ocho para el quorum. Al margen de las ausencias dentro del bloque UP, hubo gobernadores jugaron a favor del Gobierno. Uno de ellos es el peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán), cuyos legisladores integran la bancada Independencia, que suele acompañar al oficialismo en el Congreso.
Los otros dos jefes provinciales justicialistas que acostumbran moverse en la misma línea, Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), esta vez jugaron en tándem con la oposición. De todos modos, Jalil perdió influencia sobre los tres legisladores de Elijo Catamarca desde que anunció que no buscará la reelección.
Los faltazos de los tres diputados de Jaldo, sin embargo, no sorprendieron ni decepcionaron a UP. “Los de Jaldo nunca los contamos. Hace años que no están”, dijeron. La legisladora Julia Strada había advertido con anticipación que el quorum dependía, en parte, del tucumano y sus diputados.
Por su parte, Teresa García, diputada y secretaria general del Partido Justicialista (PJ) que lidera Cristina Kirchner, dijo que los gobernadores que instruyeron a sus legisladores para que no dieran quorum “tienen que poner la cara frente al pueblo de sus provincias”, porque algunos de esos diputados fueron electos por el peronismo. En una entrevista con Futurock, añadió que en 2027 esos jefes provinciales podrían tener “una sanción electoral” por parte de los votantes.
En ese grupo ubicó a Jaldo, y advirtió que en algún momento el PJ tendrá que tomar “una decisión respecto a estos pseudocompañeros que integran boletas, tanto como gobernador como legisladores, y después votan con el Gobierno en contra de la gente”.
A propósito de esta disputa, Cristina Kirchner se reunió en septiembre con el exgobernador Juan Manzur, quien evalúa una nueva candidatura a gobernador de Tucumán. El senador desafía a Jaldo y su campaña se enfoca en “mostrar que está con el Gobierno”.
Ausencias y gobernadores
El auxilio de los gobernadores del norte y del centro, que tienen influencia directa sobre bancadas provinciales ajenas al PJ, también fue clave para el Gobierno.
En este sector figura Provincias Unidas. Los legisladores alineados con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy) no bajaron al recinto. Ambos diputados santafesinos son de Pro, por lo que justifican su ausencia por su “identidad política” y su lejanía con el kirchnerismo. Niegan que el gobernador haya pactado el movimiento con el Gobierno. Torres también es de Pro. Más extraño fue el caso de la jujeña Inés Zigarán, que había sido una de las firmantes de la convocatoria, pero finalmente se ausentó sin previo aviso. También faltó la cordobesa Alejandra Torres, pero los otro cinco coterráneos de la bancada –que, con sus matices, son cercanos a Martín Llaryora– hicieron su aporte a la oposición.
Entretanto, el bloque Argentina Federal también se dividió entre apoyos y faltazos. Pablo Outes y Bernardo Biella, que responden a Sáenz, bajaron al recinto, mientras que Yolanda Vega se ausentó –dijo que estaba enferma–. Otros dos legisladores que suelen jugar con el salteño no estuvieron: Gustavo González (Formosa) y Claudio Álvarez (San Luis).
De ese mismo bloque, por parte del misionero Hugo Passalacqua, dijeron presente Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz y Alberto Arrúa. No fue Daniel Vancsik; tampoco brindó explicaciones a la bancada.
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POLITICA
Río Negro: imputaron a un intendente libertario por corrupción y deberá afrontar un referéndum
La crisis política e institucional de Allen, en Río Negro, tendrá un nuevo capítulo el próximo 8 de noviembre, cuando los vecinos de la ciudad acudan a las urnas para definir la continuidad del intendente Marcelo Román. El jefe comunal, que se reivindicaba como el único mandatario municipal de La Libertad Avanza en la provincia, está imputado en una causa penal por presunta administración fraudulenta y peculado y quedó distanciado de la estructura partidaria libertaria.
El referéndum popular fue aprobado por el Concejo Deliberante, que habilitó así la instancia decisiva de un proceso de revocatoria impulsado por un sector de vecinos. La iniciativa avanzó luego de que se verificaran 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral municipal, un volumen que permitió alcanzar el umbral previsto en la Carta Orgánica para convocar a la consulta.
La votación trasladará a los ciudadanos la definición sobre la continuidad del mandato de Román, en medio de una disputa que enfrentó al Ejecutivo municipal con el cuerpo legislativo y que tuvo derivaciones judiciales. En julio, los concejales habían dispuesto la suspensión preventiva del intendente, pero el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló esa decisión en agosto, al considerar que el órgano legislativo no tenía competencia para adoptar esa medida en las condiciones en que lo había hecho.
Una disputa institucional que llegó a la Justicia
El 8 de julio, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 044/2026, que dispuso la suspensión preventiva de Román mientras avanzaba la investigación penal. La medida obtuvo seis votos afirmativos y tres negativos, y estableció que el intendente dejara de percibir su dieta o remuneración. Durante su apartamiento, la conducción interina del municipio quedó en manos del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa.
La decisión se produjo semanas después de que la jueza de Garantías Natalia González formulara cargos contra el jefe comunal y el empresario Sebastián Ocampo, señalado por la Fiscalía como presunto partícipe necesario en los hechos investigados.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el municipio habría adquirido un teléfono celular por $479.999 mediante un plan corporativo. El abono mensual, pagado con fondos públicos, habría elevado el desembolso total a $596.812,38. Según la acusación, el aparato habría sido entregado a una persona ajena a la administración municipal.
La suspensión fue fundamentada por los concejales en el artículo 109 de la Carta Orgánica de Allen, que contempla esa posibilidad cuando un funcionario municipal es procesado. Los ediles interpretaron que la formulación de cargos del sistema procesal penal vigente podía equipararse conceptualmente al antiguo procesamiento.
Román rechazó esa interpretación y calificó la medida como un “golpe institucional”, además de considerarla “avasalladora, ilegal e inconstitucional”. También anunció que recurriría a la Justicia para cuestionar la decisión del cuerpo legislativo.
El 28 de agosto de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar al planteo del intendente y anuló las ordenanzas 044/2026 y 045/2026, junto con los actos administrativos derivados de ellas.
El máximo tribunal provincial entendió que el Concejo Deliberante carecía de competencia para disponer la suspensión en esas circunstancias. Según el criterio adoptado, la Carta Orgánica exige que exista una imputación y que el tribunal competente resuelva procesar al funcionario, condiciones que no pueden interpretarse como alternativas.
El fallo dejó sin efecto la suspensión dispuesta por los concejales, pero no resolvió el fondo de la investigación penal contra Román. La causa por presunta administración fraudulenta y peculado siguió un carril judicial distinto del procedimiento de revocatoria del mandato.
Las firmas que habilitaron el referéndum
En paralelo con la disputa institucional, la iniciativa de revocatoria comenzó a tomar forma a partir de una campaña de recolección de adhesiones impulsada por Silvina Cantero, quien en mayo de 2026 presentó más de 3.000 firmas para promover el mecanismo previsto en el artículo 98 de la Carta Orgánica municipal.
El proceso continuó con la habilitación de cinco libros para reunir adhesiones y el posterior control de las firmas. El informe de la Secretaría del Concejo Deliberante comunicó la finalización de esa verificación y registró un total de 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral de Allen, incluidas las adhesiones de electores extranjeros empadronados.
Con ese resultado, la iniciativa alcanzó el segundo umbral previsto por la normativa local: el equivalente al 20% del padrón electoral de 2023, requisito establecido para avanzar hacia el referéndum popular.
La convocatoria fue tratada durante la sesión ordinaria de este jueves, mediante un proyecto de resolución presentado por el presidente y el vicepresidente del Concejo Deliberante. La propuesta recibió seis votos a favor y tres en contra.
Respaldaron la convocatoria los concejales de UCR Auténtica, bloque presidido por Fabián Figueroa; de Alianza Juntos Somos Río Negro (JSRN), representada por Guillermo Pennesi, María Aburto, Gustavo Addamo y Agustina Sánchez; y de Alianza Nos Une Río Negro, encabezada por Marta Crespo.
En contra votaron los tres integrantes del bloque UCR: Antonio Sepúlveda, Valeria Bezic y Analía Martínez.
El resultado de la votación habilitó el avance formal hacia la consulta popular, que tendrá lugar el 8 de noviembre. Ese día, los ciudadanos incluidos en el padrón municipal deberán pronunciarse sobre la continuidad de Román al frente del Ejecutivo local.
El aislamiento político del intendente libertario
El conflicto también tuvo consecuencias en el plano partidario. Román se había presentado como el único intendente de La Libertad Avanza en Río Negro e incluso había ocupado cargos en la conducción provincial del espacio. Sin embargo, tras el inicio de la investigación penal, renunció a su función como vicepresidente provincial y perdió el respaldo de las autoridades partidarias, que sostuvieron que ya no pertenecía a la fuerza.
La disputa dejó al jefe comunal expuesto a dos procesos diferentes: uno judicial, que deberá determinar su eventual responsabilidad penal, y otro político-institucional, en el que los vecinos definirán si debe completar su mandato.
El referéndum del 8 de noviembre será el punto de inflexión de esa segunda instancia. La decisión quedará en manos del electorado de Allen, en un escenario atravesado por el enfrentamiento entre el intendente y el Concejo Deliberante, la controversia sobre los alcances de la Carta Orgánica y el distanciamiento de Román respecto de la estructura libertaria.
POLITICA
Con el cierre de farmacias y centros médicos se extiende la crisis de la obra social de los militares
A paso lento se mueve la promesa de cancelación de la deuda que arrastra la obra social de los militares, estimada en $2.100.000 millones. Mientras tanto, la crisis se profundiza a partir del cierre de las 31 farmacias propias y una decena de centros médicos, a lo que podría sumarse la desactivación de algunas delegaciones en el interior.
Todo se da en un contexto de prestaciones cortadas que afecta a gran parte de los 330.000 afiliados que reúne hoy la Obra Social de las Fuerzas Armadas. También hay denuncias de despidos, como viene reclamando la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Como publicó , las autoridades de la obra social negocian el pago de gran parte del pasivo con unos 30 grandes acreedores, aunque la deuda se extiende a unos 2.000 prestadores, entre los que se encuentran clínicas, farmacias, laboratorios, asociaciones y colegios profesionales.
Según pudo saber , la obra social ofrece tres opciones a los acreedores: cobrar el valor histórico de la deuda, sin actualización y con una quita del 50%; recibir el pago en tres cuotas, con una quita del 25% y aceptar el pago en 12 cuotas, sin quita.
En todos los casos, la propuesta incluye la condición de que se comprometan a continuar los servicios. Si no, la única alternativa sería reclamar la deuda en un juicio.
El administrador del proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), Gonzalo Secchi, ordenó “cerrar y dar de baja” la red de 31 farmacias propias distribuidas en todo el país, desde la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hasta Bahía Blanca, Puerto Belgrano, Mar del Plata y Ushuaia, entre otros sitios.
Similar destino les esperaría a los centros médicos localizados en Morón, Devoto, Olivos, Quilmes y Lomas de Zamora, entre otros.
Y avanzaría un plan para mantener solo trece de las 24 delegaciones actualmente en funciones en todo el país.
“Un nuevo modelo”
Según explicaron fuentes de la obra social militar, el objetivo de los cambios es “transformar el modelo de funcionamiento para tener atención médica de calidad y una organización financieramente sustentable”.
Respecto de la prometida cancelación de la deuda, se abonaron reintegros y pagos pendientes a prestadores por más de $14.800 millones. “Es más de la mitad de la deuda en concepto de reintegros solicitados por afiliados”, se explicó. En cuanto a la deuda con prestadores, se firmaron y pagaron más de 500 acuerdos, sobre un total cercano al millar.
Ante una consulta de , en la obra social de los militares confirmaron que el modelo para la atención de afiliados en farmacias no será a través de una red propia, dado que ese sistema “generaba un déficit superior a los 7000 millones de pesos”.
Las autoridades insisten en que “la prioridad es sanear la obra social, lo que implica recuperar prestaciones, saldar la deuda e implementar un modelo de funcionamiento en OSFA –la nueva obra social constituida por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti–, para que no se repita lo que sucedió con el IOSFA”, tal la denominación anterior de la entidad, que reunía también a las fuerzas de seguridad y es la que acumuló la suculenta deuda.
En el nuevo esquema, los hoteles y centros recreativos no constituyen una prioridad, por lo que ya comenzaron a ser cedidos a las propias Fuerzas Armadas, que los ofrecen en las redes como centros residenciales.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Conforme a
POLITICA
El Gobierno monitorea la inminente salida del buque que reabrirá la ruta comercial entre Chile y Malvinas
El Gobierno se mantiene en alerta frente al viaje del buque comercial chileno Danstar desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas y busca evitar una escalada diplomática con la administración de José Antonio Kast. En la Casa Rosada no prevén presentar por ahora una protesta formal y consideran que una reacción anticipada puede abrir un conflicto bilateral que termine favoreciendo los intereses británicos en el Atlántico Sur.
En el Ejecutivo aseguran que la prioridad es preservar la relación con Chile, especialmente después del compromiso de Kast de respaldar el reclamo argentino de soberanía y evitar el apoyo logístico a la explotación petrolera británica en las islas. Sin embargo, admiten que todavía no hay una definición sobre los pasos que tomará la Argentina si finalmente se concreta la operación comercial. “Queremos evitar un conflicto con Chile, pero si hay que actuar, lo haremos”, sostienen en Nación.
La cautela responde también a la interpretación política que hacen en Balcarce 50 sobre la controversia. En sectores del Gobierno consideran que existen intereses externos que buscan provocar una reacción argentina antes de que zarpe la embarcación. La hipótesis es que una protesta preventiva podría generar un enfrentamiento con el país trasandino incluso sin que se haya producido todavía una operación que afecte el reclamo de soberanía.
La evaluación oficial contrasta con la información que manejan fuentes militares sobre los preparativos del servicio. Según pudo saber TN, el contrato para la operación del buque está cerrado y el primer zarpe está previsto entre el 10 y el 15 de noviembre. La planificación contempla además viajes periódicos, aproximadamente uno por mes, para abastecer a las islas. Se trata de información que todavía no cuenta con una confirmación formal del Gobierno argentino.
En Defensa, por su parte, aseguran que la cuestión la concentra Cancillería y que no existe por ahora una instrucción operativa para las Fuerzas Armadas. En despachos oficiales explican que no quieren convertir una controversia diplomática y comercial en un conflicto militar. La decisión sobre una eventual respuesta argentina sigue pendiente.
El principal punto de discusión es la naturaleza de la carga que transportará el Danstar. El Gobierno diferencia el abastecimiento comercial ordinario de las islas del suministro de materiales o equipamiento destinados al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La Argentina considera ilegales las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas sin su autorización en el área en disputa.
La eventual navegación por aguas territoriales argentinas plantea además una discusión sobre el régimen de paso inocente establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Su artículo 19 dispone que el tránsito de buques extranjeros debe realizarse sin perjudicar la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. No obstante, el alcance de esa disposición frente a cargas eventualmente destinadas a Sea Lion exige una evaluación jurídica específica.
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