Connect with us

POLITICA

El Gobierno quiere capitalizar la sintonía con los aliados para acelerar con el proyecto de Malvinas

Published

on



El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional —que busca, entre otros puntos, defender los recursos naturales en las Islas Malvinas— sufrió una demora esta semana en la Cámara de Diputados; , pero el oficialismo se muestra confiado en que conseguirá el dictamen de comisión el próximo martes para poder llevarlo al recinto al día siguiente. En ese marco, un grupo de referentes libertarios trabaja contrarreloj para armonizar el texto con los planteos que hicieron los bloques aliados. “El proyecto no se va a dividir en dos como propone el kirchnerismo , pero vamos a hacer cambios para llegar al consenso más amplio posible”, explicaron desde el bloque violeta.

El oficialismo pretendía firmar el dictamen del proyecto esta semana pero el revuelo que generaron los dos fallos de la Corte Suprema sobre la venta de tierras a extranjeros y el intento fallido de la oposición de derogar el mega DNU 70/23 demoró sus planes. Si todo sale bien para los libertarios, se tratará el mismo día que los proyectos sobre discapacidad, endeudamiento, Inviolabilidad de la Propiedad Privada (incluye la restitución de la ley de tierras), trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural.

Advertisement

El texto enviado al Congreso por la Casa Rosada agrava las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur pero ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos renovables o no renovables. También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores: prevé multas y suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina. También incorpora la responsabilidad de proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.

La jefa del bloque UCR Pamela Verasay (de espaldas) dialoga con diputados de LLA

Sin embargo, tanto la oposición dura como los bloques aliados enfocaron sus críticas en la segunda mitad del proyecto, que no se relaciona tan directamente con la cuestión Malvinas. Por ejemplo, el proyecto propone un sistema permanente de coordinación estatal en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia, cuyo órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el efe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

Por otro lado, crea nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional y considera infracción, entre otras conductas, afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones de autoridades argentinas, atacar infraestructura crítica o financiar esas acciones.

Advertisement

Tanto los aliados del PRO como la UCR adelantaron su rechazo al artículo 111, que establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina. En sintonía con los planteos de organizaciones civiles de periodistas como ADEPA y FOPEA, advirtieron que una redacción tan “laxa” referida a las campañas de desinformación podría afectar la libertad de expresión.

“Nosotros pedimos mayor precisión en la definición del delito de injerencia extranjera, para resguardar la actividad periodística, académica y el debate público”, explicaron desde el PRO a Infobae. Los libertarios ya se comprometieron a modificar la redacción y circularon algunos borradores con cambios específicos.

A pedido de los aliados, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, ya adelantó que se incluirá la creación de una Bicameral de Seguimiento de la Seguridad Nacional a la que el Ejecutivo tendría la obligación de informar para reforzar el control parlamentario.

Advertisement

Ante la consulta de Infobae, fuentes libertarias al tanto de las negociaciones también reconocieron que se modificarán los artículos que habilitan al Estado a auditar, custodiar o intervenir “infraestructuras críticas”, como redes estratégicas de energía, minería y telecomunicaciones. “Algunos están preocupados porque toda la red de 5G es de la empresa china Huawei”, explicaron. En esa línea, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) también planteó que el régimen sobre infraestructura crítica debería basarse en un esquema de “cooperación voluntaria” entre el Estado y las empresas.

Cristian Ritond, presidente del bloque PRO

Por su parte, los aliados del MID insistieron con que sea el Congreso el que autorice las actividades militares. Según pudo saber Infobae, el viernes recibieron un borrador con cambios en la redacción que analizarán durante el fin de semana.

Otros pedidos de los aliados incluyen la incorporación del Ministerio de Seguridad Nacional como miembro permanente del Consejo de Seguridad y en el Sistema de Seguridad Nacional, “para que cada organismo tenga su rol claro y no haya superposiciones entre Fuerzas Armadas, seguridad interior y Consejo”; una clarificación de las competencias de las Fuerzas Armadas, la Policía y las Fuerzas de Seguridad Federal en la protección de las “infraestructuras críticas”; y aclaraciones sobre cuál será la autoridad de aplicación, que en el texto queda sujeta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Advertisement

Durante las primeras reuniones de comisión, desde el peronismo propusieron separar el proyecto en dos partes y adelantaron que podrían apoyar el Título I, que comprende los artículos del 1 al 40, y se enfocan en agravar las sanciones para la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur sin autorización de Argentina.

Pero los libertarios no tienen intenciones de avanzar por esta vía ya que consideran que podrán reunir apoyo suficiente apelando a otras fuerzas y así conservar el grueso del texto enviado por la Casa Rosada.

Advertisement
Advertisement

POLITICA

Sturzenegger y Santilli arremetieron contra la gestión de Kicillof, con vistas a la carrera presidencial de 2027

Published

on



LA PLATA.– El gobierno nacional cuestionó en tandem al gobernador Axel Kicillof. Mientras el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, criticó la gestión provincial por el aumento del costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apuntó contra el mandatario bonaerense como eventual candidato para suceder en 2027 a Javier Milei.

Sturzenegger centró sus críticas en las condiciones de la VTV, el control mecánico para revisar los automotores que está centralizado en la provincia de Buenos Aires, mientras que fue desregulado en el orden nacional.

Advertisement

“Liberamos la VTV para que la puedas hacerla en cualquier taller, concesionaria, o con el service, condiciones que la Ciudad de Buenos Aires ya está instrumentando. Pero la Provincia de Buenos Aires dijo que no. Acá el resultado. Nada, para recordar el año que viene cuando votes en la provincia”, dijo Sturzenegger en las redes sociales.

VTV (Verificación Técnica Vehicular)GCBA

Se refirió, así, al aumento del 1,6% en la tarifa del trámite que consta de una revisión del estado general del vehículo. El alza rige desde el jueves último. La actualización fue establecida por el Ministerio de Transporte bonaerense, a través de la resolución 361-MTRAGP-2026, publicada en el Boletín Oficial provincial.

Para los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos, la tarifa pasó de $ 97.057,65 a $ 114.105,99, con IVA incluido. La diferencia es de $ 17.048,34 por trámite. Ese valor constituye la tarifa básica del sistema y funciona como referencia para el resto de las categorías: motos, vehículos pesados, remolques y semirremolques.

Advertisement

Las nuevas tarifas se aplican en todas las plantas habilitadas en la provincia de Buenos Aires. La verificación es obligatoria para los vehículos registrados en este territorio y por tanto la ausencia del control vehicular, que incluye frenos, luces y neumáticos, es motivo de multas en las rutas bonaerenses.

El gobierno de Milei habilitó en junio un Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que habilita a talleres privados y concesionarias a realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para ampliar la libertad de acción de los usuarios.

Pero la adhesión depende de cada provincia. Buenos Aires se mantiene con el sistema previo de revisión, que es regulado y controlado por el Estado provincial, que a su vez concesiona las plantas vehiculares.

Advertisement

La VTV no fue la única crítica que recibió Kicillof en las últimas horas de parte del gobierno nacional. Santilli acentuó sus cuestionamientos al gobernador, en su condición de posible candidato a presidente de la Nación en 2027.

El jefe de Gabinete, Diego SantilliFabián Marelli

En tanto, Kicillof se mostró con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; Santiago del Estero, Elías Suárez, y Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en la 2° Cumbre Federal de Logística, destinada a coordinar políticas para mejorar la infraestructura, la conectividad y la competitividad de las provincia, y llamó a construir un modelo alternativo al del presidente Milei.

La cita de los mandatarios provinciales tuvo lugar a instancias del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el Centro de Convenciones de la ciudad de Buenos Aires.

Advertisement

Santilli se anticipó a esa reunión y advirtió: “Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”.

Ya pasaron Kicillof, Llaryora, Suárez y Frigerio por las mesas del CFI.

En ese marco, Kicillof afirmó: “La logística cumple un papel fundamental en el desarrollo nacional; por eso no puede pensarse exclusivamente desde el Estado, ni únicamente desde el sector privado. Requiere de la articulación virtuosa y comprometida de todos los actores”.

“En este contexto tan complejo a nivel internacional, en el que todos los países buscan adaptarse a un nuevo escenario, la Argentina no puede privarse de tener un plan de infraestructura y logística”, sostuvo el gobernador.

Advertisement

Además, expresó: “En nuestra provincia impulsamos un plan histórico de infraestructura para potenciar la conectividad en todo el territorio, pero es indispensable construir una perspectiva nacional que garantice una Argentina más integrada y verdaderamente federal”. “Si no planificamos nuestro propio desarrollo de manera soberana, democrática y participativa, terminaremos subordinados a intereses ajenos por haber sido parte de la planificación de otros”, concluyó.



Conforme a

Advertisement
Continue Reading

POLITICA

El Gobierno repudió los incidentes en la marcha universitaria: “Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”

Published

on


El Gobierno condenó los incidentes entre manifestantes y la policía en la marcha universitaria que se lleva a cabo este jueves en las inmediaciones del Congreso. “Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”, señaló la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

“Buscan desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia”, remarcó la funcionaria.

Advertisement

“Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia”, expresó Monteoliva. “En Argentina, nadie está por encima de la ley”, finalizó la ministra.

Se registraron fuertes enfrentamientos en la marcha universitaria. (Foto: captura TN)

Este jueves se registraron incidentes en la marcha universitaria. La policía utiliza el camión hidrante y gases para dispersar manifestantes.

Advertisement
Continue Reading

POLITICA

Representantes de 23 ciudades se reunieron para coordinar estrategias de seguridad y control territorial

Published

on



Representantes de 23 ciudades de 11 provincias se reunieron el 14 y el 15 de octubre en los municipios bonaerenses de San Miguel y Vicente López para coordinar estrategias contra el delito e intercambiar experiencias sobre el uso de tecnología en tareas de prevención, patrullaje e investigación. Las jornadas se desarrollaron en el marco de la iniciativa “Ciudades por la Seguridad”.

El foro convocó a 37 responsables de áreas operativas y de seguridad de jurisdicciones que reúnen a casi seis millones de habitantes. La agenda se concentró en la respuesta territorial ante situaciones de violencia e inseguridad, el intercambio de inteligencia táctica local y la efectividad de las redes de videovigilancia urbana.

Advertisement

Durante la visita a San Miguel, los funcionarios recorrieron el centro de monitoreo, la escuela de policía municipal y el centro logístico. Allí analizaron los esquemas de formación policial y los mecanismos de respuesta ante delitos en flagrancia.

El foro convocó a 37 responsables de áreas operativas y de seguridad de 23 ciudades de 11 provincias

En Vicente López, la recorrida incluyó el centro de datos, la red de “Puntos Seguros”, integrada por tótems de alerta temprana ubicados en la vía pública, y el Centro de Monitoreo y Despacho Unificado. En este último, el foco estuvo puesto en el seguimiento de sospechosos mediante cámaras inteligentes.

Frente a modalidades delictivas que atraviesan los límites municipales, el encuentro buscó unificar criterios de prevención, optimizar el análisis de imágenes de video e incorporar sistemas predictivos de patrullaje. Los municipios participantes también ratificaron su compromiso de fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas locales frente al crimen organizado y la delincuencia común.

Advertisement

La actividad fue coordinada por la Red de Innovación Local (RIL) y Exanet, una firma especializada en infraestructura de videovigilancia y servicios tecnológicos aplicados a la seguridad y la gestión de crisis en centros de monitoreo urbano.

La videovigilancia fue uno de los ejes del encuentro para fortalecer la prevención y la respuesta ante el delito

Buenos Aires fue la provincia con mayor cantidad de municipios representados, con la participación de funcionarios de nueve distritos: Almirante Brown, San Martín, Pilar, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro, San Miguel y Chascomús. Además de integrar la convocatoria, San Miguel y Vicente López fueron los anfitriones de las recorridas por las instalaciones de seguridad y monitoreo.

Por Santa Fe asistieron representantes de Rosario, Rafaela y Venado Tuerto; por Córdoba, de Alta Gracia y Río Cuarto; y por Mendoza, de Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

Advertisement

También participaron Comodoro Rivadavia, de Chubut; General Pico, de La Pampa; Rincón de los Sauces, de Neuquén; Cipolletti, de Río Negro; las ciudades de San Juan y San Luis; y La Banda del Río Salí, de Tucumán. A las delegaciones municipales se sumó el Gobierno de la provincia de Río Negro.

En conjunto, los responsables de las áreas operativas y de seguridad convocados gestionan la protección de casi seis millones de habitantes. El intercambio entre estas jurisdicciones apuntó a fortalecer la cooperación frente a modalidades delictivas que exceden los límites de cada municipio.



Conforme a

Advertisement
Continue Reading

Tendencias