POLITICA
Hotesur y Los Sauces: cómo serán las reglas de un proceso con 19 acusados y 300 testigos
Cientos de testigos, imputados que se repiten en un caso y en el otro, y reglas de un juicio que se desarrollará en la misma sala que las audiencias del caso Cuadernos. Así se prepara, en los papeles, el debate oral y público de Los Sauces y Hotesur. Por ahora el tribunal oral los partió en dos juicios sucesivos, pero podrían terminar juntos, en función de lo que disponga la Cámara de Casación y comenzar el próximo viernes.
La expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, forman parte de la nómina de acusados en el juicio en ciernes. El caso conocido como “Hotesur – Los Sauces” investiga si existió una asociación ilícita entre funcionarios y empresarios que inyectaban el dinero proveniente de contratos con el Estado o de beneficios impositivos en empresas de la familia Kirchner.
En Los Sauces se indaga la relación entre las compañías de Lázaro Báez y del Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, con alquileres de las propiedades de la familia Kirchner.
En Hotesur, la acusación apunta contra las empresas de Báez que reservaban habitaciones en los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, que supuestamente no usaban. Por esa vía, los Kirchner recibieron más de $28 millones entre 2008 y 2015.
Para la fiscalía, ese dinero tenía un origen ilícito. En el caso de Báez, sería el fraude probado en la causa Vialidad: según la acusación, que se basa en un peritaje de 2021, en 21 ocasiones el empresario transfirió a los Kirchner fondos que, en el mismo día, había cobrado por obra pública. En el caso de López, serían la retención de $8000 millones del impuesto a los combustibles líquidos a través de Oil Combustibles. Tanto él y como De Sousa fueron absueltos en esa causa y la absolución está en revisión en la Corte Suprema.
El Tribunal Oral Federal N°5 decidió hacer dos juicios sucesivos. El de Los Sauces, de no mediar cambios, empieza el viernes 23 de octubre y su sentencia podría llegar antes de marzo. El de Hotesur empieza el 19 de marzo de 2027 y su veredicto se espera antes de fin de ese año. Es decir, atravesaría al calendario electoral. Los jueces explicaron que un juicio único podía durar más de dos años y que, al dividirlo, cada defensa solo deberá participar de las audiencias de su causa.
El fiscal Diego Velasco apeló esa decisión. Sostiene que se trata de un único delito de lavado. La defensa de la expresidenta se opone a reunificar los casos: si se hace, dijo su abogado, Alberto Beraldi, “el juicio no va a poder empezar” y podría derivar en un proceso sin “sentencia válida”. La Sala I de la Cámara de Casación, integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, escuchó los planteos de esta semana y se prepara para resolver la cuestión.
Más allá de eso, hay cientos de nombres atentos al juicio, porque podrían concurrir a él. Al principio se habían propuesto más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir esa lista entre un 30% y un 40%. Las declaraciones tomadas durante la instrucción se incorporarán sin que los testigos tengan que volver a declarar.
Con la división, cada juicio tiene unos 150 testigos propios, y una veintena son comunes a ambos. La defensa de Cristina Kirchner pidió además excluir a unos 30 testigos propuestos por la Oficina Anticorrupción, con el argumento de que ese organismo no es parte del proceso.
El caso tiene 19 imputados. Entre los más destacados se encuentran la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de asociación ilícita y lavado de dinero en ambos juicios, al igual que su hijo Máximo, diputado nacional, que integraba el directorio de las empresas familiares; Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones y ya condenado en la causa Vialidad, y su hijo Martín Báez. En Los Sauces serán juzgados además Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo.
Completan el grupo de los principales imputados Romina Mercado, sobrina de Cristina y expresidenta de Hotesur, y su esposo, Patricio Pereyra Arandia; Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur, y Víctor Manzanares, contador histórico de la familia y arrepentido en la causa de los Cuadernos. La lista se cierra con un escribano, un expresidente de Austral, un contador, un directivo de Valle Mitre y otros empleados o apoderados de menor rango. Florencia Kirchner quedó afuera del caso.
Las reglas del juicio
Las audiencias serán presenciales, en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. Es la misma en la que se desarrolla el juicio de los Cuadernos. “No va a haber virtualidad”, advirtió el presidente del tribunal, José Michilini.
En el juicio por Los Sauces habrá audiencias los lunes, viernes y sábados y el tribunal habilitó también la primera semana de la feria judicial de enero, con la segunda en reserva por si hiciera falta.
Los acusados deberán estar en la sala cuando declaren en indagatoria. En las audiencias con testigos, en cambio, podrán ser representados por sus abogados, y quienes vivan fuera de la Capital podrán pedir conectarse a distancia, caso por caso. Las partes acordaron, además, leer al comienzo una versión reducida de la acusación.
El tribunal está integrado por Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, juez subrogante desde febrero, que se quedaría hasta el final del juicio. La acusación está a cargo del fiscal Diego Velasco, y la Unidad de Información Financiera (UIF) actúa como querellante.
Los hechos investigados abarcan desde 2008 hasta 2016. Las dos causas se unificaron en junio de 2019 y fueron elevadas a juicio oral hace unos cinco años.
El 26 de noviembre de 2021, otra integración del mismo tribunal, con los votos de Daniel Obligado y Adrián Grünberg y la disidencia de Palliotti, sobreseyó a todos los acusados sin llegar a juzgarlos. La Cámara de Casación revirtió ese fallo y sacó del caso a Florencia Kirchner.
En 2024, la Corte Suprema rechazó los últimos recursos de las defensas y exhortó a hacer el juicio cuanto antes.
Ignacio Grimaldi,Casos de corrupción,Cristina Kirchner,Máximo Kirchner,Conforme a
POLITICA
Autopista Presidente Perón: qué pasó con la obra que debía conectar el conurbano y por qué intervino la Justicia
Si un automovilista viene por el Camino del Buen Ayre desde el norte y cruza el Acceso Oeste, a la altura de Ituzaingó y, pegado, Merlo, se va a chocar con lo que pareciera la continuación de aquella ruta. Un trazado enorme, asfaltado, que definitivamente parece terminado. Sin embargo, son cerca de 12 kilómetros que no están habilitados al tránsito.
Se trata de la interminable Autopista Presidente Perón, una obra enorme y fundamental que ya tiene 15 años y, pese a que está muy avanzada, está paralizada desde diciembre de 2023. En el medio, pasaron cuatro presidentes, tres gobernadores y una inversión que supera los 100 mil millones de pesos.
La Autopista Presidente Perón fue pensada como el tercer anillo de circunvalación del AMBA, junto con la General Paz y Camino de Cintura. Funciona como una continuación del Camino del Buen Ayre, que conecta los accesos Norte y Oeste, y se extiende hasta la ruta 2. De finalizarse, aliviaría de manera drástica el tránsito y beneficiaría a cerca de 12 millones de personas. Y es que, en los 83 kilómetros totales que tiene la traza, a través de cuatro tramos, conecta 12 municipios: San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui.
De esos 83 kilómetros, hay 52 que ya están habilitados al tránsito. De los 31 que faltan habilitar, hay, aproximadamente, 18,5 que ya están prácticamente terminados. Es allí donde, al estar cortado el tránsito, el remedio se convirtió en una enfermedad peor que la original. Esto se ve, especialmente, en la primera parte del tramo I, a la altura de Merlo. Allí, la falta de habilitación de la autopista genera a diario un caos de tránsito en todos los caminos alternativos, pero, además, hay zonas que se transformaron en focos de inseguridad y vandalismo. Así las cosas, para los vecinos del lugar, vivir ahí se torna imposible. Y esto los indigna más cuando ven que falta tan poco para terminar el trazado, pero la obra no avanza.
¿Y mañana qué? (TN) recorrió especialmente esta parte de la autopista, y confirmó lo que denuncian los vecinos. Las calles aledañas, que funcionan como desvío, están detonadas. Si un transeúnte se para cinco minutos, por ejemplo, en la esquina de Braille y Espora, en Merlo, podrá ver cómo auto tras auto tocan contra los baches enormes que genera el exceso de tránsito que debería circular por la, por ahora, autopista trunca.
De igual forma, mientras se realizaba el informe para la televisión, las advertencias sobre el peligro de estar filmando en aquel lugar fueron constantes: “No se regalen, tengan cuidado”. Autos cortados, microbasurales y, en el medio, un enorme trazado sin terminar.
Toda esta situación llevó a una disputa judicial entre la provincia de Buenos Aires y la Nación, encargada de los trabajos. Pero como sucedió en general con la obra pública, los trabajos se paralizaron en diciembre de 2023. Ahora, el gobierno bonaerense recurrió a la Justicia Federal y obtuvo una medida cautelar que obliga a Nación a realizar tareas de mantenimiento y a presentar un informe de avance en 15 días.
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín (a cargo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto) hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la Provincia en la que exige a Vialidad Nacional “mantener y reforzar las medidas de cierre, señalización y prevención en todos los tramos inconclusos o no habilitados” para el acceso peatonal o vehicular no autorizado. Sin embargo, rechazó que se hagan tareas globales, se retome la obra en general o directamente se transfiera la jurisdicción a la provincia de Buenos Aires. En cambio, insta a las partes a que trabajen en un acuerdo para finalizar la autopista. En el medio están las personas.
Respecto de la posibilidad de que la provincia se haga cargo de la obra, Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, envió un pedido formal al titular del Ministerio de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, pero, según informan, nunca hubo respuesta.
POLITICA
Alejandra Monteoliva acusó a “facciones violentas” por los incidentes frente al Congreso y habló de la visita del Papa
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió este domingo a los incidentes que se produjeron este jueves durante la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, tras los cuales hubo 31 detenidos. La funcionaria dijo que su cartera está trabajando en la recopilación de imágenes para realizar denuncias y que espera una respuesta de la Justicia. También habló sobre la visita del papa León XIV y afirmó que “ojalá se dé”.
“En la marcha universitaria hubo disturbios de los violentos de siempre. Son facciones y grupos minoritarios porque no todas las organizaciones que marchan se manifiestan así. Lo veíamos en los carteles que expresan: son grupos anarquistas y de izquierda. Fueron 200 o 300 personas que manifestaron violencia todo el tiempo y se organizan para desestabilizar y generar caos. Atentan contra el orden”, expresó Monteoliva en diálogo con José Del Rio en Comunidad de Negocios, por LN+.
También declaró que esos grupos que mencionó buscan “prender fuego lo que esté por delante” y señaló que desde el ministerio están trabajando en la recopilación de imágenes. “Para nosotros, un operativo así no termina cuando se desaloja la plaza, sino que empezamos a trabajar sobre las imágenes que aportan los medios. Esas imágenes se judicializan y, luego, se identifican a personas que cometieron actos violentos. Van a ser identificadas -en un trabajo de distintos análisis- y después vamos a hacer las denuncias y proceder a las detenciones”, explicó.
En esta línea, Monteoliva sostuvo que la Justicia debería acompañar al ministerio respondiendo al material que envió y aseguró que en los disturbios del jueves no se produjo el delito de “resistencia a la autoridad”, sino que hubo “sedición y terrorismo”. “¿Cómo se le llama a la preparación en su casa de una bomba que puede generar muerte? Si yo quiero llegar y prender fuego, es atentar contra el orden institucional, no es resistencia a la autoridad. Eso hay que dejarlo muy claro», advirtió.
Por otra parte, comunicó que durante la manifestación se registraron ocho efectivos de las fuerzas federales “severamente” lesionados y marcó: “Nosotros nos preparamos todo el tiempo para enfrentar grupos violentos articulados con Ciudad en comando unificado. Estos hechos y personajes hacen mucho daño y tienen que estar presos. A nadie se le restringe el derecho de manifestarse, pero siempre y cuando no se jorobe la vida del otro y no se genere violencia”.
Acto seguido, la ministra añadió que la marcha no fue “extremadamente multitudinaria”, sino que asistieron entre 10.000 y 12.000 personas. “Otras fueron mucho más concurridas y es muy claro cuando las personas se congregan para marchar. En cambio, cuando llegan determinados tipos de micros, que se estacionan en determinados lugares, no son estudiantes universitarios”, siguió.
La visita del Papa
Entre otros temas, Monteoliva habló sobre la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para la segunda semana de noviembre y la cual fue puesta en duda luego de que el sumo pontífice sea operado de un cáncer de pulmón. La ministra replicó el mensaje que dio el presidente Javier Milei, quien le deseó una pronta recuperación y puso a su gobierno a disposición.
“Primero está su salud y lo que sus médicos le digan. Hay que dejar que quienes están a cargo de su tratamiento tengan la última palabra. Ojalá se concrete la visita, cuando tenga que ser. Si es en otra fecha, seguiremos trabajando. No dejamos de hacer la tarea porque preferimos no perder días. Nosotros no hemos parado nada. Vamos a estar pendientes de esa última definición que nos den”, manifestó
Además, continuó: “Su agenda es cargadísima, tiene mega eventos. Es un desgaste físico para cualquiera. Así que hay que ver que otras alternativas hay. Ojalá que se concrete”.
El traslado de presos a Marcos Paz
La ministra también ahondó en el traslado de presos desde la cárcel de Villa Devoto hasta el nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. En total, se movilizaron alrededor de 1400 reclusos a través de un operativo mancomunado y el establecimiento penitenciario porteño quedó al borde del cierre.
“El cierre de la cárcel de Devoto es histórico y de importancia altísima. El año que viene cumpliría 100 años con grandes problemas de infraestructura. No está a la altura de albergar 1500 presos. Se dijeron que se iban a hacer cosas que no se hicieron, pero este año nos sentamos con el gobierno porteño y lo hicimos. Fue de muchos meses”, consideró.
A su vez, también tildó de “histórico” al traslado: “Mudar presos es crítico, sensible y complejo. Hicimos un trabajo minucioso de preparación, y no se perdió ninguno ni hubo disturbios. Ahora están en un centro penal que tiene todos los requisitos de sanidad y hemos dejado 75 personas en Devoto que son las que participarían de la ceremonia de bendición de Su Santidad. Han sido elegidas por la pastoral de la iglesia católica. Permanecen ahí esperando la respuesta por la visita del Papa”.
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El Gobierno laborista que dirige el Ejecutivo del Reino Unido, al igual que su Parlamento, evalúan bloquear el ingreso de Argentina a la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE), un selecto club de países hegemonizado por Estados Unidos y Europa, y en el que se encuentran algunos Estados latinoamericanos como México, Brasil y Chile.
La acción representa una represalia diplomática de parte del Reino Unido en respuesta a las sanciones que Argentina impulsa sobre empresas petroleras que operan en el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, y dentro de la plataforma marítima argentina.
Estados Unidos presiona al gobierno de Milei para que la ley de Malvinas no perjudique a sus empresas
Esta estrategia apunta a cerrarle la puerta a la Argentina al ingreso a la OCDE, al calificar al Estado nacional como “socio no confiable”. El ingreso del país a esta organización se encuentra abierto desde 2017.
A su vez, el Gobierno británico evalúa hacer un lobby adverso a Buenos Aires para obturar su ingreso a otro espacio inter-estatal: el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico o TIPAT.
¿Qué es el TIPAT?
El TIPAT es una asociación comercial entre países cuyas costas dan al Océano Pacífico: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Reino Unido en calidad de poseedor de colonias de ultramar en esa amplia zona del planeta.
Argentina se encuentra entre los Estados que no lindan con el Pacífico, pero buscan asociarse al bloque comercial. Sin embargo, ante la posibilidad de un veto inglés, su situación se compromete tal como la de la OCDE.
La entrada Malvinas: el Reino Unido quiere bloquear el ingreso de Argentina a la OCDE se publicó primero en Nexofin.
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