POLITICA
En el peor momento en décadas de la relación entre Argentina y Reino Unido, Chile se acerca a Londres y defiende la ruta comercial a Malvinas
En plena escalada entre Buenos Aires y Londres por los recursos petroleros de las Malvinas, y la controversia por la inminente reapertura comercial entre Punta Arenas y las Islas, Chile multiplicó sus gestos de acercamiento con el Reino Unido: el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió ayer, lunes, en la capital británica con su par Ed Miliband para lanzar una “asociación estratégica” bilateral. Este movimiento se suma a la gira que realizó por el sur chileno el embajador británico en Santiago, David Concar, que incluyó encuentros con autoridades militares, científicas y municipales de la región de Magallanes.
Según se informó de manera oficial, Pérez Mackenna y Miliband repasaron una agenda que abarcó minerales críticos, inversiones, comercio exterior y la situación geopolítica del cono sur. “Chile valora enormemente su larga relación con el Reino Unido. Creo que llegó el momento de elevar nuestra relación a un nuevo nivel de asociación estratégica”, declaró el canciller chileno tras el encuentro.
Una semana antes de que Pérez Mackenna aterrizara en Londres, el embajador Concar ya había desplegado su propia ofensiva diplomática en el extremo sur de Chile. El 13 de octubre arribó a Punta Arenas en lo que la embajada británica describió como su primera visita a Magallanes desde que asumió el cargo.
La agenda no fue protocolar. El diplomático se reunió con el comandante de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, contraalmirante Juan Soto, en un encuentro donde ambas partes repasaron la histórica colaboración naval entre las dos armadas y proyectaron trabajo conjunto en ciencia antártica. También visitó el Instituto Antártico Chileno (INACH), donde conoció las iniciativas de investigación polar que impulsa Santiago, y sostuvo reuniones con la Universidad de Magallanes y el Centro Internacional Cabo de Hornos, con foco en resiliencia climática en el entorno subantártico.
Concar se reunió además con la gobernadora subrogante de la región, Hina Carabante, y con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. En este último encuentro abordó directamente la controversia por el buque Danstar, la embarcación de 72 metros de eslora que la naviera chilena Easter Island planea enviar a las Malvinas con alimentos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos. “Se trata de una iniciativa comercial privada”, sostuvo el embajador británico, según consignó Infobae, al tiempo que evitó entrar en la polémica con Argentina y reiteró la posición de Londres sobre la soberanía del archipiélago y el principio de autodeterminación de sus habitantes.
El telón de fondo de estos acercamientos es el conflicto más agudo entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas desde la guerra de 1982. El 13 de octubre, el gobierno de Javier Milei presentó ante el TIDM, con sede en Hamburgo, una solicitud de medidas provisionales para detener el proyecto Sea Lion, un yacimiento con reservas estimadas en 1.700 millones de barriles de petróleo ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La producción está prevista para 2028.
“Argentina busca preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental e impedir actividades autorizadas unilateral e ilegalmente por el Reino Unido”, señala la solicitud de 49 páginas presentada ante el tribunal.
La respuesta británica fue contundente. Miliband —el mismo canciller que horas después recibiría a su par chileno— calificó las acciones de Buenos Aires como “coerción económica” contra los isleños y anunció nuevas medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales para blindar a empresas británicas frente a las sanciones argentinas. “Los habitantes de las Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, afirmó en un comunicado. Cómo señaló Infobae, Londres podría vetar el ingreso de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la OCDE.
En las semanas previas, la Argentina había intensificado la presión: amenazó con sanciones a las empresas involucradas en Sea Lion, inició causas penales contra sus ejecutivos y accionistas, y anunció planes para una base naval en Tierra del Fuego.
La ruta Punta Arenas-Malvinas
A la disputa petrolera se suma un frente que involucra directamente a Chile. La naviera Easter Island firmó un contrato con la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC) para restablecer una conexión marítima comercial que funcionó durante más de un siglo pero se interrumpió a comienzos de la década de 2010. El primer viaje del Danstar está previsto para noviembre o, a más tardar, principios de diciembre.
La ruta recortaría a la mitad la distancia que hoy recorren las mercancías hacia las islas: unos 900 kilómetros desde Punta Arenas frente a los casi 2.000 desde Montevideo, la única conexión actual con Sudamérica. El buque navegaría por el Estrecho de Magallanes —cuya soberanía corresponde a Chile según el Tratado de Límites de 1881— y no por el paso Drake.
Argentina, sin embargo, mantiene vigente el Decreto 256/2010, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner, que exige autorización previa a todo buque que se proponga navegar entre puertos continentales y las islas o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino.
En este marco, la semana pasada un grupo de diputados peronistas encabezado por el excanciller Santiago Cafiero presentó un proyecto de resolución para citar al embajador de Chile en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera, ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados.
La iniciativa reclama que el diplomático informe sobre tres ejes: la posición oficial del gobierno de Kast respecto de la apertura de la ruta y su compatibilidad con los compromisos asumidos sobre la cuestión Malvinas; la eventual participación o autorización de autoridades chilenas en la operación; y la posible utilización de la conexión para abastecer proyectos de explotación hidrocarburífera como Sea Lion.
En paralelo, el diputado Guillermo Michel impulsó un proyecto de ley para denunciar el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio de Doble Imposición Fiscal vigentes entre ambos países. “Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse”, argumentó a este medio.
La semana pasada, el biministro de Economía y Minería chileno, Daniel Mas, defendió la ruta comercial. “Nosotros vemos con buenos ojos cualquier comercio de chilenos, y si tiene que ser con las Malvinas, y se puede hacer, que se haga”, sostuvo y calificó la operación como “un negocio entre privados”.
El diputado Nicolás Trotta, en una columna de opinión en Infobae, planteó: “Si Santiago elige el negocio con los usurpadores, debemos estar dispuestos a suspender esas exportaciones y a sancionar a las empresas que abastezcan el saqueo”.
A su vez, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, también se sumó al reclamo con una carta dirigida al embajador Uriarte Herrera en la que expresó “malestar y preocupación” por las actividades comerciales en Punta Arenas vinculadas al archipiélago.
Edward Miliband,Reino Unido,Chile,relaciones bilaterales
POLITICA
El Tribunal del Mar tratará en noviembre el reclamo argentino por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas
El reclamo argentino ante el Tribunal de Derechos del Mar que depende de Naciones Unidas por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas ya tiene día y hora de tratamiento. Por medio de un comunicado oficial, el tribunal fijó para los días 10 y 11 de noviembre la audiencia para escuchar los argumentos de la delegación argentina, que demanda a las empresas Rockhopper (británica) y Navitas (israelí), integrantes del proyecto Sea Lion de explotación de hidrocarburos en las aguas cercanas a las islas. El gobierno del Reino Unido, que defiende la explotación de recursos como parte del “derecho a la autodeterminación” de la población de Malvinas, también formulará su descargo.
“El Presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el juez Maurice K. Kamga, ha fijado los días 10 y 11 de noviembre de 2026 como fechas para la celebración de la audiencia en el caso relativo a la explotación de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental (Argentina contra Reino Unido)”, informó el tribunal en un comunicado publicado en su página web.
El texto recuerda que hace una semana, la Argentina presentó ante el Tribunal “una solicitud para la indicación de medidas provisionales, de conformidad con el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en relación con una controversia sobre la explotación de recursos de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental”.
La audiencia será abierta al público y se transmitirá en vivo a través del sitio web del tribunal, con sede central en Hamburgo, Alemania, y que integran 21 jueces.
Mario Oyarzábal, diplomático de carrera con misiones pasadas en Países Bajos y Naciones Unidas, fue el encargado de llevar adelante, como director de la consejería legal internacional, el reclamo que el Gobierno presentó ante el tribunal. Lo hizo al vencer el plazo de dos semanas que la diplomacia nacional le dio a Gran Bretaña para que frene la actividad de explotación petrolera que, en el contexto del proyecto Sea Lion, llevan adelante las empresas en las aguas circundantes a las islas.
La idea del Gobierno y la Cancillería que encabeza Pablo Quirno, afirmaron fuentes oficiales, es que el tribunal −creado en 1982 en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar− decida sobre la pertinencia del reclamo argentino ante Gran Bretaña, que rechazó la postura nacional y le adjudicó la intención de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.
A diferencia de Gran Bretaña, que sostiene que las actividades relacionadas con hidrocarburos en ese territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”, el Gobierno afirma que le asiste al país el derecho de presentarse ante un tribunal independiente y que este defina sobre el asunto sin abordar la cuestión de fondo, la soberanía de las islas, que la Argentina reclama cada año, desde 1965, en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas.
En coincidencia con esta presentación, el gobierno británico envió ante Interpol una solicitud para que rechace eventuales peticiones de Argentina “para detener a personas” vinculadas al proyecto Sean Lion. Según el diario británico The Guardian, el gobierno del Reino Unido “ha enviado una carta a la sede de Interpol en Lyon argumentando que las solicitudes de «notificación roja» presentadas por Argentina para la detención de estas personas -entre ellas, ciudadanos británicos- deben considerarse motivadas por razones políticas”.
Según consignó The Guardian, “el gobierno británico está preocupado por lo que diversas fuentes han calificado como un intento de intimidar a personas y empresas para disuadirlas de operar en las Malvinas”.
Desde la Cancillería dejaron trascender a que la estrategia británica de “demonizar” a la Argentina y plantearlo como “el malo de la película” es falaz. Negaron que se hubiese presentado pedido alguno de detención para los ejecutivos de las empresas que llevan adelante el proyecto Sea Lion.
Experimentados diplomáticos consultados por advirtieron sobre eventuales consecuencias negativas que ese reclamo unilateral podría traer en la batalla por la recuperación de las islas por la vía diplomática. Afirman que “Gran Bretaña aún tiene un peso importante en los organismos internacionales” y que alguna mención del tribunal en relación a la “autodeterminación” de los pobladores de las islas (que decidieron formar parte del Reino Unido en un referendum de 2013) puede impactar directamente en el reclamo argentino de soberanía.
Si bien el tribunal atendió la demanda argentina de manera inmediata, se trata del primer paso en un proceso cuya definición -con el fallo del tribunal- puede demandar largos meses, especificaron fuentes diplomáticas.
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POLITICA
La suba del Riesgo País profundiza la interna del Gobierno y crece la presión para suspender las PASO
El riesgo país de Argentina alcanzó 710 puntos básicos al comienzo de la jornada bursátil de este martes. El indicador elaborado por el JPMorgan se encuentra en su nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado. El Gobierno mira con atención a esta cifra, porque refleja el nivel de credibilidad que puede instalar en los mercados sobre la capacidad de pago de su deuda. Y esas expectativas están estrechamente ligadas a cómo puede desempeñarse La Libertad Avanza el año próximo.
Los títulos soberanos argentinos denominados en dólares acumularon una baja promedio de 6% durante el último mes, con retrocesos superiores a 7% entre los bonos de plazos más extensos. La referencia de JP Morgan avanzó unas 35 unidades hasta las 10:15 y encadenó ocho ruedas consecutivas de alzas. El indicador mide la diferencia entre las tasas de los bonos argentinos y las de los títulos del Tesoro de Estados Unidos de duración similar.
En el equipo económico afirman que este indicador crece por dos factores centrales. Uno de estos es externo. Afirman que hay una situación internacional que genera fuertes shocks hacia la Argentina, siendo el principal la suba de tasas en mercados de referencia (como Estados Unidos, Europa o Japón), que incentiva a los inversores a refugiarse en esos activos y no en los mercados emergentes, que en un contexto de volatilidad global producto de los múltiples conflictos (bélicos o comerciales) se vuelven menos atractivos.
Pero quienes trabajan en el Palacio de Hacienda afirman que hay un componente interno y eminentemente político que afecta a la medición del banco estadounidense. El Gobierno todavía no logró la suspensión de las PASO que está incluida en la Reforma Política; para los jugadores financieros, este es un dato de importancia.
Por un lado, si el oficialismo logra hacerlo tendrá capacidad de aplazar la incertidumbre electoral de agosto hacia octubre, dando más posibilidades a la economía para una eventual recuperación y, así, a que se incrementen las chances de que Javier Milei sea reelecto. Por el otro, el Gobierno no puede promover esa reforma sin antes acordar con los espacios aliados y los gobernadores. El mercado miraría con intranquilidad que La Libertad Avanza no realice acuerdos tácticos porque se multiplicarían los competidores contra el oficialismo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, es uno de los principales impulsores al interior del Gobierno de acelerar los acuerdos políticos con los gobernadores, lo que supondría que La Libertad Avanza debería menguar sus intenciones de jugar fuerte en las elecciones provinciales. Esto colisiona con el armado que vienen desplegando los responsables del partido político nacional, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, que consideran que ese pedido hace mella en su área de influencia y que, por el contrario, debe ser el plan económico el que propicie un incremento del caudal electoral.
En ese dilema de cómo podría incidir, o no, un acuerdo político reside la interna que hoy en día atraviesa al círculo chico de funcionarios de la Casa Rosada. Quienes se posan del lado de Caputo son su sobrino y asesor presidencial Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich; mientras que Karina Milei es quien todavía no bajó el martillo para decidir sobre cualquiera de los dos lados. “Mientras la situación siga así, se interpreta que le está dando la razón a los Menem. Son una minoría muy intensa”, dicen sus detractores.
La insistencia del Palacio de Hacienda es tal que afirman que “con un acuerdo político con la oposición y fundamentos macroeconómicos el riesgo país va a bajar a menos de 300 puntos” y que “no hay margen para dar marcha atrás con el plan económico”. “Hay que seguir con la ortodoxia monetaria y fiscal para fortalecer el balance del Banco Central”, afirman.
El cálculo que hacen en la Casa Rosada
Santilli es el funcionario que lidera las conversaciones con los gobernadores y espacios opositores para movilizar la Reforma Política. En su despacho afirman que hay 36 votos en total que podrían estar disponibles si se consigue el visto bueno de los Milei para avanzar a acuerdos concretos.
Hay 21 senadores que son propios de La Libertad Avanza, mientras que 10 son de la Unión Cívica Radical, 3 del PRO, 1 de Despierta Chubut y 1 de La Neuquinidad. El desafío está en todos los bloques. En el espacio radical hay bancas que responden de manera directa a gobernadores y otros que no tienen una correspondencia con el oficialismo de sus provincias, pero con los que se podría hablar igual.
En el partido amarillo también hay dudas si habilitarle la herramienta electoral sin contraprestación, pero en el Gobierno dicen que la senadora Andrea Cristina se posicionará como le diga el gobernador Ignacio Torres. Lo mismo afirman para el caso de Edith Terenzi, de esa misma provincia pero quien tiene su monobloque. Por último, Santilli mira a la senadora Julieta Corroza, quien responde de manera directa a los designios del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.
“Después de eso solo nos queda negociar un voto. Basta con conseguir a algún peronista o buscar por el lado de Santa Cruz. Si el Colo tiene la autorización política para meter presión, los votos van a estar”, afirma una fuente en estricta reserva.
Aunque se habló de que la Reforma Política se podía tratar a fines de octubre o principios de noviembre, en el Gobierno ahora se extienden algo más con los plazos y le quitan dramatismo a la demora. “Hasta el 10 de diciembre hay tiempo”, afirman, aunque no son pocos los funcionarios que ya reconocen que se podrían extender las sesiones ordinarias hasta finales de año o, simplemente, llamar a sesiones extraordinarias, lo que habilitaría a que solo se discutan las iniciativas que se propongan desde la Casa Rosada.
South America / Central America,Government / Politics
LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof enfrentará un nuevo paro docente el próximo jueves en la provincia de Buenos Aires, después de que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazara la última propuesta de mejora salarial y llamara a una medida de fuerza de 48 horas.
Las primeras 24 horas de paro tendrán lugar el jueves, en tanto otras 24 horas quedarán con fecha a definir, según informó la FEB tras un congreso extraordinario que tuvo lugar este martes.
La protesta involucra a unos 60 mil afiliados del segundo gremio en relevancia en este territorio, por lo que el alcance será parcial. Los otros gremios que integran el Frente de Unidad Docente aceptaron la propuesta de Kicillof y no van al paro.
“El Congreso Extraordinario de la FEB decidió rechazar la propuesta salarial del 6% presentada por el Gobierno provincial y definió un paro de 48 horas en toda la provincia de Buenos Aires, resolviendo que el primer día de la medida de fuerza se llevará a cabo este jueves, quedando las 24 horas restantes a definir”, informó esa federación este medio día.
“La oferta, recibida el pasado viernes, fue puesta a consideración en toda la provincia, donde las bases definieron sus mandatos y hoy los congresales, por amplia mayoría, ratificaron el rechazo por considerar la propuesta insuficiente. Los congresales coincidieron en que la propuesta salarial no frena el deterioro del poder adquisitivo de los docentes”, informó el gremio.
Esta Federación ya realizó otras cuatro medidas de fuerza en lo que va del ciclo lectivo en curso: hizo paro el 2 de marzo, el 30 de junio y el 1° y el 15 de octubre, según se precisó.
El 1° de octubre la medida no fue por reclamo salarial: tuvo por fin visibilizar agresiones contra docentes.
A la nueva protesta se sumará la línea disidente de Suteba que se referencia como Suteba Multicolor. Este espació calificó la propuesta de recomposición salarial como “miserable” y el jueves marchará a la Dirección General de Cultura y Educación.
Los números de la provincia
La oferta provincial consta de un incremento del 6%, dividido en dos tramos: 3% en octubre y 3% en noviembre sobre la base del sueldo de septiembre, junto con el compromiso de reabrir la discusión en diciembre.
Los primeros en aceptar la suba fueron el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica de Buenos Aires (AMET); la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
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El Tribunal del Mar tratará en noviembre el reclamo argentino por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas
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