POLITICA
Inteligencia Artificial: la prudencia no es de izquierda ni de derecha
En nuestro país la prudencia se volvió sospechosa. Se la confunde con miedo, con falta de ambición o con timidez. Fue hace unos días, y a propósito de la Inteligencia Artificial, cuando en la ONU volvimos a escuchar esta curiosa idea de boca del Presidente de la Nación. Ahora lo audaz parece que es renunciar a regular preventivamente a la IA. Y el que no esté de acuerdo, como siempre, será acusado de tibio o de izquierdista disfrazado de responsable.
No quiero discutir en abstracto. Prefiero bajar esta idea a tierra y preguntarnos qué significa, en concreto, no poner ninguna regla. Pensemos en un banco que deja que una IA decida a quién darle un crédito. La IA aprende de lo que el banco hizo en los últimos veinte años. Si en ese tiempo a los vecinos de ciertos barrios se les prestó menos, concluye que ahí no conviene prestar. Nadie se lo ordenó. Nadie lo decidió. Pero lo aplica miles de veces por día. Y el que vive en esos barrios pide un crédito y recibe un no por su código postal, sin que nadie tenga que explicarle por qué.
Esto no es teoría. En los Países Bajos, entre 2013 y 2020, la administración tributaria usó un sistema automático para detectar fraudes en los subsidios para el cuidado de los hijos. Entre los indicadores de riesgo figuraba la doble nacionalidad. Miles de familias fueron acusadas injustamente y obligadas a devolver dinero que no debían. En enero de 2021 renunció el gobierno entero. Los Países Bajos no son un país desordenado. Pero les pasó igual.
Ahora pensemos en una empresa que no tiene un solo empleado, manejada de punta a punta por una IA. Tampoco es ciencia ficción. El Gobierno envió al Congreso un proyecto para reconocer las “sociedades automatizadas”. Y su posición sobre las reglas es bien explícita.
En enero, en Davos, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijo que su “única tarea” es “que no aparezca ninguna ley de Inteligencia Artificial”. Si una empresa así le niega un crédito a una familia, estafa a un jubilado, comete un fraude o difunde una mentira, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿A quién citarán los jueces?
La pregunta no es abstracta: hasta los legisladores del oficialismo en el Senado introdujeron cambios para que haya personas que respondan. Mientras tanto, los países que se toman en serio esta tecnología hacen exactamente lo contrario: están escribiendo las reglas.
Corea del Sur, el país de Samsung, quiere ser una de las tres potencias mundiales de la Inteligencia Artificial. A principios de este año puso en vigor una ley que identifica los usos más sensibles, como los préstamos, la salud, la educación, las investigaciones criminales y la energía nuclear, y les exige más transparencia y más seguridad. El argumento oficial fue simple: sin previsibilidad legal y sin confianza del público, la tecnología no va a escalar.
Italia fue el primer país de la Unión Europea en sancionar su propia ley. La impulsó el gobierno de Giorgia Meloni. Exige supervisión humana en salud, justicia, educación, trabajo y administración pública, y castiga con prisión a quien use falsificaciones digitales para dañar a otro. Al mismo tiempo, creó un fondo de hasta mil millones de euros para invertir en empresas del sector. Regla e impulso, en el mismo paquete.
En Estados Unidos, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó una ley vigente desde este año que prohíbe los sistemas diseñados para discriminar o para asignarles un puntaje social a las personas. Texas puede ser muchas cosas, menos una república soviética.
En Europa, aun cuando este año Bruselas decidió darles a sus empresas más tiempo para adaptarse, la evaluación de créditos siguió en la lista de usos de alto riesgo. Los países serios simplifican y corrigen plazos. Pero no se les ocurre tirar el reglamento a la basura. El ejemplo más elocuente llegó a fines de septiembre, desde Washington. Varios de los máximos responsables de las empresas de Inteligencia Artificial venían advirtiendo en público sobre los riesgos de sus propios productos, y algunos habían pedido reducir el ritmo al que mejoran sus modelos.
Donald Trump, cuya visión nuestro Gobierno dice compartir plenamente, los reunió en la Casa Blanca. Su respuesta fue pedirles que se controlen solos. Firmaron un documento, el Acuerdo de la Casa Blanca sobre la Superinteligencia, que no obliga a nada ni prevé ninguna sanción. Trump lo definió como “moralmente vinculante”. Es como dejar que cada equipo fije sus propias reglas para jugar al fútbol.
Lo curioso es que hasta ese documento reconoce que hacen falta controles externos y que con el tiempo podría tener sentido convertir estos compromisos en leyes. Nada de lo que hacen Corea, Italia, Texas o Europa es obra de marxistas. Son las cosas que hacen los gobiernos responsables. Los que escriben estas reglas quieren atraer inversiones tanto como nosotros. Pero saben algo que la Argentina aprendió de la peor manera: el capital serio no se instala en lugares donde no hay reglas. Busca países donde las reglas existen, se cumplen y no cambian con cada gobierno.
Cuando los que fabrican autos piden frenos, prometer que las rutas no van a tener límites de velocidad no es audacia. Es un error y punto. Aristóteles lo explicó mejor que nadie. El coraje está en el medio entre dos defectos: por un lado, la cobardía, que es el exceso de miedo, y por el otro, la temeridad, que es su falta. El que no le teme a nada no es un valiente. Es un imprudente. Y la prudencia es justamente la virtud que nos permite distinguir una cosa de la otra.
No es un freno para la decisión. Es la condición para decidir bien. Tampoco se trata de desconfiar del progreso tecnológico. La Revolución Industrial terminó mejorando la vida de casi todos. Pero en Inglaterra, entre 1780 y 1840, la producción por trabajador creció un 46% y los salarios reales apenas un 12%. Pasaron sesenta años, una vida laboral entera, para que el progreso llegara a quienes lo producían.
Gobernar una transición es, entre otras cosas, conseguir que la espera no se lleve puesta una generación. En la Ciudad de Buenos Aires nadie espera a que se caiga un ascensor para exigir que alguien lo revise. No es burocracia: es la condición para que la gente se suba tranquila. Cuando gobernamos la ciudad, incorporamos asistentes virtuales y sistemas para asignar mejor los recursos. Y la pregunta que más nos importaba nunca fue qué podía hacer la herramienta. Fue quién respondía cuando se equivocaba. Las reglas no deben frenar la innovación. Al contrario, deben dar los marcos necesarios para crecer.
Los argentinos conocemos muy bien el precio de la imprudencia. Lo pagamos con inflaciones, defaults y promesas que alguien hizo con entusiasmo y que otros tuvieron que pagar. Por eso la discusión sobre la inteligencia artificial es, en el fondo, una discusión mucho más vieja. La prudencia no es de izquierda ni de derecha. Es la virtud de los que saben que sus decisiones las van a terminar pagando otros. Lo contrario no es la libertad. Es irresponsabilidad, venga de donde venga.
Horacio Rodríguez Larreta,LA NACION,Opinión
POLITICA
El Gobierno postergó el debate de la Ley de Malvinas y negocia cambios para sumar apoyos – Nexofin
El oficialismo aplazó el avance de la denominada Ley de Malvinas, un proyecto que excede el reclamo de soberanía sobre las islas e incluye modificaciones en materia de defensa, inteligencia y financiamiento de los partidos políticos. La discusión en comisiones se reprogramó para el 27 de octubre, mientras el Gobierno busca ajustar el texto para conseguir respaldo legislativo.
La decisión llegó después de que distintos bloques reclamaran cambios y surgieran reparos desde Estados Unidos. Según trascendió, empresas de ese país cuestionaron la falta de precisión en las sanciones previstas para compañías extranjeras.
La llegada a la Argentina del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y de Juan Pablo Segura, responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, suma otro factor a las negociaciones.
El Gobierno impuso el secreto militar para la compra de equipamiento a las Fuerzas Armadas
Uno de los puntos que el Gobierno prevé modificar es el artículo que contempla penas de hasta 12 años de prisión para quienes, por cuenta de agentes extranjeros, intenten alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.
La nueva versión eliminaría la referencia a las “campañas de desinformación”, cuestionada por organizaciones periodísticas y especialistas en derecho constitucional por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
También se analiza ampliar la integración del Consejo de Seguridad Nacional con la incorporación del Ministerio de Seguridad y de los presidentes de ambas cámaras del Congreso. El proyecto sumaría, además, una comisión bicameral para supervisar su funcionamiento.
El respaldo parlamentario sigue sin estar asegurado. El peronismo anticipó que acompañaría únicamente el capítulo dedicado a Malvinas y pidió tratarlo por separado.
En paralelo, el oficialismo deberá negociar con sus aliados de Pro, la UCR y los bloques de centro para reunir los votos necesarios.
Javier Milei celebró el récord de exportaciones: “Argentina está generando una revolución subterránea”
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Campaña de desinformación,Congreso,Islas Malvinas,LEY DE MALVINAS
Fue una bienvenida filosa: el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, le dedicó burlas y duras críticas al presidente Javier Milei horas antes de su llegada a Madrid para participar de actividades con sus socios de la derecha alternativa VOX.
Puente, que desde hace años confronta con Milei en público, le dedicó al líder argentino un discurso de campaña en Valladolid, la ciudad castellana de la que fue alcalde. Lo escuchaba entre risas y aplausos el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre. “Lamentablemente no todo va a ser amor en esta charla. Ya sabéis que viene Milei a España”, arrancó el ministro ante la militancia socialista.
Con tono sarcástico, añadió que hablar en esas circunstancia le exigía “un ejercicio de contención muy grande”. Dijo: “No me voy a meter con cómo baila o con cómo canta. Es verdad que canta como un gato afónico al que le ha pillado la cola la puerta. Voy a hablaros de sus políticas y del contraste con las políticas en España”.
El ministro también apuntó contra el Partido Popular (PP) y Vox por la visita. “Se traen a Milei a España a pasearle tres días en plena campaña electoral. Luego se quejan: ‘Es que nos va fatal en las campañas’. Hombre, algo estaréis haciendo mal”, dijo. Y agregó: “Él viene a España a contarnos la buena nueva, viene a contarnos lo que Vox y el Partido Popular quieren hacer en España. Ojo, que no soy yo el que dice que Milei viene a hacer campaña, ni soy yo quien dice que quieren hacer en España lo mismo que está haciendo Milei o Trump: son ellos”.
El socialismo de Sánchez marcha por detrás del PP en las encuestas, que casi en su totalidad anticipan un gobierno de la derecha conservadora en coalición con VOX.
No es la primera vez que Puente apunta contra Milei. En mayo de 2024, el ministro fue el primer miembro del gobierno de Sánchez en cruzarse con el presidente argentino, cuando insinuó en una intervención pública que lo había visto en televisión “antes o después de la ingesta de sustancias”. La Casa Rosada respondió con un duro comunicado contra el gobierno español. Fue el inicio de una escalada que se agravó días después, cuando Milei, en un acto de VOX en Madrid, calificó de “corrupta” a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. España exigió una disculpa pública y terminó retirando a su embajadora en Buenos Aires, situación que duró meses.
En Valladolid, Puente dijo que quería “hacer pedagogía” con “tres datos” y empezó por el empleo. “España este año ha alcanzado el récord de afiliados a la Seguridad Social con 22 millones de trabajadores. Mientras tanto, Argentina también ha alcanzado un récord este año: el 45% de los trabajadores argentinos están en lo que se llama informalidad”, afirmó. “Milei ha llevado a Argentina al récord de trabajadores en la clandestinidad: 11 millones de argentinos y argentinas trabajan sin ningún derecho social”, sostuvo, y preguntó: “¿Es eso lo que quiere (Santiago) Abascal para España?”.
Salarios y empresas
El segundo dato fue el salario mínimo. Según Puente, en España “ha crecido un 66%” en los ocho años de gobierno socialista, mientras que en Argentina “ha decrecido un 40% desde noviembre del año 23”. El ministro vinculó la cifra con una propuesta del PP para que el salario mínimo surja de un acuerdo entre empresarios y sindicatos y no lo fije el Gobierno. “Queridos perceptores del salario mínimo interprofesional: el Partido Popular quiere dejaros al albur de lo que decidan los empresarios. Si quieren subiros el sueldo os lo subirán, y si no, os quedaréis como estáis o perderéis un 40% como han perdido los argentinos con Milei”, advirtió. “Esto no es demagogia, me pongo serio porque la cosa es muy seria”.
El cierre fue para el tejido empresarial y el símbolo más conocido de Milei. “Desde que Milei es presidente, Argentina ha perdido 36.000 empresas. Desde que este Gobierno llegó, hay 100.000 empresas más en España”, dijo Puente. “A ver si va a resultar, en términos puramente liberales, que el socialismo es mejor para crear riqueza que la motosierra. Tiene su lógica, porque la motosierra no crea ni construye nada: solo siega, solo corta. Y eso es lo que trae la derecha a este país. No se lo consintamos, seamos inteligentes”, concluyó.
Es la séptima visita de Milei a España desde que asumió, y la tercera en lo que va de 2026. Viaja junto al canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. El miércoles expondrá en el Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo, y participará de la apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, en la Universidad Rey Juan Carlos. Ese mismo día se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En cambio, por ahora no está previsto un encuentro con el líder de VOX, Abascal, amigo personal de Milei. El partido informó el lunes que el candidato estará de gira por ciudades del norte del país, lo que le impedirá encontrarse con el presidente argentino en Madrid. A Milei lo recibirán, en cambio, autoridades de la Fundación Disenso, el think tank de VOX.
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POLITICA
Una diputada incomodó a Torrendell por los tiempos de graduación y las becas: “Su egreso fue 15 años después”
Luego de que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, cuestionara las tasas de graduados de universidades públicas en comparación con las instituciones privadas, la diputada Mariela Coletta, de Provincias Unidas, incomodó al funcionario al exponer que había demorado 15 años en recibirse.
Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda celebrada este martes en la Cámara de Diputados, Torrendell sostuvo que en las universidades públicas se reciben 18,7 de cada 100 estudiantes que inician sus estudios, frente a 40 en las privadas.
“Se gastó mucho pero no se gastó en que los chicos aprendieran. Nosotros cambiamos los paradigmas”, cuestionó el secretario de Educación al hacer mención a la creación de universidades nacionales que hubo en los últimos años.
Al mismo tiempo que indicó que cada alumno representaba “un costo de USD 14.800”, pidió información y transparencia en la administración de los recursos. Y apuntó: “En el ámbito universitario tenemos una dirigencia aislada que solo acuerda para pedir más recursos. Es un acuerdo corporativo, de casta”.
Frente a esto, la diputada radical contrapuso los planteos oficiales sobre la graduación con la trayectoria académica que atribuyó al propio funcionario y rechazó que se evalúe a los estudiantes solo por el tiempo que demandan sus estudios.
“Usted se anotó en una universidad en el año 88 para Abogacía, lo dejó, vaya a saber por qué motivos personales lo decidió“, indicó Coletta, a modo de reconstruir el recorrido universitario de Torrendell. Y apuntó: ”En 1990 se anotó en la carrera que sí estudió efectivamente y su egreso fue en el 2005, quince años después”.
En línea con esto, discutió la idea de que una demora en la graduación permita juzgar el compromiso de una persona con sus estudios. “¿Eso está mal? ¿Yo tengo que poner en duda que usted no tuvo voluntad o que no le pasó la vida como a cualquier ser humano que estudia una carrera y quizás trabaja, lo deja en pausa por cuestiones familiares, personales?”, preguntó.
Luego, cuestionó el enfoque del Gobierno sobre el desempeño de los alumnos universitarios. “¿Realmente les parece hablar del tiempo de cursada con esa insensibilidad, sin tener en cuenta que hay voluntad y deseo de progresar?”, expresó la diputada de Provincias Unidas.
En el segundo tramo de su intervención, la diputada consultó a Torrendell sobre un posgrado que realizó en Chile con una beca de ciencia y técnica de ese país. “¿A usted le parece mal que los gobiernos inviertan en becas para ciencia y tecnología? Porque acá este gobierno desfinancia el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)”, cuestionó.
A partir de allí, utilizó una imagen para cuestionar a quienes, según su mirada, acceden a apoyos estatales y luego objetan la inversión pública en educación superior e investigación. “Esto me lleva al ejemplo de la escalera: subo la escalera y cuando estoy arriba la pateo para que nadie más suba”, afirmó.
Coletta también puso como ejemplo al fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, y al vínculo de la empresa con graduados de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En ese sentido, dijo que el empresario estudió fuera del país con una beca de YPF y cuestionó los subsidios que recibe la compañía.
“Toda la cúpula, la de los cargos más jerárquicos de Mercado Libre, son graduados de la UBA. Entonces usan el sistema, le sacan provecho y después van y lo rompen”, recriminó la diputada, quien fue interrumpida por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch.
La intervención se produjo en una reunión marcada por los reclamos opositores para que el proyecto presupuestario contemple las obligaciones de la Ley de Financiamiento Universitario. Previamente, Coletta había acompañado el pedido de convocar a representantes de las universidades, estudiantes, docentes y gremios a las próximas discusiones de la comisión.
Según pudo confirmar Infobae, antes de que se diera inicio a la reunión, un grupo de estudiantes universitarios había intentado ingresar a la sala del primer piso del anexo de la Cámara Baja. Sin embargo, el personal de seguridad impidió que participaran de la jornada.
En el recinto también estuvo presente el secretario de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien asistió para defender la propuesta oficial. El proyecto prevé transferencias por $ 7,7 billones para las universidades nacionales en 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama una asignación superior a $ 11 billones, de acuerdo con cifras difundidas durante el debate.
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