La exprocuradora Alejandra Gils Carbó fue indagada este martes en el juicio oral por presuntas irregularidades en la compra, realizada durante su mandato, del edificio de la Procuración General de Perón 667, en el centro porteño.

Gils Carbó, acusada del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, pidió que se leyera su declaración indagatoria de 2017, dijeron fuentes judiciales, y no respondió preguntas del fiscal Marcelo Colombo ni de los jueces del Tribunal Oral Federal 8.

En aquel descargo, la exprocuradora negó haber tenido participación en la presunta maniobra para direccionar aquella licitación y apuntó contra Guillermo Bellingi, quien se desempeñaba como subdirector general de Administración de la Procuración y había tenido intervención en el proceso de contratación.

Bellingi, que murió antes del comienzo del juicio, era mediohermano del productor de seguros Juan Carlos Thill, que cobró una comisión de $3 millones por su intervención en la operatoria.

El juicio comenzó el 22 de septiembre. Investiga la adquisición, en 2013, del edificio donde funciona actualmente la Procuración General. Según la acusación, a cargo del fiscal Colombo, el proceso de contratación fue direccionado para beneficiar a la empresa vendedora, Arfinsa, mediante una maniobra que permitió el pago de comisiones millonarias a intermediarios privados.

Arfinsa pagó una comisión de $7,7 millones a la inmobiliaria Jaureguiberry por su intervención en la compraventa, y esta, a su vez, transfirió poco más de $3 millones a Thill por supuestas tareas de asesoramiento.

Los investigadores sostienen que el productor de seguros había tenido acceso anticipado a información sobre los pliegos y las fechas de la licitación a través de su medio hermano, que intervenía en el procedimiento de contratación desde la Procuración.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Eduardo Taiano, quien en julio de 2017 pidió la indagatoria de Gils Carbó cuando ella todavía era su jefa.

Junto con Gils Carbó son juzgados otros tres acusados: Thill, Bárbara Jaureguiberry, representante de la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, y Adrián González Fischer, exdirectivo de Arfinsa, la empresa propietaria del inmueble.

Todos llegaron a juicio acusados de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Como abogada, la exprocuradora Gils Carbó defiende en el juicio oral por los cuadernos de las coimas al empresario Gerardo Ferreyra, exvicepresidente y accionista de Electroingeniería.

Los fiscales que investigan la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) hicieron hoy un pedido de indagatorias en el que aportaron nuevas pruebas de presuntos sobreprecios en medicamentos que multiplicaron hasta diez veces su valor y acuerdos entre empresas que, según los fiscales, consiguieron elevar artificialmente los precios que pagaría el Estado, una aparente cartelización organizada por directivos de la droguería Suizo Argentina.

El caso de la cladribina, medicamento destinado a pacientes con esclerosis múltiple, ilustra el entramado descripto por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.

“Chicos, entraron eurit a 92 mil de costo. Necesito que roten”, envió al grupo “Comercial Coordinadores” de la Suizo Argentina Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales de la droguería. Eurit, se trata del nombre comercial de la droga cladribina, que produce el Laboratorio Richmond, aclara el pedido de indagatoria.

Seis minutos después del mensaje de Zarbo, Tomás Medina, identificado como responsable Comercial de Licitaciones de Tratamientos Especiales de la Suizo, contestó: “Precio de venta? O nos manejamos como nosotros querramos”. La respuesta la obtuvo tan sólo un minuto más tarde: “Lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”, escribió Zarbo, según la prueba recolectada por la Justicia.

Estos mensajes del 4 de julio de 2024 se complementan con la documentación sobre ventas. La lupa se posa sobre las compulsas del 29 de julio y 2 de agosto siguientes, por un total de 66 unidades de cladribina. De ellas, 52 fueron adjudicadas a la Suizo por un valor unitario de $3.900.000 millones y las restantes, a $4.000.000 cada una. Esa misma droga, en mayo, había sido adjudicada a $281.000 la unidad. Incluso, en agosto, 25 días después de la segunda adjudicación cuestionada, la Suizo la había cotizado a $405.014 la unidad.

Este último precio que ofertó la empresa de la familia Kovalivker representa el 9,89% del valor de la adjudicación que obtuvo ese mismo mes. “El precio unitario cayó en un mes a la décima parte, sin que se verifique circunstancia legítima alguna que justifique la diferencia de valores. Solo consta: ‘El precio lo pones vos loco, ganemos plata”, consideró la fiscalía.

Pero el precio no fue lo único que llamó la atención, sino también la actitud de las supuestas competidoras de esta empresa. En la primera compulsa, la de julio, la Suizo presentó su oferta al igual que Droguería del Sud y Soldist. La Suizo había cotizado a $3,9 millones, Droguería del Sud también y Soldist, a $4,1 millones. Según recabó la Justicia, “en la compulsa inmediatamente anterior” Soldist había cotizado el medicamento a $820 mil, una cifra muchísimo menor. ¿Por qué semejante diferencia? “¿Tal vez para dotar a la cotización de la Suizo Argentina S.A. de un manto de falsa transparencia y competencia y que le sea adjudicada como requería la firma aparentando ser la oferta más conveniente?“, advierte la fiscalía.

Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) contabilizó que la Suizo llegó a facturar $124.652.174.118,59 a ANDIS desde mayo de 2024 a agosto de 2025. La fiscalía agregó que “entre los años 2023 y 2024, se registró un incremento de facturación que, restada la inflación, representó un 205,7%”.

El nuevo pedido de indagatoria señala a Pablo Atchabahian como un presunto nexo entre la empresa de los Kovalivker y la Andis. El dictamen cita unos mensajes de agosto de 2023 entre Atchabahian y Emmanuel Kovalivker, en el que el primero le dice: “Gracias Ema querido soy un soldado” y el segundo responde: “Un gran soldadi” (sic)“.

Por sus gestiones de lobby en la Andis, los dueños de la Suizo le pagaban, aunque no tenían la relación registrada en blanco. Lo tenían incorporado a los gastos del “Directorio” y en la causa hay 33 facturas de vuelo halladas en sedes de la Suizo por viajes de Atchabahian.

A su vez, Atchabahian compartía el “Grupo Museo”, con Daniel Garbellini, un grupo de chat en el que hablaban de cómo entrar a hacer negocios con el Estado justo antes de que a Garbellini lo nombraran con un cargo clave en la Andis: el que controlaba la implementación del programa Incluir Salud, mediante el cual la Agencia compraba medicamentos e insumos. Para la fiscalía, Garbellini “era la mano derecha de Pablo Atchabahian”.

Otro caso resaltado por la Justicia es el del Factor VIII + Factor Von Willebrand, una droga que puede ser administrada en pacientes con hemofilia.

Superganancias

“Podes pedir coti de este producto?”, se envió desde un teléfono a nombre de Fernando Dominguez, coordinador de Tratamientos Especiales de la Suizo, a Martín Pinto, el jefe de Control Comercial de Tratamientos Especiales. Aclaró que al día siguiente vencía la “coti” y que era para “incluir”, por Incluir Salud.

La fiscalía relata que Pinto respondió con un audio en el que habla de “400 mil pesos” y dice “tomate 450 de costo”. Por la noche de ese 13 de agosto de 2025, Domínguez le contestó: “Dale, crack. Sí, lo tomo, dale, costo 450. Eso seguramente se lo vendo a Génesis, ahora después lo tengo que ver”.

Una compulsa abierta por Andis que vencía al día siguiente buscaba el medicamento al que aludían Dominguez y Pinto. “El medicamento de alto costo fue adjudicado a Suizo Argentina S.A. por un monto unitario de $1.742.401.00, el que multiplicado por las 130 unidades requeridas arrojó un total de $226.512.130.00″, reconstruye el texto judicial. La fiscalía habló de “pagos irracionales en perjuicio del erario público”. Comparó los $1,7 millones por unidad con los 450 mil de costo.

Empresa pantalla

El pedido de indagatoria también afirma que la Suizo Argentina utilizó además una empresa pantalla llamada Génesis “para simular competencia y distribuir ganancias”. La fiscalía basó esa afirmación en chats entre representantes de las dos firmas, facturas y un allanamiento en Génesis donde encontraron “escasos medicamentos” y “escasa utilización del sector ‘depósito’ y de sus heladeras para refrigeración”.

La droguería Génesis facturó a la ANDIS, entre enero 2024 y agosto 2025, un total de $24,8 mil millones ARCA.

La fiscalía detectó mensajes borrados entre el presidente de Génesis, Andrés Horacio Arnaudo, y el director de Asuntos Corporativos de la Suizo Argentina, Sebastián Nuner Uner, y chats entre Arnaudo y Domínguez en el que este último, que es de la Suizo, le decía: “Si podes… le mandas mje a Seba?”, ante una consulta sobre cómo actuar en un negocio determinado.

Previo a eso, en julio de 2024, el mismo Domínguez conversaba con su colega Pinto, en un diálogo que la fiscalía interpretó como una supuesta competencia para ver quién vendía más a las otras droguerías. Allí pronunció frases como “recién arranqué con Génesis papá” y “dame tiempo, ahora con este… con este chinchullito que tenemos nuevo, sabés qué, ¿no?“.

La fiscalía destacó además que la Suizo había omitido presentarse en compulsas que sospechosamente ganó Génesis con productos comprados a la Suizo. “¿Por qué una firma elegiría no presentarse a competir en una compulsa de precios con productos que comercializa y, en cambio, vendérselos a uno de sus competidores para que sea este quien lo haga a un valor más elevado?”, se preguntaron los fiscales.

En los allanamientos en Génesis, la Justicia encontró facturas de medicamentos que la droguería le compró a la Suizo y que “luego se los vendió a Andis”. Según la fiscalía, la Suizo le vendió a Génesis medicamentos por $378,8 millones “vinculados a esas órdenes de compra” y Génesis “le vendió a la Andis esos mismos medicamentos” por un monto de $545,7 millones. “Por ende, la diferencia entre ambos totales arroja la cifra de $166.906.487,11″, advierte el análisis del Ministerio Público.