Mientras se reavivan las diferencias internas en el Gobierno en torno a la política de discapacidad, la Iglesia reiteró su preocupación por los recortes que sufrió el área durante la gestión de Javier Milei.

La Comisión de Pastoral Social fijó su posición sobre el debate legislativo sobre la emergencia en discapacidad luego de las reuniones que personal del área de Discapacidad del organismo mantuvo con legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas y La Libertad Avanza. Durante el encuentro con los libertarios, se discutieron los cambios que aceptó incorporar el oficialismo en el proyecto que se tratará en la sesión de hoy en la Cámara baja.

“No nos manifestamos a favor ni en contra del nuevo dictamen, ni sobre la prórroga de la emergencia. Expusimos la necesidad de buscar destrabar la situación en el debate legislativo y de aplicar cambios al capítulo VI de la ley de presupuesto 2027, que modifica el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad”, explicó a una fuente de la Iglesia.

En la reunión con el oficialismo participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los legisladores Oscar Herrera Aguad, Nicolás Mayoraz, Oscar Zago y Laura Rodríguez Machado, entre otros. “Llevamos preocupaciones y propuestas”, explicó la fuente.

Lejos de estar conformes con las modificaciones que debió introducir el oficialismo para contentar a sus aliados en el Congreso, los emisarios de la Iglesia renovaron su pedido al Gobierno para que prorrogue la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027, como pretenden los bloques de la oposición.

“Esta ley comenzó a aplicarse recién en 2026, de manera parcial y por orden judicial, por lo que aún no pudo cumplir su objetivo. Pedimos, también, que su vencimiento no pueda usarse para desconocer los derechos que reconoció ni las deudas ya generadas”, indicó la Iglesia.

Además, reclamaron se modifique el proyecto de Presupuesto 2027 para garantizar fondos suficientes para el área. En concreto, solicitaron que se incorpore “una previsión presupuestaria que permita asegurar fondos suficientes para sostener las prestaciones, las pensiones y la cobertura de salud”.

El nuevo cortocircuito entre los obispos y la gestión de Milei se produce en la antesala del viaje del papa León XIV a la Argentina. Dado que el Sumo Pontífice se recupera de manera satisfactoria de la operación en la que le extirparon un tumor maligno, los prelados creen que todo indica que visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

Uno de los puntos de la agenda del Papa que más inquieta a la Casa Rosada es la recorrida por el Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven unas 400 personas con discapacidades severas. Especulan que las palabras que pueda verter León XIV en esos ámbitos serán usadas para criticar los recortes en el área de discapacidad que impulsó Milei.

El dictamen consensuado entre los libertarios y sus aliados en Diputados incorporó aspectos centrales de la ley de emergencia, como la compatibilidad de la pensión por discapacidad con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, la fijación de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y el sostenimiento del nomenclador de prestaciones. La Casa Rosada tomó distancia de ese acuerdo entre los legisladores libertarios y sus socios en el Congreso.

En ese marco, el Episcopado advirtió sobre el peligro de dividir las pensiones en dos grupos y debilitar la cobertura de salud de las personas con discapacidad.

“Las personas con discapacidad que tienen un grado de discapacidad tal que no permite su inserción laboral en condiciones generales pasarían a tener menos derechos: perderían la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo y la cobertura de salud”, puntualizaron desde la Iglesia.

Y agregaron: “En estos casos, cuando se logra un empleo, es habitualmente con acompañamiento y con ingresos en extremo magros, que no permiten sustentarse de modo autónomo ni hacer frente a sus especiales necesidades sanitarias. Son, justamente, las personas más vulnerables”.

También objetaron que el proyecto del oficialismo permita “suspender pensiones antes de escuchar a la persona, por un simple cruce de datos, sin plazos para resolver ni garantías adecuadas” o que no brinde “certezas a los prestadores”. “No fija plazos de pago y deja sin fecha ni actualización la compensación adeudada, manteniendo la exclusión de prestadores dispuesta por el Decreto 84/202”, indicaron.

En el punto 4 del comunicado, la Iglesia reclamó al Ejecutivo que “se fije un plazo para resolver las más de 200.000 solicitudes de pensión pendientes que abarcan todo el año 2026, y que se publique información periódica sobre altas, bajas y suspensiones”.

“También pedimos que las afirmaciones sobre irregularidades se basen en datos verificables, para no estigmatizar a quienes acceden legítimamente a este derecho”, advirtieron.

Los encargados del Área de Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social decidieron difundir el comunicado tras la reunión que mantuvieron con diputados de La Libertad Avanza para discutir los cambios que aceptó incorporar el oficialismo en el proyecto que se tratará en la sesión de hoy en la Cámara baja.

La Iglesia insistió en que durante el encuentro con los representantes de LLA se expresó su profunda preocupación por los derechos de las personas con discapacidad.

En el comunicado insistieron en la necesidad de resolver las solicitudes de pensiones pendientes y fomentar una participación ciudadana más activa en las políticas públicas del sector.

“Creemos necesario avanzar hacia una política integral de discapacidad, desarrollada por el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias. Una gran cantidad de personas con discapacidad depende del sistema público y no encuentra respuesta a sus necesidades”, concluyó la Iglesia.