La falta de un par de firmas en las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado impidió, el jueves pasado, acelerar una nueva ley de salud mental, tras meses de negociaciones entre Nación y provincias representadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). La ayuda llegó esta tarde, tras la presentación de un texto —ahora, dictamen de minoría— de parte de tres ex kirchneristas y, con ello, La Libertad Avanza se quedó con el despacho de mayoría -por sumatoria de voluntades- y la posibilidad de llevar al tema a una potencial sesión de cara a la próxima semana.

A pesar de la buena noticia para los libertarios, la disidencia de varios dialoguistas representa una eventual traba a la hora de contar votos, por lo que nadie asegura un acuerdo cerrado al ciento por ciento. Las firmas que permitieron generar la orden del día -y, por ende, los dos dictámenes- fueron los reflotados justicialistas de Convicción Federal Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). El primero fue uno de los que advirtió sobre los recursos que implicaría una nueva ley. Algunos aliados comparten la preocupación.

En concreto, el texto de oficialismo y dialoguistas plantea la prioridad para médicos -psiquiatras, en preferencia- sobre psicólogos -quienes también formarán los equipos interdisciplinarios- a la hora de tomar las decisiones más delicadas. Y las internaciones involuntarias serán notificadas a un juez, que no tendrá injerencia en dicha acción, mientras que se revalida y sostiene la cooperación entre Nación y provincias en cuanto al financiamiento. Para el primer punto, Convicción Federal casi que equipara las profesiones, ya que se requiere al menos uno de ellos para actuar, algo considerado en varios despachos como un “delirio”. Andrada se recibió de cirujano.

Por otra parte, se ampliará el concepto de adicciones -por ejemplo, la ludopatía-, se activará una delimitación de familiares en representación de pacientes, se impondrán diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y quedará prohibida la práctica de manicomios. También existirá un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.

Además, todos los trabajadores involucrados en el proceso deberán contar con capacitación permanente. Otro ítem que generó conflicto y terminó de inclinar la balanza del articulado -ahora, con luz verde para el recinto- fue la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera nacional en los convenios con las jurisdicciones. Es decir, plata. Lo que también reclama Convicción Federal, que pasó de cuestionar el fallo que mandó a prisión a Cristina Kirchner -como planteó Moisés, en 2025- a enfrentarse con sus ex compañeros vía redes sociales.

En cuanto a familiares, la iniciativa limitará la intervención a padres o hijos y se mantendrán los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.

Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una potencial internación en unidades de adultos, la misma quedará restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.

En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.

Deudores alimentarios morosos

Más temprano, un plenario de las comisiones de Legislación General y de Población de la Cámara alta buscó congeniar, sin éxito, dos proyectos relacionados con la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos. Ante diferencias entre los articulados del peronista Pablo Bensusán (La Pampa) y la filo radical Edith Terenzi (Chubut), se pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, con el fin de llegar a un documento consensuado.

Gustavo Ybarra,Conforme a

La Cámara de Casación resolvió este martes unificar las causas Hotesur y Los Sauces y ambos expedientes serán juzgados en un mismo juicio que comienza el próximo viernes en los tribunales de Comodoro Py.

Estarán en el banquillo de los acusados 19 personas, entre ellas la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.

La fiscalía les imputa, según el caso, los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, en el marco de un esquema que, según la acusación, permitió canalizar fondos de origen ilícito hacia el patrimonio familiar a través de sociedades hoteleras e inmobiliarias.

La decisión de Casación va en línea con el pedido del fiscal que aseguró que ambos expedientes se encuentran en condiciones de ser debatidas conjuntamente.

“El desdoblamiento condiciona sin intervención fiscal el alcance con que podrá sostener cada una de sus acusaciones y conlleva el riesgo de valoraciones fragmentadas, pronunciamientos contradictorios y cosa juzgada parcial”, dijo el fiscal Mario Villar cuando apeló. Es decir, la fiscalía puso de manifiesto que separar ambos expedientes podría debilitar la acusación y, por ejemplo, si alguno de los imputados resultara absuelto en una causa, inevitablemente, también quedaría sin delitos en la otra porque la acusación sostiene que se trató de un mismo circuito de desvío de fondos.

Para el fiscal, separar las cusas, genera incluso una contradicción estructural insalvable a los propios jueces porque los obliga a pronunciarse primero en “Los Sauces” sobre plexos probatorios indivisibles y comunes a “Hotesur”. Y eso “condicionaría el segundo fallo a partir de una base probatoria parcial, propiciaría pronunciamientos incompatibles y generaría el peligro concreto de que las defensas opongan excepciones de cosa juzgada”.

Además, que los hechos se analicen de una sola vez permitiría, profundizó Villar, reconstruir con mayor nitidez cómo se utilizaron ambas empresas para desviar fondos.

Tanto la expresidenta como su hijo presentaron un recurso en los últimos días para que las causas sean tratadas por separado y otro para que no tengan que acudir de manera presencial. Este último se encuentra pendiente de resolución.

A quiénes se juzga

De acuerdo con los requerimientos de elevación a juicio, la expresidenta está acusada como jefa de una asociación ilícita y por lavado de activos en el tramo de Los Sauces. A su hijo Máximo se le atribuye el rol de organizador de esa asociación, además del lavado de dinero. En el expediente de Hotesur, en cambio, a ambos se les imputa principalmente el delito de lavado de activos, sin reiterar la asociación ilícita para evitar un doble juzgamiento por el mismo hecho.

Entre los principales imputados también figuran el empresario Lázaro Báez, a quien se le atribuye haber actuado como organizador de la asociación ilícita y por lavado de activos en ambos expedientes, y su hijo Martín Báez. Completan el núcleo más visible Cristóbal López y Fabián De Sousa, titulares del Grupo Indalo, acusados de asociación ilícita y lavado principalmente por los pagos realizados en Los Sauces a través de sociedades como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.

En Hotesur, la empresa central es Valle Mitre, firma vinculada a Báez que, según la acusación, pagó más de 28 millones de pesos a Hotesur entre 2008 y 2015 por habitaciones y servicios del Alto Calafate y de Las Dunas que, para los fiscales, no se correspondían con un uso real.

También están imputados Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la expresidenta y su esposo Patricio Pereyra Arandia; Osvaldo “Bochi” Sanfelice, administrador del entramado; el contador Víctor Manzanares; y el escribano Ricardo Albornoz.