POLITICA
Hotesur y Los Sauces: qué cambia con la unificación de las causas y por qué complica a Cristina y Máximo Kirchner
La Cámara de Casación resolvió este martes unificar las causas Hotesur y Los Sauces y ambos expedientes serán juzgados en un mismo juicio que comienza el próximo viernes en los tribunales de Comodoro Py.
Estarán en el banquillo de los acusados 19 personas, entre ellas la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.
La fiscalía les imputa, según el caso, los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, en el marco de un esquema que, según la acusación, permitió canalizar fondos de origen ilícito hacia el patrimonio familiar a través de sociedades hoteleras e inmobiliarias.
La decisión de Casación va en línea con el pedido del fiscal que aseguró que ambos expedientes se encuentran en condiciones de ser debatidas conjuntamente.
“El desdoblamiento condiciona sin intervención fiscal el alcance con que podrá sostener cada una de sus acusaciones y conlleva el riesgo de valoraciones fragmentadas, pronunciamientos contradictorios y cosa juzgada parcial”, dijo el fiscal Mario Villar cuando apeló. Es decir, la fiscalía puso de manifiesto que separar ambos expedientes podría debilitar la acusación y, por ejemplo, si alguno de los imputados resultara absuelto en una causa, inevitablemente, también quedaría sin delitos en la otra porque la acusación sostiene que se trató de un mismo circuito de desvío de fondos.
Para el fiscal, separar las cusas, genera incluso una contradicción estructural insalvable a los propios jueces porque los obliga a pronunciarse primero en “Los Sauces” sobre plexos probatorios indivisibles y comunes a “Hotesur”. Y eso “condicionaría el segundo fallo a partir de una base probatoria parcial, propiciaría pronunciamientos incompatibles y generaría el peligro concreto de que las defensas opongan excepciones de cosa juzgada”.
Además, que los hechos se analicen de una sola vez permitiría, profundizó Villar, reconstruir con mayor nitidez cómo se utilizaron ambas empresas para desviar fondos.
Tanto la expresidenta como su hijo presentaron un recurso en los últimos días para que las causas sean tratadas por separado y otro para que no tengan que acudir de manera presencial. Este último se encuentra pendiente de resolución.
A quiénes se juzga
De acuerdo con los requerimientos de elevación a juicio, la expresidenta está acusada como jefa de una asociación ilícita y por lavado de activos en el tramo de Los Sauces. A su hijo Máximo se le atribuye el rol de organizador de esa asociación, además del lavado de dinero. En el expediente de Hotesur, en cambio, a ambos se les imputa principalmente el delito de lavado de activos, sin reiterar la asociación ilícita para evitar un doble juzgamiento por el mismo hecho.
Entre los principales imputados también figuran el empresario Lázaro Báez, a quien se le atribuye haber actuado como organizador de la asociación ilícita y por lavado de activos en ambos expedientes, y su hijo Martín Báez. Completan el núcleo más visible Cristóbal López y Fabián De Sousa, titulares del Grupo Indalo, acusados de asociación ilícita y lavado principalmente por los pagos realizados en Los Sauces a través de sociedades como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.
En Hotesur, la empresa central es Valle Mitre, firma vinculada a Báez que, según la acusación, pagó más de 28 millones de pesos a Hotesur entre 2008 y 2015 por habitaciones y servicios del Alto Calafate y de Las Dunas que, para los fiscales, no se correspondían con un uso real.
También están imputados Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la expresidenta y su esposo Patricio Pereyra Arandia; Osvaldo “Bochi” Sanfelice, administrador del entramado; el contador Víctor Manzanares; y el escribano Ricardo Albornoz.
POLITICA
Desalojos, expropiaciones y tierras: los principales puntos de la ley de propiedad privada que se aprobó en Diputados
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que introduce cambios en los procedimientos de desalojo, limita las condiciones en las que el Estado puede expropiar bienes y restablece las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, en una concesión del oficialismo a sus aliados para destrabar el tratamiento de la reforma.
El proyecto obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como la Cámara baja incorporó modificaciones al texto que había aprobado el Senado el 6 de agosto, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su revisión.
Entre sus puntos principales, la iniciativa apunta a acelerar los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles urbanos y rurales. Para ello, establece que las acciones de desalojo tramiten mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento más abreviado que el proceso ordinario.
En los casos de falta de pago de alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino para que regularice la deuda y otorgarle un plazo no inferior a 10 días corridos desde la recepción de la notificación. La intimación deberá especificar el lugar de pago.
Si el incumplimiento persiste, el locador podrá iniciar la acción de desalojo. El proyecto contempla un procedimiento de restitución del inmueble en un plazo de 10 días hábiles y habilita a solicitar la desocupación inmediata en los casos de falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución juratoria.
Esta última figura permite al solicitante asumir formalmente la responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar una medida indebida, sin que deba constituir necesariamente una garantía patrimonial.
La iniciativa también establece controles judiciales para determinados desalojos. Cuando se invoquen causas como el cambio de destino, el deterioro del inmueble, la realización de obras nocivas o el uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes.
En caso de que haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el magistrado deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional, sin que eso implique suspender el proceso judicial.
POLITICA
Vandalismo rural: Diputados aprobó un proyecto que prevé hasta 10 años de prisión para quienes provoquen daños a la producción del agro
En medio de una sesión maratónica, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto contra el vandalismo rural, que contempla penas de hasta ocho años de prisión para quienes provoquen daños a la producción agropecuaria, pero que pueden llegar a 10 años si el daño es cometido por tres o más personas de manera coordinada, si provoca la pérdida total de la producción o frena el ciclo productivo.
La iniciativa obtuvo 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención.
La propuesta, impulsada por el diputado pampeano de Pro Martín Ardohain, obtuvo dictamen a principios de octubre y busca incorporar al Código Penal la figura del “vandalismo rural”, con sanciones específicas para este tipo de delitos.
En concreto, el texto establece penas de dos a cinco años de prisión para quienes destruyan, inutilicen o dañen silobolsas, granos almacenados, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes vinculados con la actividad agropecuaria, cuando esas acciones comprometan el normal funcionamiento de un establecimiento rural.
Pero la iniciativa fue modificada en el recinto, a propuesta del diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, que desde hacía semanas venía alertando que el proyecto original, en algunos de sus artículos, terminaba convalidando penas menores a las ya vigentes en el Código Penal.
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POLITICA
“No llego a fin de mes”: el ex jefe de asesores de Javier Milei cuestionó la declaración del presidente
El economista Carlos Rodríguez compartió una reflexión conceptual a través de la red social X para analizar el significado de la frase “no llegar a fin de mes” en las discusiones sobre consumo.
En su mensaje, el académico sostuvo que “Nunca uso la frase ‘No llego a fin de mes’, pero la usaría cuando ese mes tengo que usar más de mis ahorros que lo que tenía planeado”.
El exfuncionario explicó su situación financiera personal. Al detallar el uso de su capital acumulado, el especialista expresó: “Ya soy bastante mayor, o sea que mis gastos mensuales exceden a mis ingresos mensuales (jubilación) y siempre uso mis ahorros para completar la diferencia”.
Nunca uso la frase “No llego a fin de mes”, pero la usaría cuando ese mes tengo que usar más de mis ahorros que lo que tenía planeado. Ya soy bastante mayor, o sea que mis gastos mensuales exceden a mis ingresos mensuales (jubilación) y siempre uso mis ahorros para completar la diferencia.
O sea:Nunca uso la frase “no llego a fin de mes”, pero la usaría cuando mis ahorros planeados son menores que mis ahorros efectivos.
Recominedo estudiar M.Friedman(Nobel) : Teoria de Consumo Permanente y tambien la extensa literatura sobre la ‘Life Cycle Theory of Savings”.— Carlos Rodriguez (@carod2015) October 21, 2026
Bajo ese marco, el economista precisó técnicamente el concepto: “O sea: Nunca uso la frase ‘no llego a fin de mes’, pero la usaría cuando mis ahorros planeados son menores que mis ahorros efectivos”.
Las definiciones publicadas se enmarcan en las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien cuestionó duramente la expresión popular durante un encuentro empresario en Neuquén.
El mandatario tildó la frase de “pelotudez del tamaño de una casa” y planteó que si una persona se queda sin dinero el día 20 resulta inverosímil explicar “cómo viven 10 días sin comer ni beber”.
Carlos Rodríguez es un economista de orientación liberal, ex rector de la Universidad del CEMA y ex viceministro de Economía durante la gestión de Carlos Menem. El académico se desempeñó como jefe del consejo de asesores económicos de Milei durante la campaña presidencial de 2023, rol al que renunció tras el triunfo electoral para mantener su postura crítica
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