POLITICA
La Justicia procesó a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibió salir del país
La Justicia procesó sin prisión preventiva a José Luis Espert por lavado de dinero, le prohibió la salida del país y lo embargó por $1000 millones. La medida la dispuso el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en la causa en la que el exdiputado nacional libertario es investigado por los 200 mil dólares que recibió en 2019 de parte del empresario, Federico “Fred” Machado.
El procesamiento alcanza además al contador del economista, Mariano Cosentino, como partícipe necesario del delito, y la empresa Varianza S.A., con embargos de $700 millones y de $500 millones, respectivamente.
Esta semana la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no hizo lugar al reclamo presentado por la defensa para pedir la nulidad de las medidas de prueba impulsadas por el fiscal, Rodolfo Domínguez.
La defensa planteó que el fiscal se había excedido de sus atribuciones al ordenar medidas posteriores a su indagatoria; la validez de las declaraciones testimoniales sin aviso a la defensa; el pedido de informes patrimoniales de Espert, su pareja y terceros “ajenos al proceso”.
No pasaron ni 24 horas desde la última sesión de la Cámara de Diputados, pero oficialismo y oposición ya discuten sobre quién salió victorioso del recinto.
Desde La Libertad Avanza señalan que fue el oficialismo quien se impuso porque se aprobaron proyectos que nacieron desde esos bloques: la Ley de Discapacidad y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como el éxito por la positiva. Además celebran que se haya caído la sesión sin tratar ningún tema de morosidad.
“Sacamos nuestras leyes y morosidad, cuando nosotros no teníamos el número, logramos que se caiga el quórum y que no se traten los proyectos de ellos. Todo ganancia”, dijo un legislador libertario que hoy se despertó de muy buen humor.
Sin embargo, desde la oposición también entienden que ganaron porque lograron dar vuelta buena parte del texto de la Ley de Discapacidad, con una inserción de los pedidos de casi todos —incluyendo los que hacían todas las corrientes del peronismo—. “Copiaron nuestro dictamen, nada más le sacaron la palabra emergencia”, dijo entre risas un diputado opositor que supo ser dialoguista.
“Reculararon y restituyeron la Ley de Tierras. Recularon con la Ley para personas con Discapacidad. Recularon con su proyecto de cursos de educación financiera y huyeron de la sesión. En ninguna de sus votaciones, junto a aliados y conversos, superaron los 124 votos. Una victoria pírrica que terminará costándoles más de lo que creen”, dijo el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.
En la misma línea se expresó Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria que reiteró el concepto de “recularon” al referirse a la extranjerización de tierras. En el caso de Discapacidad “entregaron todo. El 75% de la ley de emergencia está dentro de lo aprobado”, y por último, Martínez dijo que en el caso de endeudamiento “huyeron y dejaron sin alivio a 20 millones de argentinos; de retirada, mal”.
Mientras los opositores señalaban sus logros, los diputados del oficialismo se reunieron y, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, le cantaron el feliz cumpleaños al presidente Javier Milei.
Esto sucedió al término de la sesión en la que estuvo presente la hermana del presidente que llegó al Congreso en el momento en que se discutía la Ley de Discapacidad. La imagen de Karina Milei entrando al Palacio Legislativo en señal de apoyo al bloque que conduce Martín Menem en un debate que, si anteriormente enfrentaba a los diputados con el Ministerio de Economía, con la media sanción y como terminó siendo el proyecto, se profundizó.
Pelea por los fondos
La cantidad de cambios que se introdujeron en Discapacidad no solo tenía como objetivo asegurar la cobertura sino también los fondos. Este punto es fundamental teniendo en cuenta que hubo que “obligar” al gobierno a ejecutar vía una ley de emergencia y luego por el sistema judicial; a pesar de eso, el presupuesto para el sector fue subejecutado.
En ese sentido, la promesa no fue suficiente y finalmente tuvo que quedar todo escrito.
El problema que se presenta ahora es que desde el Ministerio de Economía aseguraron que no están de acuerdo con el proyecto. Y no lo estaban previamente a todos los cambios que se introdujeron.
Así lo había dejado claro el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, al señalar que su iniciativa para el sector era la del Presupuesto, que establece un recorte en las prestaciones, los fondos y hasta elimina el nomenclador para el sector.
“Ahora es un tema de ellos. Lo van a tener que resolver cuando se debata el Presupuesto”, dijo un diputado peronista. “No pasa nada, copiamos y pegamos esto”, le respondió un colega libertario.
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado nacional libertario José Luis Espert como presunto autor del delito de lavado de activos, por los 200.000 dólares que recibió en 2020 de una firma vinculada al empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos y vinculado a una red de fraude y lavado.
El magistrado le trabó un embargo de 1000 millones de pesos y le prohibió salir del país, informaron a fuentes judiciales.
Mirabelli advirtió que el ingreso de dinero criminal para financiar figuras políticas o campañas “constituye una grave amenaza para la integridad del sistema democrático”.
En la misma resolución, Mirabelli procesó al contador de Espert Mariano Alejandro Cosentino, como partícipe necesario del lavado, con un embargo de 700 millones de pesos, y a la sociedad familiar Varianza SA, a la que le fijó un embargo de $500 millones.
Para el juez, el contrato de consultoría con una minera guatemalteca con la que Espert justificó el dinero fue “un contrato simulado que nadie esperaba fuera a cumplirse, al menos en lo que respecta a las prestaciones comprometidas por Espert”.
Y concluyó que el exdiputado “se representó la posibilidad concreta de que el dinero enviado por Machado proviniera de un ilícito penal y, aun así, realizó numerosas acciones tendientes a introducirlos en el sistema financiero y a disimularlos”.
La decisión acoge en lo sustancial el pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, aunque el juez descartó dos tramos de la acusación: no dio por probado que la seña de 55.501 dólares para un lote en el fideicomiso Costa Dunas, cerca de Costa Esmeralda, saliera del dinero de Machado, por el tiempo transcurrido y porque Espert tenía otros ingresos lícitos, y tampoco que la parte en pesos del pago de su Lexus proviniera de esos fondos.
Según el fallo al que accedió , el 22 de enero de 2020 Espert recibió 200.000 dólares en su cuenta del Morgan Stanley en Miami, girados desde el Bank of America por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma que el juez considera “un instrumento controlado y utilizado” por la organización de Machado y Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023 en Texas por narcotráfico, lavado y fraude.
Espert pasó 50.000 dólares a su cuenta del BBVA en Martínez, los retiró en efectivo y tres días después pagó 47.800 por un BMW M240i. En 2024 vendió ese auto por 62.000 dólares y con esa plata compró un Lexus RX 350 de casi 130.000 dólares, con una certificación de origen de fondos firmada por Cosentino.
Según el juez, ese documento “omite deliberadamente cualquier mención al verdadero origen”. Otros 50.000 dólares ingresaron al país en junio de 2020 y también fueron retirados en efectivo.
El juez Mirabelli analizó la referencia que acompañó la transferencia: “for further credit 852017501 José Luis Espert N28FM”. N28FM es la matrícula de uno de los aviones que Machado le prestó a Espert en la campaña de 2019.
En su descargo, el exdiputado citó esa leyenda, pero omitió esas cinco letras. “No parece casual”, escribió Mirabelli, que se preguntó: “¿Qué sentido tendría consignar la matrícula de un avión prestado por Machado a Espert en el marco del pago por un contrato de una encomienda que, supuestamente, nada tenía que ver con aquellos vuelos?”.
El contrato con la minera con el que Espert buscó justificar el flujo de fondos, por un millón de dólares, fue hallado primero en la casa donde Machado cumplía arresto domiciliario, “roto en pedazos, en una bolsa de consorcio, en un tacho de basura ubicado junto al quincho”.
El juez enumeró los indicios que lo llevan a pensar que el contrato es una simulación para justificar el pago. Dijo que las obligaciones de Espert eran vagas, mientras que sus honorarios eran claros; parte del texto tiene una “similitud casi literal” con dos notas periodísticas españolas sobre refinanciación de deudas de Pymes; Machado firmó como gerente general de Minas del Pueblo sin serlo, y Espert lo sabía porque se escribía con el verdadero gerente de la mina.
Además, el millón de dólares era casi el triple de la deuda que la minera declaraba en 2018 (US$372.975); Espert nunca hizo trabajo alguno, no emitió la factura de exportación que sí había emitido semanas antes a otro cliente del exterior, y nadie reclamó nunca la devolución del dinero.
El juez valoró audios de los contadores de Espert, Fernando Escobar y Mercedes Armendares, que muestran que el exdiputado les había dicho que el contrato era con el gobierno de Guatemala para reestructurar su deuda externa. Tras la detención de Machado, en abril de 2021, Escobar estalló: “Este tipo nos recontra mintió”, dijo en un audio; en otro lo llamó “un chanta total”.
Para el magistrado, esa conducta no es la de un consultor orgulloso de un gran contrato, “sino más bien como la de quien pretende esconder dicho contrato”.
Y citó un audio del propio Espert de esos días: “Él me iba para hacer pasar esto por un contrato con el Estado guatemalteco, pero no, finalmente terminó siendo con una empresa de él. Puede ser que el tipo, como muchos de estos ñatos, tengan sus negocios blancos”.
Por eso, el juez señaló que Espert “conocía concretamente que Machado disponía de cuantiosos bienes y dinero blancos y negros”.
Sobre Varianza, constituida el 13 de diciembre de 2019, un mes antes de la transferencia, el fallo cita un audio de Espert: “Ya sabemos que Varianza está hecho para bajar mi blanco”.
La sociedad nunca tuvo clientes fuera de la familia: emitió tres facturas, a Espert y a un condominio con sus hermanos, y le registró sueldos por $1.191.666 en 2020.
Espert sostuvo que el contrato fue real, firmado ante escribano y apostillado; que cobró un anticipo no reintegrable, y que se enteró de la situación de Machado “como se enteró el país”.
La causa se inició en octubre de 2025 por una denuncia de Juan Grabois, cuando Espert renunció a su candidatura al tomar estado público su relación con Machado y el cobro de ese dinero.
Machado está detenido en Texas y aceptó declararse culpable de lavado y fraude para evitar ser juzgado por narcotráfico.
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POLITICA
Diputados aprobó el proyecto de propiedad privada que restituye el límite de venta de tierras a extranjeros
Con el foco en la restitución de la Ley de Tierras, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con cambios a la sanción del Senado, adonde regresará para su revisión.
El oficialismo logró el quórum con el acompañamiento de los aliados del Pro, la UCR, el MID y fuerzas provinciales. Alcanzó los 133 diputados sentados en sus bancas y abrió el recinto para iniciar el tratamiento de la iniciativa, que fue aprobada por 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones.
La norma modifica las leyes de Expropiaciones, de Regularización Dominial, flexibiliza desalojos, moderniza el Registro de la Propiedad Inmueble y establece la restitución de la Ley de Tierras, cuyo capítulo fue aprobada por amplia mayoría, 239 votos afirmativos.
El nuevo proyecto incorporó dos artículos. El artículo 38 establece la derogación del artículo 134 del DNU 70/2023, que había eliminado la Ley de Tierras, mientras que el artículo 39 dispone restablecer la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner, y establece límites estrictos a la propiedad extranjera sobre tierras rurales en Argentina. La norma fija que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
En relación a las expropiaciones se limita la capacidad del Estado, exige un fin de utilidad pública estricto (bajo un test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad) y obliga a abonar el 100% de la indemnización (incluyendo valor de mercado y lucro cesante) antes de transferir el dominio.
La indemnización comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien.
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La sesión
El debate lo abrió el libertario Santiago Santurio que hizo referencia a la Propiedad Privada, pero nada dijo sobre la reinstalación de la Ley de tierras. Luego, el peronista Diego Giuliano dijo: “En esta exposición no se planteó que han vuelto a la ley del peronismo, y en eso la verdad que estamos de acuerdo. Han vuelto a ratificar la Ley de Tierras Rurales. Ha sido una vuelta de campana que dio el oficialismo y lo dio en función de bajar los decibeles de la inmensa oposición que provocó la extranjerización de la tierra, que ustedes han planteado desde que llegaron al Gobierno”.
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro cuestionó al Gobierno nacional: “Pretendían llevarse puesta la Ley de Tierras, la Ley de Integración Socio urbana de los Barrios Populares en la Argentina y la Ley de Manejo del Fuego. Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro (Federico) Sturzenegger. No porque el gobierno haya entrado en razones, sino por los cuestionamientos institucionales, judiciales, pero, sobre todo, por la presión de gran parte de la sociedad”, manifestó.
También rechazó al DNU 70/2023 del Presidente Javier Milei: “Prometen seguridad jurídica, pero degradan constantemente la democracia y al debate público. Dicen defender la soberanía nacional, pero pretenden la derogación de leyes que protegen nuestros recursos estratégicos como la tierra. Todo DNU es cuestionable, y el DNU 70 es inconstitucional”.
“Hoy tenemos al oficialismo reculando en chancletas y proponiendo dejar sin efecto un artículo de un DNU totalmente inconstitucional que defienden a capa y espada. Y esto después de haber intentado eliminar de un plumazo por decreto y debilitar lo que era la limitación de la compra de extranjeros en lo que respecta a la tierra”, cerró Ferraro.
Desde el oficialismo la legisladora Mercedes Llano aseguró: “La inviolabilidad de la propiedad privada constituye uno de los pilares fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional para garantizar la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la paz social”.
La UCR planteó su posicionamiento
Durante la sesión parlamentaria, la presidenta del bloque de diputados nacionales de la UCR, Pamela Verasay, anunció que la bancada radical acompañará los proyectos del día, remarcando la importancia del trabajo responsable en comisiones y la construcción de acuerdos institucionales en el Congreso.
En su intervención, Verasay criticó la dinámica de enfrentamiento que domina el escenario político actual: “En la Argentina de los extremos parece que solo hay dos lugares posibles: el aplauso incondicional o el rechazo permanente. Nosotros creemos que hay otro lugar, el más difícil y también el más necesario: el de quien entiende que un gobierno necesita herramientas para gobernar, pero que esas herramientas tienen que estar bien construidas”.
Asimismo, la diputada mendocina cuestionó la utilización del recinto con fines electorales: “Empezó la campaña y ya están usando este recinto como tribuna, convirtiendo cada sesión en un acto y cada problema de la gente en un eslogan. Nuestro bloque intenta transitar otro camino, quizás menos marketinero en las redes, pero que busca resolver problemas concretos”.
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Naufragó el tratamiento del proyecto de salud pediátrica
La Cámara baja no alcanzó las mayorías requeridas de tres cuartas partes del Cuerpo para prorrogar la Ley de Emergencia en Salud Infantil. La propuesta la llevó adelante el peronista de UxP Pablo Yedlin ante el próximo vencimiento de la norma, al cumplirse un año de su sanción.
La Ley de Salud pediátrica contempla el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes.
La continuidad, fortalecimiento y sustentabilidad de los sistemas de residencias del equipo de salud, reconociendo su rol formativo, asistencial y estratégico en la atención sanitaria mediante condiciones laborales adecuadas, una retribución digna acorde al nivel de responsabilidad y una planificación que asegure la cobertura de especialidades críticas.
En sus fundamentos Yedlin planteó: “La continuidad y estabilidad a las políticas destinadas a garantizar el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes y a fortalecer el sistema de residencias nacionales en salud, ante la proximidad del vencimiento de la emergencia sanitaria establecida por la norma sancionada en 2025”.
Desde el oficialismo la diputada Silvana Giudici rechazó la propuesta fundamentando que “el Hospital Garrahan no está en emergencia y no hace falta esta ley”. Agregando que una de las Obras Sociales que más le adeuda al Hospital de pediatría es el IOMA, de la Provincia de Buenos Aires, por un mono de 4100 millones de pesos.
Mientras que el Frente e izquierda, por medio de Nicolás del Caño y Romina del Plá, denunciaron al Gobierno por no cumplir los alcances de la ley y la necesidad de prorrogar la misma.
ley de tierras, Diputados, propiedad privada
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