Con el foco en la restitución de la Ley de Tierras, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con cambios a la sanción del Senado, adonde regresará para su revisión.

El oficialismo logró el quórum con el acompañamiento de los aliados del Pro, la UCR, el MID y fuerzas provinciales. Alcanzó los 133 diputados sentados en sus bancas y abrió el recinto para iniciar el tratamiento de la iniciativa, que fue aprobada por 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones.

La norma modifica las leyes de Expropiaciones, de Regularización Dominial, flexibiliza desalojos, moderniza el Registro de la Propiedad Inmueble y establece la restitución de la Ley de Tierras, cuyo capítulo fue aprobada por amplia mayoría, 239 votos afirmativos.

El nuevo proyecto incorporó dos artículos. El artículo 38 establece la derogación del artículo 134 del DNU 70/2023, que había eliminado la Ley de Tierras, mientras que el artículo 39 dispone restablecer la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner, y establece límites estrictos a la propiedad extranjera sobre tierras rurales en Argentina. La norma fija que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.

En relación a las expropiaciones se limita la capacidad del Estado, exige un fin de utilidad pública estricto (bajo un test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad) y obliga a abonar el 100% de la indemnización (incluyendo valor de mercado y lucro cesante) antes de transferir el dominio.

La indemnización comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien.

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La sesión

El debate lo abrió el libertario Santiago Santurio que hizo referencia a la Propiedad Privada, pero nada dijo sobre la reinstalación de la Ley de tierras. Luego, el peronista Diego Giuliano dijo: “En esta exposición no se planteó que han vuelto a la ley del peronismo, y en eso la verdad que estamos de acuerdo. Han vuelto a ratificar la Ley de Tierras Rurales. Ha sido una vuelta de campana que dio el oficialismo y lo dio en función de bajar los decibeles de la inmensa oposición que provocó la extranjerización de la tierra, que ustedes han planteado desde que llegaron al Gobierno”.

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro cuestionó al Gobierno nacional: “Pretendían llevarse puesta la Ley de Tierras, la Ley de Integración Socio urbana de los Barrios Populares en la Argentina y la Ley de Manejo del Fuego. Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro (Federico) Sturzenegger. No porque el gobierno haya entrado en razones, sino por los cuestionamientos institucionales, judiciales, pero, sobre todo, por la presión de gran parte de la sociedad”, manifestó.

También rechazó al DNU 70/2023 del Presidente Javier Milei: “Prometen seguridad jurídica, pero degradan constantemente la democracia y al debate público. Dicen defender la soberanía nacional, pero pretenden la derogación de leyes que protegen nuestros recursos estratégicos como la tierra. Todo DNU es cuestionable, y el DNU 70 es inconstitucional”.

“Hoy tenemos al oficialismo reculando en chancletas y proponiendo dejar sin efecto un artículo de un DNU totalmente inconstitucional que defienden a capa y espada. Y esto después de haber intentado eliminar de un plumazo por decreto y debilitar lo que era la limitación de la compra de extranjeros en lo que respecta a la tierra”, cerró Ferraro.

Desde el oficialismo la legisladora Mercedes Llano aseguró: “La inviolabilidad de la propiedad privada constituye uno de los pilares fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional para garantizar la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la paz social”.

La UCR planteó su posicionamiento

​Durante la sesión parlamentaria, la presidenta del bloque de diputados nacionales de la UCR, Pamela Verasay, anunció que la bancada radical acompañará los proyectos del día, remarcando la importancia del trabajo responsable en comisiones y la construcción de acuerdos institucionales en el Congreso.

En su intervención, Verasay criticó la dinámica de enfrentamiento que domina el escenario político actual: “En la Argentina de los extremos parece que solo hay dos lugares posibles: el aplauso incondicional o el rechazo permanente. Nosotros creemos que hay otro lugar, el más difícil y también el más necesario: el de quien entiende que un gobierno necesita herramientas para gobernar, pero que esas herramientas tienen que estar bien construidas”.

​Asimismo, la diputada mendocina cuestionó la utilización del recinto con fines electorales: “Empezó la campaña y ya están usando este recinto como tribuna, convirtiendo cada sesión en un acto y cada problema de la gente en un eslogan. Nuestro bloque intenta transitar otro camino, quizás menos marketinero en las redes, pero que busca resolver problemas concretos”.

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Naufragó el tratamiento del proyecto de salud pediátrica

La Cámara baja no alcanzó las mayorías requeridas de tres cuartas partes del Cuerpo para prorrogar la Ley de Emergencia en Salud Infantil. La propuesta la llevó adelante el peronista de UxP Pablo Yedlin ante el próximo vencimiento de la norma, al cumplirse un año de su sanción.

La Ley de Salud pediátrica contempla el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes.

La continuidad, fortalecimiento y sustentabilidad de los sistemas de residencias del equipo de salud, reconociendo su rol formativo, asistencial y estratégico en la atención sanitaria mediante condiciones laborales adecuadas, una retribución digna acorde al nivel de responsabilidad y una planificación que asegure la cobertura de especialidades críticas.

En sus fundamentos Yedlin planteó: “La continuidad y estabilidad a las políticas destinadas a garantizar el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes y a fortalecer el sistema de residencias nacionales en salud, ante la proximidad del vencimiento de la emergencia sanitaria establecida por la norma sancionada en 2025”.

Desde el oficialismo la diputada Silvana Giudici rechazó la propuesta fundamentando que “el Hospital Garrahan no está en emergencia y no hace falta esta ley”. Agregando que una de las Obras Sociales que más le adeuda al Hospital de pediatría es el IOMA, de la Provincia de Buenos Aires, por un mono de 4100 millones de pesos.

Mientras que el Frente e izquierda, por medio de Nicolás del Caño y Romina del Plá, denunciaron al Gobierno por no cumplir los alcances de la ley y la necesidad de prorrogar la misma.

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