Ariel Vallejo tenía el control de un monumental flujo de dinero a través de los clubes del fútbol. Los investigadores sospechan que las entidades estaban obligadas a contratar a Sur Finanzas, la empresa donde conquistó una fortuna, porque existía luego un retorno hacia arriba.

Sus vínculos con Martín Insaurralde, el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof que siempre estuvo vinculado al juego en la provincia de Buenos Aires, llevaron a sospechar que los circuitos de dinero de Sur Finanzas también podían provenir del mundo de las apuestas.

“Tengo noción de los números desde los ocho años”, decía Vallejos. Nació en 1985 en Banfield, al sur del conurbano. Tuvo una panadería, un corralón de materiales y una agencia de remises.

Pero con sus vínculos a través de Sur Finanzas se volvió rico.

Cuando quedó bajo el foco de la justicia sus bienes incluían una flota de autos de alta gama a su nombre, de su familia y sus empresas que acumuló junto con su madre —Graciela Vallejo, también llamada a declarar— y su exsuegra.

La flota incluía un Audi, un Mercedes Benz, un Alfa Romeo, un Land Rover, un BMW y una Ferrari California destinada a su uso personal, que estacionaba frente a la financiera.

Diez de esos autos fueron secuestrados por el juez Luis Armella, a pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, de la Procuraduría Especializada en Lavado de Dinero (Procelac).

El inicio de la financiera había sido en una pequeña casa de cambio en Monte Grande.

En 2021, al pasar por el centro de Adrogué, vio un cartel de alquiler en lo que había sido una sucursal del Banco Santander Río. Lo alquiló y el lunes 1 de noviembre de 2021 abrió el primer local de Sur Finanzas.

El fútbol

A pesar de su origen modesto, Sur Finanzas se transformó en el sponsor oficial de las selecciones nacionales, el contrato de mayor envergadura económica que tuvo la firma.

La investigación judicial comenzó con una denuncia contra exdirigentes del club Atlético Banfield.

Luego, ARCA denunció a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas que no tenían capacidad financiera para mover miles de millones de pesos.

Según esa denuncia, a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP” se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, se apuntaba a lavado de dinero.

Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. Como garantía de esos préstamos, el club de Boedo le cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación. “Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora”, sostuvo la fiscal Cecilia Incardona al pedir las indagatorias.

La fiscalía también cree que hubo acuerdos entre Sur Finanzas y las dirigencias de los clubes con los que se firmaron los contratos. Las operaciones y contratos fueron con Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield.

Por la investigación se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, en varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades ligadas a esas maniobras que la Justicia considera sospechosas.

Además de Vallejo, su madre, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, fue citada junto con dos personas de su extrema confianza como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.

El listado de indagados incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la exsuegra de Vallejo), y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.

Una de las causas en las que se investigó a Ariel Vallejo cayó también al cabo de un conflicto de competencias en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. A este magistrado se le atribuye una gran proximidad con Insaurralde. Al tiempo, Villena debió abandonar la investigación.

La dimensión de las fortunas que se movieron a través de Sur Finanzas fue tan grande que los investigadores se preguntan si estos capitales están solamente vinculados con el fútbol.

Javier Milei recibió este viernes en Casa Rosada al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau y al secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, en un encuentro que se extendió por casi una hora y media en el despacho presidencial.

Poco después de comenzado el encuentro desde Balcarce 50 se difundieron una serie de imágenes del encuentro entre Milei y Landau, quien le entregó un obsequio, e incluso una de ambos con la motosierra del mandatario.

Este jueves, en la previa a su encuentro con el mandatario, Landau, hizo pública la preocupación de las empresas norteamericanas por una parte de la ley de defensa de la soberanía nacional, impulsada por el Poder Ejecutivo en el Congreso.

“Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó, ante una pregunta de y en una conferencia de prensa realizada en el Palacio San Martín, sede de la cancillería.

El proyecto no solo establece sanciones para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) que llevan adelante el proyecto Sea Lion en las aguas circundantes de Malvinas, sino también contra compañías asociadas a ellas en otros proyectos.

Para el canciller Pablo Quirno, que acompañó a Landau en la rueda de prensa de este jueves luego de una reunión de trabajo compartida, “hoy existe una ley que el gobierno argentino considera que tiene que ser mejorada, porque justamente no le da a la Argentina las herramientas necesarias en el marco que tenemos, para defender de la mejor manera nuestros intereses en la vida”.

Quirno también enfatizó que el proyecto oficialista “no va en contra de nadie en particular, sino que se le da a las diferentes empresas que quieren operar en Argentina la posibilidad de elegir entre una oportunidad que tiene un potencial muchísimo mayor, de manera legítima, y una operación más riesgosa e ilegítima”, en referencia explícita a las inversiones en Vaca Muerta, y sus diferencias con inversiones en Malvinas.

La admisión pública de Landau fue en línea con lo que el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, ya se había encargado en los últimos días, y según distintas fuentes oficiales, de transmitir a los funcionarios argentinos: la preocupación de Washington, compartida por empresas norteamericanas, por la “laxitud” del Título I del proyecto. Allí se sanciona a empresas vinculadas con las petroleras que trabajan en Malvinas, denunciadas por el gobierno argentino en el Tribunal Internacional del Mar, en Hamburgo.

Del encuentro de este viernes también participaron Quirno; el embajador norteamericano en Buenos Aires, Peter Lamelas; el embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo.

El de este viernes fue el segundo encuentro de esta semana entre ambas administraciones luego de que el miércoles, mientras el mandatario estaba de viaje en España, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei recibiera a Lamelas.

La funcionaria estaba previsto que también participe hoy, pero finalmente no estuvo en la reunión.

En tanto ayer jueves, poco después de llegar al país, Landau y Segura visitaron el Palacio de Hacienda, en el que fueron recibidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, Oxenford, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.