INTERNACIONAL
Cuatro hijos desnutridos, dos días sin comer y tres rodajas de pepino como almuerzo: el testimonio de una madre cubana que trabaja y no puede alimentar a su familia

Una familia de Santiago de Cuba acumula cuatro casos de desnutrición infantil entre sus ocho hijos menores de edad, mientras la madre pasa hasta dos días sin probar bocado para alimentarlos.
El testimonio, registrado en video y difundido por el opositor José Daniel Ferrer, retrata una crisis que combina hambre, falta de medicamentos y cortes eléctricos de hasta 36 horas seguidas.
La mujer, identificada como Lydia Santana en la grabación publicada por Árbol Invertido, aparece con uno de sus hijos en brazos. Las imágenes muestran también a los demás niños y a ella misma cortando leña para poder cocinar.
“Tenemos que ver a nuestros hijos llorar de hambre porque no tenemos cómo alimentarnos”, dice la mujer al comienzo del relato.
Una madre con ocho hijos denuncia hambre extrema en Santiago de Cuba
Lydia Santana tiene ocho hijos menores de edad, de entre tres y 16 años, y asegura que cuatro de ellos presentan desnutrición. Ella misma lleva dos días sin comer porque destina a los niños lo poco que logra conseguir. Trabaja, pero su salario no alcanza ni para “malalimentarse”, según describe en el testimonio.
“Me siento sin fuerzas. Siento que no tengo fuerzas para continuar, para ayudar a mis hijos, para sacarlos adelante”, confiesa la mujer ante la cámara, visiblemente agotada.
Sobre sus ingresos, agrega: “Yo trabajo, yo soy madre trabajadora y mi salario debería alcanzarme para mí y para alimentar a mi familia”.
Sin módulos de alimentos pese a cuatro hijos con desnutrición
La mujer denuncia que las autoridades le negaron el módulo alimentario destinado a personas con bajo peso, pese a tener cuatro hijos diagnosticados con desnutrición. Tampoco recibió el módulo para niños de cero a cuatro años.

Ese sistema de ayudas fue reformado en junio de este año: reemplazó los subsidios universales por asistencia focalizada en personas clasificadas como “vulnerables” por grupos comunitarios locales, según informó CiberCuba, portal digital de noticias sobre Cuba. El cambio generó denuncias de arbitrariedad entre quienes quedaron fuera del padrón.
En Santiago de Cuba, las propias autoridades reconocieron que más del 10% de la población provincial requiere asistencia alimentaria de emergencia, de acuerdo con el mismo medio.
Tres rodajas de pepino como almuerzo escolar
Varios de los hijos de la mujer dejaron de asistir a clases porque salen de casa sin desayuno ni merienda. Los que permanecen en el internado Abel Santamaría tampoco reciben una alimentación adecuada.
“Hace unos días lo que le dieron fue tres rodajitas de pepino”, relata la madre sobre el almuerzo servido a sus hijos en ese centro. Describe además que en otras ocasiones la comida escolar se reduce a un hongo.
Cortes de luz de más de 90 horas y medicamentos sin conseguir
A la falta de alimentos se suma la ausencia de electricidad. La mujer denuncia cortes de hasta 36 horas consecutivas y la imposibilidad de conseguir medicamentos, que debe comprar a sobreprecio porque no hay en farmacias ni hospitales.
El panorama eléctrico empeoró en las últimas semanas: en varias zonas del país los cortes superaron las 90 horas continuas sin corriente, según registró CiberCuba. La situación coincide con termoeléctricas fuera de servicio y un déficit que esta semana rozó los 2.000 megavatios.

El 94% de los cubanos vive en pobreza extrema, según un informe
El caso de la mujer no es aislado. Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, publicado en agosto y basado en más de 1.300 entrevistas en 79 municipios, concluyó que el 94% de los cubanos vive en pobreza extrema, frente al 61% registrado cuatro años atrás, según consignó CiberCuba.
El mismo estudio determinó que ocho de cada diez personas debieron saltarse alguna comida por falta de dinero o alimentos.
El gobierno cubano atribuye la crisis a las sanciones de Estados Unidos. Organizaciones opositoras, en cambio, la vinculan al deterioro acumulado del sistema estatal de producción y distribución de alimentos.

El video, difundido por Ferrer desde el exilio
José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y actualmente exiliado en Estados Unidos, fue quien dio a conocer el testimonio de la mujer. La organización que encabeza llegó a alimentar a más de 1,200 personas diarias en Santiago de Cuba, aunque enfrenta represión sistemática, con cordones policiales y detenciones de sus activistas, de acuerdo con CiberCuba.
Días antes de la difusión del video, Ferrer había denunciado torturas y presiones sufridas en prisión durante un acto en la sede de la ONU, al que el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla respondió calificándolo de delincuente, según el mismo portal.
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INTERNACIONAL
La Unión Europea sanciona a cuatro bandas haitianas por asesinatos, violencia sexual y ataques contra infraestructuras críticas

La Unión Europea amplió este lunes su régimen de sanciones sobre Haití. El Consejo de la UE incluyó a cuatro grupos armados haitianos por asesinatos, violencia sexual y ataques contra infraestructuras críticas, según informó la agencia EFE.
Entre los señalados figura el grupo 400 Mawozo, la misma banda contra la que opera en estos días el contingente militar enviado por El Salvador a Puerto Príncipe.
La medida llega en un momento de máxima tensión en la capital haitiana, donde conviven cinco fuerzas de seguridad distintas en la ofensiva contra las pandillas.
Entidades sancionadas por la Unión Europea
El Consejo de la UE sancionó al grupo armado 5 Segond, señalado por asesinatos, violaciones y otras formas de violencia sexual contra menores. La organización también es responsable de ataques contra infraestructuras sanitarias y servicios humanitarios, de acuerdo con el comunicado del organismo europeo.
También quedó incluido Gran Ravine, grupo criminal responsable de secuestros y delitos graves que derivaron en muertes de civiles y desplazamientos forzosos.
La lista se completa con 400 Mawozo y Krazé Baryè, sancionados por el reclutamiento de menores y su exposición a la violencia armada. El Consejo congeló los activos de los cuatro grupos, les prohibió el ingreso a territorio comunitario y vetó cualquier financiamiento desde la UE hacia esas organizaciones.

Con estas cuatro entidades, las medidas restrictivas vinculadas a violaciones de derechos humanos alcanzan ya a 152 personas físicas y 49 entidades.
El foco en los crímenes contra la infancia
El organismo europeo remarcó que las sanciones apuntan en particular a combatir las seis violaciones graves contra menores en conflictos armados.
Entre ellas incluyó el asesinato, el reclutamiento como soldados, la violencia sexual, el secuestro, los ataques contra escuelas u hospitales y la denegación de acceso humanitario.

“Este nuevo paquete de sanciones reafirma el compromiso inquebrantable de la UE con la protección de la infancia y el respeto del derecho internacional”, señaló el Consejo en el comunicado.
El texto agregó que la Unión Europea es un socio político y de desarrollo de larga data de Haití y que seguirá colaborando con otros socios regionales para atender la crisis humanitaria del país.
El régimen de sanciones aplicado data de diciembre de 2020, cuando el Consejo estableció el mecanismo global de la UE en materia de derechos humanos. Ese marco cubre actos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves.
El despliegue salvadoreño contra 400 Mawozo se intensifica
Mientras la UE aplicaba las sanciones, las tropas de El Salvador mantenían su ofensiva precisamente contra 400 Mawozo, una de las bandas señaladas por Bruselas.
El 8 de noviembre, unidades especiales de la Policía haitiana, con apoyo de militares salvadoreños, destruyeron una vivienda utilizada por Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, líder de esa organización.

Según una investigación de The Miami Herald, diario estadounidense, el operativo incluyó drones explosivos y cuatro helicópteros, dos de ellos operados por efectivos salvadoreños.
El contingente enviado por el presidente Nayib Bukele llegó a Haití tras la emboscada del 18 de octubre que dejó desaparecidos a cuatro técnicos de aviación salvadoreños adscritos a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por Naciones Unidas.
El despliegue alcanza cerca de 2.500 soldados y se convirtió en la mayor presencia militar extranjera en el país caribeño.
El 12 de noviembre, la Policía Nacional de Haití recuperó el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, que permanecía bajo control de grupos armados desde 2024.
Tras la operación, las autoridades entregaron la vigilancia del predio a las fuerzas salvadoreñas, que lo convertirán en base para avanzar sobre otras zonas dominadas por las pandillas, según anunció Bukele.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, reconoció la colaboración salvadoreña y estará en El Salvador este 16 y 17 de noviembre para discutir, junto al vicepresidente Félix Ulloa, el futuro del contingente, cuya fecha de retorno aún no está definida.
La convivencia de cinco fuerzas distintas en el terreno —la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas haitianas, la GSF, el contingente salvadoreño y la Task Force vinculada a la empresa Vectus Global— generó cuestionamientos internacionales.
Amnistía Internacional reclamó a ambos gobiernos que hagan pública la cadena de mando y las reglas de actuación del despliegue, mientras el G7 respaldó el mandato de la GSF y pidió garantías para la protección de la población civil.
corresponsal:Desde San Salvador, El Salvador
INTERNACIONAL
Chicago Mayor Brandon Johnson faces audit calls after CFO quits over ‘financial integrity’ concerns

Chicago’s chief financial officer, who formerly worked for a top credit ratings bureau, resigned Friday citing financial integrity concerns, casting a shadow over the fiscal management of progressive Mayor Brandon Johnson amid a fight over the FY-2027 budget.
Chicago CFO Ashlee Gabrysch served only three months before the onetime Fitch Ratings executive stepped down, saying she could no longer meet her professional obligations under the conditions of her employment, according to a resignation letter obtained by the Chicago Tribune.
«The chief financial officer’s statements about the city’s finances are relied upon by investors, rating agencies, City Council, and taxpayers, and they must be complete and accurate,» Gabrysch wrote, according to the Tribune.
«I am not able to fulfill those obligations under the conditions in which I have been asked to serve.»
Johnson did not immediately respond to Digital’s request for comment, but his press secretary accused Gabrysch of being «largely absent» during key parts of the next budget’s creation process.
CHICAGO MAYOR CALLS ICE RAIDS ‘TERRORISM,’ SAYS TRUMP’S AMERICA APPEARS AS ‘IF THE CONFEDERACY WON’
The mayor’s office also accused Gabrysch of improperly directing a $75 million payment to city pension funds before the required legal procedures had been completed, saying it would refer the matter to Chicago’s Office of Inspector General for review.
The Tribune recounted recent events in the budget process involving Gabrysch, including that she disagreed with Johnson over assertions about the size of the city’s deficit.
In September, Johnson announced that the Windy City faces a projected $882 million budget shortfall in 2027, which local media described as smaller than a typical election year and lighter than the $1.15 billion deficit projected in 2025. The city holds its elections in odd years.
«We have difficult and consequential decisions ahead of us as we work to address the structural financial challenges that have confronted Chicago for decades,» Johnson said at the time, according to Chicago’s PBS affiliate.
However, according to the Tribune, Johnson claimed the true figure is now $662 million, «adjusted» in concert with planned borrowing to help fund settlement amounts involving police officers.
CHICAGO MAYOR CALLS DOGE AN ‘ACT OF WAR’
Gabrysch challenged that accounting during budget hearings, arguing that the settlement expenses should remain part of the deficit and that borrowing to pay them amounted to a temporary fix rather than a lasting solution.
While the administration maintained that 76% of its budget measures addressed underlying financial problems, Gabrysch calculated the figure at just 56%, according to the Tribune.
Alderman Marty Quinn, D-Midway, questioned Johnson’s handling at the time, according to the paper, saying he was «not surprised that the mayor may be a little disingenuous here, that seems to be his normal course.»
Gabrysch also stopped short of calling Johnson’s proposed $17.6 billion budget balanced during an October City Council hearing, arguing that the city needed to demonstrate progress toward reducing future deficits, according to Crain’s Chicago Business.
City Comptroller Michael Belsky maintained that proposed revenues matched expenditures, while acting Budget Director Jonathan Ernst defended the administration’s calculations and its plan to borrow roughly $480 million to cover legal settlements.
Gabrysch warned that the city anticipated issuing $350 million in settlement-related bonds in 2027, with an estimated $190 million in interest costs over seven years, according to Crain’s.
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Her resignation prompted Council Finance Committee chairman Pat Dowell, D-South Loop, to call for an independent audit.
The departure adds to a wave of turnover in Johnson’s financial leadership, including two previous CFO departures this year and the resignation of the city’s budget director in August. The upheaval comes as Chicago grapples with mounting financial obligations and credit-rating downgrades.
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INTERNACIONAL
Fiscales de Estados Unidos acusan a Marset de pagar coimas en Uruguay, Bolivia y Paraguay: “Plata o plomo”

Los fiscales de Estados Unidos pretenden sumar nuevas pruebas en el juicio contra el narcotraficante Sebastián Marset, que comenzará en enero. El uruguayo –detenido el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra– es acusado de conspirar para traficar cocaína, de lavado de activos y de narcoterrorismo, pero el gobierno norteamericano también buscará probar que Marset sobornaba a autoridades.
El semanario uruguayo Búsqueda informó días atrás que el fiscal Anthony T. Aminoff pidió autorización para presentar pruebas de “otros delitos” cometidos por Marset. En un escrito presentado ante el juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito Este de Virginia, señaló que Marset dirigía una “enorme operación internacional de narcotráfico” de manera “despiadada” y que mataba a quienes se le oponían o colaboraban con las autoridades.
“Tampoco toleraba que los gobiernos interfirieran en sus actividades delictivas; para ello, empleaba el clásico modelo de ‘plata o plomo’ –dinero o balas– con el fin de coaccionar a los gobiernos para que se plegaran a su voluntad”, dice el escrito.

Aminoff adelantó que el gobierno presentará “pruebas relacionadas con sobornos en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela”, según el escrito consignado por el medio uruguayo.
“El acusado pagó a funcionarios gubernamentales para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden. Estos sobornos le permitieron continuar con sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo sin interferencia de las autoridades”, agrega.
Marset fue capturado el 13 de marzo en un operativo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que lo requería desde 2024 y adonde fue enviado de inmediato.

El fiscal pretende presentar testimonios que prueben el “pago de sobornos periódicos entre el acusado y un alto funcionario en Bolivia”.
“Dicho funcionario repartía el dinero entre otros miembros del gobierno boliviano. Estos pagos permitían que la organización del acusado traficara con drogas sin interferencia gubernamental; además, si se incautaba algún cargamento de cocaína, los funcionarios corruptos se lo devolvían al acusado a cambio de una suma adicional”, agrega el escrito presentado por el fiscal.
Con estos sobornos, Marset también podía acceder a expedientes sobre narcotráfico, eludir operaciones de captura y recibir información sobre reuniones de la DEA con funcionarios de Bolivia.

Según Aminoff, la relación de Marset con los gobiernos y las fuerzas del orden es un “elemento central” de su esquema delictivo. En la región, los funcionarios y agentes tenían dos opciones: “O bien aceptaban su dinero, o bien sufrían las consecuencias de su ira”.
La fiscal “incorruptible” de Uruguay
El atentado contra la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, generó una fuerte conmoción política en Uruguay.
Ocurrió el 28 de septiembre de 2025, cuando los delincuentes llegaron a su casa vestidos de negro, con capuchas y guantes, a las 04:30. Un tablón los ayudó a subir a la azotea de una casa de la cuadra y, por arriba de los techos, llegaron al patio de la casa de Ferrero. Allí dispararon tres veces contra las ventanas y tiraron una granada que detonó en el patio.
El nombre de Marset apareció de inmediato como uno de los señalados por el atentado.

No era el primer atentado del narcotraficante. Antes, había hecho estallar una granada en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.
En sus declaraciones a los agentes de la DEA, después de su detención y de la lectura de sus derechos, Marset dijo que esta fiscal “resultó ser incorruptible”, lo que motivó que hiciera estallar su oficina y la amenazara.
Tras la publicación periodística de Búsqueda, Ferrero reaccionó.
“Desde 2004 a 2026 tengo una trayectoria impresionante en drogas, que me ha valido un ataque personal en mi casa, con granada y disparos incluidos. Hoy abro la prensa, leo y –ojalá sea cierto– que el narcotraficante detenido admite que me mandó a matar porque yo era incorruptible. Gran orgullo para mi país, más allá de lo personal”, declaró, al participar de un evento público.
Sebastián Marset,detención policial,custodia
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