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Verde, amarillo o rojo: así se decidirá el futuro de las casas dañadas por el terremoto en Panamá

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El Gobierno de Panamá pondrá en marcha un sistema de identificación de viviendas afectadas por el terremoto del 9 de octubre, mediante etiquetas de colores que permitirán establecer cuáles edificaciones pueden utilizarse, cuáles presentan restricciones y cuáles deben permanecer desocupadas por razones de seguridad, como parte del proceso de evaluación y recuperación de las comunidades damnificadas.

La iniciativa contempla tres categorías de señalización: verde, amarilla y roja, siguiendo los criterios de la guía técnica ATC-20 (Applied Technology Council 20), utilizada para evaluar edificaciones después de un terremoto.

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La clasificación estará a cargo de profesionales competentes, quienes determinarán las condiciones de las estructuras y las medidas necesarias para proteger a sus ocupantes.

Las edificaciones identificadas con etiquetas verdes podrán utilizarse bajo las condiciones establecidas por los evaluadores, aunque esto no significa necesariamente que estén libres de daños. Las amarillas tendrán restricciones de acceso o utilización, mientras que las viviendas señalizadas con rojo deberán permanecer desocupadas hasta que una evaluación competente determine que existen condiciones seguras.

El Gobierno de Panamá anunció un sistema de etiquetas verdes, amarillas y rojas para identificar las condiciones de seguridad de las viviendas afectadas por el terremoto del 9 de octubre.  (Foto AP/Aris Mariota)

El director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith Gallardo, explicó que la aplicación de este procedimiento requiere evaluaciones realizadas por profesionales idóneos, debido a que las decisiones sobre habitabilidad y seguridad estructural corresponden a las entidades competentes.

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Sinaproc participará en la coordinación institucional, la identificación de riesgos y la orientación de las familias afectadas.

Las autoridades advirtieron que la señalización deberá interpretarse conforme a las indicaciones del personal técnico responsable, especialmente cuando existan daños que no resulten evidentes a simple vista.

Una etiqueta verde no constituye una garantía absoluta de seguridad, mientras que las restricciones establecidas mediante señalizaciones amarillas o rojas deberán respetarse hasta que se determine la posibilidad de utilizar nuevamente las edificaciones.

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Las viviendas identificadas con etiquetas rojas deberán permanecer desocupadas, mientras que las amarillas tendrán restricciones de acceso y las verdes podrán utilizarse según las condiciones establecidas por los evaluadores. EFE/ Bienvenido Velasco

El anuncio forma parte de las medidas de atención a las familias afectadas por el movimiento sísmico, que provocó daños en viviendas e infraestructura de distintas comunidades del país. La información fue presentada durante una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencias, con la participación del ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza.

Como parte del balance institucional, Sinaproc informó que sus equipos mantienen recorridos por las comunidades afectadas, mediante labores de identificación de riesgos y recopilación de información sobre los daños reportados.

Estas acciones permitirán establecer las necesidades prioritarias de las familias y fortalecer la coordinación con las instituciones responsables de la atención y recuperación.

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Los resultados de las inspecciones también servirán para orientar las decisiones sobre rehabilitación y reconstrucción de viviendas, así como para identificar las condiciones habitacionales de las comunidades perjudicadas.

El proceso se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y otras entidades competentes, de acuerdo con sus respectivas atribuciones.

Las inspecciones técnicas permitirán identificar los daños estructurales de las edificaciones y establecer las medidas necesarias para su rehabilitación o reconstrucción.  EFE

Las autoridades señalaron que la recuperación temprana dependerá de las evaluaciones técnicas realizadas en las estructuras, así como de la identificación de familias que requieren atención prioritaria.

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Estas verificaciones permitirán planificar medidas dirigidas a restablecer progresivamente las condiciones de vida de quienes sufrieron daños en sus propiedades.

Durante la presentación también se dieron a conocer los avances de Panamá Conecta, una plataforma digital vinculada al sitio web institucional, diseñada para facilitar el acceso de la ciudadanía a información sobre la emergencia.

La subdirectora general de Sinaproc, Maltizie Rivera, explicó que la herramienta permitirá consultar los avances de las acciones institucionales dirigidas a las comunidades afectadas.

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La plataforma se desarrolla junto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), con el propósito de fortalecer la comunicación pública y facilitar el seguimiento de las medidas adoptadas.

Más de 600 réplicas se han registrado después del terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Panamá el 9 de octubre, mientras las autoridades mantienen las evaluaciones de infraestructura y la atención a las comunidades afectadas. REUTERS/Enea Lebrun

Según las autoridades, la iniciativa busca mejorar la transparencia y coordinación durante las distintas etapas de atención a las familias damnificadas.

El Gobierno sostuvo que la identificación de daños, las evaluaciones estructurales y el acceso a información institucional serán componentes del proceso de recuperación posterior al terremoto. Sin embargo, el comunicado no precisa cuántas viviendas han sido inspeccionadas ni establece un calendario para completar la clasificación de las edificaciones afectadas.

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Como parte del último balance de la emergencia, las autoridades mantienen las evaluaciones de viviendas e infraestructura afectadas por el terremoto, principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

Los reportes preliminares habían identificado más de 1,200 viviendas con daños, mientras continúan las inspecciones para determinar la magnitud de las afectaciones y las necesidades de las familias damnificadas.

En materia de infraestructura pública, el terremoto también provocó afectaciones en 619 centros educativos y nueve puentes, de acuerdo con los reportes divulgados durante los primeros días de la emergencia. Las autoridades han concentrado parte de sus esfuerzos en verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones, con el propósito de establecer cuáles requieren reparaciones y cuáles pueden continuar funcionando.

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El Gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia y habilitó un fondo de 100 millones de dólares para financiar las acciones de respuesta y recuperación en las comunidades damnificadas. Cortesía

Para atender las consecuencias del desastre, el Gobierno declaró el estado de emergencia y habilitó un fondo de 100 millones de dólares, destinado a financiar las acciones de respuesta y recuperación.

El Ministerio de Economía y Finanzas había señalado que los recursos disponibles serían suficientes para cubrir las necesidades inicialmente identificadas, aunque las evaluaciones técnicas permitirán precisar el alcance de los daños.

El terremoto de magnitud 7,5 se registró el 9 de octubre de 2026, a las 12:56 del mediodía, con epicentro localizado a unos 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y una profundidad aproximada de cuatro kilómetros.

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El movimiento sísmico provocó daños en viviendas, carreteras, instalaciones públicas y otros componentes de infraestructura, además de una secuencia de réplicas que mantuvo la vigilancia de las autoridades y la preocupación entre los habitantes de las zonas afectadas.

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La Unión Europea sanciona a cuatro bandas haitianas por asesinatos, violencia sexual y ataques contra infraestructuras críticas

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La Unión Europea amplió este lunes su régimen de sanciones sobre Haití. El Consejo de la UE incluyó a cuatro grupos armados haitianos por asesinatos, violencia sexual y ataques contra infraestructuras críticas, según informó la agencia EFE.

Entre los señalados figura el grupo 400 Mawozo, la misma banda contra la que opera en estos días el contingente militar enviado por El Salvador a Puerto Príncipe.

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La medida llega en un momento de máxima tensión en la capital haitiana, donde conviven cinco fuerzas de seguridad distintas en la ofensiva contra las pandillas.

Entidades sancionadas por la Unión Europea

El Consejo de la UE sancionó al grupo armado 5 Segond, señalado por asesinatos, violaciones y otras formas de violencia sexual contra menores. La organización también es responsable de ataques contra infraestructuras sanitarias y servicios humanitarios, de acuerdo con el comunicado del organismo europeo.

También quedó incluido Gran Ravine, grupo criminal responsable de secuestros y delitos graves que derivaron en muertes de civiles y desplazamientos forzosos.

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La lista se completa con 400 Mawozo y Krazé Baryè, sancionados por el reclutamiento de menores y su exposición a la violencia armada. El Consejo congeló los activos de los cuatro grupos, les prohibió el ingreso a territorio comunitario y vetó cualquier financiamiento desde la UE hacia esas organizaciones.

Un niño duerme en un albergue para familias desplazadas por la violencia de pandillas en Puerto Príncipe, Haití, el martes 27 de enero de 2026. (Foto AP/Odelyn Joseph)

Con estas cuatro entidades, las medidas restrictivas vinculadas a violaciones de derechos humanos alcanzan ya a 152 personas físicas y 49 entidades.

El foco en los crímenes contra la infancia

El organismo europeo remarcó que las sanciones apuntan en particular a combatir las seis violaciones graves contra menores en conflictos armados.

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Entre ellas incluyó el asesinato, el reclutamiento como soldados, la violencia sexual, el secuestro, los ataques contra escuelas u hospitales y la denegación de acceso humanitario.

La creciente violencia en Haití deja cerca de 1,5 millones de desplazados, según la OIM

“Este nuevo paquete de sanciones reafirma el compromiso inquebrantable de la UE con la protección de la infancia y el respeto del derecho internacional”, señaló el Consejo en el comunicado.

El texto agregó que la Unión Europea es un socio político y de desarrollo de larga data de Haití y que seguirá colaborando con otros socios regionales para atender la crisis humanitaria del país.

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El régimen de sanciones aplicado data de diciembre de 2020, cuando el Consejo estableció el mecanismo global de la UE en materia de derechos humanos. Ese marco cubre actos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves.

El despliegue salvadoreño contra 400 Mawozo se intensifica

Mientras la UE aplicaba las sanciones, las tropas de El Salvador mantenían su ofensiva precisamente contra 400 Mawozo, una de las bandas señaladas por Bruselas.

El 8 de noviembre, unidades especiales de la Policía haitiana, con apoyo de militares salvadoreños, destruyeron una vivienda utilizada por Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, líder de esa organización.

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Soldados de El Salvador patrullan la zona del Estadio Nacional Sylvio Cator, el jueves 12 de noviembre de 2026, en el centro de Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Patrice Noel)

Según una investigación de The Miami Herald, diario estadounidense, el operativo incluyó drones explosivos y cuatro helicópteros, dos de ellos operados por efectivos salvadoreños.

El contingente enviado por el presidente Nayib Bukele llegó a Haití tras la emboscada del 18 de octubre que dejó desaparecidos a cuatro técnicos de aviación salvadoreños adscritos a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por Naciones Unidas.

El despliegue alcanza cerca de 2.500 soldados y se convirtió en la mayor presencia militar extranjera en el país caribeño.

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El 12 de noviembre, la Policía Nacional de Haití recuperó el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, que permanecía bajo control de grupos armados desde 2024.

Tras la operación, las autoridades entregaron la vigilancia del predio a las fuerzas salvadoreñas, que lo convertirán en base para avanzar sobre otras zonas dominadas por las pandillas, según anunció Bukele.

Alix Didier Fils-Aimé,  primer ministro de Haití visitará El Salvador el 16y 17 de noviembre.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, reconoció la colaboración salvadoreña y estará en El Salvador este 16 y 17 de noviembre para discutir, junto al vicepresidente Félix Ulloa, el futuro del contingente, cuya fecha de retorno aún no está definida.

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La convivencia de cinco fuerzas distintas en el terreno —la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas haitianas, la GSF, el contingente salvadoreño y la Task Force vinculada a la empresa Vectus Global— generó cuestionamientos internacionales.

Amnistía Internacional reclamó a ambos gobiernos que hagan pública la cadena de mando y las reglas de actuación del despliegue, mientras el G7 respaldó el mandato de la GSF y pidió garantías para la protección de la población civil.

corresponsal:Desde San Salvador, El Salvador

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Chicago Mayor Brandon Johnson faces audit calls after CFO quits over ‘financial integrity’ concerns

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Chicago’s chief financial officer, who formerly worked for a top credit ratings bureau, resigned Friday citing financial integrity concerns, casting a shadow over the fiscal management of progressive Mayor Brandon Johnson amid a fight over the FY-2027 budget.

Chicago CFO Ashlee Gabrysch served only three months before the onetime Fitch Ratings executive stepped down, saying she could no longer meet her professional obligations under the conditions of her employment, according to a resignation letter obtained by the Chicago Tribune. 

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«The chief financial officer’s statements about the city’s finances are relied upon by investors, rating agencies, City Council, and taxpayers, and they must be complete and accurate,» Gabrysch wrote, according to the Tribune.

«I am not able to fulfill those obligations under the conditions in which I have been asked to serve.»

Johnson did not immediately respond to Digital’s request for comment, but his press secretary accused Gabrysch of being «largely absent» during key parts of the next budget’s creation process.

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CHICAGO MAYOR CALLS ICE RAIDS ‘TERRORISM,’ SAYS TRUMP’S AMERICA APPEARS AS ‘IF THE CONFEDERACY WON’

The mayor’s office also accused Gabrysch of improperly directing a $75 million payment to city pension funds before the required legal procedures had been completed, saying it would refer the matter to Chicago’s Office of Inspector General for review.

The Tribune recounted recent events in the budget process involving Gabrysch, including that she disagreed with Johnson over assertions about the size of the city’s deficit.

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In September, Johnson announced that the Windy City faces a projected $882 million budget shortfall in 2027, which local media described as smaller than a typical election year and lighter than the $1.15 billion deficit projected in 2025. The city holds its elections in odd years.

«We have difficult and consequential decisions ahead of us as we work to address the structural financial challenges that have confronted Chicago for decades,» Johnson said at the time, according to Chicago’s PBS affiliate.

However, according to the Tribune, Johnson claimed the true figure is now $662 million, «adjusted» in concert with planned borrowing to help fund settlement amounts involving police officers.

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CHICAGO MAYOR CALLS DOGE AN ‘ACT OF WAR’

Gabrysch challenged that accounting during budget hearings, arguing that the settlement expenses should remain part of the deficit and that borrowing to pay them amounted to a temporary fix rather than a lasting solution.

While the administration maintained that 76% of its budget measures addressed underlying financial problems, Gabrysch calculated the figure at just 56%, according to the Tribune.

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Alderman Marty Quinn, D-Midway, questioned Johnson’s handling at the time, according to the paper, saying he was «not surprised that the mayor may be a little disingenuous here, that seems to be his normal course.»

Gabrysch also stopped short of calling Johnson’s proposed $17.6 billion budget balanced during an October City Council hearing, arguing that the city needed to demonstrate progress toward reducing future deficits, according to Crain’s Chicago Business.

City Comptroller Michael Belsky maintained that proposed revenues matched expenditures, while acting Budget Director Jonathan Ernst defended the administration’s calculations and its plan to borrow roughly $480 million to cover legal settlements.

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Gabrysch warned that the city anticipated issuing $350 million in settlement-related bonds in 2027, with an estimated $190 million in interest costs over seven years, according to Crain’s.

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Her resignation prompted Council Finance Committee chairman Pat Dowell, D-South Loop, to call for an independent audit.

The departure adds to a wave of turnover in Johnson’s financial leadership, including two previous CFO departures this year and the resignation of the city’s budget director in August. The upheaval comes as Chicago grapples with mounting financial obligations and credit-rating downgrades.

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Fiscales de Estados Unidos acusan a Marset de pagar coimas en Uruguay, Bolivia y Paraguay: “Plata o plomo”

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Los fiscales de Estados Unidos pretenden sumar nuevas pruebas en el juicio contra el narcotraficante Sebastián Marset, que comenzará en enero. El uruguayo –detenido el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra– es acusado de conspirar para traficar cocaína, de lavado de activos y de narcoterrorismo, pero el gobierno norteamericano también buscará probar que Marset sobornaba a autoridades.

El semanario uruguayo Búsqueda informó días atrás que el fiscal Anthony T. Aminoff pidió autorización para presentar pruebas de “otros delitos” cometidos por Marset. En un escrito presentado ante el juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito Este de Virginia, señaló que Marset dirigía una “enorme operación internacional de narcotráfico” de manera “despiadada” y que mataba a quienes se le oponían o colaboraban con las autoridades.

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“Tampoco toleraba que los gobiernos interfirieran en sus actividades delictivas; para ello, empleaba el clásico modelo de ‘plata o plomo’ –dinero o balas– con el fin de coaccionar a los gobiernos para que se plegaran a su voluntad”, dice el escrito.

El operativo coordinado entre Bolivia y organismos internacionales acabó con la captura de Marset tras meses de fuga en la región. (Policía de Bolivia/EFE)

Aminoff adelantó que el gobierno presentará “pruebas relacionadas con sobornos en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela”, según el escrito consignado por el medio uruguayo.

“El acusado pagó a funcionarios gubernamentales para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden. Estos sobornos le permitieron continuar con sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo sin interferencia de las autoridades”, agrega.

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Marset fue capturado el 13 de marzo en un operativo conjunto entre la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que lo requería desde 2024 y adonde fue enviado de inmediato.

Sebastián Marset tras ser detenido en Santa Cruz de la Sierra

El fiscal pretende presentar testimonios que prueben el “pago de sobornos periódicos entre el acusado y un alto funcionario en Bolivia”.

“Dicho funcionario repartía el dinero entre otros miembros del gobierno boliviano. Estos pagos permitían que la organización del acusado traficara con drogas sin interferencia gubernamental; además, si se incautaba algún cargamento de cocaína, los funcionarios corruptos se lo devolvían al acusado a cambio de una suma adicional”, agrega el escrito presentado por el fiscal.

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Con estos sobornos, Marset también podía acceder a expedientes sobre narcotráfico, eludir operaciones de captura y recibir información sobre reuniones de la DEA con funcionarios de Bolivia.

Sebastián Marset es capturado en Bolivia el 13 de marzo de 2026, sentado en una mesa con agentes de seguridad que revisan documentos durante el operativo.

Según Aminoff, la relación de Marset con los gobiernos y las fuerzas del orden es un “elemento central” de su esquema delictivo. En la región, los funcionarios y agentes tenían dos opciones: “O bien aceptaban su dinero, o bien sufrían las consecuencias de su ira”.

La fiscal “incorruptible” de Uruguay

El atentado contra la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, generó una fuerte conmoción política en Uruguay.

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Ocurrió el 28 de septiembre de 2025, cuando los delincuentes llegaron a su casa vestidos de negro, con capuchas y guantes, a las 04:30. Un tablón los ayudó a subir a la azotea de una casa de la cuadra y, por arriba de los techos, llegaron al patio de la casa de Ferrero. Allí dispararon tres veces contra las ventanas y tiraron una granada que detonó en el patio.

El nombre de Marset apareció de inmediato como uno de los señalados por el atentado.

La fiscal uruguaya Mónica Ferrero (Redes sociales)

No era el primer atentado del narcotraficante. Antes, había hecho estallar una granada en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

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En sus declaraciones a los agentes de la DEA, después de su detención y de la lectura de sus derechos, Marset dijo que esta fiscal “resultó ser incorruptible”, lo que motivó que hiciera estallar su oficina y la amenazara.

Tras la publicación periodística de Búsqueda, Ferrero reaccionó.

“Desde 2004 a 2026 tengo una trayectoria impresionante en drogas, que me ha valido un ataque personal en mi casa, con granada y disparos incluidos. Hoy abro la prensa, leo y –ojalá sea cierto– que el narcotraficante detenido admite que me mandó a matar porque yo era incorruptible. Gran orgullo para mi país, más allá de lo personal”, declaró, al participar de un evento público.

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