INTERNACIONAL
La mortalidad infantil en Cuba se disparó un 147% en siete años: cesáreas demoradas, bebés sin oxígeno y hospitales con aguas negras
Cuba cerró 2025 con una tasa de mortalidad infantil de 9.9 muertes de menores de un año por cada 1,000 nacidos vivos, mientras madres y familiares denunciaron demoras en cesáreas, falta de medicamentos y condiciones deficientes en hospitales.
El deterioro del Programa de Atención Materno Infantil coincide con menos nacimientos y con una intervención internacional destinada a reforzar servicios obstétricos y neonatales, según Diario de Cuba.
Los 68,051 nacidos vivos comunicados de manera preliminar por el Ministerio de Salud Pública representaron 3,108 menos que en 2024. Aplicada a ese total, la tasa infantil equivale a unas 674 muertes de bebés menores de un año, una estimación derivada de ambos indicadores y no una cifra oficial de fallecimientos divulgada por separado.
La situación contrasta con los registros de 2017 y 2018, cuando el indicador era de cuatro muertes por cada 1.000 nacidos vivos. El salto respecto de 2018 fue del 147.5%.
La Organización Panamericana de la Salud reconoció en abril de 2026 la tendencia de deterioro de los indicadores cubanos, aunque sostuvo que el país mantenía resultados superiores a los promedios regionales.
La tasa preliminar cubana superó la de Chile, de 5.9 por cada 1,000 en ese año; Argentina había registrado 8.5 en 2024, y Costa Rica informó 8.56 entre noviembre de 2024 y octubre de 2025.
Cesáreas demoradas y muertes neonatales
Más de 24 horas de trabajo de parto precedieron el nacimiento de la hija de Dania, residente en Nuevitas cuya identidad fue modificada a pedido suyo. La bebé nació en el Hospital Materno de Camagüey con bajo peso y niveles muy bajos de oxígeno y glucosa, por lo que pasó varios días en una incubadora.
La madre afirmó que la intervención llegó demasiado tarde: “La niña nació azul, no respiraba, pensé que se moría”. También atribuyó las complicaciones a la demora para practicarle una cesárea: “Todo por la misma razón, por una decisión tardía, el equipo no quería hacer la cesárea, y la tuvieron que hacer, en el último momento”.
La hija de Dania sobrevivió, pero el hijo de Alina, otro nombre utilizado para preservar la identidad de la entrevistada, murió antes de que se realizara la operación. La mujer ingresó un sábado por la tarde con escasez de líquido amniótico y señaló que los especialistas la atendieron recién el lunes.
“Para resumir una historia que me sigue martirizando, me hicieron la cesárea cuando el niño ya había fallecido”, relató Alina. Tras años de intentos para quedar embarazada, describió la pérdida como un golpe para toda su familia: “Era el niño más deseado y esperado”.
Las denuncias de familiares incluyeron otros casos ocurridos en Camagüey. En septiembre de 2025, Leydys Marian Guerrero González denunció que su hija murió luego de que el personal del Hospital Ginecobstétrico Ana Betancourt demorara la atención ante la escasez de líquido amniótico y realizara la cesárea cuando la bebé ya había fallecido.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada difundió ese caso en redes sociales. Un mes antes, Lianet Barranco había cuestionado la respuesta médica después de la muerte de su hija, tras presentar síntomas de alarma durante el embarazo.
Camila Leyva Obregón, residente en Bayamo, contó en enero de 2025 que pasó horas perdiendo líquido amniótico antes de recibir atención para el parto. Su bebé desarrolló complicaciones y murió a los 11 días de nacido.
Otra muerte neonatal fue reportada el 12 de octubre de 2026 en el Hospital Materno de Camagüey, a partir de fuentes consultadas por Tan Estrada. La inducción del parto se prolongó más de 24 horas y el recién nacido sufrió broncoaspiración de líquido amniótico meconial, hipertensión pulmonar y fallo multiorgánico.
El periodista denunció además más de 15 fallecimientos de recién nacidos en ese hospital entre enero y mayo de 2026. También señaló filtraciones de aguas albañales desde un baño de la planta superior hacia zonas cercanas a los bebés, presencia de insectos y falta de medicamentos para combatir infecciones.
El 29 de abril de ese año, Tan Estrada informó que embarazadas aguardaban para dar a luz en los pasillos de la Sala A, en un contexto de hacinamiento, calor y falta de higiene. Las denuncias familiares no determinan por sí solas la existencia de negligencia médica, pero exponen cuestionamientos sobre las demoras, la atención de síntomas de alarma y las explicaciones recibidas.
Diferencias territoriales y falta de medicamentos
La tasa de mortalidad infantil mostró contrastes dentro del país: La Habana registró 14,2 muertes por cada 1,000 nacidos vivos en 2025 y Camagüey, 12,4, de acuerdo con indicadores demográficos de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Pinar del Río notificó 4,7.
La disponibilidad de tratamientos esenciales también fue cuestionada por familias de recién nacidos. Beba Cabrera denunció que su nieta, nacida el 28 de septiembre de 2025 en el Hospital Hijas de Galicia de La Habana, murió tras una hemorragia grave.
Los médicos diagnosticaron un déficit de vitamina K, necesaria para la coagulación de la sangre, según explicó el doctor Lucio Enriquez Nodarse. La familia sostuvo que el hospital no disponía del medicamento que se administra a los bebés para prevenir esas hemorragias.
La niña recibió transfusiones y ventilación mecánica, pero murió el 1 de octubre. Sus familiares afirmaron además que, tras el parto, el personal les pidió 5.000 pesos para garantizar una cama para la madre.
Las muertes alcanzaron también a mujeres embarazadas. La mortalidad materna subió de 40,6 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos en 2024 a 44,1 en 2025, un aumento aproximado de 8,6%, según precisó el Ministerio de Salud Pública.
La diferencia absoluta fue de una muerte materna adicional. Aunque la reducción de nacimientos incide en el cálculo de la tasa, el número de mujeres fallecidas aumentó en un año con menos nacidos vivos.
En febrero de 2022, los familiares de Yanelis Medina Cardoza, de 30 años y con un embarazo avanzado, denunciaron irregularidades en la atención que recibió en La Habana. Según su testimonio, perdió al bebé después de una cesárea de urgencia y luego ella también murió.
Laura Castillo Zulueta falleció en mayo de 2024, a los 29 años y con 25 semanas de gestación. Su madre, Janet Zulueta Curbelo, denunció presuntas negligencias en el Hospital Hijas de Galicia antes del traslado de la joven al Hospital Nacional.
La dirección del centro rechazó las acusaciones y sostuvo que las complicaciones estaban relacionadas con una enfermedad previa, la enfermedad de Hirschsprung. También dio una versión diferente sobre las circunstancias del traslado y difundió información clínica de Laura para responder a la familia, una decisión que generó cuestionamientos sobre la privacidad de los datos de la paciente.
Daniela Aurora Ochoa Hernández, de 22 años, murió junto con su bebé en diciembre de 2025 en el Hospital Roberto Rodríguez de Morón, en Ciego de Ávila. Sus familiares, citados por la activista Idelisa Diasniurka Salcedo y el Observatorio de Género de Alas Tensas, indicaron que había acudido con dolor intenso de cabeza y entumecimiento de las extremidades.
La joven sufrió convulsiones y fue sometida a una cesárea de emergencia, pero los médicos no lograron salvarla ni al recién nacido. La familia cuestionó la evaluación inicial y las demoras para recibir atención especializada.
Dos millones de euros para reforzar la atención materna
La Unión Europea financia con dos millones de euros un proyecto conjunto de la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas para fortalecer la atención materna y neonatal en Cuba. La iniciativa, anunciada en mayo de 2026, prevé alcanzar directamente a 310.685 personas.
El programa se denomina Salvar vidas al nacer: Prestación de Atención Vital Materna y Neonatal en Cuba y se desarrolla junto al Ministerio de Salud Pública en La Habana, Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Holguín y Guantánamo.
La OPS vinculó el deterioro de los indicadores de salud materna y neonatal con la crisis prolongada del país, los problemas energéticos, los eventos climáticos recurrentes y los daños provocados por el huracán Melissa en octubre de 2025. Sus prioridades incluyen medicamentos e insumos esenciales, servicios obstétricos y neonatales de emergencia, rehabilitación de infraestructura, agua segura y saneamiento.
Maylin Fernández Suris, abogada de Diario de Cuba especializada en políticas sociales, sostuvo que las revisiones internas de los hospitales no bastan para responder a las familias. “Los hospitales cuentan con mecanismos internos para revisar fallecimientos y posibles deficiencias. Pero las familias necesitan algo más que una investigación administrativa: conocer las causas, acceder a información médica, recibir explicaciones suficientes y disponer de vías efectivas para reclamar cuando existan indicios de responsabilidad”.
La letrada planteó que la respuesta estatal debe incluir suministros, servicios básicos, capacidad de atención, información pública y mecanismos de reclamación. “Las familias tienen derecho a conocer las circunstancias de la muerte de sus seres queridos y a reclamar cuando existan indicios de responsabilidad”, afirmó.
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INTERNACIONAL
“Unos dicen que está vivo, otros que falleció”: el drama de una hondureña que busca a su padre desaparecido en la guerra rusa
Un administrador de empresas hondureño de 49 años permanece en paradero desconocido en Rusia tras viajar engañado con una falsa oferta laboral para realizar tareas de inventario, un nuevo caso de desaparición forzada en el contexto de la guerra que mantiene en zozobra a su familia.
Su hija, radicada en España, relató en entrevista exclusiva con Infobae la angustia de un proceso que comenzó con una supuesta invitación a un museo y derivó en un campo de entrenamiento militar en territorio ruso. Este testimonio fue compartido por ella a este medio para visibilizar el drama que enfrentan decenas de familias latinoamericanas.
La búsqueda de empleo del profesional se intensificó entre abril y mayo de 2026, tras perder su trabajo en una institución debido a un cambio gubernamental. El hombre ingresó su currículum en bolsas de trabajo digitales, donde presuntos reclutadores le prometieron un trabajo administrativo.
Sin embargo, los documentos de viaje no correspondían a un visado laboral, sino a una invitación cultural. “A él le dijeron que lo contactaron por un trabajo, pero a la hora de la hora, la carta de invitación no decía visa de trabajo, decía otra invitación a un museo”, afirmó la hija en declaraciones a Infobae.
El 4 de julio de 2026, el hondureño emprendió el trayecto hacia Moscú con escalas en Panamá y Turquía. En la terminal panameña, las autoridades migratorias lo retuvieron por carecer de la vacuna contra la fiebre amarilla.
No obstante, el hombre contactó a los organizadores del traslado, quienes gestionaron su salida de forma inmediata. Al pisar suelo ruso, las autoridades locales le confiscaron el pasaporte, le hicieron firmar contratos en ruso y lo trasladaron a una base militar.
Lesiones, aislamiento y el envío al frente de combate
El profesional comunicó a sus parientes que se encontraba retenido junto a cuatro compatriotas, identificados como Óscar Matute y Mario Edgardo Varela Rivera, además de combatientes de República Dominicana y Argentina.
Hacia mediados de julio, el hondureño sufrió graves lesiones en las rodillas al caer de un camión militar durante las maniobras tácticas. Ante las súplicas familiares para que abandonara las instalaciones, el hombre explicó que no tenía escapatoria. “No me van a dejar salirme, me van a golpear si ahorita que estoy así… no me dan comida, nada, tengo una semana de no comer porque no me puedo levantar de la cama”, relató el afectado a su hija.
La familia solicitó asistencia ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Tras semanas de gestiones, la Cancillería remitió una solicitud formal para tramitar la baja del ciudadano ante los mandos rusos.
El 18 de agosto, en la última llamada directa con su hija, el administrador confirmó la entrega del documento. A partir del 24 de agosto, fecha en que un tercero tuvo un breve contacto con él, no hubo más comunicaciones directas.
Durante las semanas posteriores, el hogar quedó sumido en versiones discordantes. El 4 de octubre, el servicio exterior hondureño informó que el Ministerio de Defensa ruso lo registraba como combatiente activo.
Días después, un compañero aseguró que había muerto en combate, aunque un médico militar afirmó poco después que seguía con vida. La última alerta provino de otro soldado de origen dominicano que transmitió la confirmación de la baja por parte del comandante. “Que unos digan que está vivo, otros digan que falleció, yo me estoy volviendo loca”, expresó la joven a Infobae.
La búsqueda de dos hermanas hondureñas confirma que las desapariciones en la guerra no son un hecho aislado
En los últimos meses, Infobae ha documentado múltiples expedientes de latinoamericanos atrapados en la guerra de Rusia, con testimonios que involucran a ciudadanos salvadoreños, panameños, un guatemalteco y casos de Honduras.
Un antecedente significativo ocurrió a mediados de año, cuando la diplomacia hondureña coordinó la repatriación de connacionales según reflejó la crónica Seis hondureños retornan al país tras engaño de falsos empleos en Rusia.
Asimismo, la investigación especial por parte de este medio; “Iba para una empresa, pero lo mandaron al ejército”: la trampa que arrastró a dos hondureños a la guerra en Rusia expuso la lucha de Gabriela Sandoval y Rocío Medina, dos hermanas que exigen respuestas sobre el paradero de Héctor Gabriel Sandoval y Wilfredo Lemuel Medina.
Ambos desaparecieron tras viajar bajo promesas salariales extraordinarias o contratos de pesca industrial, lo que ratifica la vigencia de una red de captación que continúa sumando víctimas centroamericanas en el este europeo.
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INTERNACIONAL
Obama compares Trump’s White House renovations to ‘Saddam Hussein opening a Cheesecake Factory’ at Ohio rally
Former President Barack Obama mocked President Donald Trump’s White House renovations Saturday, comparing the historic residence to a Cheesecake Factory run by Saddam Hussein while campaigning for Democrats in Ohio.
Obama delivered the jab during a Cleveland rally supporting Democrat gubernatorial candidate Amy Acton and Senate candidate Sherrod Brown, criticizing Trump’s priorities just 10 days before the midterm elections.
«I mean, I don’t know if you’ve noticed, but he seems very focused on home renovations,» Obama said. «He should be on HGTV.»
OBAMA CLAIMS HE OCCUPIES ‘A SUITE’ IN TRUMP’S MIND, QUESTIONS THE PRESIDENT’S FOCUS ON AMERICANS
Obama rattled off Trump’s ballroom project, Rose Garden makeover and South Lawn helipad before taking aim at the president’s affinity for gold décor.
«He’s got the White House looking like Saddam Hussein opened a Cheesecake Factory,» Obama quipped.
The renovations, however, include several functional upgrades to the White House grounds.
TRUMP DEFENDS US INTERVENTIONS ABROAD AHEAD OF ‘BIG DECISION’ ON IRAN: ‘SETTLING YEARS OF UNFINISHED BUSINESS’
The Rose Garden’s former central lawn was replaced with limestone paving in 2025, creating a patio for outdoor events, speeches and entertaining, while the traditional roses were retained around the perimeter.
Trump also unveiled an upgraded granite White House helipad featuring the presidential seal in September. Official White House photographs show Marine One landing on and departing from the new facility during a Sept. 21 ribbon-cutting ceremony.
The administration’s ballroom project is intended to provide permanent, secure space for large official events, addressing a longstanding reliance on temporary tents for major White House functions. A National Park Service environmental assessment notes that the need for expanded event space was identified in a White House planning document dating to 2000.
Obama’s swipe at Trump’s White House makeover comes as his own presidential center in Chicago has faced criticism over its imposing, granite-clad tower, which some critics have dubbed the ‘Obamalisk,’ along with ballooning construction costs and years of delays.
The Obama Presidential Center’s projected price tag has surpassed $1 billion, nearly triple its original $350 million estimate, according to previous Digital reporting. Subcontractors have alleged they are owed millions for their work, while taxpayers have been saddled with hundreds of millions of dollars in associated public infrastructure costs separate from the center’s construction budget.
Obama’s criticism extended beyond the presidential residence to Trump’s handling of the conflict with Iran, which the former president blamed for higher energy costs.
«Most importantly, he decided to start an unnecessary war that nobody asked for and nobody voted for,» Obama said.
He also defended the nuclear agreement negotiated during his presidency.
TRUMP RIPS OBAMA’S ‘STUPID’ IRAN DEAL, CLAIMS FORMER PRESIDENT THOUGHT ‘HE COULD BRIBE THEM’
«Iran didn’t have nuclear weapons because I had put a deal in place that everybody knows kept them from getting nukes,» Obama claimed.
Trump withdrew the United States from the 2015 agreement in 2018, arguing that its temporary nuclear restrictions were insufficient and that it failed to adequately address Iran’s ballistic missile program and support for regional militant terror groups.
The agreement offered Tehran sanctions relief in exchange for nuclear restrictions and international inspections. Inspectors reported some Iranian compliance before the U.S. withdrawal, although Iran subsequently expanded uranium enrichment beyond the deal’s proposed limits.
Obama also accused Trump of pursuing policies that increased consumer costs, criticizing immigration enforcement as he urged Ohio voters to hold Republicans accountable.
Acton faces Republican Vivek Ramaswamy in the governor’s race, while Brown is challenging Republican Sen. Jon Husted.
The former president carried Ohio in both 2008 and 2012, but the state has backed Trump in his three presidential campaigns.
Digital contacted the White House for comment on Obama’s remarks.
Digital’s Michael Dorgan contributed to this report.
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Two federal court rulings Wednesday extending Second Amendment protections to switchblade knives and body armor have fueled optimism among gun-rights advocates ahead of a major Supreme Court showdown over bans on AR-15-style rifles.
The Fifth Circuit Court of Appeals ruled that a federal law restricting the interstate commerce of switchblade knives violated the Second Amendment, while a federal judge in the Western District of New York struck down New York’s restrictions on personal body armor. In both cases, the courts determined that switchblades and body armor qualify as constitutionally protected «arms.»
The twin rulings come as the Supreme Court prepares to hear oral arguments in Viramontes v. Cook County, a case that could determine whether AR-15-style rifles qualify as «arms» protected by the Second Amendment.
National Association for Gun Rights President Dudley Brown, whose organization filed an amicus brief in Viramontes, said a Supreme Court ruling against AR-15 bans could influence future legal challenges to restrictions on ammunition magazines, automatic knives, body armor and other defensive equipment.
«The interesting thing about both of these cases is that they’re both going to be really decided by the U.S. Supreme Court in the Viramontes decision,» Brown told Digital.
SUPREME COURT UNANIMOUSLY LIMITS USE OF GUN LAW USED TO PROSECUTE HUNTER BIDEN
The recent rulings rely on two major Supreme Court decisions defining the scope of the Second Amendment: District of Columbia v. Heller and New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen — both of which will play a key role in the Supreme Court’s review of AR-15-style rifle bans.
In its 2008 decision in Heller, the Supreme Court established that the Second Amendment protects an individual right to possess firearms for lawful purposes, including self-defense. The Court also ruled that the amendment protects weapons in lawful common use while acknowledging a longstanding tradition of restricting «dangerous and unusual» weapons.
Heller recognized that the term «arms» encompasses both offensive weapons and defensive armor. The decision did not address switchblades or body armor directly but the recent rulings relied on its broader understanding of what may qualify as an arm.
The decisions also reveal how Bruen ’s text-and-history test could shape the Supreme Court’s review of bans on AR-15-style rifles.
Under Bruen, courts first determine whether the Second Amendment’s text covers the weapon or conduct at issue. Because both courts answered that question affirmatively, the burden shifted to the governments to show that the restrictions were consistent with the nation’s historical tradition of arms regulation.
George Lyon, a Second Amendment attorney, said the governments in both cases failed to identify sufficiently similar historical laws justifying the modern restrictions.
ATF SUSPENDS FEDERAL REGISTRATION AND APPROVAL RULES FOR CERTAIN FIREARMS
«Once what you want to do is shown to come within the text of the Second Amendment, the presumption is that the regulation is unconstitutional,» Lyon said.
The Fifth Circuit found that switchblades are commonly used «arms» protected by the Second Amendment, citing their historical use for defense and everyday purposes. It then ruled that the government had failed to identify a sufficient historical tradition for the Federal Switchblade Act’s specific restrictions on interstate commerce, which regulated switchblades in a way that differed from historical laws.
In the New York ruling, the state argued that body armor was a tactical accessory to a firearm rather than an «arm» protected by the Second Amendment. The judge rejected that argument, finding that body armor falls within the historical definition of arms recognized in Heller. The court then concluded that New York had not shown a sufficient historical tradition supporting its civilian purchase ban.
That reasoning could become important in Viramontes, where the Supreme Court is being asked to decide whether AR-15-style rifles fall within the definition of protected arms recognized in Heller.
GUN RIGHTS GROUPS CAPITALIZE AFTER JUDGE REVERSES DECADES-OLD RESTRICTIONS: ‘MONUMENTAL’
The case arises from a challenge to Cook County’s assault-weapons ban. The Seventh Circuit concluded that AR-15-style rifles were comparable to machine guns and therefore fell outside the category of arms protected by the Second Amendment. The Supreme Court’s decision could resolve whether that reasoning is consistent with Heller and Bruen.
Lyon said the Seventh Circuit improperly treated AR-15-style rifles as comparable to machine guns.
«The current case at the Supreme Court, Viramontes, will address that because the Seventh Circuit had taken the position that because AR-15s are ‘like machine guns,’ they don’t constitute an arm as defined under Heller,» Lyon said. «That was just totally wrong in my view.»
Justin Davis, director of public affairs for the National Rifle Association, said the dispute over AR-15-style rifles is part of a broader legal fight over what qualifies as an «arm» under the Second Amendment.
«There’s a major discussion going on in the courts about what is and what aren’t arms,» Davis said.
Davis pointed to litigation involving suppressors, ammunition magazines, stun guns, pepper spray and other equipment used for self-defense.
«They talk about how the Second Amendment only applied to muskets because that’s what existed at the time of the Founders, but we don’t apply the First Amendment only to newspapers, books or speech in public forums,» Davis said. «Social media, texting and phones didn’t exist at that time, either.»
«The world evolves, but the core fundamental rights never change,» Davis continued.
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