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Los fallos anteriores de los jueces de Hotesur – Los Sauces: la “ruta del dinero K”, los bolsos de López y Oil Combustibles

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El viernes pasado comenzó el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por el presunto lavado de dinero de empresarios cercanos al poder a través de sus hoteles. No es la primera vez que los jueces de Hotesur-Los Sauces juzgan denuncias contra figuras del kirchnerismo. Los antecedentes de los miembros del tribunal también incluyen casos como el de los bolsos de José López en el convento, los documentos de un auto atribuido a Amado Boudou, el memorándum con Irán y el dólar futuro, entre otros.

Según la reconstrucción de a partir de sentencias, resoluciones y registros públicos, los jueces del tribunal a cargo de Hotesur – Los Sauces decidieron condenas a exfuncionarios kirchneristas, absoluciones de empresarios cercanos a ese espacio, y un sobreseimiento de la propia expresidenta que luego fue revocado.

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El tribunal del juicio Hotesur – Los Sauces es presidido por José Antonio Michilini. Completan la tríada Adriana Palliotti, titular del Tribunal Oral Federal 5, y Fernando Machado Pelloni.

El juez José Antonio MichiliniRicardo Pristupluk

Michilini integró el primer tribunal de la causa por el Memorándum con Irán. Absolvió a Cristina Kirchner y al resto de los acusados. En ese entonces, los tres jueces entendieron que no hubo delito en la firma de ese acuerdo. Ese fallo fue recurrido ante la Cámara de Casación, que con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone revocó la absolución. El caso llegó hasta la Corte, que dejó firme ese fallo y ordenó hacer un nuevo juicio.

Meses antes, sin embargo, Michilini había rechazado cerrar otra causa contra la expresidenta. Formó parte de la mayoría que negó el sobreseimiento de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y el resto de los acusados en el caso del dólar futuro. Fue la Casación la que, en abril de 2021, los sobreseyó a todos. La Corte Suprema dejó firme esa decisión en diciembre de 2024.

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Su historial incluye además otras decisiones adversas a exfuncionarios kirchneristas. En 2017 votó en disidencia para condenar a Amado Boudou por la presunta adulteración de documentos en la transferencia de un auto. Sus otros dos colegas lo sobreseyeron.

José López entrando los bolsos al convento

En junio de 2019, condenó a 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito al exsecretario de Obras Públicas José López, y ordenó decomisar los US$8.982.047 que el exfuncionario intentó esconder en un convento de General Rodríguez para destinarlos a los hospitales Garrahan y Gutiérrez.

Como integrante del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, condenó a Alberto Samid a 4 años de prisión efectiva por haber integrado una asociación ilícita que evadió impuestos en el negocio de la carne. Y en diciembre de 2024 leyó el veredicto que condenó por asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado a los allegados de Marcelo Balcedo, extitular del gremio SOEME.

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Palliotti es la única del actual tribunal al frente del juicio Hotesur – Los Sauces que ya votó en este expediente, y lo hizo en minoría. En 2021 se opuso a que se devolvieran a la familia Kirchner el control de las sociedades intervenidas, y sostuvo entonces que el juicio era “el único escenario para establecer con certeza las consiguientes responsabilidades penales de los imputados y de esa manera definir el destino final del patrimonio”.

La jueza Adriana PalliottiRicardo Pristupluk

En noviembre de ese año fue la única que votó en contra de sobreseer a Cristina Kirchner y a sus hijos sin juicio. Calificó los planteos de las defensas como “meras reiteraciones de planteos intentados y resueltos en instancias anteriores”. Dos años más tarde, la Casación reimpulsó la causa.

En febrero de 2021, desde el TOF 4, Palliotti integró el tribunal a cargo de la causa conocida como “la ruta del dinero K”. En esa oportunidad, condenó a Lázaro Báez, entre otros acusados. En su voto, escribió que “los fondos se originaron principalmente a través de los hechos de corrupción estatal y corporativa empresarial”.

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Ese argumento es similar al que la acusación sostiene ahora: que el dinero que circuló por los hoteles y propiedades de la familia Kirchner vendría de la obra pública adjudicada a Báez, que vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados junto a la expresidenta.

En diciembre de 2018 votó para excarcelar a Boudou. Esa decisión aclaraba que el exvicepresidente debía cumplir con la obligatoriedad de uso de una tobillera electrónica. Pese a eso, la Casación revocó esa decisión y el exvicepresidente volvió a prisión.

El juez Machado PelloniRicardo Pristupluk

El tercer integrante del tribunal de Hotesur – Los Sauces es Machado Pelloni, quien también debió juzgar a exfuncionarios kirchneristas y empresarios cercanos a ese espacio político. Formó la mayoría que condenó a Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, a 4 años y 8 meses por el caso Oil Combustibles, en el que se investigó una presunta retención indebida de unos 8.000 millones de pesos correspondientes al Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) .

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Ese fallo también decidió absolver a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, presentes en este nuevo juicio de Hotesur-Los Sacues. Según su criterio, no se había probado que los empresarios hubieran actuado en connivencia con el funcionario y que el deber de cuidar los intereses del Estado recaía en el administrador federal. La Corte Suprema prevé revisar ese fallo antes de fin de año.

López y De Sousa están entre los acusados en Hotesur – Los Sauces. Es decir, uno de los jueces que deberá evaluar si López y De Sousa participaron en una maniobra de lavado con la familia Kirchner es el mismo que, cinco años atrás, concluyó que no se había probado su connivencia con un funcionario kirchnerista en otra causa. En el actual expediente, la fiscalía sostiene que el dinero de los impuestos que Oil Combustibles no pagó llegó a la familia Kirchner a través de alquileres.

En los últimos meses, Machado Pelloni integró tribunales que impusieron otras penas. En julio condenó a los integrantes de la llamada “mafia de los contenedores”, por un contrabando con un perjuicio fiscal de al menos US$4,5 millones. En septiembre condenó a 24 años a Eva Pereyra, “la Tía Eva”, líder del Templo Filadelfia, por trata y reducción a la servidumbre.

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Ignacio Grimaldi,Conforme a

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Presupuesto 2027: con concesiones a sus aliados, el Gobierno obtuvo el aval para debatir el proyecto en Diputados la próxima semana

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Después de una serie de negociaciones y concesiones a gobernadores y bloques aliados, el Gobierno consiguió este miércoles dictamen para el proyecto de presupuesto 2027.

La Libertad Avanza (LLA) reunió 27 firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch, con el acompañamiento de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y legisladores que responden a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

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El acuerdo le permitió al oficialismo avanzar con su objetivo de llevar la iniciativa al recinto el próximo 25 de noviembre, aunque no logró satisfacer todas las demandas de sus socios parlamentarios.

Los libertarios Silvana Giudici y Gabriel Bornoroni junto a Germán Martínez (UP)BERNABE RIVAROLA

Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas, donde influyen los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, presentaron dictámenes de minoría y consideraron insuficientes las modificaciones. Tampoco acompañaron los cordobeses de Martín Llaryora, los santafecinos de Maximiliano Pullaro ni los misioneros de Hugo Passalacqua.

El texto consensuado pasó de 76 a 73 artículos. Uno de los principales cambios fue el retiro del artículo que suprimía la actualización automática de las asignaciones familiares, tanto para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas como para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

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También se eliminaron los artículos que modificaban el régimen de pensiones no contributivas por invalidez y su financiamiento. A la vez, se incorporó una nueva disposición sobre los recursos destinados a garantizar las prestaciones para las personas con discapacidad. Estos ajustes los leyó la legisladora libertaria, Laura Rodríguez Machado, quien se puso al frente de esa discusión en Diputados.

El dictamen sumó, además, beneficios para el sector autopartista y una exención impositiva para Mendoza.

Los cambios, en detalle

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Pro consiguió una de las concesiones que había reclamado el expresidente Mauricio Macri: la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2032 del plazo para adherir al régimen de promoción autopartista. El partido también había solicitado que la Nación saldara la deuda de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires, una rebaja de impuestos y mayores controles sobre las concesiones viales.

Según se informó, la deuda con la Ciudad se negociará por fuera del presupuesto con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Otro de los reclamos estuvo vinculado con el impuesto a los combustibles líquidos (ICL). Se acordó que cada provincia negocie por separado con el Poder Ejecutivo la distribución de los recursos recaudados que no fueron destinados a infraestructura vial. Según los cuestionamientos de la oposición, el Gobierno recaudó alrededor de $1,6 billones mediante el ICL y el fideicomiso SisVial, pero destinó solo una porción menor al mantenimiento de las rutas nacionales.

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La UCR, por su parte, consiguió preservar el mecanismo de actualización automática de las asignaciones familiares y la AUH. También había exigido garantizar los fondos para discapacidad y universidades.

Si bien el dictamen introdujo modificaciones en materia de discapacidad, no contempló el incremento presupuestario para las universidades que reclamaban los radicales. En el presupuesto 2027 figura una partida de $7,3 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama que para cumplir la ley se necesitan $11 billones.

El texto incluyó, además, un guiño al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios provinciales cercanos al oficialismo. Se incorporó a la Sociedad de Transporte de Mendoza entre las entidades exentas de impuestos para la importación de material ferroviario y subterráneo.

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Eduardo Falcone, del MID, reconoció una aceptación parcial de sus pedidos. El diputado obtuvo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el compromiso de destinar fondos a la autovía de la ruta nacional 5, en el tramo Mercedes-Suipacha. Las partidas, sin embargo, no estarán identificadas dentro del presupuesto de Vialidad Nacional, sino que dependerán de la Jefatura de Gabinete. Su espacio también había reclamado duplicar los recursos destinados a las Becas Manuel Belgrano.

Eduardo Falcone (MID)BERNABE RIVAROLA

Los pedidos que no fueron contemplados

No todos los gobernadores consiguieron respuestas favorables. El jefe del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, reclamó un aumento del presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología y propuso financiarlo mediante una reasignación de fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). También exigió que se respetaran las partidas establecidas por la Ley de Bosques para Misiones. Ninguno de sus pedidos fue incorporado y su espacio se negó a acompañar el dictamen oficialista.

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Tampoco prosperaron los reclamos de los legisladores cordobeses alineados con Martín Llaryora, que exigían el pago de deudas con la caja jubilatoria provincial y obras en rutas nacionales, ni los de los representantes de Gustavo Sáenz, de Salta, que solicitaban mayores partidas para infraestructura vial y saneamiento.

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

La oposición cuestionó el alcance de las modificaciones y presentó sus propias propuestas. El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, defendió un dictamen alternativo con mayores recursos para universidades, salud, jubilaciones, discapacidad y obra pública. Entre otras medidas, propuso elevar el bono jubilatorio de $70.000 a $164.000, restablecer la moratoria previsional y distribuir entre las provincias $1,1 billones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) acumulados para afrontar las consecuencias del fenómeno de El Niño.

Martínez también consideró insuficientes los cambios en materia de discapacidad y cuestionó a los gobernadores que reclaman recursos, pero luego acompañan al oficialismo en el Congreso. En alusión a la reciente visita de León XIV y a sus llamados a priorizar el bienestar social, ironizó: “En una semana lo guardaron al Papa en un placard. Se terminaron las lágrimas”.

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Germán MartínezSoledad Aznarez

Su compañera de bloque Julia Strada puso en duda las proyecciones económicas del Gobierno y reclamó precisiones sobre las fuentes de financiamiento previstas para afrontar los vencimientos de deuda. Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá también rechazó el proyecto, al que definió como “un ataque en regla a las necesidades de la población”.

Pese a los cambios, el presupuesto conserva las principales proyecciones económicas del Poder Ejecutivo: un crecimiento del 4% para 2027, una inflación anual del 18% y un tipo de cambio oficial proyectado de $1847,60. También prevé un superávit primario del 1,1% del PBI y mantiene el equilibrio fiscal como eje de la política económica.

Con el dictamen conseguido, el oficialismo buscará darle media sanción al presupuesto el próximo 25 de noviembre, el mismo día en que Santilli tiene previsto presentar su informe de gestión ante el Senado. Para conseguirlo, deberá sostener en el recinto los acuerdos que le permitieron avanzar en comisión.

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August 10, 2026,@CINoficial,November 17, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a

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A pesar de haber sido condenado por corrupción, el exfuncionario K Roberto Baratta vacacionará en Buzios – Nexofin

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El Tribunal Oral Federal 3 habilitó al exfuncionario Roberto Baratta a viajar a Buzios entre el 28 de diciembre y el 6 de enero por motivos “de recreación familiar”.

La resolución contó con los votos afirmativos de Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni, quienes exigieron su comparecencia dentro del tercer día posterior al regreso.

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El magistrado Javier Ríos votó en disidencia al señalar la “ineludible contradicción” entre costear vacaciones en el exterior e incumplir el embargo dictado en la causa de la caja chica. En ese expediente, iniciado por la Oficina Anticorrupción y procesado por Sebastián Casanello, se investigan gastos irregulares en el ex Ministerio de Planificación.

Roberto Baratta en Comodoro Py

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Actualmente, el excolaborador de Julio De Vido posee una condena no firme del Tribunal Oral Federal 7 a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua. Dicho fallo acreditó un perjuicio fiscal superior a 5,5 millones de dólares por sobreprecios en 11 buques de gas natural licuado (GNL).

Asimismo, el exfuncionario afronta el juicio oral por los Cuadernos de las coimas y procesamientos firmados por Julián Ercolini y Luis Rodríguez. Esas causas abarcan acusaciones por enriquecimiento ilícito, dádivas vinculadas a Techint y desvíos de fondos en Río Turbio.

Anteriormente, en marzo pasado, el mismo tribunal había concedido al acusado otro permiso para trasladarse a Río de Janeiro durante abril junto a su familia.

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La entrada A pesar de haber sido condenado por corrupción, el exfuncionario K Roberto Baratta vacacionará en Buzios se publicó primero en Nexofin.

buzios,Corrupción,Fiestas,Roberto Baratta

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Caso $LIBRA: recusaron a otro juez clave para la posible reapertura de la causa por estafa contra Milei

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El tribunal que debe resolver si reincorpora como querellantes a los presuntos damnificados por el desplome de $LIBRA -una decisión clave que podría reabrir el expediente contra el presidente Javier Milei– fue objeto de un nuevo cuestionamiento.

Uno de los inversores pidió el apartamiento del juez de la Cámara de Casación Guillermo Yacobucci, con el argumento de que su hijo, Ignacio Yacobucci, exnúmero uno de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), fue designado a fines de septiembre en un cargo jerárquico dentro del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.

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Guillermo YacobucciFederico Garcia Romero 1165701478

Yacobucci fue el juez que, en minoría, consideró a principios de mes que la Sala no debía tratar el pedido de los damnificados para volver a ser querellantes, lo que implicaba cerrar definitivamente la causa. Por el contrario, sus colegas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma entendieron que sí debía evaluarse el planteo y el asunto quedó bajo estudio del tribunal.

La recusación, presentada por los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois, despega la decisión del juez Yacobucci del nombramiento de su hijo, pero sostiene que la designación es motivo suficiente para que se aparte del caso. Sostiene que el nombramiento es un “beneficio” conferido por el Presidente, que es uno de los imputados en la causa.

Además, el escrito destaca que la designación “fue otorgada durante la tramitación del proceso, un mes antes del sobreseimiento y mientras la cuestión de las querellas seguía abierta”.

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Fuentes judiciales de la vocalía de Yacobucci observaron que el pedido de recusación carecería de sustento sólido y tildaron las menciones alusivas al nombramiento de Ignacio Yacobucci como “pirotecnia”.

Ignacio Yacobucci fue director de la UIF de este GobiernoEleazarCR

En septiembre pasado, Ignacio Yacobucci fue designado en el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, un área que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Es la segunda vez que el Gobierno nombra a un familiar de un funcionario judicial que interviene en el caso $LIBRA. Antes de los sobreseimientos que dejaron el caso al borde del cierre, Ana Juan, la esposa del juez a cargo del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, fue designada como jueza federal en el juzgado de Hurlingham.

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Segunda recusación

Antes, Mauricio Novelli, señalado como nexo entre el creador del activo Hayden Davis y el presidente Milei, promovió otra recusación contra la jueza Ledesma, con el argumento de que la camarista integraba un comité de la Inecip, una organización que buscó, sin éxito, convertirse en querellante en el expediente.

La jueza Ana Juan, esposa de Martínez de Giorgi

La Sala deberá resolver ahora la situación de ambos camaristas. Son los propios jueces recusados quienes deberán en primer lugar pronunciarse sobre los pedidos de apartamiento. Si consideran que no existen motivos para dejar de intervenir, serán sus otros dos colegas de la Sala quienes deberán resolver: Ledesma y Slokar, en el caso de Yacobucci, y Yacobucci y Slokar, en el caso de Ledesma.

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Si no hay acuerdo, la sala deberá convocar a un tercer magistrado para desempatar.

La situación de Ledesma tiene además una particularidad: en diciembre cumplirá 74 años y quedará a un año de alcanzar la edad límite para ejercer como magistrada sin un nuevo nombramiento. Si pretende continuar en el cargo, deberá solicitar una renovación que dependerá del presidente Milei y del posterior acuerdo del Senado.



Ignacio Yacobucci,Conforme a

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