Para numerosos nicaragüenses en el exilio, la posibilidad de regresar a Nicaragua responde a motivos familiares, personales, laborales o administrativos. Los casos conocidos muestran que las condiciones de ingreso pueden variar y que, para algunas personas, el retorno ha estado acompañado por requisitos, controles posteriores o procesos judiciales.

En ese contexto, Cristóbal Giovanny López, conocido en TikTok como “Tropigamer”, y el abogado Harry Valle expresaron públicamente su interés en volver. Ambos plantearon su disposición a aceptar las condiciones que definan las autoridades, mientras sus pedidos reabrieron el debate sobre las experiencias de quienes salieron al exilio, fueron desterrados o encontraron impedimentos para regresar.

López salió de Nicaragua en septiembre de 2024 junto con otros 134 presos políticos que fueron trasladados a Guatemala. Más adelante llegó a Estados Unidos con apoyo de Naciones Unidas y, a inicios de octubre, anunció que quería regresar a Managua y registrar su llegada al aeropuerto. Tras ese anuncio circularon versiones sobre un posible “perdón” negociado por personas próximas al oficialismo, aunque no se confirmó de algún acuerdo, Según Diario La Prensa.

Valle, penalista de Matagalpa e identificado como militante sandinista, se exilió en 2026 después de conocer que existía una orden de captura en su contra. Desde TikTok solicitó que las autoridades revisaran también su caso si se estudiaba la situación de López, afirmó que no había cometido delitos y señaló que sus intervenciones correspondían a opiniones emitidas como abogado.

Los relatos de retornados describen requisitos y controles posteriores

El periodista exiliado Emiliano Chamorro relató el caso de una integrante de una congregación religiosa que viajó a Estados Unidos por dos semanas en 2022. Cuando preparaba su regreso, supo que no podría ingresar a Nicaragua por vía aérea, por lo que decidió trasladarse a Honduras y acudir a una frontera terrestre para solicitar autorización.

Según el relato, la mujer pidió a policías y militares que le permitieran entrar, ofreció disculpas por cualquier expresión que hubiera podido ofender a Daniel Ortega y Rosario Murillo, firmó documentos, respondió interrogatorios y entregó sus maletas y pertenencias. Luego de varias horas de espera, recibió permiso para cruzar hacia Nicaragua.

El ingreso estuvo acompañado por condiciones: debía acudir cada semana a firmar en una estación de Policía de su localidad, apartarse de su congregación religiosa y mantener una conducta reservada. Después de volver, cambió de teléfono, borró sus redes sociales, dejó de participar en actividades religiosas y redujo el contacto con sus amistades; Chamorro resumió que “se volvió anónima y distante”.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más reunió en Costa Rica testimonios de personas retornadas bajo exigencias similares. A mitad de 2026, la organización tenía relatos de cerca de 200 personas de 13 departamentos que debían presentarse en estaciones policiales, y algunas de ellas tenían que hacerlo a diario.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el colectivo, quienes lograban regresar también podían necesitar permiso para salir de su municipio. Algunas personas fueron fotografiadas durante sus visitas a las delegaciones y reportaron seguimientos al salir de sus viviendas o al volver a ellas.

Algunas personas afirmaron que pagaron para obtener autorización de ingreso

Desde 2024, nicaragüenses que viajaron al exterior por razones personales o laborales encontraron impedimentos cuando intentaron volver. En algunos casos, recibieron la notificación por correo electrónico de la aerolínea y, en otros, durante el proceso de prechequeo, sin una explicación pública sobre el motivo de la medida.

En abril de 2026, Diario La Prensa publicó testimonios de personas que aseguraron haber pagado montos de dinero para recibir permiso de ingreso. El diario también informó sobre cartas de perdón, documentos de compromiso para reportar actividades económicas y solicitudes de incorporación a actividades del Frente Sandinista.

La publicación reconstruyó seis casos en 2025, con relatos de empresarios, trabajadores de empresas privadas y comerciantes que habían salido por viajes de negocios. Los montos mencionados fueron de USD 2,500 a USD 10,000, según los testimonios citados.

Joshwell Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos, ASIDEHU, señaló que su organización documenta este tipo de mecanismo desde 2018. Según indicó, los casos continuaban en 2026 y los cobros para ciudadanos comunes oscilaban entre USD 2,000 y USD 10,000, mientras que las sumas podían ser mayores en situaciones vinculadas a empresarios.

ASIDEHU tuvo conocimiento de al menos dos personas que depositaron USD 2,000 cada una en una cuenta del Ministerio del Interior. Martínez sostuvo que el pago de esos montos o la firma de una carta no garantizaban condiciones estables para quienes retornaban, porque la autorización podía quedar sujeta a decisiones posteriores.

Algunos retornos fueron seguidos por detenciones

Kevin Josué Martínez Alemán salió hacia Costa Rica el 31 de diciembre de 2022, cuando tenía 17 años, luego de recibir amenazas de policías. El joven había sido monaguillo del sacerdote Manuel Salvador García, quien había sido encarcelado y acusado de forma falsa, según el material aportado.

En septiembre de 2023, familiares de Martínez Alemán recibieron de la Policía sandinista el mensaje de que podía volver. El joven regresó a Diriomo, en Granada, para visitar a su familia, pero el 21 de septiembre fue detenido en su casa.

Personas allegadas señalaron que, durante la detención, recibió presiones para acusar a otras personas y brindar información sobre refugiados nicaragüenses en Costa Rica. Días después recuperó la libertad, regresó a Costa Rica y no dio más detalles públicamente por temor a posibles consecuencias para sus familiares.

Juan Carlos Baquedano había estado 11 meses detenido tras las protestas de 2018 y, después de recuperar la libertad en 2019, se exilió en México. Cuando regresó en agosto de 2023 para resolver un trámite personal, fue arrestado otra vez en su vivienda y permaneció detenido durante más de un año.

En septiembre de 2024, Baquedano fue enviado a Guatemala y perdió la nacionalidad nicaragüense. Amnistía Internacional informó que quedó sin acceso a sus bienes ni a su pensión de jubilación y que presentaba secuelas de torturas.

El activista Yaser Morazán volvió a Nicaragua en abril de 2021, después de vivir en Costa Rica y Estados Unidos. Según article 66, antes de ingresar había cerrado sus redes sociales y se había alejado de la actividad política, pero fue detenido en febrero de 2025 y desde entonces no se difundieron nuevos datos públicos sobre su situación.

Las organizaciones registraron procesos por delitos comunes

Naciones Unidas documentó en 2019 el caso de Ulises Rivas, quien volvió a Nicaragua después de exiliarse en 2018. Tras su captura, la Fiscalía lo acusó de robo y lesiones, lo condenó y años después fue desterrado junto a otros presos políticos.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más considera que algunos retornados son procesados por delitos comunes en vez de enfrentar acusaciones vinculadas de manera explícita con su activismo o sus posturas políticas. La organización interpreta que este tipo de procesos da una apariencia de legalidad a medidas de persecución.

Jeffrey Isaac Jarquín, conocido como “el Nene”, fue deportado desde Estados Unidos el 1 de octubre de 2026. Había estado preso en La Modelo entre 2018 y 2019, salió luego del país y solicitó asilo; al aterrizar en Managua, fue trasladado nuevamente a esa cárcel, donde antes había denunciado torturas.

El dirigente indígena Brooklyn Rivera viajó a Nueva York en abril de 2023 para asistir al Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas. El 24 de abril no pudo abordar el vuelo de regreso y, a finales de mayo, anunció que había ingresado a Nicaragua por la Mosquitia, el territorio miskito que comparte frontera con Honduras.

La Policía lo detuvo en su vivienda de Bilwi el 29 de septiembre de 2023. Durante 14 meses, sus familiares no recibieron información sobre su situación, ni tuvieron acceso a visitas o abogados, hasta que el Gobierno informó el 20 de noviembre de 2024, durante un examen ante Naciones Unidas, que se encontraba bajo custodia y enfrentaba acusaciones de traición a la patria, menoscabo a la integridad nacional y conspiración.

El 27 de mayo de 2026 se difundieron imágenes de Rivera hospitalizado en Managua, conectado a un respirador y con signos de malnutrición. Murió tres días después, a los 73 años, tras más de 970 días de detención y desaparición forzada; el Ministerio de Salud atribuyó el fallecimiento a complicaciones de una bacteria asociada al covid-19.

Los motivos familiares influyen en algunas decisiones de retorno

La ambientalista Salvadora Morales, desterrada en 2025, contó que evaluó entrar a Nicaragua desde Costa Rica o Honduras sin usar pasos regulares. Según relató, imaginó una vida de bajo perfil, alejada de las redes sociales y de la actividad pública, pero activistas de derechos humanos le advirtieron de los riesgos que podría enfrentar si era identificada y decidió permanecer en el país donde vive exiliada.

El periodista Houston Castillo regresó a Nicaragua en agosto de 2022 para asistir al funeral de su madre. Exiliado en Costa Rica desde 2021, cruzó por un punto ciego de Peñas Blancas durante la madrugada, llegó a su comunidad, participó en el sepelio y volvió hacia Costa Rica ese mismo día.

“Tenía miedo de que me apresaran”, recordó Castillo sobre el viaje. Más tarde, le informaron que patrullas policiales llegaron a la comunidad para preguntar por él poco después de su salida.

Las organizaciones plantean la necesidad de mayores garantías

José Denis Cruz, coordinador general de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo, ACDD, sostuvo que toda persona nicaragüense tiene derecho a regresar al país. A su juicio, ese derecho no debería depender de retractaciones públicas, pedidos de perdón o acuerdos individuales con las autoridades.

Cruz afirmó que no observa condiciones para un retorno seguro y con garantías para quienes fueron perseguidos, desterrados u obligados a exiliarse. También indicó que algunos regresos parecen estar vinculados a compromisos de autocensura o a limitaciones para ejercer libertades, una situación que describió como una forma de control.

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED, informó el 13 de octubre que al menos tres periodistas que habían regresado a Nicaragua durante los meses previos salieron nuevamente del país. Según el informe, esas personas recibieron amenazas, persecución y advertencias que alcanzaron a sus familiares.

La organización también registró propuestas dirigidas a periodistas en el exilio. Esas ofertas incluían facilidades para volver y apoyo económico, a cambio de dejar de informar sobre Nicaragua y abstenerse de difundir críticas en redes sociales.

Cruz señaló que cada decisión de retorno está marcada por circunstancias particulares. Añadió que mayores garantías requerirían medidas de no represalia, libertad de expresión, restitución de derechos, instituciones independientes y respeto por las libertades fundamentales.

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María Corina Machado warns Americans of the dangers of socialism

Venezuelan opposition leader María Corina Machado joins Rachel Campos-Duffy in Panama to warn Americans about the dangers of socialism ahead of the midterms. Machado shares a direct message to President Donald Trump, praising his leadership and stating that capturing Maduro would be his legacy. She also criticizes Delcy Rodriguez over the response to devastating earthquakes in Venezuela.

NEWYou can now listen to Fox News articles!

Venezuelan opposition leader María Corina Machado made returned to her home country on Sunday after nearly a year abroad, re-entering a political landscape transformed by the U.S. ouster of Nicolás Maduro.

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«I’m here. With you all,» Machado wrote on social media, announcing her return for the first time since December. Her homecoming comes as Venezuela remains under the leadership of acting President Delcy Rodríguez, a longtime Maduro ally backed by the Trump administration, with no presidential election scheduled.

President Donald Trump, asked about Machado’s return by reporters in Port Huron, Michigan, said he was unaware of the development but expressed hope for her safety.

TRUMP TOUTS ACCESS TO 65 BILLION BARRELS OF VENEZUELAN OIL IN DEAL HE SAYS WILL SLASH GAS PRICES

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Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado arrives at a church after returning to the country following nearly a year abroad, in Lara, Venezuela, Oct. 25, 2026. (Vente Venezuela Press/Handout via REUTERS)

«I don’t know anything about it, but I think she’s a very nice woman,» Trump said. «She gave me her Nobel Prize. So how can I say anything else? And I hope she’s safe. She’s a very nice woman. But we’re doing really well in Venezuela.»

Machado presented the Nobel Peace Prize she won to President Trump last week. (White House handout via Reuters)

Machado, who was awarded the Nobel Peace Prize in 2025 for her peaceful opposition to Maduro’s government, did not disclose her exact location or provide details about how she returned.

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Fellow opposition leader Edmundo González, who ran for president in 2024 after Machado was barred from seeking office, confirmed her arrival on social media and said he would join her «very soon.»

«Today is a very important day for Venezuelans. Our sovereign voice returns with her to lead and guide this process!» González wrote on X. «You know it, this is until the end.»

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado speaks during a news conference at The Heritage Foundation in Washington, DC, on Jan. 16, 2026. (Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images)

Machado’s return comes nearly 10 months after U.S. forces captured Maduro in January, removing the longtime leader from power.

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Rodríguez, Maduro’s former vice president, has remained in power with the Trump administration’s support, despite exceeding the period she was initially authorized to serve as acting president.

Opposition leader Maria Corina Machado displays vote tally sheets during a protest against the reelection of President Nicolás Maduro one month after the disputed presidential vote which she says the opposition won by a landslide, in Caracas, Venezuela, Wednesday, Aug. 28, 2024. (Cristian Hernandez/AP Photo)

Trump has repeatedly praised his administration’s relationship with Rodríguez, highlighting agreements involving Venezuelan oil production and other business ventures with American companies.

NICOLAS MADURO AND WIFE CILIA FLORES FACE NEW CHARGES OF CONSPIRACY TO TORTURE AMERICANS

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In September, Trump said it was too soon to consider holding democratic elections in Venezuela, with U.S. officials prioritizing economic stabilization. Machado and her allies, meanwhile, have pushed for an election date, arguing that democratic governance is essential to the country’s long-term stability.

Her return could complicate relations between the Venezuelan opposition, the interim government and Washington. Reuters reported in June that U.S. officials had asked Machado to delay her return.

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado gestures at a protest ahead of the Friday inauguration of President Nicolas Maduro for his third term, in Caracas, Venezuela January 9, 2025. (REUTERS/Maxwell Briceno)

Machado spent much of 2025 in hiding after being briefly detained following an opposition protest that January. She later secretly left Venezuela and resurfaced in Norway in December to receive the Nobel Peace Prize.

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Meanwhile, a faction of the Venezuelan opposition and Rodríguez’s government held another round of talks this month focused on reforms to the country’s Supreme Court and electoral authorities ahead of eventual elections, Reuters reported.

Machado’s political movement has not participated in those negotiations.

The Associated Press and Reuters contributed to this report.

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A fight over cuts to autism therapy for Georgia foster children is escalating at the state Capitol, with a Republican lawmaker and families now calling for the 30% reimbursement reduction to be reversed as advocates warn children could lose hard-earned progress.

State Sen. Brian Strickland, R-McDonough, joined parents and providers Thursday to demand action over a reduction in reimbursement rates for applied behavior analysis (ABA) therapy that went into effect Sept. 1 through Amerigroup, which administers Medicaid coverage for children in Georgia’s foster care system.

«As a parent of a child with autism, I know what ABA therapy means for a family and Georgia’s foster children, which is why I stood at the Capitol to make clear that these cuts are indefensible,» Strickland told Digital.

Strickland, who is running for state attorney general, also pledged to hold companies accountable if elected.

AUTISM PROVIDERS WARN FOSTER KIDS AT RISK FROM UNINTENDED CONSEQUENCES OF TRUMP’S MEDICAID FRAUD CRACKDOWN

The political pushback comes after Digital first reported earlier this month that autism advocates feared the reduction could force providers to stop treating foster children as an unintended consequence of the Trump administration’s Medicaid fraud crackdown.

Taylor Sanders of the Autism Families Alliance told Digital on Saturday that families and clinicians have increasingly begun speaking out since the cuts took effect, emphasizing that «time is crucial to these families.»

«Every moment where their child is not receiving services, we’re seeing a regression in possible communication, safety skills,» Sanders said. «Maybe we’re seeing an increase in some of those challenging behaviors.»

Sanders previously warned that as many as 75% of clinics could close or stop serving foster children because of the cuts.

AUTISM PROVIDERS CHEER TRUMP CRACKDOWN AFTER MILLIONS ALLEGEDLY STOLEN FROM CHILDREN THROUGH MEDICAID FRAUD

She described a family whose 3-year-old child had begun using words for the first time after receiving ABA therapy and whose mother now fears losing access to treatment.

«She was in absolute tears and so worried and frustrated,» Sanders said, recalling their recent conversation.

The mother, Sanders explained, fears losing the consistent one-on-one therapy that she said helped the child begin communicating.

Sanders said the child had not received enough therapy to ensure those newly learned communication skills could be maintained across different settings.

«For these children and their families, time matters,» Kelsey Bennett of the Autism Families Alliance told Digital. «Every day without critical care risks reversing hard-earned progress and limiting opportunities for continued development.»

HOUSE GOP BILL MOVES TO CLOSE WHISTLEBLOWER GAPS EXPOSED BY MINNESOTA MEDICAID FRAUD SCANDAL

Bennett added, «Reverse the cuts.»

Advocates are calling not only for the cuts to be reconsidered, but also for families, clinicians and other stakeholders to be involved in reviewing the policy rather than relying on a blanket approach.

In a statement to 5 Atlanta, Amerigroup said it rebalanced ABA reimbursement rates based on service complexity and clinical expertise, increasing rates for treatment planning and caregiver-engagement services while decreasing rates for some technician-delivered services. The company also said rates for licensed clinicians did not decrease and that medically necessary autism services remain covered.

In response, Sanders emphasized that the reductions affected technicians who provide much of the one-on-one care.

COALITION OF 25 STATES SUES TRUMP ADMIN OVER MEDICAID WORK RULE DESIGNED TO PREVENT FRAUD

«Just because we put something down on paper doesn’t mean that it’s gonna be clinically effective or that these children are gonna be able to access care because companies are now having to maybe close their doors to these individuals because they can’t afford the rate cut,» Sanders said.

Sanders reiterated her concerns about the potential long-term consequences for children whose therapy is interrupted.

«Progress lost is extremely hard to come back from, which is the biggest concern that we’re facing here,» Sanders said. «Reconsider before ripping the rug from families. Start to involve the clinicians, involve families before making major cuts.»

Digital has reached out to Amerigroup and the Centers for Medicare & Medicaid Services for additional comment.

Digital’s Landon Mion contributed to this report.

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