POLITICA
Malvinas: el gobierno aceptó limitar las prohibiciones a empresas que operan en las islas y reformuló el polémico delito de “desinformación masiva”

El oficialismo aceptó introducir cambios sustanciales al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei envió al Congreso. Para conseguir el respaldo de sus aliados, acotó las prohibiciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas, reformuló el delito de “desinformación masiva” y concedió al Congreso mayores facultades de control sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.
La intención de Martín Menem es dejar el proyecto listo para llevarlo al recinto cuanto antes. Este martes, a las 16, está convocado un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, en el que expondrán especialistas invitados. “Si no es mañana, será el miércoles, y si no es el miércoles, será el jueves. Esta semana se dictamina”, aseguró a un referente del bloque libertario.
Las modificaciones ya circulan por los despachos oficialistas, aunque podrían incorporarse nuevos ajustes durante el debate en comisiones.
El proyecto fue anunciado por Milei a principios de septiembre, en cadena nacional, después de que Donald Trump manifestara su disposición a revisar la histórica posición norteamericana sobre Malvinas, en medio de sus diferencias con el gobierno británico por la falta de respaldo militar en Medio Oriente.
La iniciativa fue impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo. De hecho, fue su mano derecha, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, quien presentó el proyecto en el Congreso, sin el acompañamiento de ningún representante de la Cancillería, pese a sus fuertes implicancias diplomáticas.
La semana pasada, el tema también formó parte de las conversaciones con el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, y el responsable del Hemisferio Occidental, Juan Carlos Segura, durante su visita a Buenos Aires. El viernes, Ibarzabal terminó de puntear los cambios con la diputada libertaria Silvana Giudici, encargada de reunir los votos junto con Menem.
Prohibiciones mejor definidas
Uno de los capítulos centrales del proyecto establece sanciones económicas y penales contra las empresas que participen, sin autorización argentina, de la explotación de recursos naturales en Malvinas y la plataforma continental.
En la versión negociada, el oficialismo aceptó limitar las prohibiciones sobre proveedores y accionistas. El texto original alcanzaba de manera amplia a quienes mantuvieran vínculos económicos con las empresas infractoras.
Ahora, para sancionar a un proveedor, se exige que los bienes o servicios sean indispensables para la actividad ilegal y que este conozca, o no pueda razonablemente desconocer, su destino.
También quedan exceptuados determinados accionistas minoritarios, con participaciones de hasta el 2%, y fondos de inversión que no tengan poder de decisión sobre los activos.
Las multas fueron recalculadas, aunque no necesariamente reducidas. Para quienes celebren nuevos contratos con empresas sancionadas, se establece una multa de entre dos y cuatro veces el beneficio indebido obtenido. Si no puede determinarse ese monto, la sanción será de entre 2000 y 40.000 barriles de petróleo, el doble de la escala original.
En cambio, la pena mínima de prisión para proveedores de bienes o servicios esenciales baja de cinco a dos años. También se incorpora un agravante para los delitos que provoquen daños ambientales graves.
El dinero recaudado por las multas deberá destinarse al Ministerio de Defensa para el reequipamiento militar y el desarrollo de infraestructura estratégica.
Más controles y una exclusión política
Otro de los cambios centrales afecta al Consejo de Seguridad Nacional, el organismo que presidirá Milei y que tendrá amplias facultades para coordinar decisiones estratégicas en materia de defensa y seguridad nacional.
El nuevo texto crea una Comisión Bicameral de Seguimiento, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores. El Consejo deberá informarle dentro de las 48 horas las sanciones y medidas urgentes que adopte, así como el rechazo de inversiones extranjeras y decisiones extremas, como impedir el vuelo de aeronaves o hundir embarcaciones.
En caso de medidas que impliquen un riesgo de guerra o represalias, el Congreso intervendrá sus atribuciones constitucionales.
En la integración del Consejo aparece, además, una picardía política que refleja la interna del Gobierno. Entre las autoridades que podrán ser convocadas figuran el presidente provisional del Senado, el presidente de Diputados y los gobernadores, pero no Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular del Senado. La hija de un veterano de Malvinas, enfrentada con el entorno presidencial, queda fuera de la nómina expresa de invitados y solo tiene asegurado un lugar cuando deba reemplazar constitucionalmente a Milei.
El texto también prohíbe expresamente que el Consejo intervenga en asuntos de seguridad interior, salvo para resguardar la infraestructura crítica y en la protección marítima.
De la “desinformación masiva” a la “injerencia extranjera”
Uno de los cambios más sensibles aparece en el artículo 129 del nuevo borrador, que reformula un delito cuestionado por sus posibles consecuencias sobre la libertad de expresión.
El proyecto original contemplaba penas de cinco a doce años de prisión para quienes, bajo financiamiento o instrucciones de un Estado extranjero, desarrollaran campañas de “desinformación masiva” destinadas a alterar elecciones o manipular la opinión pública.
La nueva versión elimina ese concepto y lo reemplaza por el de “campaña de injerencia extranjera”, que exige actuaciones clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas y el ocultamiento del vínculo con un agente extranjero.
Además, aclara expresamente que no constituyen ese delito “el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica”, ni la actividad diplomática, la expresión pública de opiniones de Estados extranjeros o la representación abierta de intereses.
“Trabajamos en los cambios del título de injerencia para que quede claro que no afecta a la libertad de expresión. Lo sostuve durante la primera reunión del plenario y lo cumplimos”, sostuvo un referente libertario ante . Las penas de cinco a doce años de prisión se mantienen, aunque la nueva redacción busca precisar las conductas alcanzadas por el delito.
Infraestructura crítica
El oficialismo también incorporó un capítulo que no figuraba en el proyecto original: un sistema de control sobre inversiones realizadas por Estados extranjeros o empresas bajo su dominio en sectores estratégicos, entre ellos defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería e infraestructura crítica.
Esta última categoría comprende instalaciones y servicios esenciales cuyo funcionamiento resulta estratégico para el país. El Consejo de Seguridad Nacional podrá revisar estas inversiones, mientras que el Presidente tendrá la facultad de rechazarlas o exigir su desinversión mediante un decreto fundado.
La nueva regulación incluye una excepción para proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que hubieran solicitado su adhesión antes de la entrada en vigor de la ley. También se incorporó una garantía para evitar que las facultades de protección de infraestructura crítica se utilicen para monitorear, restringir o bloquear contenidos de internet.
Con estas concesiones, el oficialismo espera superar las resistencias de sus aliados y conseguir el dictamen esta semana. La negociación coincide con un evento político de relevancia: las elecciones de medio término en Estados Unidos previstas para la próxima semana. Los libertarios evalúan enviar una comitiva de diputados para respaldar a Trump.
pic.twitter.com/27dpd8S96Y,October 26, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
POLITICA
Milei en la hoguera de la incertidumbre creciente

¿Quién lee mejor los riesgos que enfrentan Javier Milei y su proyecto de reelección en 2027? ¿La disparada del riesgo país argentino después del triunfo de Lula en Brasil o la reacción política de Patricia Bullrich en lo que va del viernes pasado a ayer? En tal caso, todo parece indicar que ambos están alineados en la interpretación: problemas crecientes para el Gobierno.
Entre el viernes y sábado, la “hoguera” a la que Milei condenó al periodismo dominó el escenario local y el posicionamiento de la política. Fue notoria la diferenciación pública de Bullrich respecto de la palabra presidencial: “Mi responsabilidad es marcar cuando una palabra cruza un límite”, dijo el domingo, antes de la derrota de Flavio Bolsonaro y la remontada histórica de Lula.
El riesgo país argentino trepó a los 756 puntos, un 8,2% más que su cierre del viernes, antes de la elección brasileña. La gestión de Milei suma nuevas capas de dudas que alimentan la hoguera de la gran incertidumbre económica, donde se suele jugar el resultado electoral. ¿Lo que le pasó a la derecha de los Bolsonaro en Brasil le puede pasar a la derecha de Milei en la Argentina? Es decir, perder las elecciones en 2027.
Riesgo país ¿presente o futuro?
¿Por qué sube el riesgo país de la Argentina después del domingo electoral en Brasil? ¿Es la economía o la política de Milei? ¿Es un cálculo de los mercados que se limita a un problema de “pricing” de activos en el presente después del efecto Lula, que luego volverá a cánones más predecibles, o está contemplando el horizonte político 2027 y las chances del oficialismo?
“Las dos cosas”, sintetiza un argentino de los mercados globales, donde hay coincidencias: el análisis abarca dos horizontes. Por un lado, el mercado se ancla en el presente y hace una lectura del efecto estrictamente económico en la Argentina: ve el impacto del triunfo del PT en Brasil, los movimientos del real y su efecto en la Argentina y de una nueva gestión de Lula en el plan económico Milei-Luis Caputo.
Por otro lado, el riesgo país post elección brasileña relojea las chances electorales de Milei para el año que viene. “La derrota de Bolsonaro refuerza la percepción de que puede haber un resultado en el que la oposición kirchnerista gane el año que viene”, explica el inversor. El episodio electoral en Brasil como uno de los factores que hoy reordena las expectativas sobre la Argentina en el 2027, al menos por el momento.
El efecto Lula es un efecto sorpresa tanto para los mercados como para la política. Descolocó al Gobierno, y a Bullrich especialmente, y le dio oxígeno a la oposición: “El triunfo de Lula es un enorme envión para los que estamos construyendo otro camino, otra alternativa para 2027”, declaró Axel Kicillof. Ahora el kirchnerismo espera otro empujón más, también según Kicillof: la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos en apenas ocho días, el 3 de noviembre.
Desde los mercados, la conclusión política es: “No hay nada escrito en piedra”. Se refiere a dos patrones reconocibles en la política de América Latina en los últimos diez años. Primero, que los oficialismos no logran renovar sus mandatos, salvo excepciones. Segundo, que la derecha avanza sobre la región como antes avanzaba la izquierda. ¿La derecha no está tan instalada como se pensaba? “Da la impresión de que el mercado está pensando en esa idea”, dice el inversor global.
El triunfo de Lula desafía los dos patrones: es al mismo tiempo una reelección de un oficialismo y una victoria de la izquierda. No está claro si romperá la tendencia que se sostiene desde 2016, pero es un hecho que elimina la certidumbre de la repetición de ese patrón electoral.
Al Gobierno le sirve el triunfo de Lula: es una muestra de que ese patrón que lo condenaría a la derrota electoral por ser oficialismo no es necesariamente un destino fatal. Sobre el otro efecto, la derrota de Bolsonaro y un tope al avance de la derecha, también sirve el triunfo de Lula: Santiago Caputo lo usa para relativizar el poder predictivo de esos patrones. “Los mismos que alertaban sobre “las derrotas de los oficialismos” mañana van a cambiar de argumento y van a decir que se acabó la “ola azul”, posteó ayer en X.
“Todo el mundo creía que ya estaba decidida la elección en Brasil. Esto te recuerda que hay cuestiones de imprevisibilidad muy grandes. La derecha en Colombia ganó por un pelito. En Perú, Keiko Fujimiuru ganó por 5000 votos. El avance de la derecha se ve lindo como fila de eventos pero es más complicado”, analiza el hombre de los mercados en la misma línea que el joven Caputo. De hecho, estuvo atento al posteo de Caputo, y lo integró en su análisis.
El síntoma Bullrich
¿Bullrich es un síntoma o es un factor que refuerza la incertidumbre que aqueja a la gestión de Milei? Su danza política es cada vez más dilemática. El fin de semana trajo desafíos delicados para Bullrich y su estrategia de diferenciación dentro de La Libertad Avanza: la “hoguera” para periodistas que Milei encendió en la cena de la Fundación Faro el viernes y la derrota de Bolsonaro la dejaron en un brete.
Bullrich está entre los dirigentes con un manejo más astuto de redes sociales y especialmente, en X. Pero en tres días no encontró cómo posicionarse en relación a esos dos hechos. “Una noche de ideas y de libertad en Fundación Faro con el Presidente Milei”, posteó el viernes después del discurso encendido en que Milei escaló en su agresión contra el periodismo con la amenaza contenida en la frase “quemar en la hoguera”.
Su desmarque público llegó a destiempo, el domingo: casi 48 horas después de las hogueras de Milei. Lo que le faltó en timing intentó corregirlo en intensidad: esta vez avanzó más que en sus otros pasos de diferenciación. Le puso límites al mismo Milei, a sus palabras, de manera explícita.
Las palabras de Milei en la Fundación Faro la obligaron nuevamente a expresar una distancia identitaria. No está claro si será capaz de sostener ese equilibrio inestable, que se parece cada vez más a una cuerda floja a punto de dejarla caer. La estrategia de diferenciación tiene sus límites: distanciarse del Gobierno al que pertenece es un oxímoron difícil de resolver.
Del lado del Gobierno, si esa diferenciación se potencia y desafía abiertamente a Milei en persona, como sucedió el domingo, Bullrich queda al borde de las acusaciones de traición y ruptura con el oficialismo.
Si no avanza hacia ese borde, es el electorado de Bullrich el que puede sentirse traicionado: una Bullrich celebrando la libertad en la cena donde el Presidente fustiga la libertad de prensa hasta límites preocupantes es una contradicción política difícil de esquivar. Hay un punto límite de la estrategia de Bullrich de equilibrio entre su identidad libertaria y su identidad republicana de ex-Pro: cuando la contradicción empieza a ser percibida como oportunismo político, mera táctica para sobrevivir en el poder, pero sin capacidad de representación popular.
El triunfo de Lula también dejó a Bullrich sin capacidad de reacción. El mismo viernes, retuiteó un agradecimiento de Flavio Bolsonaro: “Gracias, Pata”, posteó el candidato brasileño, refiriéndose a un video de “Pato” Bullrich. Se la vio hablando en portugués: la senadora libertaria no se privó de nada para apoyar a Bolsonaro. Después de la derrota, Bullrich no hizo posteos sobre el resultado en Brasil. La derrota del bolsonarismo dejó a la intemperie a Bullrich: esta vez no encontró herramientas para diferenciarse de Milei: el Presidente también optó por el silencio y no reconoció ni la derrota de Bolsonaro ni el triunfo de Lula.
Ayer, Bullrich retomó los posteos. De Brasil, no hubo noticias. En cambio, mostró un paseo por la empresa IH Tech Labs, del Grupo Securion. Bajó línea de diferenciación del Gobierno, pero por otros medios: retomó la senda del cuestionamiento económico, sútil, y su impacto en la actividad económica, y optó por un concepto que el Gobierno desprecia: “desarrollo”. “Ese es el camino: más desarrollo y una Argentina que sale adelante”.
Mauricio Macri aprovechó la oportunidad como presidente de Pro. También, como co-representante del electorado de Pro que le dio los votos a Bullrich en 2023. Macri aceleró el pie de la institucionalidad que Bullrich no pudo pisar esta vez: reconoció el triunfo de Lula públicamente. “Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral”, posteó.
La reunión política del Gobierno estuvo atravesada por el desconcierto tras el triunfo electoral de Lula. Ayer, el comunicado oficial difundido después del encuentro y la salida al balcón de Casa Rosada de Milei, Karina Milei y buena parte del gabinete nacional es una muestra de los esfuerzos por contener la incertidumbre generalizada que le trajo Lula.
La ausencia de Bullrich agrega tensión a su estrategia. También las versiones que se filtraron de su entorno, negando “motivos personales”, la explicación oficial dada por el Gobierno, a su ausencia y subrayando las diferencias crecientes, después de la “hoguera” mileísta.
El calendario electoral argentino ya empezó: es global, arrancó el domingo con las elecciones en Brasil y complica al Gobierno. Por delante, a Milei le quedan los otros hitos del calendario electoral global. Hoy, las elecciones generales legislativas en Israel. En ocho días, Estados Unidos. En poco más de un mes, España. En las cuatro elecciones, Milei hizo apuestas fuertes: a favor de Trump y de Netanyahu; en contra de Sánchez. Por ahora, perdió su apuesta en Brasil. No está claro que vaya a tener la misma suerte que cuando se jugó fuerte por Donald Trump y lo apoyó incondicionalmente para la elección presidencial de 2024.
Ese collar de apoyos y de triunfos o derrotas pueden dejar todavía más expuesto a Milei. En el camino a 2027, el Gobierno necesita anclar expectativas. Cada una de esas elecciones, no hacen más que sumarle incertidumbre.
Luciana Vázquez,Javier Milei,Lula da Silva,Conforme a
POLITICA
Antes de la visita de León XIV, una delegación del Vaticano se reunirá con movimientos sociales en La Matanza

La relación que el papa Francisco construyó durante más de una década con los movimientos populares tendrá esta semana un nuevo capítulo en la Argentina. Una delegación del Vaticano llegará este martes a La Matanza para participar de un encuentro regional organizado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que busca acercar al papa León XIV las principales preocupaciones sociales de América Latina antes de su visita al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
La presencia de representantes de la Santa Sede en el conurbano bonaerense constituye una nueva señal de continuidad de ese vínculo, aunque con una agenda que incorpora problemas que van más allá de las históricas demandas de Tierra, Techo y Trabajo. A lo que denuncian como un deterioro de los ingresos y el crecimiento del narcotráfico en los barrios populares se suma ahora la discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y la concentración del poder tecnológico.
“Hoy León XIV da continuidad a ese legado, pero agudiza la discusión: pone el foco en el impacto de la tecnología e inteligencia artificial y nos llama a construir una gobernanza desde la subsidiaridad”, sostuvo Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP e integrante del Comité Político del Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP).
La agenda social que los movimientos populares llevarán al Papa
La reunión tendrá como punto de partida un informe de 72 páginas que organizaciones de la economía popular entregaron al Pontífice en septiembre. Allí plantearon sus preocupaciones por la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias, los problemas de salud mental y la presencia de organizaciones narcocriminales en los barrios populares.
El objetivo de las jornadas será ampliar ese diagnóstico con aportes de dirigentes de distintos países de la región y elaborar un documento que el Papa recibirá durante su estadía en la Argentina. Los debates también tomarán como referencia Magnifica Humanitas, la primera encíclica de León XIV, que aborda los desafíos de preservar la dignidad humana frente al desarrollo de la inteligencia artificial.
La delegación vaticana estará encabezada por sor Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. También participarán Emilce Cuda, integrante de la Pontificia Comisión para América Latina, y el sacerdote italiano Mattia Ferrari, coordinador general del EMMP.
La continuidad del legado de Francisco
El acercamiento entre la Iglesia y las organizaciones territoriales tiene su origen en 2014, cuando Francisco impulsó el primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Desde entonces, ese espacio se convirtió en un canal de diálogo internacional sobre las condiciones de vida de los trabajadores informales y las comunidades más pobres.
León XIV ratificó esa relación en octubre de 2025, cuando recibió a representantes de los movimientos populares y reivindicó la idea de una “Iglesia pobre para los pobres”. Ahora, la convocatoria en Buenos Aires busca traducir esa continuidad en una agenda de trabajo regional.
El encuentro se desarrollará en la Ciudad Papa Francisco y concluirá el miércoles con una peregrinación desde las 10 hasta el predio “Las 3T”, en el barrio Puerta de Hierro. Allí, a las 11:30, se celebrará una misa presidida por Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina, y Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata.
“Queremos estar con León XIV, como él dijo estar con nosotros”, dijeron los organizadores. La celebración cerrará dos días de deliberaciones y marcará el paso previo al encuentro de las organizaciones con el Pontífice en noviembre.
papa León XIV, La Matanza, movimientos sociales
POLITICA
Caso $LIBRA: apelan el sobreseimiento de Milei con durísimos cuestionamientos al proceder del juez y del fiscal

Apenas un día hábil después del sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y los otros nueve acusados en el caso $LIBRA, uno de los inversores perjudicados por el lanzamiento y colapso del criptoactivo apeló la decisión judicial, pidió que se revoque y que continúe la investigación, con duros cuestionamientos al juez y al fiscal a cargo de la pesquisa.
El inversor afectado, Juan Patricio Marchetto, se convirtió en el primero de los damnificados que intenta mantener abierta la investigación penal tras invocar su derecho como “pretenso querellante” y se espera que otros afectados se presenten durante esta semana, mientras que la Casación Penal debe definir si los reincorpora al expediente o los excluye de manera definitiva.
Marchetto presentó su escrito de apelación, de 40 carillas, con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. Sostuvo que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi incurrió en “contradicciones” y “confusiones” al firmar su resolución, efectuó una “valoración fragmentaria” de las pruebas, omitió considerar otros elementos y presentó una “fundamentación aparente”.
El argumento central de Marchetto fue que el juez Martínez de Giorgi confundió la insuficiencia de pruebas con la atipicidad de los hechos. Es decir, que el juez concluyó que los hechos investigados no encuadran en ninguna figura penal cuando, según el inversor, debió sostener, como máximo, que los elementos reunidos hasta ahora no le permitían acreditar una hipótesis delictiva.
A lo largo de su recurso, Marchetto cuestionó en duros términos el proceder durante todo el proceso del fiscal Eduardo Taiano. Sostuvo que ocultó información, demoró la tramitación de prueba, omitió citar testigos, optó por no requerir indagatorias y solicitó el sobreseimiento de los once acusados mientras todavía subsistían diligencias que él mismo había ordenado y que todavía no habían concluido.
“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado”, sostuvo el damnificado.
Entre las medidas que se encuentran pendientes, Marchetto destacó la ampliación de las pericias telefónicas encomendada a la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP) sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, los “cueveros” que recibieron fondos del estadounidense Hayden Mark Davis.
En la misma línea, el inversor afectado también cuestionó que el fiscal Taiano jamás citó a declarar a varios testigos que podían aportar información relevante para reconstruir los hechos. Entre ellos, Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda y la abogada Yanina Nicoletti, quien fue la primera letrada de Hayden Davis en la Argentina.
El recurso también remarcó que ninguno de los once imputados sobreseídos había sido convocado a prestar declaración indagatoria. Para Marchetto, esa circunstancia debía evaluarse junto con las diligencias que continuaban en curso y los elementos que, según su presentación, todavía requerían esclarecimiento.
El rol del Presidente
En su apelación, el inversor sostuvo que el expediente contiene indicios que debían analizarse de manera integral para determinar cuál fue el papel del Presidente durante la preparación, el lanzamiento y el colapso del criptoactivo, el viernes 14 de febrero de 2025. Y en ese sentido, uno de los puntos centrales es la secuencia de comunicaciones entre Milei y el lobista Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados, durante los minutos previos a la publicación presidencial que difundió $LIBRA.
Según los registros telefónicos citados en el recurso, Novelli realizó llamadas salientes a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02. También recibió una llamada entrante del mandatario a las 18:56:22. La publicación presidencial con el código alfanumérico para comprar el criptoactivo $LIBRA apareció en su cuenta de X a las 19:01:22.
A esa secuencia, Marchetto sumó las operaciones registradas inmediatamente antes de que el público conociera el activo. Según la reconstrucción de transacciones mencionada en el escrito, a las 19:01, apenas 22 segundos antes del mensaje de Milei, 74 billeteras realizaron 87 operaciones por un volumen aproximado de US$ 13,5 millones.
“Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados [por Novelli] y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento; existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo”, destacó.
Para el inversor, la relevancia de esos elementos reside en la necesidad de esclarecer si existió alguna coordinación entre quienes prepararon y promovieron el proyecto, las operaciones efectuadas antes de su difusión pública y la intervención del Presidente. El recurso cuestiona que esos hechos hayan sido evaluados de manera fragmentaria, sin agotar las medidas necesarias para determinar qué relación pudo existir entre ellos.
La apelación también apunta a los movimientos de fondos posteriores al lanzamiento y a la identidad de quienes captaron la liquidez aportada por los compradores. Marchetto cuestionó que no se hubiera profundizado en quiénes recibieron esos fondos, qué información tenían cuando realizaron sus operaciones, qué vínculos mantenían con los organizadores y por qué una porción sustancial del dinero terminó concentrada en determinadas billeteras identificadas durante la investigación.
El informe de la DATIP
Otro de los capítulos centrales de la apelación se refirió al tratamiento que recibió el informe de la DATIP sobre los dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación, ya que Martínez de Giorgi aludió a irregularidades investigadas en un sumario administrativo por el acceso indebido a documentación reservada del caso y consideró que esas circunstancias afectaban la valoración probatoria del informe.
Marchetto cuestionó ese razonamiento. Sostuvo que el sumario administrativo no había acreditado que la empleada investigada hubiera compartido la documentación con una periodista o con terceros ni que el informe hubiera sido manipulado. La presentación también señaló que la fiscalía de Taiano había recibido el informe preliminar en noviembre de 2025, antes de la publicación periodística de los documentos cuestionados.
El inversor planteó, por eso, un interrogante sobre las razones por las cuales el contenido del informe no se había comunicado oportunamente al juzgado y a las partes. “Sigue resultando cuanto menos curioso” conocer la motivación de la Fiscalía para no informar sobre ese material, sostuvo en su presentación.
El derecho a apelar
La presentación de Marchetto tiene, además, una dimensión procesal. El inversor fue apartado como querellante por Martínez de Giorgi el 3 de julio pasado, lo que confirmó la Cámara Federal. Pero su exclusión todavía está bajo revisión de la Casación, ante la cual presentó una queja que debe resolverse.
Marchetto advirtió que, si los sobreseimientos quedaran firmes antes de que Casación resolviera su planteo, una eventual restitución de su condición de querellante podría perder eficacia práctica: podría ser reincorporado a un expediente cuya investigación ya habría quedado definitivamente cerrada.
Para sostener su derecho a recurrir, citó el plenario “Zichy Thyssen”, de 2006, que estableció como doctrina plenaria que el pretenso querellante está legitimado para interponer los recursos de competencia de Casación, e invocó los derechos de las víctimas reconocidos por la ley; entre ellos, el acceso a la justicia, la información, la participación y la tutela judicial efectiva.
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Hugo Alconada Mon,Criptomonedas,Javier Milei,Conforme a
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