Un fallo judicial puso en alerta al Banco Central. El juez federal Ernesto Kreplak rechazó el pedido de aplicación de sanciones de multa planteado por el Banco Central contra Karuna Group, una casa de cambio de La Plata muy vinculada a la política platense y al Frente Renovador, el partido cuyo líder es Sergio Massa. Los abogados del BCRA y la Fiscalía apelaron por lo que la disputa podría terminar en la Cámara Federal de La Plata.

Según un extenso informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) e incorporado en una de las causas sobre el rulo financiero, esa casa de cambio pertenece a Juan Bautista y Carlos Emilio Melzi, ambos dirigentes del Frente Renovador de La Plata y cercanos a Héctor Rubén Eslaiman, exvicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

La casa de cambio ubicada en la calle 7 de La Plata también está vinculada a Juan Ignacio Agra, uno de los financistas que tenía llegada directa a la política y que es investigado por su cercanía con Megalatina, una de las cuevas que más dólares compró durante el cepo.

El BCRA inició un sumario contra Karuna Group por operaciones de cambio que tuvieron lugar en el verano de 2023. Concretamente, se impugnó la compra de divisas entre el 31 de enero y el 31 de febrero de ese año por un monto total de US$ 1.600.000 a Stema Cambios y la posterior venta a Soy Vos SAS.

Entre otros cargos, el organismo regulador destacó que Karuna Group “no recabó de sus contrapartes elementos que le permitieran constatar que las operaciones guardaran relación con los usos y costumbres, la realidad económica y la lógica del mercado”.

En su defensa, los Melzi plantearon la prescripción de la acción penal cambiaria, la nulidad por violación a la garantía constitucional del debido proceso, la nulidad de la Resolución 112/25, la inconstitucionalidad de la Ley de Régimen Penal Cambiario, y la inconstitucionalidad del decreto 609/2019. Por su parte, Agra opuso las excepciones de falta de acción, “con sustento en su carácter de accionista ajeno al directorio y a la toma de decisiones, y en la prohibición de doble juzgamiento (non bis in idem)”.

Los Melzi son dirigentes del Frente Renovador de La Plata y cercanos a Eslaiman. Ambas familias, los Melzi y los Eslaiman, conocen la política y las finanzas. Natalia Carolina Eslaiman, hija de Héctor, fue contratada por Karuna Group durante ocho meses y en 2015 en la Cámara de Diputados bonaerense.

Al momento de decidir, el juez federal de La Plata sostuvo que la operatoria “se encontraba expresamente autorizada (…) toda vez que el límite cuantitativo objetivo para transacciones entre operadores de cambio recién fue establecido mediante la Comunicación “A” 7901″. Además, destacó que hubo otro sumario del BCRA, en 2024, contra Karuna y sus accionistas.

“Karuna Group obró amparada por la confianza legítima que le otorgaba la matrícula vigente también de la entidad cambiaria de su contraparte y que el organismo sancionador no puede encubrir sus propias deficiencias de supervisión imputando culpabilidad a un privado”, dijo el juez federal en su fallo.

Al momento de apelar, los abogados del Banco Central calificaron la resolución como un “fallo escandaloso”. “El hecho atribuido no consistió en superar un límite cuantitativo para operar entre entidades cambiarias, como pretende el fallo apelado, sino en haber dado curso a aquellas operaciones sin contar previamente con elementos suficientes para constatar su carácter genuino y su correcto encuadramiento, l segundo párrafo del punto 1.2 de la Comunicación “A” 6844″.

Sobre los dos sumarios contra Karuna, el BCRA explicó que en el sumario cambiario 8407 se examina si las cuatro operaciones analizadas fueron cursadas sin satisfacer el deber previo de constatar su genuinidad y correcto encuadramiento. En cambio, en el sumario financiero 1650 se investigan irregularidades disciplinarias vinculadas con el tipo de operatoria que podía desarrollar la entidad y con el cumplimiento de las normas de funcionamiento aplicables a los operadores de cambio.

La Fiscalía, a cargo de Ana Miriam Russo, también apeló el fallo y pidió que la definición quede en manos de la Cámara Federal de La Plata. “En atención a la naturaleza definitiva de la decisión adoptada por el Señor Juez y a la eventual relevancia de los planteos formulados por el Banco Central de la República Argentina, corresponde procurar mediante este remedio procesal, que una interpretación restrictiva de las facultades recursivas de dicho organismo no impida el tratamiento de los agravios introducidos, ni el debido control de la resolución impugnada, por parte del tribunal de alzada”, dice la apelación.

Luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentara un pedido de acceso a la información pública para conocer si Javier Milei se encuentra “apto” para ejercer su cargo, la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei respondió al gremio con documentación que el sindicato consideró “incompleta y evasiva”.

“Preliminarmente, cabe señalar, que el Señor Presidente de la Nación Argentina ostenta un cargo de elección popular, conforme los términos y requisitos previstos en la Constitución Nacional Argentina”, indica el documento firmado por Laura Zuvanic, directora general de Recursos Humanos de la Secretaría General.

Enseguida, el informe concluye: “Por su parte, se hace saber esta Dirección General de Recursos Humanos, es competente en relación al marco normativo aplicable en materia de Empleo Público Nacional (Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, y su Decreto Reglamentario N° 1421/2002)”.

Estas normas establecen como requisito para ingresar a la Administración Pública Nacional la acreditación de un certificado de aptitud psicofísica. Sin embargo, la ley excluye de su régimen al jefe de Gabinete, los ministros, el secretario general de la Presidencia, los secretarios y los subsecretarios, entre otros cargos. La normativa no menciona al Presidente de la Nación.

Ante la respuesta del Gobierno, ATE “insiste y exige que se den a conocer los documentos que acrediten su aptitud para el cargo”. Aunque “valora” la contestación, el gremio considera que la información proveída por la Secretaría General es “incompleta y evasiva” y que “no cumple con los requisitos legales mínimos”. El sindicato sostiene que deberían “adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes. La salud del Presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

“Nosotros no alentamos especulaciones, pero una respuesta incompleta genera más rumores que certezas. Nuestro pedido es básico y razonable. Si la salud del Presidente está bien, que lo demuestren”, presionó el gremialista.

El sindicato también apuntó a las últimas apariciones públicas de Milei, entre las que mencionó el acto en Neuquén en el que minimizó las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes; el viaje a España, donde propinó insultos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a la prensa; y el discurso en la Fundación Faro, en el que afirmó que “se tienen que quemar en la hoguera” los “hijos de puta” y, entre ellos, nombró a distintos periodistas.

“Durante las últimas horas lo hemos visto inestable y con un aspecto preocupante en más de un acto oficial como los han sido el de Neuquén o los desarrollados en Madrid”, dijo Aguiar. Y agregó: “Es preocupante la ausencia de frenos inhibitorios en sus discursos públicos. Las amenazas de quemar en la hoguera a periodistas muestra una notoria ausencia de capacidad para actuar racionalmente, requisito fundamental de quien ostenta la investidura presidencial”.

El jefe de ATE agregó que cuando los expresidentes Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri “tuvieron afecciones, existieron partes médicos oficiales”. “No nos pueden responder con un papelito”, se quejó Aguiar. Y concluyó: “Si el Presidente está bien, que empiece a ir a la Casa Rosada a cumplir con su función”.

El sindicato anunció que “enviará en las próximas horas un pedido adicional para que publiquen la documentación probatoria firmada por un profesional con matrícula y título habilitante que certifique la aptitud psicofísica de Javier Milei”. Además, informó que impulsará una iniciativa para que “a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos”.

La solicitud de acceso a la información pública presentada por Aguiar en septiembre pasado la Ley 27.275 pedía conocer tres cuestiones: si existe un “examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que evalúe la aptitud psicofísica y/o psíquica del Milei para el ejercicio del cargo; en caso afirmativo, se informe fecha de realización, organismo u profesional interviniente, y resultado (‘apto’/‘no apto’ o equivalente), sin requerirse el detalle clínico, diagnóstico u otros detalles de la historia; y si existe normativa, protocolo o reglamento interno, vigente o proyectado, que prevea controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica”.

Junto a esta presentación, Aguiar había indicado que Milei “padece algún tipo de psicosis”, situación “muy peligrosa” debido a que “encabeza la administración pública nacional”.

A su vez, el jefe de ATE había planteado que, a su entender, existe una contradicción entre las exigencias que deben cumplir los empleados públicos y aquellas previstas para quienes conducen el Estado. Indicó que los trabajadores estatales deben someterse a un examen médico preocupacional antes de ingresar a la administración pública y sostuvo que debería existir un requisito similar para quienes ocupan los máximos cargos del Poder Ejecutivo.

No es la primera vez que se pone en debate la realización de un psicotécnico a aquellos candidatos a ocupar cargos públicos o mismo los que ocupen un lugar en el Poder Ejecutivo. Distintos proyectos fueron presentados en el Congreso, pero ninguno prosperó. Para que aquellos postulantes a ocupar cargos públicos deban someterse a un psicotécnico se tiene que reformar el Código Nacional Electoral.

Además, varios miembros de la oposición al Gobierno quisieron poner en agenda el estado mental del Presidente. En 2023, en el debate presidencial, el exministro de Economía Sergio Massa pidió que Milei se haga un test psicotécnico e hizo alusión a una pasantía en el Banco Central cuando tenía 22 años.