POLITICA
El Gobierno busca reemplazar la emergencia sanitaria por una ley permanente: las claves del proyecto para el sector privado
La inminente finalización de la emergencia sanitaria que desde 2001 protege a los prestadores privados vuelve a poner bajo discusión el funcionamiento de una red que sostiene buena parte de la atención médica en la Argentina. El proyecto ingresado en la Cámara de Diputados propone reemplazar ese régimen transitorio por reglas permanentes, ante el riesgo de que las deudas acumuladas queden sujetas a ejecución.
El diputado nacional por Jujuy de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, explicó que la iniciativa fue remitida a Salud y a Presupuesto y Hacienda.
“Tiene giro a la Comisión de Salud, y Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque tiene alguna cuestión de un costo fiscal que lo vamos a discutir en su momento”, señaló en Infobae Al Mediodía sobre un trámite que deberá completarse antes de llegar al recinto.
La emergencia frenó ejecuciones, pero no eliminó obligaciones
La ley vigente evitó durante 25 años el cobro compulsivo, aunque no liberó a las instituciones de sus aportes, contribuciones e impuestos. Esa distinción ordena la discusión: los pasivos permanecen exigibles y podrían ser reclamados si la protección vence sin una salida legislativa.
“La emergencia sanitaria nacional no exime el pago de aportes y contribuciones, simplemente evita la ejecución forzada de AFIP”, afirmó Quintar.
El legislador advirtió que el cambio de régimen puede tener efectos inmediatos para establecimientos endeudados. “Si nosotros levantamos la emergencia sanitaria, implica que AFIP se da vuelta al día siguiente y sale a ejecutar todos los créditos”, sostuvo.
El proyecto se concentra en los efectores privados, no exclusivamente en las empresas de medicina prepaga, y contempla “clínicas, centros de diagnóstico por imágenes, laboratorios privados, geriátricos”.
Quintar describió a ese universo como una red que incluye establecimientos barriales y del interior del país. “El financiador es la prepaga; pero cuando hablamos del sector privado de efectores de la salud, son las clínicas de barrio, las clínicas que están en el interior profundo de la Argentina”, explicó.
La iniciativa busca evitar que un giro abrupto en el esquema fiscal comprometa la continuidad de esas prestaciones.
El proyecto pone el foco en empleo, camas y atención privada
El argumento central de la propuesta es el peso que tiene el sector en el sistema sanitario. Según Quintar, “hoy el sector de salud privada al que nosotros nos referimos, o por lo menos al que el proyecto se refiere, da trabajo en forma directa e indirecta a un millón y medio de argentinos”.
También comparó esa dimensión con otras actividades: “La minería da aproximadamente trabajo a 115.000 personas; la salud privada, a nueve veces más”.
El diputado citó datos de entidades empresarias para dimensionar el volumen de atención. “El 65 al 70% de la población argentina se atiende y se cura en el sector privado, según un informe de ADECRA de los últimos meses”, expresó. A eso sumó un dato sobre infraestructura: “El 55% de las camas existentes en el país son privadas”.
Para Quintar, la discusión excede un conflicto tributario porque ambas redes son complementarias. “El sistema sanitario no es público o privado, es un sistema sanitario; cuando uno se cae, afecta al resto de los prestadores”, dijo.
Como ejemplo, afirmó que en una clínica privada suele haber turnos “para mañana o el día siguiente o a lo sumo una semana”, mientras que el sistema público absorbe una demanda mayor cuando faltan alternativas.
La moratoria prevé hasta 180 cuotas
El primer capítulo del proyecto apunta a identificar y ordenar las deudas acumuladas durante la emergencia. La herramienta prevista es una moratoria para que las instituciones regularicen obligaciones pendientes bajo un esquema que no afecte su funcionamiento cotidiano.
“Una moratoria grande donde le demos la posibilidad a los contribuyentes que no pudieron pagar, que paguen”, explicó. El texto contempla “hasta 180 cuotas con ciertas facilidades” y, según el diputado, también deberá considerar mecanismos para quienes cumplieron con sus pagos. La premisa, insistió, es que “no hay condonación de deudas, sino facilidad de pago”.
El costo fiscal será uno de los puntos más sensibles del debate. Quintar sostuvo que hay estimaciones y planillas, pero que primero debe establecerse qué parte de la deuda es recuperable y qué efecto tendría una regularización.
“La idea es sincerar el sistema, acomodar el tema del IVA, las cargas patronales y los ingresos de los establecimientos privados para que puedan pagar impuestos”, afirmó. También aclaró: “Nosotros no vamos a avalar un proyecto que rompa con el equilibrio fiscal, pero lo vamos a discutir”.
Resguardar fondos operativos ante embargos
El segundo eje se vincula con embargos y cautelares que pueden afectar cuentas destinadas a la atención. Quintar sostuvo que la actividad enfrenta litigios laborales y reclamos por mala praxis, pero planteó límites para que una medida preventiva no paralice a un establecimiento antes de una sentencia.
“No podemos avalar que un mecanismo de cautelar afecte previamente a una sentencia definitiva el normal funcionamiento de un establecimiento de salud”, dijo.
La propuesta no busca impedir reclamos ni liberar de responsabilidad a quienes incumplan. “Está bien que el establecimiento que tuvo una mala praxis o el médico que cometió un error pague lo que corresponda”, afirmó.
La discusión se concentra en el resguardo de recursos operativos: “Muchas veces, por un juicio laboral, en muchos casos inventado, le congelan las cuentas a una clínica y no puede comprar remedios”.
Las deudas del PAMI y el IVA sobre tecnología entran en la negociación
El proyecto incorpora acreencias históricas vinculadas al PAMI. Quintar afirmó que, al comienzo de la emergencia, “al 90% de los prestadores que daban servicio a PAMI le dejó una deuda de siete meses de prestaciones”. La alternativa en análisis es compensar deudas estatales verificadas con obligaciones tributarias. “Son deudores y acreedores al mismo tiempo”, sintetizó.
También se discute el tratamiento del IVA para equipos médicos. “Vos comprás un resonador de USD 1 millón o un tomógrafo de USD 500.000 y en la mayoría de las actividades te podés tomar el IVA que pagaste”, explicó Quintar. Según señaló, en salud ese crédito no puede utilizarse del mismo modo: “Eso no lo podés hacer en la salud; se está castigando a la inversión”.
El Congreso deberá resolver antes del vencimiento de la emergencia
Quintar evitó anticipar si habrá otra prórroga, aunque descartó que el objetivo sea exponer a los prestadores. “Entiendo que no se va a levantar la emergencia para que se fundan 5.000 establecimientos”, expresó. La intención, aseguró, es reemplazar las renovaciones anuales por una norma permanente: “Este gobierno no quiere más parches; queremos ir sobre el fondo de la cuestión”.
El texto deberá obtener dictamen en las comisiones antes de ser tratado por la Cámara de Diputados. Quintar señaló que la situación cambia según cada provincia y que Jujuy no atraviesa el mismo cuadro que otras jurisdicciones. Aun así, remarcó que la respuesta debe ser nacional: “Tenemos que cuidar los activos sanitarios porque una vez que se cierra un establecimiento es muy difícil volverlo a abrir”.
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POLITICA
La salida de Bolsonaro: un pago exprés de US$140.000, la lista inicial de 8 pasajeros y un avión que también trasladó a Lula
El primer llamado ocurrió el lunes por la tarde. Un broker aeronáutico de Estados Unidos, cuya identidad se mantiene en reserva, se contactó con un directivo de la empresa Baires Fly que estaba en Estados Unidos. Necesitaba un avión esa misma noche en Iguazú para trasladar a “ocho pasajeros brasileros”. Esa fue al consigna inicial. Como no había una relación previa con el broker, la empresa exigió el pago por adelantado. La transferencia no tardó en llegar. Fueron cerca de US$140.000 por un vuelo de ida a Miami. En apenas dos horas, la tripulación ya estaba en Aeroparque. “En ese momento no sabíamos que el pasajero era Bolsonaro, nos enteramos después”, contó una fuente de la empresa que conoce los detalles de la negociación.
El Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, aterrizó el lunes a las 23.45 en Puerto Iguazú. Viajaron dos pilotos y una azafata. El vuelo a Miami estaba previsto para las 2 de la madrugada. Pero los pasajeros nunca llegaron al aeropuerto. Y la noticia se filtró a los medios. Bien entrada la madrugada, la tripulación recibió un mensaje: “No se hace, vayan al hotel”. Descansaron todo el día y regresaron al aeropuerto el martes a la tarde.
Ayer a la tarde, cuando las versiones arreciaban y daban cuenta que Jair Bolsonaro ya estaba en vuelo a Estados Unidos, desde la empresa no daban el tema por cerrado. “Vamos a esperar y sino esta misma noche el avión vuelve a Buenos Aires”, dijo una fuente cerca de las 18 horas del martes ante una consulta de . A esa hora, se especulaba que el avión, y hasta la filtración, habían sido parte de un “operativo de distracción”. En realidad, el operativo de distracción se puso en marcha desde Estados Unidos, incluso con voceros oficiales, para desviar la atención.
Durante toda la tarde del martes, hubo una catarata de llamados y mensajes entre el broker que pagó por el vuelo y la empresa. “Ya vienen, ya vienen”, aseguraba el misterioso empresario para retener el avión en pista. El nombre del broker figura en la factura que se confeccionó el mismo lunes, antes que el vuelo captara la atención mundial. “No lo vamos a revelar a menos que la Justicia lo pida”, se excusaron en la empresa.
El avión esperó en la pista de Iguazú hasta que Bolsonaro y su familia lograron cruzar la frontera en una camioneta blanca con patente brasileña. ¿Viajaron todos por tierra? El viaje en auto desde Brasilia a ese punto fronterizo demora al menos 20 horas.
Finalmente, el avión partió a las 0:21 de este miércoles rumbo a Estados Unidos con cuatro pasajeros: Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas.
Por el conflicto internacional que significó la salida del candidato presidencial, los pilotos decidieron cambiar la ruta y esquivar el territorio brasilero. “Se hizo por precaución, para evitar un problema, y eso obligó a realizar una parada técnica en Guayaquil”, explicó una fuente aeronáutica.
De esa manera, un viaje que debía demorar unas ocho horas terminó tardando más de diez. A las 09:25 (hora local), el avión aterrizó en el aeropuerto de Opa Locka por pedido del broker que encargó el vuelo. Unos minutos después, volvió a despegar rumbo a Fort Lauderdale, donde aguardaban directivos de la empresa y otra aeronave de Baires Fly que está en reparaciones.
“La llegada se demoró porque al aeropuerto de Opa Locka opera las 24 horas para vuelo de cabotaje pero los vuelos internacionales tienen que llegar después de las 9″, explicó una fuente del mercado aeronáutico.
El avión regresará esta misma noche a Buenos Aires porque este jueves tiene un viaje previsto a Chile junto a un grupo de músicos.
Por esas vueltas del destino, la aeronave que trasladó a Bolsonaro también tuvo de pasajero al presidente reelegido de Brasil. En diciembre de 2020, Lula viajó a Cuba a bordo de ese avión junto a parte de su familia para grabar un documental sobre América Latina que dirigiría Oliver Stone.
Ese viaje trascendió porque toda la comitiva dio positivo de Covid-19. “Todo mi equipo y yo estamos agradecidos por la dedicación de profesionales de la salud y el sistema público de salud cubano que estaban con nosotros en el cuidado diario”, dijo Lula en agradecimiento al gobierno.
No fue el único viaje de Lula en el Gulfstream de Baires Fly. También lo utilizó para un vuelo a la Argentina.
[e]Planalto Palace – XinHua
El Gobierno terminó confirmado el operativo pasadas las 2 de la madrugada a través de un tuit de Migraciones: “A las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”.
Fuentes que conocen los detalles del vuelo aseguran que el asesor presidencial Santiago Caputo participó activamente del operativo, aunque descartaron una comunicación directa entre la empresa y el Gobierno. “La cobertura periodística del día de hoy debe haber sido probablemente uno de los papelones más grandes del periodismo mundial de la historia. Dijeron cualquier cosa. Se desdijeron. Lo volvieron a decir”, tuiteó el asesor a la madrugada cuando el avión ya estaba en vuelo.
participó activamente del operativo,Nicolás Pizzi,Flavio Bolsonaro,Conforme a
POLITICA
Senado: habrá sesión mañana para votar la ley de salud mental y beneficios para inversiones desde USD 12 millones
El Senado sesionará mañana, desde las 14, para intentar aprobar una nueva ley de salud mental que recibió cambios extra en las próximas horas y que tiene a dialoguistas aún con dudas, por lo que se debatirá al final del encuentro. Durante el convite en el recinto también avanzaría una iniciativa para regular el mercado de carbono, y un texto de radicales para activar beneficios en planes de inversiones desde USD 12 millones.
La agenda se definió en la reunión de Labor Parlamentaria que finalizó antes de las 15. Al comienzo de la sesión se rendirán homenajes al ex senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja) y al ex titular del gremio APL, Norberto Di Próspero, quienes murieron días atrás. Se sumará a esto un recordatorio por un nuevo aniversario de la partida del ex presidente Néstor Kirchner. Y jurará el reemplazo del ex legislador oficialista, Claudia López. No se descartan cuestiones de privilegio desde la oposición.
En tanto, al término del encuentro de esta tarde entre los jefes de bloque y la vicepresidenta y líder de la Cámara alta, Victoria Villarruel, desde algunos espacios reclamaron dos cuestiones a analizarse mañana. Por un lado, se impulsará un proyecto de resolución para invitar al Papa León XIV para que se presente ante el Congreso, en el marco de una Asamblea Legislativa. Es casi imposible, con el sinfín de actividades ya programadas.
Otro texto de resolución será para forzar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a que asista el miércoles 18 de noviembre próximo para dar un informe de gestión, algo reclamado desde hace un largo tiempo por el kirchnerismo y que, durante la jornada de hoy, tuvo el visto bueno de otras bancadas. El motivo es por el incumplimiento del artículo 101 de la Constitución y la obligación de ir al Palacio, una vez por mes, e intercale entre Cámaras.
Para la ley de salud mental se vislumbran dos ítems que todavía no cierran en un par de oficinas aliadas. El primero está relacionado con los recursos -como no podía ser de otra manera- pese a que, ayer, el propio oficialismo adelantó que sería más taxativa la puesta a punto de la iniciativa para amortiguar quejas. Algunas provincias, resisten.
En segundo lugar, se reanudó -como adelantó meses atrás Infobae– la puja entre profesionales de la salud mental, que generó una disputa entre Nación y provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Varios integrantes de dicha entidad insisten con igualar en prioridad a psicólogos y psiquiatras.
¿Qué plantea el articulado? En las internaciones, se reemplazará la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia dicha especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien sí tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta. Como para el último caso también está escrita la palabra “preferentemente”, se consensuó quitarla para que no haya margen a interpretaciones y debido a que no existe un reemplazo de la profesión de psicólogo.
Ayer, este medio relató que fuentes al tanto de las negociaciones comentaron las fuertes presiones para equiparar a ambos profesionales. Incluso, con universidades metidas en el medio y un senador que es médico, pero que apoyó el reclamo de los psicólogos y convirtió una disputa en una insólita batalla.
RIIR
El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) desde los USD 12 millones para grandes empresas fue promovido por el titular de la Unión Cívica Radical en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes). El mismo consideraría como planes productivos a los destinados “a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”.
Carbono
La norma establece un “marco jurídico aplicable a la titularidad, registro y comercialización de créditos de carbono generados por proyectos que se desarrollen en el territorio nacional y establecer el marco habilitante para su participación en los mercados de carbono nacionales e internacionales”.
Reclamo por zona fría
Tras la victoria del gobierno libertario y la reglamentación ya vigente que recorta subsidios, la senadora cristinista Alicia Kirchner (Santa Cruz) presentó este mediodía, junto a otros legisladores del espacio, la iniciativa de ley “ABRIGAS” “para restablecer el régimen de Zona Fría, proteger las facturas de gas de los sectores bajos y medios y garantizar un modelo energético con “previsibilidad”, según consta en un comunicado.
POLITICA
Por su negativa a asistir: el Senado busca intimar a Diego Santilli a que concurra a brindar su informe
En un hecho inédito, el Senado podría aprobar mañana un proyecto que obligaría al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a asistir el próximo 17 de noviembre al recinto para brindar el informe sobre la marcha del Gobierno que la Constitución le obliga a dar todos los meses, de manera alternada, ante cada una de las Cámaras legislativas.
El tema se habló en la reunión de Labor Parlamentaria y, según pudo saber , contó con amplio respaldo de casi todas las bancadas. De ser así, eso se verá reflejado cuando el tema se discuta en la sesión convocada para mañana las 14.
Siempre según las fuentes consultadas por este diario, la decisión de avanzar con un proyecto de resolución se tomó como consecuencia de que Santilli no se ofreció a concurrir al Senado.
Tal como lo establece la Constitución, el jefe de Gabinete tiene que comunicar cada mes su disponibilidad a concurrir, a partir del cuál la cámara en cuestión pone en marcha el proceso de recolección de las preguntas que los legisladores le quieran formular al funcionario para remitírselas y que las pueda contestar antes del día convenido para que se haga presente en el recinto.
Hace 16 meses que un jefe de Gabinete libertario no acude al Senado a dar su informe de gestión. El último en hacerlo fue Guillermo Francos, el 26 de junio de 2025.
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