El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) descartó una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de la expresidenta, Cristina Kirchner, y sostuvo que la decisión sobre el caso “no es inminente”.

Esta respuesta por parte del organismo tuvo lugar luego de una consulta expedida por el equipo de abogados que representa a la exmandataria.

“Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años”, se pudo leer en el documento que compartió el organismo, según consignó la agencia de noticias EFE.

Los abogados de Cristina Kirchner presentaron el martes 29 de septiembre una presentación formal ante la ONU para que se revise la condena de seis años de prisión contra la exmandataria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en medio del operativo clamor de parte del peronismo para que la exjefa de Estado sea candidata el año próximo.

En aquella oportunidad, los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego introdujeron una adenda del caso ante el Comité de Derechos Humanos para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación para ejercer cargos.

En dicha adenda denunciaron actos de “intimidación”, en particular por la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de Cristina Kirchner, en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del comité, según indicaron a desde el entorno de la expresidenta.

Si bien la reciente comunicación del organismo mitiga las expectativas de la líder kirchnerista, el mismo no implica un rechazo del planteo realizado por sus abogados. El Comité de DD.HH. de la ONU deberá dirimir si acata a trámite la presentación de la expresidenta, cuya intención es objetar internacionalmente su sentencia por la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema en junio del año pasado.

Qué dice la presentación de Cristina

La adenda introducida a finales de septiembre, y a la que tuvo acceso , busca “poner en conocimiento del Comité de DD.HH. de la ONU tres hechos sobrevenidos de especial relevancia”.

En primer lugar, denunció una “serie de actos de intimidación contra la exmandataria posteriores a que se hiciera pública su presentación ante el Comité. Entre ellos se mencionan declaraciones de jueces que intervinieron en la causa Vialidad, el avance sobre sus bienes —incluido el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria— y publicaciones del presidente Javier Milei contra la expresidenta”.

Según el apéndice presentado por Beraldi, Valim y Borrego “estas actuaciones son incompatibles con la obligación asumida por la Argentina, al ratificar el Protocolo Facultativo, de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de presentar comunicaciones individuales ante el Comité”.

En segundo lugar, se presentó un nuevo elemento probatorio que se considera “decisivo” para la causa Vialidad. “La condena sostuvo que el Decreto 54/2009 había permitido utilizar recursos del fideicomiso vial SISVIAL (Fuente 14) para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. La defensa había solicitado durante el proceso prueba sobre el destino efectivo de esos recursos, pero su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales” indicaron los letrados.

En tercer lugar, la adenda denunció más actos de “intimidación” después de “conocerse estos nuevos elementos”. En particular, cuestionó la difusión pública de un video de 2018 correspondiente al allanamiento de su departamento de Recoleta, en el que “aparecen espacios privados, su dormitorio y efectos personales”.

Finalmente, la presentación consideró que esa difusión “constituye una grave vulneración del derecho a la vida privada protegido por el artículo 17 del Pacto y recuerda que precisamente frente a ese domicilio [Cristina] Kirchner sufrió el intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022”.

La pésima relación entre Javier Milei y Luiz Inacio Lula da Silva empeoró todavía más en las últimas 24 horas. La agresividad pasó de la retórica a la acción. Con el dispositivo montado para facilitar la fuga del candidato derrotado el domingo, Flavio Bolsonaro, el gobierno argentino decidió desconocer a la Justicia brasileña. Bolsonaro tenía prohibido salir de su país por una orden del controvertido juez Alexandre de Moraes. Desde el punto de vista técnico existe un atenuante: el responsable de que ese mandato se cumpliera era el sistema migratorio brasileño. No el argentino. No se puede desconocer, sin embargo, que el conflicto escaló hasta una estribación sin antecedentes. Porque las autoridades argentinas no se limitaron a dejar pasar a Bolsonaro. Lo ayudaron a escaparse.

La decisión de la Casa Rosada no debería sorprender. No tanto por su enemistad con las autoridades de Brasil. Es más determinante su subordinación a las estrategias de los Estados Unidos. Es lógico que Bolsonaro haya iniciado su fuga recién cuando los funcionarios de Donald Trump terminaron de autorizar su recepción en Miami. Los libertarios argentinos prestaron apoyo logístico a esa jugada internacional.

Ayer Bolsonaro echó más leña al fuego. Se proclamó, en Miami, como el nuevo presidente de Brasil. O de “Brazil”, ya que el escudo que encabeza la declaración lleva el nombre del país en inglés. Desperfectos de los impresores de La Florida. ¿Milei lo acompañará también en esa denuncia que desconoce la legitimidad de Lula? Habrá que esperar a Trump, que comenzó a dudar. Ayer hizo otra exhibición de su proverbial ambigüedad. Cuando le preguntaron por la autodesignación de su huésped, contestó: “Bueno, no voy a hacer ningún comentario al respecto, pero sé que le dimos permiso para entrar al país; así que ya veremos, pero yo no me voy a involucrar. Fue una elección muy extraña, eso es seguro”. El presidente de los Estados Unidos parece balancearse entre dos exigencias: reconocer la reelección de Lula y no reconocer que, en estos comicios latinoamericanos, perdió. Un fracaso doloroso, porque con Lula al frente de Brasil sigue siendo muy difícil afirmar la doctrina Donroe: “América para los americanos”, de James Monroe, versión Donald. Canadá y México, los otros dos grandes países del hemisferio, tampoco ayudan.

Milei volvió a demostrar que la política suele moverse en el terreno de la paradoja. Al auxiliar a Bolsonaro a escaparse de la Justicia, puede haber prestado una ayuda invalorable también para Lula. Con el senador exiliado en los Estados Unidos, la derecha brasileña acelerará un proceso de renovación que, tal vez, ponga a disposición del oficialismo a una oposición más dialoguista. Sería un logro importantísimo porque esta cuarta administración del anciano líder del PT está expuesta a una mayoría parlamentaria con gran capacidad de bloqueo. Ya hay indicios de esa fisura: el gobernador del Estado de San Pablo, el triunfante Tarcisio de Freitas, reconoció la victoria de Lula. La ausencia de los Bolsonaro en el campo de juego proyecta a Tarcisio a una posición para la que ya se lo podía imaginar. El candidato de la derecha brasileña para los comicios de 2031.

La degradación del vínculo con Brasil forma para Milei un frente de tormenta interno. En el Congreso ya comenzaron los pedidos de informes y las iniciativas legislativas para debilitar al oficialismo libertario con una descarga de reproches por su estrategia diplomática. La polarización brasileña potencia la polarización argentina. En los festejos porteños del domingo pasado la consigna predominante era “Cristina libre”.

La peripecia de Flavio Bolsonaro podría inspirar alguna joya del realismo mágico que incluiría un gran capítulo argentino. Sobre todo porque fue imposible coordinar el discurso de la Casa Rosada con el del senador prófugo. Los voceros informales de Milei aseguraban que el Gobierno no tuvo intervención alguna en el escape. Pero Bolsonaro agradeció esa intervención. Y los agitadores digitales libertarios celebraban su salida. En la huida hubo algunos detalles curiosos. La combi que llevó al excandidato hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú fue escoltada por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Había otros dos vehículos, uno de los cuales tenía patente diplomática argentina. ¿A qué servicio pertenecía? Enigma.

En el control del operativo estuvo, tal como demostró Damián Nabot en , Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”. Su vieja propensión por los vuelos misteriosos. La crónica de Nabot es deliciosa porque descubre a Caputo en una pequeña pausa de su incansable cruzada digital por la verdad. Primero negó haber ido a Puerto Iguazú. Después, cuando lo confrontaron con las pruebas, se escabulló con un “Misterio”. NOLSALP, se entiende. Tampoco odiamos lo suficiente a los agentes de seguridad vial de Misiones. En realidad, no odiamos lo suficiente. Torpeza de principiante la de Caputo, que deberá subsanar el canciller Pablo Quirno. Peccata minuta. Apenas una mentira piadosa que, eso sí, pone en tela de juicio las permanentes exigencias del “Mago” sobre el chequeo de las fuentes.

Es posible que Caputo haya sido el que convocó a la empresa Baires Fly, de Luis Grande. La aparición de Grande podría confirmar la versión que afirma que el “Mago” se distanció de su tradicional proveedor de viajes en jet, Leonardo Scatturice. Cuentas impagas de los servicios del devaluado Barry Bennett. Baires Fly se mueve bajo la influencia de Carlos Colunga y su hijo Diego. Colunga tiene un poder determinante en el sector oficial de aeronavegación, que opera bajo el monitoreo del “Mago”. Por supuesto, no tiene un cargo público. Es asesor, como su amigo. Igual que uno de los acompañantes de Caputo en la travesía misionera, Orlando Palacios, asesor de Yacyretá. Curiosa administración la de Milei, gobernada por asesores que dan órdenes a los funcionarios. Colunga protagoniza una sub-interna con otro piloto, Gustavo Carmona. Colunga reporta a Caputo, Carmona a Juan Bautista Mahiques, rival del “Mago”. El negocio de Colunga y, en especial, de Grande, se expandió gracias a los conflictos entre Carmona y dos viejos clientes: Claudio “Chiqui” Tapia y el fallecido Jorge Messi. Controversias referidas a la compra-venta y gerenciamiento de aeronaves de lujo.

A propósito de Mahiques, ya llegó al Senado la propuesta de ascenso de su hermano diplomático, Esteban, quien pasaría a ser Ministro Plenipotenciario de Segunda. Esteban no trabaja en Cancillería. Es jefe de Gabiente de su hermano, el ministro de Justicia. Los Mahiques deberán hacerle un altar en su casa de Mercedes a Javier Milei, quien tal vez no sabe que lo están desvalijando. Aunque todavía falta lo mejor: Juan Bautista Procurador. Los Mahiques son como los Bolsonaro, pero más astutos: no van a elecciones.

Bolsonaro podría haber ingresado a la Argentina con un documento nacional de identidad, que es lo que se admite dentro del Mercosur. Como se dirigía a los Estados Unidos, traía un pasaporte italiano. Había pasado 24 horas en algún reducto desconocido. Hasta su núcleo más íntimo quedó desconcertado. El lunes había prometido a esos amigos que se pondría al frente de la oposición brasileña para garantizar la continuidad de su lucha. El juramento se mantuvo hasta que Alexandre de Moraes planteó la primera batalla. Es el juez del Superior Tribunal Federal que le incautó los pasaportes y le impidió abandonar el país. Moraes es el magistrado al que Milei calificó de “basura calva” cuando visitó Brasil para participar de la campaña de Bolsonaro. Bolsonaro está siendo investigado por compartir una cuenta radicada en la Isla de Madeira con el abogado Willer Tomaz, acusado de mover 1000 millones de dólares en apuestas digitales en apenas un año. Tomaz se escudó en que sufre de ludopatía. Una ludopatía de 1000 millones. Raro.

Otro rasgo absurdo de este gigantesco enredo es que Moraes también es blanco de gravísimas acusaciones. Una de ellas es haber asesorado al financista Daniel Vorcaro sobre cómo fugarse del país. La abogada de Vorcaro es la mujer de Moraes. Lo más insólito es que también Bolsonaro habría comido de la mano del banquero, que le habría financiado el documental Dark Horse sobre la vida de su padre, Jair. Como diría La Cautiva, “todo tiene que ver con todo”.

Las dificultades personales de Moraes tienen mucho que ver con esta oscurísima saga. Él teme que le inicien un proceso de impeachment desde un Congreso dominado por la derecha. Se tiene ganado el odio de los bolsonaristas. En abril del año pasado, hizo firmar una notificación procesal a Jair Bolsonaro, para lo cual hizo ingresar a un oficial de Justicia a la sala de terapia intensiva en la que el expresidente estaba internado. El lunes cometió otro exceso: prohibió la salida de Flavio cuando apenas se habían cerrado las urnas. ¿Lo hubiera hecho si el imputado era presidente electo?

Este ensañamiento, la señora de Kirchner hablaría de lawfare, es uno de los factores que explican la conducta que adoptará Lula frente a Milei por el incidente Bolsonaro: el ofendido fue el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo. En Brasilia mantienen la expectativa, casi quimérica, de encarrilar la relación con la Argentina. Otro desafío para Quirno, encargado de asesorar al Presidente sobre la mejor estrategia diplomática. Habrá que ver si tiene la influencia suficiente o si esa materia también está en manos del “Mago” Caputo.

El conflicto bilateral ingresó a la agenda parlamentaria como no lo había hecho hasta ahora. En especial porque el PJ se ha vuelto, de golpe y por un rato, una filial del PT brasileño. Lula reforzó esa adscripción. Envió tuits agradeciendo a Cristina Kirchner, a Axel Kicillof, a Sergio Massa, a Alberto Fernández. Ni Eduardo Duhalde quedó fuera de la lista. “O Duhaldo”, como lo llama él. Esta identificación llegó al extremo de que un grupo de militantes peronistas inauguró un grupo de Whatsapp, similar al del oficialismo brasileño en la campaña del ballotage, bajo el título “Exercito do peronismo”. Por suerte aclaran, entre paréntesis, “Ejército del peronismo”. Una de dos: o toman el plagio, a la Borges, como un homenaje, o no se les cae una idea.

En esta atmósfera mercosuriana, desde distintos sectores de la oposición piden explicaciones al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Se exige, además, que se reconozca el triunfo de Lula. Como lo reconoció, por ejemplo, el Partido Liberal de Bolsonaro. Una discordancia que provocó una simpática escena, casi autocrítica, en “La Misa” de Daniel Parisini, Gordo Dan.

Las Cámaras se agitan por la política exterior cuando acaba de cerrarse un tramo importante del debate por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El oficialismo logró que se apruebe un dictamen después de introducir modificaciones importantes. Por ejemplo, se restringió el alcance del castigo a empresas que exploten recursos naturales argentinos usurpados por el Reino Unido en Malvinas. Quedaron excluidas las que colaboren con ese negocio de manera indirecta. Fue la respuesta a un pedido de los Estados Unidos. Contener la risa: una ley de defensa de la soberanía se modifica a pedido de una potencia extranjera. De Capusotto.

También debieron suprimirse prescripciones que, en nombre de la seguridad nacional, amenazaban la libertad de expresión o la investigación científica. Quedó casi sin modificaciones el núcleo “sagrado” de la “causa sagrada”: el Consejo de Seguridad Nacional que manejará, también desde fuera del Estado, el “Mago”. Logró evitarse otro ridículo: que en ese consejo no participara el Ministerio de Seguridad de Monteoliva, que reporta a Karina Milei. Se sumó. Pero Santiago Caputo pudo interponer una barrera ante la gran amenaza: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no formará parte del equipo. Para ironía de la historia, el dictamen fue aprobado este martes, es decir, el mismo día en que Milei llegaba a Catamarca para visitar a la minera Río Tinto, de capitales británicos.

La norma que discute el Congreso tiene todavía potencial de daño. Gran conquista de Santiago Caputo: el Consejo que él va a manejar tendrá la atribución de controlar las inversiones de un Estado extranjero o de instituciones o personas controladas por éste, en campos que van desde la Defensa y las telecomunicaciones hasta la minería y los hidrocarburos. Hay una palabra clave: “control”. Ese término, para la ley argentina, extiende su alcance hasta “especiales vínculos”. Por ejemplo, si una empresa automotriz recibe subsidios de un Estado extranjero, quedaría sujeta a la autorización del nuevo Consejo.

Más allá del impacto que tenga sobre las inversiones, sobre todo las de China, el articulo instala un interrogante delicado sobre el nivel de reservas del Banco Central. Pregunta para Luis “Toto” Caputo y Santiago Bausili: ¿qué sucedería si China reacciona cancelando el swap de monedas que fortalece esas reservas? “Misterio”, respondería el “Mago”.