El comienzo de la nueva ronda de declaraciones indagatorias en la causa que investiga una supuesta asociación ilícita con presuntos retornos y sobreprecios en las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) deberá esperar. El juez Ariel Lijo pospuso para la próxima semana la citación a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vice de la droguería Suizo Argentina, acusada de “cooptar” al organismo gubernamental.

Estaba previsto que ambos asistieran este jueves a los tribunales de Comodoro Py. Primera estaba programada la declaración de Jonathan Kovalivker y una hora después la de Emmanuel. Pero un día antes, el juzgado las pospuso, según pudo saber a través de fuentes judiciales.

El fiscal de la causa, Franco Picardi, había solicitado la indagatoria de los directivos de la Suizo Argentina la semana pasada. En un dictamen de más de 300 páginas sostuvo que la compañía presuntamente lideró un esquema de cartelización con precios artificialmente elevados entre distintos oferentes que redundaban en compras de elevado costo.

Luego de conocerse la decisión del fiscal, fuentes de la empresa salieron al cruce y tildaron su hipótesis de “novela”. Rechazaron la acusación y explicaron que solicitaron posponer las indagatorias de este jueves porque precisaban “unos días más para demostrar con precisión lo antojadizo de la construcción de la trama”.

Los nombres de los Kovalivker no son nuevos en el caso Andis. El año pasado fueron eje de allanamientos. En esos operativos, a Emmanuel lo encontraron cuando intentaba irse en su auto con una decena de sobres en los que estaban repartidos 266.000 dólares y papeles con anotaciones, según reconstruyó la fiscalía.

En la misma línea, la declaración de otro directivo de Suizo Argentina, Diego Viner, también fue pospuesta. Tal como indicaron fuentes de la compañía, todas se corrieron para el jueves de la semana que viene.

Pese a esos movimientos, el calendario con las otras citaciones, hasta el momento, no se movieron, según pudo saber a través de las mismas fuentes vinculadas a Suizo. De esta manera, el miércoles próximo sería el turno de Sebastián Nuner Uner, Gonzalo Zarbo y Fernando Domínguez. Para los fiscales, ellos tres trabajaron para la compañía. El primero de ellos con un puesto directivo, y los otros dos en la unidad de Tratamientos Especiales.

Precisamente a uno de ellos, Gonzalo Zarbo, es a quien la Justicia le atribuyó el mensaje “ganemos plata”. Esto forma parte, supuestamente, de un chat en el que se preparaba el precio para una licitación.

“Chicos, entraron eurit a 92 mil de costo. Necesito que roten”, envió al grupo “Comercial Coordinadores” de la compañía Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales. Eurit es el nombre comercial de la droga cladribina, que produce el Laboratorio Richmond, se aclaró en el pedido de indagatoria.

Seis minutos después del mensaje atribuido a Zarbo, respondió un usuario al que la Justicia identificó como Tomás Medina, responsable Comercial de Licitaciones de Tratamientos Especiales de la Suizo, quien contestó: “Precio de venta? O nos manejamos como nosotros querramos” (sic). La respuesta la obtuvo tan sólo un minuto más tarde: “Lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”, escribió Zarbo, según la prueba recolectada por la Justicia.

Estos mensajes del 4 de julio de 2024 se complementan con la documentación sobre ventas. La lupa se posa sobre las compulsas del 29 de julio y 2 de agosto siguientes, por un total de 66 unidades de cladribina. De ellas, 52 fueron adjudicadas a la Suizo por un valor unitario de $3.900.000 millones y las restantes, a $4.000.000 cada una. Esa misma droga, en mayo, había sido adjudicada a $281.000 la unidad. Incluso, en agosto, 25 días después de la segunda adjudicación cuestionada, la Suizo la había cotizado a $405.014 la unidad.

Este último precio que ofertó la empresa de la familia Kovalivker representa el 9,89% del valor de la adjudicación que obtuvo ese mismo mes. “El precio unitario cayó en un mes a la décima parte, sin que se verifique circunstancia legítima alguna que justifique la diferencia de valores. Solo consta: ‘El precio lo pones vos loco, ganemos plata”, consideró la fiscalía.

Pero el precio no fue lo único que llamó la atención a los investigadores, sino también la actitud de las supuestas competidoras de esta empresa. En la primera compulsa, la de julio, la Suizo presentó su oferta al igual que Droguería del Sud y Soldist. La Suizo había cotizado a $3,9 millones, Droguería del Sud también y Soldist, a $4,1 millones.

Según recabó la Justicia, “en la compulsa inmediatamente anterior” Soldist había cotizado el medicamento a $820 mil, una cifra muchísimo menor. ¿Por qué semejante diferencia? “¿Tal vez para dotar a la cotización de la Suizo Argentina S.A. de un manto de falsa transparencia y competencia y que le sea adjudicada como requería la firma aparentando ser la oferta más conveniente?“, advierte la fiscalía.

Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) contabilizó que la Suizo llegó a facturar $124.652.174.118,59 a Andis desde mayo de 2024 a agosto de 2025. La fiscalía agregó que “entre los años 2023 y 2024, se registró un incremento de facturación que, restada la inflación, representó un 205,7%”.

“Las pruebas incorporadas de manera dudosa en el expediente, no son más que una novela o relato”, consideraron fuentes del entorno de la empresa, que negaron cualquier tipo de cartelización y sobreprecios.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) descartó una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de la expresidenta, Cristina Kirchner, y sostuvo que la decisión sobre el caso “no es inminente”.

Esta respuesta por parte del organismo tuvo lugar luego de una consulta expedida por el equipo de abogados que representa a la exmandataria.

“Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años”, se pudo leer en el documento que compartió el organismo, según consignó la agencia de noticias EFE.

Los abogados de Cristina Kirchner presentaron el martes 29 de septiembre una presentación formal ante la ONU para que se revise la condena de seis años de prisión contra la exmandataria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en medio del operativo clamor de parte del peronismo para que la exjefa de Estado sea candidata el año próximo.

En aquella oportunidad, los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego introdujeron una adenda del caso ante el Comité de Derechos Humanos para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación para ejercer cargos.

En dicha adenda denunciaron actos de “intimidación”, en particular por la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de Cristina Kirchner, en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del comité, según indicaron a desde el entorno de la expresidenta.

Si bien la reciente comunicación del organismo mitiga las expectativas de la líder kirchnerista, el mismo no implica un rechazo del planteo realizado por sus abogados. El Comité de DD.HH. de la ONU deberá dirimir si acata a trámite la presentación de la expresidenta, cuya intención es objetar internacionalmente su sentencia por la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema en junio del año pasado.

Qué dice la presentación de Cristina

La adenda introducida a finales de septiembre, y a la que tuvo acceso , busca “poner en conocimiento del Comité de DD.HH. de la ONU tres hechos sobrevenidos de especial relevancia”.

En primer lugar, denunció una “serie de actos de intimidación contra la exmandataria posteriores a que se hiciera pública su presentación ante el Comité. Entre ellos se mencionan declaraciones de jueces que intervinieron en la causa Vialidad, el avance sobre sus bienes —incluido el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria— y publicaciones del presidente Javier Milei contra la expresidenta”.

Según el apéndice presentado por Beraldi, Valim y Borrego “estas actuaciones son incompatibles con la obligación asumida por la Argentina, al ratificar el Protocolo Facultativo, de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de presentar comunicaciones individuales ante el Comité”.

En segundo lugar, se presentó un nuevo elemento probatorio que se considera “decisivo” para la causa Vialidad. “La condena sostuvo que el Decreto 54/2009 había permitido utilizar recursos del fideicomiso vial SISVIAL (Fuente 14) para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. La defensa había solicitado durante el proceso prueba sobre el destino efectivo de esos recursos, pero su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales” indicaron los letrados.

En tercer lugar, la adenda denunció más actos de “intimidación” después de “conocerse estos nuevos elementos”. En particular, cuestionó la difusión pública de un video de 2018 correspondiente al allanamiento de su departamento de Recoleta, en el que “aparecen espacios privados, su dormitorio y efectos personales”.

Finalmente, la presentación consideró que esa difusión “constituye una grave vulneración del derecho a la vida privada protegido por el artículo 17 del Pacto y recuerda que precisamente frente a ese domicilio [Cristina] Kirchner sufrió el intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022”.