La Casa Rosada difundió esta mañana los supuestos resultados de un peritaje de la Gendarmería que, según dijo, concluyó que los audios en los que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo afirma que en su área se montó un esquema de sobreprecios que involucra a Karina Milei “no son auténticos” y que “fueron alterados”. Sin embargo, en los tribunales negaron esta información.

Fuentes relacionadas con la causa dijeron a que la “Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) afirmó que esas conclusiones son falsas” y que no hay conclusiones firmadas. El peritaje todavía está en marcha, advirtieron.

La causa en la que está procesado Diego Spaganuolo la llevan el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, que avanzó sobre el exfuncionario, empleados de la Andis y ahora sigue con los dueños de las droguerías que vendían esos medicamentos.

El informe difundido por el Gobierno sostiene que “el peritaje técnico determinó que los audios de Spagnuolo no son auténticos” y que concluyó que “no es posible determinar la autenticidad ni atribuir las voces a las personas imputadas”.

Sin embargo, en los tribunales insistieron en que “no hay un documento final todavía”.

La información que difundió la Casa Rosada menciona que la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional -fuerza de seguridad que depende del Gobierno– señaló “limitaciones metodológicas, la rotura de la cadena de custodia previa, presencia de discontinuidades en el material y la imposibilidad de descartar manipulación o clonación mediante inteligencia artificial”.

Además, sostiene que “en los archivos considerados preliminarmente aptos, se detectaron características acústicas de regrabación (transferencia acústica) y se evidenciaron discontinuidades abruptas e inconsistencias acústicas que resultan incompatibles con un registro sonoro continuo, sugiriendo posibles intervenciones, cortes o procesos de edición posterior”.

El caso de los sobreprecios en la Andis comenzó por la difusión de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo, en las cuales se describe un presunto esquema de cobro de sobornos a prestadores y droguerías en la compra de medicamentos. Allí, la voz adjudicada al entonces jefe de la Andis menciona que Karina Milei cobraría un 3% de las compras.

La defensa de Spagnuolo había argumentado que los audios, originalmente difundidos por el streaming Carnaval, fueron manipulados o generados mediante inteligencia artificial y, por lo tanto, la Justicia ordenó los peritajes técnicos para determinar la autenticidad de las grabaciones y profundizar las líneas de investigación.

La defensa confía en que el peritaje la ayude a pedir la nulidad de toda la causa, donde el procesamiento de Spagnuolo por estas maniobras está firme.

El avance de la investigación permitió acceder a los chats de los teléfonos celulares de los imputados, donde quedaron en evidencia las maniobras de sobreprecios y cartelización que determinaron los procesamientos. Ahora, la defensa pretende anularlo todo, pues argumenta que se llegó a ella sobre la base de unos audios que estaban manipulados.

El fiscal Picardi, para neutralizar esa estrategia, omitió usar los audios como prueba en su causa.

Con la apertura del recinto tras cinco semanas de inactividad y con el apoyo de los bloques aliados, el oficialismo logró alcanzar el quórum y arrancó la sesión en el Senado, cuyo temario contempla el tratamiento de un nuevo régimen de fomento a las inversiones (RIIR), la creación de un mercado de bonos por emisión de carbono y, lo que podría ser el plato fuerte de la jornada, la modificación de la ley de salud mental.

La reunión comenzará con la jura de la libertaria Claudia Cecilia López como reemplazante del fallecido senador oficialista Juan Carlos Pagotto en la banca por la minoría de la provincia de La Rioja.

Precisamente, la figura de Pagotto será una de las protagonistas del tramo de la sesión dedicada a los homenajes. La lista contempla, además, tributos a la memoria de Norberto Di Próspero, exsecretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), que falleció hace dos semanas, y al expresidente Néstor Kirchner, en ocasión de cumplirse un nuevo aniversario de su muerte.

El orden de la sesión contempla la discusión del Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), iniciativa enfocada en fomentar proyectos que oscilen entre los 200 y 1000 millones de dólares.

El segundo tema será la reglamentación del mercado de carbono, iniciativa con dictamen desde hace tres semanas que instaura un sistema para comerciar, canjear o vender permisos de emisión de gases de efecto invernadero.

Recién en tercer término aparece la modificación de la Ley de Salud Mental, proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que atravesó profundos cambios en comisiones tras las intensas críticas vertidas hacia la postura del Gobierno.

La propuesta suscita una marcada controversia en el recinto: mientras el kirchnerismo la rechaza categóricamente, un sector del peronismo disidente promueve un dictamen de minoría con cambios puntuales, pero también manifestando su oposición de fondo a la iniciativa.

Ante este complejo escenario, el oficialismo debió ceder varias modificaciones sobre el dictamen para poder conseguir los votos que le permitan aprobar el texto y girarlo en revisión a la Cámara de Diputados.

Esas modificaciones deberán realizarse en el recinto, lo que anticipa un debate en particular desordenado y lento, que se sumará a una discusión en general que se anticipa extensa por las diferentes visiones que genera el tema.

El dictamen de salud mental modifica el planteo original del Ejecutivo al retroceder en su intención reformista y restituir diversas garantías contempladas en la Ley 26.657, sancionada durante el kirchnerismo.

A diferencia del texto inicial -que exigía la obligatoriedad estricta de una firma psiquiátrica para disponer una internación-, la nueva redacción permite que la evaluación sea efectuada por un médico (preferentemente psiquiatra o formado en salud mental) junto a un segundo firmante que deberá ser psicólogo. Esta última cuestión será incorporada en el recinto y responde a la presión de las facultades de psicología.

Asimismo, la norma avala la teleconsulta sincrónica para intervenciones psiquiátricas, reconoce la firma del psicólogo para evaluar y otorgar el alta, y ratifica la prohibición de crear manicomios o ejecutar prácticas de esa índole.

Respecto a los aspectos económicos, el proyecto restablece los fondos nacionales destinados a las provincias.

Frente a las dudas planteadas por senadores del interior sobre el cumplimiento de estos desembolsos por parte del Ejecutivo, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, confirmó que se utilizará una redacción que hará de carácter taxativa la obligación de financiamiento nacional. En esa misma línea, se habilitará a las provincias a suscribir convenios con la Nación para fijar los aportes del Tesoro por uno o más períodos fiscales.