POLITICA
Robos y pedradas: presentaron un proyecto para reforzar la seguridad en rutas y autopistas bonaerenses
Pedradas contra vehículos en movimiento, robos en zonas de obra con vallas removidas, ataques desde puentes: las rutas y autopistas de la provincia de Buenos Aires acumulan antecedentes de hechos que pusieron en riesgo la vida de conductores y pasajeros. Frente a esa situación, un proyecto legislativo presentado por el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Cámara baja bonaerense propone modificar la Ley Orgánica de la Dirección de Vialidad para incorporar obligaciones concretas de seguridad en los tramos más comprometidos de la red vial provincial.
La iniciativa, impulsada por los diputados Valentín Miranda, Priscila Minnaard y Alejandra Lorden, parte de un diagnóstico que los propios legisladores identificaron en su fundamentación: la legislación vigente carece de mecanismos que obliguen al Estado y a las empresas concesionarias a prevenir delitos y proteger a los usuarios en tramos con historial de incidentes. El proyecto apunta a cubrir ese vacío con herramientas de planificación, infraestructura y control.
El eje central de la propuesta es la creación de un “Mapa de Tramos Críticos”, elaborado en forma conjunta entre la Dirección de Vialidad, el Ministerio de Seguridad y las concesionarias que operen en la red provincial. Este instrumento identificaría los sectores con antecedentes comprobados de robos, agresiones o accesos irregulares, y debería actualizarse con periodicidad. Sus datos, además, tendrían carácter público.
La determinación de un tramo como crítico traería consecuencias directas en términos de obra y equipamiento. El proyecto establece que esas zonas deberán contar con infraestructura de protección obligatoria: mallas anti-arrojo en puentes y pasarelas, cercos perimetrales, iluminación adecuada y cámaras de monitoreo conectadas a los centros de control y a las fuerzas de seguridad. Ninguna de esas instalaciones podría omitirse bajo el argumento de que hay trabajos en curso: la iniciativa prohíbe expresamente dejar sectores desprotegidos durante la ejecución de obras.
Esa última disposición responde a una situación documentada. El proyecto toma como antecedente lo ocurrido en la Autopista Buenos Aires-La Plata, donde la construcción del cuarto carril a la altura del barrio El Monte, en Quilmes, implicó la remoción de vallas perimetrales que dejaron expuestos tramos de la vía a accesos no autorizados. En ese contexto, también se registraron ataques con proyectiles desde puentes, con consecuencias para quienes circulaban por la autopista.
Para que las obligaciones establecidas tengan efecto real, la iniciativa contempla sanciones económicas a las empresas o ejecutores de obras que incumplan las disposiciones de seguridad. El financiamiento de los nuevos elementos en tramos críticos quedaría a cargo del Estado provincial, con recursos provenientes de Rentas Generales. El proyecto es explícito en un punto: ninguno de esos costos podrá trasladarse a las tarifas de peaje ni recaer sobre los usuarios de la red.
Otro componente del texto legislativo aborda una inconsistencia que arrastra la normativa desde hace casi cinco décadas. La multa fijada por el artículo 29° de la Ley Orgánica de Vialidad fue establecida en 1977 en quinientos mil pesos. Tras tres cambios de moneda en el país, ese monto equivale hoy a menos de un centavo, lo que la convierte en una sanción sin efecto práctico. Para corregir esa distorsión, el proyecto propone expresar el valor de la multa en unidades fijas, con el mismo parámetro que la Provincia utiliza para las infracciones de tránsito, de modo que su actualización sea automática y no quede sujeta a sucesivas modificaciones legislativas.
“Buscamos que una mejora necesaria en la infraestructura vial no se convierta en una oportunidad para el delito. Es indispensable que el Estado prevenga estos riesgos en lugar de actuar cuando las consecuencias ya son irreparables”, sostuvieron Miranda, Minnaard y Lorden en la fundamentación del proyecto. La iniciativa aguarda su tratamiento en comisión en la Cámara de Diputados bonaerense.
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POLITICA
La Corte se declaró competente para analizar la demanda bonaerense por subsidios al transporte
La Corte Suprema de la Nación admitió la demanda de la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País y le otorgó a la administración nacional 60 días para responder. El planteo busca que se declare inconstitucional la supresión de un mecanismo creado por ley para financiar el transporte urbano y suburbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Esta causa se convirtió en el antecedente inmediato de otros reclamos provinciales por el financiamiento del transporte, donde este jueves la Corte Suprema también se declaró competente. Se trata de planteos similares interpuestos por las provincias de La Rioja y La Pampa. Los fallos llevan las firmas de los tres jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La provincia de Buenos Aires sostuvo que no recibió transferencias durante 2024 y reclamó los recursos correspondientes a 2023 y al primer trimestre de ese año, junto con los intereses. A partir de la medida cautelar planteada, la Corte analizará si corresponde ordenar el pago inmediato de esas sumas una vez que la Nación conteste la demanda o venza el plazo fijado.
El conflicto se originó el 8 de febrero de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei comunicó que dejaría sin efecto los aportes. Días después, el artículo 18 del decreto de necesidad y urgencia 280/2024 formalizó la medida.
Frente a este hecho, la Provincia de Buenos Aires inició una acción contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo. También pidió que el Gobierno se abstenga de dictar normas o adoptar medidas que contradigan esa ley.
El fondo eliminado y el reclamo por las tarifas
El Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, conocido como FCI, fue creado por el artículo 125 de la ley 27.467 para sostener subsidios al transporte de pasajeros en las ciudades del interior.
Buenos Aires argumentó que el mecanismo seguía vigente cuando fue eliminado. La ley 27.701 lo había prorrogado durante 2023 y el decreto 88/23 extendió su vigencia para 2024.
La continuidad también estaba contemplada en la resolución 86/23 del Ministerio de Transporte, que fijó la distribución de recursos para los primeros cuatro meses de 2023. La provincia señaló, además, que había suscripto convenios con la Nación que confirmaban la persistencia del beneficio.
La demanda fue presentada por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Rodolfo Gómez, y Jorge Mario Bru. Los representantes provinciales cuestionaron que el Poder Ejecutivo Nacional derogara el fondo a través de un decreto de necesidad y urgencia.
La provincia denunció una afectación del principio de legalidad, de la división de poderes y de la lealtad federal, entendida como el deber de cooperación y coordinación entre la Nación y las provincias. La quita del FCI impactó sobre los usuarios del transporte urbano y suburbano de los municipios que recibían compensaciones. Según el planteo bonaerense, la supresión derivó en aumentos de tarifas.
La procuradora fiscal había emitido el 14 de mayo de 2024 un dictamen favorable para que la Corte interviniera. El tribunal adoptó ese criterio y ordenó notificar el traslado de la demanda al Ministerio de Economía de la Nación.
La Rioja y La Pampa, bajo el mismo criterio procesal
La Rioja también obtuvo el reconocimiento de la competencia originaria de la Corte en su demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional y la Secretaría de Transporte. Sin embargo, deberá presentar un nuevo escrito inicial en 10 días para que el conflicto continúe por la vía de un juicio ordinario.
La provincia había promovido una medida autosatisfactiva, un mecanismo de urgencia que procura resolver un conflicto de manera inmediata y sin un juicio posterior. El tribunal consideró que el caso requiere más etapas de discusión entre las partes.
La resolución adoptó tres decisiones: asumió la competencia originaria, fijó el plazo para reformular la presentación y ordenó notificar a la Procuración del Tesoro de la Nación.
La Corte no desarrolló fundamentos propios para el caso riojano y remitió a lo resuelto en el expediente de Buenos Aires. Consideró que ambas controversias eran “sustancialmente análogas”, una fórmula que permite aplicar un criterio jurídico definido recientemente sin reiterar toda la argumentación.
La provincia de La Rioja está representada por el fiscal de Estado Segundo Rodríguez, con el patrocinio de las abogadas Vilma Ghiano y Leticia Juárez Manfredini. El Estado Nacional tampoco se había presentado en ese expediente al momento de la decisión.
La demanda de La Pampa seguirá el mismo recorrido procesal que la causa bonaerense. El tribunal asumió la competencia originaria y dispuso que el expediente tramite como juicio ordinario, con plazos y posibilidades de prueba más amplios que los de un amparo.
La provincia está representada por el gobernador Sergio Ziliotto, la fiscal de Estado Romina Schmidt y el procurador de Rentas Araldo Arriola. El patrocinio letrado quedó a cargo de Raúl Reyes, Carlos Caasetta, Gerardo Amadeo y Esteban Conte Grand.
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El municipio pampeano de Santa Isabel, a 300 kilómetros de Santa Rosa, fue objeto de una millonaria estafa virtual que vació las arcas del municipio e impidió que pudieran pagarse los salarios, según admitió la propia intendenta, María Elizabet Cabral.
El hecho fue descubierto el lunes último, cuando el personal de Tesorería municipal ingresó al sistema de banca electrónica Pampa Digital, del Banco de La Pampa, y descubrió que se habían hecho dos transferencias bancarias no autorizadas desde una cuenta destinada específicamente al pago de salarios de los empleados municipales.
La intendenta Cabral y la tesorera se dirigieron entonces a la sucursal local del Banco de La Pampa, donde constataron que efectivamente se habían hecho dos transferencias hacia cuentas de terceros, por lo que se procedió al bloqueo de esas cuentas y se presentó la denuncia correspondiente, consignó el diario local La Arena.
Ante la imposibilidad de hacer frente al pago del personal municipal, el gobierno provincial salió al auxilio del municipio, por lo que los empleados no percibirán el cobro de sus haberes el viernes 30 de octubre, como estaba previsto, sino la semana próxima.
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Milei viajará a España y coincidirá en una cumbre con el canciller de Brasil en plena tensión por Bolsonaro: Lula no asistirá
Javier Milei viajará la semana próxima a España para participar de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, donde coincidirá con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, en medio de las tensiones diplomáticas por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos a través de la Argentina. Luiz Inácio Lula da Silva no asistirá al encuentro, según confirmó la Presidencia brasileña ante una consulta de TN.
En la Casa Rosada ratifican que Milei viajará a la capital española para participar de las actividades previstas para el 4 y 5 de noviembre, aunque todavía no está cerrada la agenda presidencial. Tampoco se definió públicamente el horario de salida ni la composición definitiva de la comitiva. El Gobierno trabaja en los preparativos de la gira después de que el mandatario evaluara durante las últimas semanas su participación.
La ausencia de Lula quedó confirmada por la Presidencia brasileña, que informó que no está prevista su participación en esa agenda. La decisión descarta el eventual encuentro entre ambos mandatarios que se había planteado después de la reelección del presidente brasileño. Brasil estará representado por su canciller, Mauro Vieira.
La coincidencia se producirá pocos días después de que Quirno y Vieira participen de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Atlanta, Estados Unidos, convocada para este viernes 30 y sábado 31 de octubre. El encuentro será encabezado por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en un contexto de creciente controversia por el traslado del excandidato presidencial brasileño a Miami.
La relación entre Milei y Lula atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión después de las elecciones del domingo, en las que el mandatario brasileño consiguió la reelección frente a Bolsonaro. El Presidente argentino respaldó públicamente al candidato opositor durante la campaña y evitó felicitar a Lula por su victoria. El Gobierno se limitó a informar que había tomado nota del resultado electoral.
El conflicto se profundizó después de que Bolsonaro ingresara a la Argentina por Puerto Iguazú el martes 27 de octubre y abordara un avión privado hacia Estados Unidos, pese a una prohibición judicial de abandonar Brasil. La Casa Rosada sostiene que el dirigente presentó documentación válida y que no existían impedimentos registrados para su tránsito, mientras distintas investigaciones buscan determinar si hubo una colaboración irregular de organismos nacionales.
En el Gobierno argentino aseguran que ya remitieron a la Justicia las actuaciones solicitadas sobre el ingreso y la salida del senador brasileño. La documentación incluye registros de Migraciones y antecedentes vinculados con la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El Ejecutivo sostiene que se respetaron los procedimientos legales y que no existía una alerta internacional que obligara a impedir el ingreso del dirigente.
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