POLITICA
El Senado aprobó la reforma de Salud Mental: las concesiones de Patricia Bullrich para conseguir el apoyo de los aliados
La reforma de la Ley de Salud Mental obtuvo media sanción en el Senado durante la madrugada de este viernes, con 42 votos a favor y 21 en contra. Sin embargo, para alcanzar ese resultado, Patricia Bullrich tuvo que negociar con los bloques aliados y aceptar cambios en el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.
El financiamiento de los servicios provinciales y la participación de los psicólogos en las decisiones sobre internaciones fueron los principales ejes de una discusión que se extendió hasta la madrugada.
La iniciativa había llegado a la sesión con diferencias que el oficialismo todavía no había conseguido resolver. Aunque La Libertad Avanza contaba con el acompañamiento del PRO, la UCR y otros sectores dialoguistas, varios senadores condicionaban su respaldo a la incorporación de garantías presupuestarias y modificaciones en la integración de los equipos profesionales.
El proyecto ya había sufrido cambios durante su tratamiento en comisiones, pero Bullrich debió aceptar nuevas modificaciones para asegurar su aprobación y posterior giro a la Cámara de Diputados.
La negociación expuso una dificultad para el Gobierno: conseguir respaldo para modificar las reglas de atención sin que las provincias deban asumir mayores responsabilidades con recursos propios.
Los fondos para las provincias, la principal concesión de Bullrich
El financiamiento fue uno de los puntos que más complicó las negociaciones. Los senadores de las provincias reclamaban que la reforma estableciera obligaciones concretas para el Estado nacional, ante el riesgo de que los nuevos dispositivos de atención y las mayores exigencias profesionales quedaran bajo responsabilidad de los gobiernos locales.
Bullrich aceptó reforzar la obligación de cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La nueva redacción contempla la posibilidad de establecer convenios bilaterales para determinar los aportes destinados a implementar los cambios.
Los recursos deberán coordinarse en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) y estarán orientados al fortalecimiento del personal, los dispositivos comunitarios y el desarrollo de la telemedicina, entre otras necesidades.
La discusión tenía antecedentes en las comisiones. Varios legisladores habían firmado el dictamen de mayoría con disidencias porque consideraban insuficientes las garantías de financiamiento.
Por su parte, el bloque Convicción Federal presentó un dictamen de minoría. La senadora jujeña Carolina Moisés cuestionó la posibilidad de ampliar las internaciones sin asegurar previamente la infraestructura y los profesionales necesarios.
“Son necesarios los recursos para las provincias y que haya recursos para los centros comunitarios. Manteniendo en su propuesta, como en la de los libertarios, la internación involuntaria”, sostuvo en declaraciones a TN.
La legisladora también planteó uno de los interrogantes centrales de la reforma: cómo garantizar la atención de los pacientes si los establecimientos y los equipos profesionales continúan funcionando con limitaciones presupuestarias.
“Coincidimos en la necesidad de la internación obligatoria, sin embargo, si no están los espacios físicos ¿dónde van a internar a los enfermos? ¿Si no se establece el financiamiento adecuado, quienes van a atender a los pacientes en casos tan vulnerables?”, cuestionó.
Para despejar esas objeciones, el oficialismo aceptó una redacción más precisa sobre las obligaciones nacionales y la posibilidad de acordar aportes con las distintas jurisdicciones.
De todos modos, la implementación efectiva de esos compromisos dependerá de los convenios y los recursos presupuestarios disponibles, un aspecto que seguirá bajo discusión cuando el proyecto llegue a Diputados.
El reclamo de los psicólogos y los cambios que el oficialismo aceptó en el recinto
La otra concesión importante estuvo vinculada con la composición de los equipos profesionales encargados de evaluar las internaciones y las altas médicas.
El proyecto original del Poder Ejecutivo otorgaba un papel central a los psiquiatras. Esa propuesta generó cuestionamientos de las facultades de Psicología y de representantes provinciales, que reclamaban preservar la intervención de los equipos interdisciplinarios.
La presión obligó al oficialismo a modificar los requisitos para autorizar internaciones. El texto consensuado establece que la evaluación deberá contar con un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y un segundo profesional que deberá ser psicólogo.
Además, se reconoció la participación de estos profesionales en las evaluaciones y las decisiones sobre el alta de los pacientes.
El cambio fue uno de los puntos discutidos entre la Nación y las provincias en el COFESA, donde distintos representantes reclamaban una mayor equiparación entre ambas profesiones.
Durante el cierre del debate, Bullrich se refirió a esa discusión y rechazó la confrontación entre psicólogos y psiquiatras.
“Son dos miradas o formas de encarar el problema, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, sostuvo la jefa del bloque libertario.
La reforma también amplía los criterios para disponer internaciones involuntarias ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de una persona o de terceros.
En los casos excepcionales en los que un solo médico indique una internación por riesgo grave, el plazo para revalidar la decisión mediante una evaluación interdisciplinaria pasa de 24 a 48 horas.
Además, se habilitan las teleconsultas en lugares donde no haya especialistas disponibles y se introducen cambios en el abordaje de los consumos problemáticos, con la inclusión de otras adicciones, como la ludopatía.
Pese a las modificaciones, el texto mantiene dos principios de la legislación vigente: la prohibición de crear manicomios y el carácter excepcional de las internaciones.
El senador libertario Pablo Cervi defendió la iniciativa y sostuvo que permitirá actuar con mayor rapidez frente a situaciones críticas.
“Esta reforma busca saldar una deuda histórica con las personas que atraviesan problemas de salud mental y sus familias, permitiendo intervenir a tiempo y, cuando sea necesario, facilitar internaciones que eviten situaciones de riesgo para los propios pacientes y para terceros”, afirmó.
La votación dejó un resultado favorable para el Gobierno, aunque también mostró el peso de los bloques dialoguistas en la definición del texto.
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La Justicia ordenó devolverle $9.377 millones a Enrique Piñeyro por el impuesto a la riqueza que le cobró Alberto Fernández: los donará al Garrahan
La sentencia definitiva sobre el aporte solidario, creado durante el gobierno de Alberto Fernández y conocido como impuesto a la riqueza, abrió el camino para que una suma de $9.377 millones vuelva a manos de quien la había abonado.
La resolución judicial ordenó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que sucedió a la AFIP, reintegrar el dinero luego de una apelación; el beneficiario calculó que representa “el 99% del pago” que realizó, aunque advirtió que la devaluación redujo su valor en términos reales.
A partir de esa devolución, Enrique Piñeyro, piloto de avión, actor y empresario, decidió que los fondos tendrán como destino la Fundación Garrahan.
Su plan no consiste en retener el reintegro, sino en transferirlo a la entidad vinculada al Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, una vez que el dinero ingrese en la cuenta que debe utilizar para completar el circuito formal. “El dinero tiene que pasar por una cuenta mía e ir al Garrahan”, explicó en Infobae Al Amanecer.
La devolución judicial tendrá como destino la Fundación Garrahan
La decisión de donar no quedó en una promesa posterior al fallo. Piñeyro afirmó que dejó documentada la operación ante escribano público y que la fundación ya aceptó el instrumento, por lo que considera que existe un compromiso establecido entre las partes.
“Yo ya hice la escritura de donación para el Garrahan”, sostuvo el piloto, quien remarcó que el paso por su cuenta personal responde a los requisitos administrativos para recibir y enviar los recursos.
La causa se originó en una discusión sobre el alcance temporal del aporte solidario. Piñeyro presentó una acción declarativa de certeza para que la Justicia definiera la validez de una porción del tributo que, según su planteo, alcanzaba situaciones anteriores a la sanción de la ley.
Dijo que pagó el impuesto, incluidos los punitorios derivados de la demora, y que el desembolso previo modificó luego el objeto del expediente, que pasó a incorporar el pedido de devolución. Al cuestionar la norma, afirmó: “No puede ser que estén pegando manotazo de ahogado”.
El piloto insistió en que su reclamo no tuvo como finalidad evitar el pago ni conservar los fondos para sí. Por el contrario, sostuvo que el caso buscó poner en discusión criterios de la política tributaria y que el reintegro puede volcarse a una institución de salud pública.
“Yo creo que hay que pagar impuestos”, planteó, y agregó que las personas con patrimonios más altos deberían realizar una contribución mayor.
Falta de continuidad en la política tributaria
En ese marco, vinculó el debate con las devaluaciones, la inflación y las sucesivas regularizaciones de activos. Mencionó los blanqueos dispuestos durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, y los describió como parte de un problema que excede a una administración en particular.
Para Piñeyro, esas herramientas desalientan a quienes cumplen sus obligaciones porque instalan la expectativa de una futura regularización, mientras algunos trabajadores de ingresos bajos —como docentes, según señaló— pueden quedar alcanzados por Ganancias.
Su mirada sobre los impuestos se conecta con una definición más amplia sobre las responsabilidades estatales. Piñeyro sostuvo que el Estado debería funcionar como un “ecualizador” social, con capacidad para garantizar vivienda, educación, salud y nutrición. “Toda persona, por el solo hecho de nacer, tiene derecho” a esos servicios, afirmó al referirse a la necesidad de una base de protección para cada niño.
Desde esa perspectiva, mencionó los subsidios a los servicios públicos que reciben sectores de altos ingresos y citó casos de San Isidro como ejemplo de una asignación que, a su entender, debería revisarse.
También habló de hospitales públicos con necesidades de inversión y mantenimiento, y ubicó al Garrahan entre las instituciones que requieren más recursos. “El Estado tiene que ser un ecualizador”, insistió, al sostener que la devolución del aporte puede dirigirse a áreas como la salud y la universidad pública, que considera desfinanciadas.
El debate sobre patrimonio, poder político y empresas tecnológicas
Piñeyro propuso además discutir límites a la acumulación de riqueza, una posición que, según explicó, va más allá de elevar la carga tributaria sobre los grandes patrimonios. Relacionó la concentración económica con recursos que podrían faltar en otros sectores y con la posibilidad de adquirir bienes cada vez más costosos sin que ello resuelva vínculos familiares o problemas de salud. “No puede ser que uno pueda acumular indefinidamente”, expresó.
La preocupación se extiende, según dijo, al peso político de los empresarios con capacidad para financiar campañas o incidir en decisiones públicas.
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Destituyeron al juez federal Gastón Salmain por ocultar en su CV que había sido echado del Poder Judicial
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó a Gastón Alberto Salmain, quien estaba al frente del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, por mal desempeño. Si bien la acusación por supuesta venta de fallos a cambio de coimas fue desestimada, el cargo por haber mentido en el currículum que presentó durante el concurso para convertirse en juez resultó determinante.
Uno de los puntos centrales de la acusación estaba vinculado a la causa del fideicomiso Attila, relacionada con el financista Fernando Whpei. Según la investigación, Salmain habría pactado el cobro de una coima de 200.000 dólares a cambio de dictar una medida cautelar que permitió a la firma acceder a 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial y transferirlos al exterior, en un contexto de restricciones cambiarias.
Por estos hechos, el magistrado fue procesado en el fuero penal por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La resolución fue confirmada tanto por la Cámara Federal de Rosario como por la Cámara Federal de Casación Penal.
En ese expediente, la Justicia ordenó su prisión preventiva bajo arresto domiciliario. Sin embargo, la medida no se había hecho efectiva debido a los fueros que protegían a Salmain por su cargo de juez.
Con la destitución, el exmagistrado pierde esa inmunidad y queda habilitada la posibilidad de que la Justicia penal avance con el arresto domiciliario, aunque la decisión final sobre su detención deberá adoptarse en el marco de la causa penal.
El antecedente oculto y la defensa de Salmain en el juicio político
El jury finalmente destituyó a Salmain por el segundo cargo: el ahora exmagistrado omitió informar que en 2002 había sido echado del Poder Judicial cuando se presentó al concurso para acceder a la magistratura en 2023.
En 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dispuesto su cesantía como empleado judicial, tras una investigación por intento de soborno para alterar el sistema informático de sorteos de expedientes.
Durante el juicio político, la defensa del juez rechazó las acusaciones y cuestionó la existencia de pruebas directas que lo vincularan con el presunto pago de la coima. Además, argumentó que no estaba obligado a declarar una sanción ocurrida más de veinte años atrás.
Qué implica la destitución y cómo sigue la causa
La remoción de Salmain implica la pérdida de los fueros asociados a su función y habilita a la Justicia penal a avanzar con la prisión preventiva domiciliaria. Sin embargo, la decisión del jury solo evaluó su desempeño como magistrado y no implica una condena definitiva: la responsabilidad penal deberá determinarse en el expediente judicial.
Justicia, Consejo de la Magistratura
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“No se ha avanzado nada”: Mauricio Macri aseguró que el acuerdo electoral entre el PRO y LLA está estancado
A un año de las elecciones presidenciales, el expresidente Mauricio Macri afirmó que no hubo avances en una eventual alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). La declaración tuvo lugar tras una consulta espontánea durante su participación en el evento solidario anual de Hacemos!, organizado por María Eugenia Vidal en el Hipódromo de Palermo.
Consultado por los periodistas por el estado de las negociaciones entre ambos espacios, Macri respondió de forma escueta: “No han avanzado nada”.
La relación entre el PRO y LLA tiene vaivenes y transita diferentes planos. Desde lo político, hay un acompañamiento del partido amarillo a nivel parlamentario, instrumentado sobre todo por el jefe del bloque, Cristian Ritondo, y una mesa de negociación en Casa Rosada que articla el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Pero desde lo narrativo comenzaron a plantearse diferencias públicas: el posicionamiento con relación a Brasil es el último ejemplo.
En las conversaciones políticas participa, además, el diputado nacional Fernando De Andreis en representación del macrismo. Del lado del Gobierno, a los encuentros también asiste el presente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Esa dinámica, sin embargo, no se tradujo aún en una mesa para definir una alianza para los próximos comicios presidenciales. De hecho, el propio Ritondo lo hizo público y admitió que estaban lejos de sellar un acuerdo electoral.
Uno de los factores que tensa la relación es la discusión territorial. El PRO pretende resguardar los distritos que gobierna ante un eventual entendimiento. La Libertad Avanza, por su parte, apunta a consolidar estructuras propias y a competir en lugares donde considera que tiene condiciones para crecer.
Esa diferencia no se limita a una negociación futura por lugares en las listas. También alcanza a la proyección de cada fuerza en provincias y municipios, una cuestión central si el vínculo entre ambos espacios avanza hacia un acuerdo nacional.
La Ciudad de Buenos Aires es otro foco de tensión. Fuentes del oficialismo nacional habían atribuido parte de la demora a la relación entre Mauricio Macri y Jorge Macri. Aunque en el entorno de la administración porteña negaron que existiera un distanciamiento entre los dos dirigentes, los desacuerdos fueron admitidos por el jefe de Gobierno porteño.
“Son miradas de gestión”, indicó meses atrás Jorge Macri sobre las diferencias que tendría con su primo y titular del PRO. En este sentido, resaltó que “él siempre pide más, pero son discusiones normales”, y contó: “Dice que ahora hay que lograr más eficiencia, bajar impuestos, hay que concesionar los medios públicos y eso lo hicimos. Esa fue una idea que me trajo él”.
Así, las versiones cruzadas reflejaron que el vínculo con el Gobierno está atravesado por debates internos de los dos partidos. Para el oficialismo, la definición de la estrategia del PRO en la capital resulta relevante antes de discutir cualquier entendimiento nacional.
Por otro lado, el diálogo también incluyó un componente legislativo. Aunque el PRO acompañó varias iniciativas del Gobierno desde el inicio de la gestión, mantuvo posturas propias en asuntos que generaron diferencias dentro de la relación política.
Entre los temas que formaron parte de esos intercambios figuraron el Presupuesto 2027, el tratamiento de los fondos asignados a Discapacidad y la eventual eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
Por lo tanto, el apoyo legislativo no equivale a un acuerdo de coalición. Las conversaciones en el Congreso y los contactos entre dirigentes permiten sostener un canal institucional, pero no resuelven las diferencias sobre la competencia en los distritos, el lugar de cada fuerza en una alianza ni el liderazgo de una eventual coalición.
Junto con estos factores, también se sumaron los cuestionamientos que hizo Macri a la gestión nacional durante una actividad partidaria que tuvo lugar en Jujuy en septiembre. Aunque afirmó que el PRO respaldó al Gobierno “como nunca nadie lo hizo”, cuestionó la calidad del superávit fiscal y reclamó mejores equipos. Esas declaraciones provocaron malestar en sectores libertarios y sumaron tensión a la relación entre las fuerzas.
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