Los índices de acciones brasileños acumulan fuertes bajas desde el triunfo de Lula. Expertos avisan qué acciones quedaron baratas tras las caídas
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Desde Rosario – La primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comenzó este jueves en esta ciudad con el objetivo de vincular a las empresas a cargo de grandes proyectos de inversión con proveedores nacionales. El encuentro, que se desarrolla en La Fluvial, reúne a representantes de 43 iniciativas estratégicas de minería, energía e infraestructura y a unas 1.800 pymes de todo el país.
La jornada contempla mesas de financiamiento y encuentros de networking con ejecutivos de Barrick Mining Corporation, Newmont Corporation y Eramet Eramine, que compartirán aspectos estratégicos de sus operaciones y requisitos de contratación.
De la apertura del evento participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el gobernador Maximiliano Pullaro.
El mandatario provincial destacó el potencial de la minería y la energía para impulsar las exportaciones argentinas y sostuvo que el desafío es traducir esas oportunidades en crecimiento económico y generación de empleo. Como referencia, señaló que el campo generó USD 51.000 millones durante 2025 y afirmó que dichos sectores podrían aportar cifras similares en los próximos años.
Pullaro reivindicó el papel de la industria y las pymes de Santa Fe y la región Centro, y planteó que tienen capacidad para integrarse a las nuevas cadenas de valor. “Nuestra industria creció al lado del campo, y el campo al lado de nuestra industria”, subrayó.
El gobernador precisó que la provincia busca posicionarse como socia estratégica del sector energético y minero. En ese sentido, pidió que las exportaciones de esas actividades puedan canalizarse a través de los puertos santafesinos, que, según indicó, concentran el 70% de las ventas externas del país.
En otro orden, reclamó inversiones en rutas, infraestructura energética, conectividad, puertos y aeropuertos para reducir los costos logísticos. También propuso que los insumos y equipamientos que demanden la minería y la energía se fabriquen en el interior del país.
“Nosotros como provincia no venimos a pedir, venimos a ofrecer ideas, venimos a ofrecer propuestas”, resumió Pullaro y consideró que es clave articular las nuevas inversiones con la industria nacional.
Santilli destacó que el Gobierno de Javier Milei llegó al poder con una convicción definida en materia económica, basada en el equilibrio fiscal, la libertad y el respeto a la propiedad privada, pese a contar inicialmente con una representación parlamentaria minoritaria. Agradeció el acompañamiento de los gobernadores y resaltó que existe una decisión social de no volver al modelo anterior.
Karina Milei, por su parte, subrayó que el RIGI es un “régimen de inversiones sin precedentes en nuestra historia” y que ya está mostrando resultados. Reconoció a los gobernadores que acompañaron su implementación en sus provincias, donde hay proyectos de inversión en marcha que, según señaló, transformarán sus economías y matrices productivas.
La funcionaria afirmó la minería será “uno de los sectores con mayor prosperidad y crecimiento en Argentina”.
Por último, planteó que el objetivo es alcanzar un esquema de beneficios compartidos entre las grandes compañías mineras y las empresas nacionales. “Acá tienen que ganar todos”, resaltó, al señalar que las grandes firmas pueden acceder a mejores proveedores, insumos y precios para ser más competitivas, mientras que las pymes argentinas tienen la oportunidad de integrarse a las cadenas de valor, generar nuevos negocios y crear puestos de trabajo.
En el panel “La minería como vector de desarrollo regional”, el secretario del área, Luis Lucero, aseguró que la Argentina cuenta con recursos minerales críticos que son cada vez más demandados a nivel global y que el país despierta un interés internacional sin precedentes.
En esa línea, señaló que desde agosto de 2024 se firmaron acuerdos de cooperación con distintos países para acompañar el desarrollo de grandes proyectos y responder a los desafíos que enfrenta el sector. Entre ellos, mencionó a Estados Unidos, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Francia, Corea del Sur y Japón.
A su turno, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, aseguró: “El desarrollo de los proveedores mineros y de las personas que trabajan directa o indirectamente en la actividad es fundamental. Muchas de las áreas donde se realizan explotaciones mineras pertenecen a comunidades —casi 300 en total— que son las titulares de esas tierras”.
“Por eso, es necesario alcanzar acuerdos y garantizar que el desarrollo de la actividad también se traduzca en oportunidades de trabajo y en la creación y el crecimiento de empresas locales. Sin ese consenso y sin que se perciban los beneficios de la actividad, sería muy difícil llevar adelante los proyectos”, agregó.
En tanto, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, explicó que la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y la previsibilidad son claves para atraer inversiones mineras. “Si la macro no funcionaba, todo se desvanecía”, afirmó, y apuntó que la minería es una política de Estado en la provincia.
En materia de infraestructura, destacó un acuerdo con la empresa Vicuña que permitirá acceder a USD 250 millones no reembolsables para financiar obras, como caminos y corredores energéticos. Entre ellas, mencionó la intervención sobre la Ruta Nacional 40 Norte, que conecta con distintos proyectos mineros y también beneficiará a la agricultura y el turismo.
Raúl Jalil, de Catamarca, sostuvo que la minería representa una oportunidad para aumentar las exportaciones y generar empleo. “La única posibilidad que tiene el país de bajar las retenciones es que aumenten las ventas externas de otros sectores”, manifestó.
El mandatario provincial defendió el RIGI como una política de Estado y convocó a fortalecer la participación de proveedores nacionales. Asimismo, consideró que el desarrollo minero debe avanzar con “control ambiental”, “control social” y “control económico”, para que los recursos beneficien a la sociedad. “La idea es mejorar primero la calidad de vida de las comunidades”, enfatizó.
Por último, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, atribuyó el retraso de la minería a la falta de estabilidad nacional y destacó las reformas impulsadas por la provincia para atraer inversiones. En ese marco, señaló que la Legislatura aprobó 65 iniciativas de exploración y tres de explotación con amplio respaldo político.
Entre los emprendimientos, mencionó San Jorge Cobre Mendocino, incorporado al RIGI con una inversión superior a los USD 800 millones. Según estimó, podría comenzar a producir cobre entre fines de 2027 y el primer semestre de 2028.
También ponderó el parque solar El Quemado, con capacidad para abastecer a más de 250.000 hogares, y subrayó el potencial de las pymes para integrarse a las cadenas de valor, que deben enfocarse en bajar costos y ser más eficientes.
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El informe trimestral de política monetaria difundido este jueves incluyó la respuesta del Banco Central (BCRA) a la controversia por sus operaciones con oro. En medio de las críticas de la Auditoría General de la Nación (AGN) por pérdidas de USD 1.023 millones en derivados durante 2025, la entidad sostuvo que las coberturas fueron una herramienta de gestión de riesgo, permitieron retener cerca del 70% de la suba del metal y contribuyeron a los mejores resultados económicos de las últimas dos décadas.
La discusión se había concentrado en los contratos financieros atados a la cotización del oro que el BCRA concertó en 2024 y 2025. La AGN distinguió la pérdida de esas operaciones de la revaluación del activo físico y cuestionó que la autoridad monetaria hubiera calculado mal la trayectoria del precio internacional. El Central, en cambio, planteó que ambos componentes integran una única estrategia y que separarlos lleva a una lectura incompleta.
El apartado incluido en el IPOM no es casual en este contexto: las dudas sobre los movimientos con el oro son de alto voltaje político y la entidad conducida por Santiago Bausili trata de defenderse con toda la potencia posible. En el informe, así, el BCRA aclara que el oro es un activo con características específicas: una tenencia mayormente física, “relativamente ilíquida, sin renta propia y sujeta a volatilidad de precio”. Por eso, sostiene, una cobertura no debe ser evaluada sólo a partir del desenlace que tuvo el mercado.
“Una estrategia de administración de riesgos se adopta en un contexto de incertidumbre y, por lo tanto, debe evaluarse sobre la base de la información de mercado disponible ex ante”, afirma el documento. La entidad contrapone ese criterio al análisis posterior de los resultados y advierte que el conocimiento “ex post” de la trayectoria de los precios “no constituye un criterio adecuado para evaluar la solidez financiera de una operación puntual dentro de la estrategia de cobertura”.
El Central afirma que las operaciones recientes no constituyeron una decisión aislada de la actual gestión. “El oro ocupa un lugar relevante dentro de las reservas internacionales del BCRA” y la institución utiliza derivados desde 2006 para cubrir riesgos y administrar el rendimiento de esos activos, según el IPOM.
El texto señala que el organismo mantiene 61,7 toneladas de oro, adquiridas entre 2004 y 2011, y que empleó este tipo de estrategias en 13 de los últimos 20 años. También remarca “la continuidad de las políticas institucionales”: las coberturas vigentes desde el 12 de diciembre de 2023, indica, dieron continuidad a las previstas en el Manual de Inversiones y “auditadas sin observaciones por la AGN durante los últimos 20 años”.
La herramienta utilizada en 2024 y 2025 fue el denominado zero-cost collar. En la explicación del BCRA, el esquema combina la compra de opciones de venta, o puts, con la venta simultánea de opciones de compra, o calls. De ese modo, se fija un piso para el valor de las reservas si el precio baja, sin pagar una prima neta al inicio: el costo de los puts se compensa con el ingreso por los calls.
El informe puntualiza que esas operaciones se liquidan en divisas y que “no modifican las tenencias físicas de oro ni generan movimientos, compromisos o gravámenes en esa posición”. El límite de esa protección es que, si el precio supera el techo previsto en los contratos, el BCRA resigna parte de la ganancia adicional del activo.
El IPOM atribuye la decisión de retomar las coberturas a partir de octubre de 2024 a dos factores: la fragilidad de las reservas internacionales netas y el aumento del peso del oro dentro de ellas. A fines de 2023, las reservas netas eran negativas en USD 11.200 millones y el 93% de las reservas en divisas estaba comprometido en operaciones de pase y swap con vencimiento dentro de los siguientes 12 meses, de acuerdo con el documento.
“La fragilidad del balance del BCRA era extrema”, sostiene el texto. En ese escenario, la autoridad monetaria afirma que rebalanceó parte de sus reservas hacia oro para mejorar la disponibilidad y la liquidez de los activos y que, una vez recompuesta esa posición, decidió proteger su valor de mercado. En octubre de 2024, las tenencias de oro alcanzaban USD 5.200 millones, equivalentes a 19,3% de las reservas totales.
El Central explica que la cobertura se activó después de una suba cercana a 40% del precio del metal en los 12 meses previos. “Cuanto mayor es la participación del oro en las reservas internacionales, más relevante resulta proteger su valor frente a eventuales caídas de precio”, fundamenta el informe.
La defensa técnica del organismo se apoya también en las condiciones financieras que enfrentó la estrategia. Según el IPOM, los precios de ejercicio de las opciones contratadas en 2024 y 2025 se ubicaban en niveles que sólo se alcanzarían frente a variaciones superiores a 1,8 desvíos estándar anualizados, con una probabilidad implícita de apenas 3,6%.
Los puts, sostiene el BCRA, protegían a la institución ante las previsiones más pesimistas que había entonces para el precio del oro, mientras que los calls tenían precios de ejercicio “muy por encima de las proyecciones más optimistas”. El documento describe ese diseño como conservador: contemplaba caídas significativas y, a la vez, dejaba margen para una apreciación del metal.
El desenlace fue distinto. “Durante 2025, el oro registró un aumento excepcional de 66%, equivalente, según la estimación utilizada, a un evento de probabilidad estadística extremadamente baja, de apenas 0,01%”, afirma el informe. Esa suba provocó el ejercicio de las opciones de compra vendidas, cuyas primas habían financiado las opciones de venta.
El BCRA reconoce que esa activación tuvo un costo, pero sostiene que la estrategia permitió “capturar aproximadamente el 70% del aumento total del precio del metal” y generó una ganancia inédita sobre la posición de oro. El IPOM agrega que, junto con el resultado neto de las demás operaciones, ese desempeño contribuyó a que la entidad registrara en 2024 y 2025 “los mayores resultados económicos, tanto totales como realizables, de los últimos 20 años”.
En su conclusión, el organismo sostiene que el uso de derivados “es compatible con las mejores prácticas de gestión de reservas” cuando se destina a cobertura, control de riesgos o una ejecución eficiente de la estrategia de inversión. Afirma además que, desde 2006, el uso de zero-cost collars sobre el oro “ha mostrado la mayor eficiencia en términos de rendimiento ajustado por riesgo”.
La discusión con la AGN, de todos modos, permanece abierta. Mientras la auditoría puso el foco en el resultado negativo de los contratos de derivados, el BCRA insiste en que debe evaluarse el desempeño conjunto de la cobertura y del activo subyacente. El informe de política monetaria distribuye ahora los fundamentos, los escenarios de riesgo y los antecedentes con los que la entidad busca sostener esa posición.
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