POLITICA
Caso $LIBRA: dos ONG denuncian irregularidades en el proceso y piden que se anulen los sobreseimientos de Milei y su hermana

Tras reclamar la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para evitar el cierre definitivo del expediente, dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que participan en el caso $LIBRA como amicus curiae solicitaron al fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, que impulse la nulidad de los sobreseimientos del presidente Javier Milei y los otros diez imputados. Argumentaron que el fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi omitieron cumplir normas que garantizan a las víctimas el derecho a ser escuchadas y a solicitar la revisión de una decisión que pone fin a la persecución penal.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) presentaron un escrito en el que denunciaron el incumplimiento de una resolución de la Procuración General de la Nación (PGN) y reclamaron que, por tanto, se anule la resolución del 23 de octubre que desvinculó a los once investigados del expediente por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA.
Las entidades, representadas por Julián Alfie y Pedro Biscay, sostuvieron que ni las querellas —cuya exclusión del expediente se encuentra recurrida ante la Casación Penal— ni las propias organizaciones fueron notificadas, siquiera informalmente, de que Taiano promovería los sobreseimientos. Tampoco, afirmaron, tuvieron oportunidad de expresar su posición antes de que el fiscal se pronunciara a favor del cierre de la causa.
La actuación del fiscal Taiano, advirtieron Inecip y Cipce, contradice el inciso k del artículo 5 de la ley 27.372 de derechos y garantías de las víctimas de delitos, el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y las pautas de la resolución 41/23 de la PGN, que establece un mecanismo para que las víctimas puedan pedir que un fiscal superior revise la decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal de solicitar un sobreseimiento.
El planteo apunta a que Agüero Iturbe garantice ese mecanismo de revisión, que contempla un plazo de diez días para que las víctimas manifiesten su oposición fundada al pedido de sobreseimiento. En ese sentido, Inecip y Cipce remarcaron que Taiano presentó su dictamen el 22 de octubre y Martínez de Giorgi lo acogió al día siguiente, sin que se cumpliera previamente ese trámite ni interviniera el fiscal general para examinar las objeciones que pudieran formularse.
“Entendemos que en el caso concreto se ha configurado un vicio de procedimiento que obliga al fiscal de cámara a exigir su reparación ante la alzada del fuero”, indicaron Alfie y Biscay, “quien deberá ordenar -sin más- la nulidad de la decisión judicial dictada el 23 de octubre”.
La presentación remarca, además, que la resolución de la PGN 41/23 no constituye una mera formalidad, sino una garantía destinada a evitar que una decisión fiscal que implique abandonar la persecución penal quede firme sin que las víctimas puedan cuestionarla ante una instancia superior.
Las organizaciones solicitaron, por eso, que el fiscal general no se limite a escuchar ahora sus argumentos, una vez dictados los sobreseimientos, sino que promueva la nulidad de la resolución judicial para restablecer el procedimiento que, según denunciaron, fue omitido. También pidieron que se ejerza el denominado control de convencionalidad, es decir, que se examine la compatibilidad de las decisiones y normas aplicables con las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de derechos humanos.
En respaldo de su planteo, citaron el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referido a la protección judicial efectiva, y jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Entre otros antecedentes, invocaron un fallo que consideró procedente anular una decisión judicial adoptada después de que un fiscal pidiera desestimar una denuncia sin que el damnificado hubiera sido notificado y pudiera recurrir a la revisión de su superior jerárquico.
Las ONG sostuvieron, además, que la ciudadanía puede ser considerada víctima de la corrupción institucional por el daño que esos delitos ocasionan al funcionamiento del Estado y a las oportunidades que este debe garantizar. Para respaldar esa interpretación, citaron un antecedente judicial que reconoce los perjuicios colectivos derivados de la corrupción y la relevancia de la participación de la sociedad civil en su prevención y persecución.
En ese contexto, Inecip y Cipce sostuvieron que el análisis de una presunta trama de corrupción exige evaluar las pruebas indiciarias, sus conexiones y los elementos pendientes de producción, en lugar de considerar cada indicio por separado. Afirmaron que el expediente contenía cuestiones que debían profundizarse antes de adoptar una decisión definitiva.
El pedido quedó ahora dirigido a Agüero Iturbe, quien deberá evaluar el planteo dentro de sus atribuciones. Las ONG solicitaron que impulse la nulidad de la resolución del 23 de octubre y que se restablezcan las garantías que, según denunciaron, fueron vulneradas. La presentación también fue remitida al procurador general, Eduardo Casal.
Investigaciones y coberturas especiales en más de dos docenas de países de América, Europa, Medio Oriente y Asia.
los sobreseimientos,lo acogió al día siguiente,Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
El Gobierno teme una nueva crisis diplomática con Brasil por la fuga de Flávio Bolsonaro a través de la Argentina

El gobierno argentino da por hecho que el operativo de fuga de Flavio Bolsonaro, que salió desde la Argentina y viajó a Estados Unidos, va a tener un nuevo impacto en la relación con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Distintas fuentes diplomáticas dijeron que esperan algún tipo de respuesta formal del Palacio del Planalto.
TN pudo reconstruir que Itamaraty, la cancillería brasileña, todavía no tomó una decisión. El presidente de Brasil espera tener información clara y concreta antes de definir cómo seguir.
El senador Bolsonaro, que el domingo perdió el balotaje contra Lula, entró a la Argentina por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, con su esposa y sus dos hijas. Desde el aeropuerto de Puerto Iguazú despegó de madrugada en un avión privado con destino declarado a Guayaquil, Ecuador, y desde ahí siguió hacia Estados Unidos. La Dirección Nacional de Migraciones confirmó el ingreso y dijo que la familia tenía “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal”. Al principio, el organismo había dicho que no tenía registrado su ingreso.
Bolsonaro salió del país aunque el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le había ordenado entregar los pasaportes y le había prohibido viajar al exterior, en una causa por presunto lavado de dinero. Lula calificó la fuga de “vergonzosa”.
Este martes, antes de que las autoridades argentinas confirmaran que Bolsonaro había pasado por el país rumbo a Ecuador y Estados Unidos, fuentes brasileñas todavía veían margen para que los dos países volvieran a una relación bilateral normal. Sabían que ningún presidente iba a elogiar ni respaldar al otro, pero creían posible recuperar un vínculo protocolar al nivel que los dos países tuvieron históricamente. Pero la operación de fuga, que en principio tuvo a la Argentina como uno de los actores centrales, cambió todo.
En el Palacio San Martín hay voces que dicen que Brasil había puesto condiciones claras para retomar el diálogo. Hasta ahora, la Argentina no las habría aceptado.
En medio de la tensión por la fuga de Bolsonaro, el Gobierno ratificó su intención de mantener la relación comercial con Brasil
La apuesta de Javier Milei por la candidatura de Bolsonaro ya había marcado con una mirada política e ideológica la relación en los niveles más altos. Hay quienes creen que ayudar a Bolsonaro a llegar a Estados Unidos podría ser una nueva frontera cruzada en una tensión que creció en los últimos meses.
Hoy ninguno de los dos países tiene embajador en el otro. TN pudo saber que, desde hace tres meses, en Brasil se considera que bajar la relación al nivel de encargado de negocios, como pasa ahora, es un primer paso de tensión, y que mantenerlo durante tres meses es un paso todavía más grande. Si la situación sigue así, ya casi definida, hay riesgo de que la relación se degrade todavía más, sin muchas otras instancias antes de llegar a una ruptura diplomática.
Brasil, Flavio Bolsonaro, Lula Da Silva, Javier Milei
POLITICA
El libertario Gabriel Bornoroni acelera su armado en Córdoba y amaga con lanzarse: “El modelo de Llaryora está agotado”

CÓRDOBA.- Aunque no hay fecha para la elección de gobernador en Córdoba -podría ser en mayo- ya empieza a sentirse el clima de campaña, aunque aplacado por los preparativos para la visita del Papa León XIV. Sin fórmulas definidas, algunos de los aspirantes empiezan a ganar protagonismo. Los libertarios, encabezados por Gabriel Bornoroni, pusieron en marcha un foro bajo el slogan “escuchar para gobernar” y la advertencia de que el ciclo peronista está “terminado”.
Bornoroni, jefe de la bancada libertaria en Diputados, dio la bienvenida a los asistentes de la actividad para escuchar economistas, intendentes y representantes de cámaras empresariales. “El modelo que comenzó Juan Schiaretti y sigue Martín Llaryora está agotado”, dijo.
Enfatizó que “a Llaryora Córdoba le quedó grande” y planteó que la obligación de La Libertad Avanza (LLA) es “construir alternativas” y que del diálogo con cada sector se diseñará la agenda de trabajo. “Escuchar para gobernar”, reiteró. El concepto, implícitamente, también marca una diferencia con el estilo dominante en la administración nacional.
En diálogo con , Bornoroni aseguró que esta reunión “no es un lanzamiento” de su candidatura, sino que es parte de las actividades que realiza habitualmente. “No queremos armar propuestas de marketing, hechas por quien nunca tuvo que dar de alta un empleado. Escuchamos a los sectores, tomamos nota de lo que dicen”, describió.
Acompañado desde temprano por los diputados Laura Rodríguez Machado, cercana a Patricia Bullrich, con mucha participación en la organización, y Gonzalo Roca, aclaró a este diario que el senador Luis Juez estaba invitado pero no pudo asistir porque sesionaba el Senado.
Los libertarios deben resolver si irán en alianza con Juez y con el sector del radicalismo que responde a Rodrigo de Loredo. Son los aspectos que se discuten en la mesa política nacional. Varias veces Juez advirtió que quiere ser candidato aunque, a esta altura, parece casi imposible que lo dejen encabezar una fórmula. El nombre puesto es el de Bornoroni y el interrogante es si el legislador lo acompañaría o iría como senador.
En el caso de De Loredo, hace un mes, planteó su candidatura con un video con eje en la escenografía del film “Volver al futuro” y un juego de palabras con el icónico auto deportivo de los 80 que funciona como máquina del tiempo en la película. “DeLorean”, lo denomina.
Según fuentes libertarias, el diálogo entre Bornoroni y De Loredo no está cortado. Entienden, incluso, que terminará sumándose a la alianza. Respecto de Juez, lo definen como un “colaborador” y no está en sus planes que el senador vaya a retirarse del espacio.
En la reunión libertaria de este jueves disertaron los economistas Raúl Hermida de la Bolsa de Comercio y Marcelo Capello del Ieral de la Fundación Mediterránea, además de representantes de la Unión Industrial de Córdoba, las cámaras de Comercio Exterior y de Metalúrgicos y de la Bolsa de Cereales. También hubo referentes del sector turismo y espectáculos, intendentes y un experto en seguridad.
“Como cordobeses nos gustaría que los programas de gobierno sean resultados de trabajos como éste”, insistió Bornoroni. El diputado está convencido de que la campaña electoral debe ser corta porque si no la gente “se cansa” y que su prioridad sigue siendo el trabajo en Diputados.
Llaryora, por su lado, está concentrado en la organización de la visita papal y las definiciones del peronismo recién comenzarían a inicios de 2027, aunque ya se sabe que el gobernador va por su reelección.
Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
El Tribunal Oral que condenó a Cristina Kirchner obtuvo una segunda certificación de calidad


Tribunal Oral Federal N° 2 de Comodoro Py obtuvo su segunda certificación internacional de calidad IRAM-ISO 9001:2015 para los procesos de tramitación y elaboración de resoluciones interlocutorias, mientras supervisa la ejecución de las condenas dictadas en la causa Vialidad contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros acusados.
El certificado, emitido el 14 de octubre de 2026 por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, tendrá vigencia hasta el 25 de octubre de 2027. Dicho aval comprende el sistema de gestión de calidad del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura aplicado a los procedimientos del tribunal.
Las resoluciones interlocutorias son decisiones judiciales sobre cuestiones que surgen durante el desarrollo de un expediente. La certificación evalúa cómo se organizan, elaboran y tramitan esos pronunciamientos, pero no revisa su contenido ni determina si su criterio jurídico es correcto.
El juez federal Jorge Luciano Gorini, impulsor de la iniciativa junto con el secretario Tomás Cisneros, vinculó el reconocimiento con la actividad actual del juzgado. “Es importante destacar esto siendo nosotros un tribunal que llevó adelante el juicio de Vialidad, entre otros, pero particularmente este que sigue teniendo tanta actualidad y vigencia, y que estamos supervisando la ejecución de la condena de Cristina y de otros condenados en ese juicio también”, señaló.
Gorini sostuvo que la certificación permite exponer tareas judiciales que suelen quedar fuera de la atención pública. “Es la segunda certificación de calidad que obtenemos y que demuestra la calidad con las que estamos desarrollando las tareas habitualmente, que a veces esto está invisibilizado. Por eso está bueno que trascienda”, afirmó.
Base de datos propia para homogeneizar resoluciones interlocutorias
El Tribunal Oral Federal N° 2 incorporó herramientas tecnológicas, entre ellas recursos de inteligencia artificial, para ordenar sus procedimientos internos y reducir posibles contradicciones entre resoluciones. El objetivo es construir una base de datos propia que permita consultar antecedentes y sostener criterios homogéneos.
“Se busca generar básicamente, incluso utilizando herramientas de Inteligencia Artificial, coherencia dentro de lo que son los pronunciamientos interlocutorios del tribunal para que no existan contradicciones, es decir, tener una propia base de datos y generar homogeneidad en las decisiones”, explicó Gorini.

La iniciativa también busca evitar diferencias de criterio cuando los integrantes del tribunal intervienen de forma individual en causas asignadas a un solo juez. El magistrado precisó que se procura “evitar que en las causas unipersonales pueda existir discrepancia de criterios o matices en las decisiones cuando decide un juez u otro dentro del mismo tribunal”.
El alcance de este sistema no incluye las sentencias dictadas después de los juicios orales. Se limita a las decisiones interlocutorias y a la gestión administrativa de los procesos que las anteceden.
La norma ISO 9001:2015 fija requisitos para los sistemas de gestión de calidad, como la definición de procedimientos, la asignación de responsabilidades, el seguimiento del desempeño y la mejora continua. Su cumplimiento acredita la existencia y el funcionamiento de esos mecanismos, sin que el organismo certificador examine o avale decisiones jurisdiccionales.
El antecedente de 2019 en la mesa de entradas
La distinción continúa un proceso iniciado en febrero de 2019, cuando el TOF 2 recibió su primera certificación ISO 9001:2015 por el funcionamiento de su mesa de entradas. Aquella experiencia contó con la colaboración del Programa de Gestión de Calidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El plan buscaba unificar procedimientos, establecer controles, mejorar la atención al público y agilizar la tramitación de expedientes. El Ministerio de Justicia informó entonces que se habían registrado avances en la celeridad de los trámites, el uso de herramientas informáticas para administrar las causas y la capacitación del personal.
La pandemia modificó el régimen de presentación de documentos y escritos, que pasó a operar de forma casi completamente digital. Ese cambio llevó al tribunal a trasladar el foco de su gestión hacia las resoluciones interlocutorias.
“En ese momento pre-pandemia habíamos certificado todo el proceso de Mesa de Entrada. Con la pandemia mediante, que modificó el régimen de introducción de documentos, escritos, que pasó a ser prácticamente todo digital, nos abocamos a otro aspecto de la gestión que es esta de las resoluciones interlocutorias dentro del mismo tribunal”, cerró Gorini.
INTERNACIONAL3 días agoMedios brasileños afirman que Flávio Bolsonaro escapó del país y está en vuelo a Estados Unidos
SOCIEDAD2 días agoAvanza la búsqueda de los hermanos desaparecidos que fueron arrastrados por la corriente de un río en Santa Cruz
POLITICA2 días agoMalvinas: tras aceptar modificaciones, el Gobierno buscará llevar al recinto el proyecto de Ley de Soberanía el 12 de noviembre

















