El Consejo de la Magistratura se prepara para un cambio de época. El 18 de noviembre vencen los mandatos de casi todos sus integrantes y la gestión saliente quiere terminar lo que empezó: se prepara para convocar a un plenario en la próxima semana, o la siguiente, para intentar aprobar 71 ternas para cubrir otras tantas vacantes.

Será otro aporte para que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, siga colocando jueces y sumando poder: ya impulsó 231 nuevos magistrados y ahora podrá designar 71 más. El viernes envió al Senado otra lista de 17 candidatos.

En ese plenario se debatirán además posibles sanciones a jueces y algunas desestimaciones. La última chance antes de que termine este período con estos consejeros, donde el estamento de los jueces tiene hegemonía.

Lo que viene después es un organismo distinto. Los jueces, que fueron eje de las mayorías, perderían peso; el kirchnerismo llegará con menos fuerza y más dividido; el oficialismo sumará consejeros propios, y ningún bloque tendrá los votos para imponer su agenda.

Los jueces, no obstante, conservan poder de fuego con la presidencia del cuerpo a cargo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte.

“Va a ser un Consejo más fracturado, más atomizado, que va a negociar caso por caso”, anticipó a un integrante del cuerpo.

De los 20 consejeros, seguirán seguro dos: Rosatti y el viceministro de Justicia, Santiago Viola, representante del Poder Ejecutivo.

Antes del recambio, la Comisión de Selección, a cargo de la designación de magistrados, aceleró. Entre las 33 ternas aprobadas en las semanas previas y las 38 que elevó el 22 de octubre, el plenario tiene ante sí 71 ternas, entre ellas tres vocalías de la Cámara Federal de La Plata, dos de la Cámara Federal de Rosario y cargos en Posadas, Comodoro Rivadavia, Santa Fe y el fuero contencioso administrativo federal con sede en la ciudad de Buenos Aires.

No es un número menor. “Son 70 huecos menos en el mapa de vacantes”, resumió la fuente. Para votar esas ternas en el último plenario es necesario hacer 200 audiencias y tomar 200 entrevistas personales pendientes, un trabajo que demandará tiempo.

Las ternas que se voten en ese último plenario pasarán luego al Ministerio de Justicia, que elige un candidato y envía el pliego al Senado.

“Este gobierno va a nombrar una parva de jueces, como no lo hicieron ni Macri, ni Alberto ni Cristina”, dijo un consejero.

Mahiques está por terminar la tarea que se propuso al asumir hace 238 días. Ahora va por su objetivo: la Procuración General de la Nación. En el Ministerio de Justicia dicen que es difícil que suceda ahora, porque el año próximo es electoral y deberían reunirse, ya o en sesiones extraordinarias, los votos de los dos tercios de los senadores.

Escenario fragmentado

El cambio más profundo en el Consejo de la Magistratura está en el estamento de los magistrados. La lista Bordó, oficialista en la Asociación de Magistrados, ganó la elección del 8 de octubre con 203 votos, pero el reparto por sistema D’Hondt dejó una banca para cada una de las cuatro listas: Marcelo Gallo Tagle (Lista Bordó), Juan Manuel Culotta (Lista Compromiso Judicial, 185 votos), Gabriela Vázquez (Lista Celeste 2, 125) y Paula Castro (Lista Celeste 1, 102).

La Lista Bordó tenía dos consejeros, Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero. Se quedó con uno y perdió el segundo sillón por un voto. “En la Lista Bordó no están contentos. Ya no tienen la hegemonía”, resumió la fuente.

La lista Celeste, cercana al peronismo, llegó partida en dos y logró dos lugares: Vázquez encabezó la lista más identificada con el kirchnerismo; Castro llega por la nómina que respaldó el consejero saliente Alberto Lugones.

Entre los abogados, la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, de Alberto Biglieri, ganó con el 34% de los votos y se quedó con dos bancas: la suya y la de Claudia Sarmiento, ligada a la consejera saliente Jimena de la Torre. Orientan este espacio Ricardo Gil Lavedra y Daniel Angelici.

Itatí Demarchi Arballo, impulsada por el peronista Juan Manuel Olmos y La Cámpora, logró una banca con el 32% de los votos. Fernando Levene, de Abogacía Federal, obtuvo la cuarta, con el 26,4%. Lo respaldan el peronista Diego Molea, el radical Maximiliano Abad y el gobernador Martín Llaryora. La lista libertaria, de Luis Palomino, quedó afuera del consejo con el 7,6%.

Sumadas, las listas de orientación peronista de Demarchi y Levene superaron el 58% de los votos, un dato que destacaron desde el PJ, así como los dos lugares de la Celeste entre los jueces.

Por los académicos vuelve Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora y expresidente del Consejo, elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional. La elección del segundo representante académico está judicializada.

La batalla en el Congreso

Las ocho bancas del Congreso son las que todavía están en disputa. Los presidentes de cada cámara envía cuatro representantes a propuesta de las bancadas: dos por el bloque mayoritario, uno por la primera minoría y otro por la segunda.

En Diputados, La Libertad Avanza, hoy primera minoría, se quedaría con dos lugares: retendría el del diputado Gonzalo Roca y sumaría a Nicolás Mayoraz.

Unión por la Patria pasaría de dos a uno, y la pelea por ese lugar es interna: Cristina Kirchner impulsa que siga Vanesa Siley, mientras que Guillermo Michel, del massismo, también lo reclama. Rodolfo Tailhade se va seguro.

El cuarto lugar, que hoy ocupa Álvaro González, le corresponde por número a Provincias Unidas, el bloque que preside Gisela Scaglia y que no tiene un especialista en temas judiciales. González aspira a permanecer.

En el Senado, la pelea está abierta. El regreso del peronista riojano Fernando Rejal al bloque de José Mayans dejó a Unión por la Patria con 22 senadores, uno más que los libertarios, y reabrió la disputa por la primera minoría. Patricia Bullrich y Mayans acordaron que decida la vicepresidenta Victoria Villarruel.

LLA propuso a Nadia Márquez y Belén Monte de Oca. El peronismo, a Eduardo de Pedro y Florencia López. Pro perdería el lugar de Luis Juez, y en el radicalismo Eduardo Vischi busca renovar frente a Abad.

“Una cosa es Martín Menem y otra Villarruel”, deslizó la fuente sobre la incógnita de a quién favorecerá la vicepresidenta.

El antecedente pesa: en 2022 la división del bloque del Frente de Todos para quedarse con un lugar extra terminó en la Corte, que al final desplazó a Martín Doñate y ordenó la incorporación de Luis Juez. “Todo puede terminar judicializado”, admitieron en el Consejo.

Con este reparto, ningún sector se acerca a los dos tercios de los presentes que se necesitan para aprobar ternas o acusar a un juez ante el jury. El oficialismo tendrá entre cuatro y cinco votos propios; los jueces y abogados, junto con Rosatti, otros cinco; el peronismo, en sus distintas vertientes, tendrá varios consejeros, pero repartidos entre kirchneristas y dialoguistas.

En el oficialismo hacen otra lectura. “El peronismo duro va a estar más débil que ahora. Nosotros creo que vamos a estar más fuertes”, dijo a una fuente del Gobierno que sigue de cerca el Consejo. Y relativizó el retroceso de los magistrados: “Los jueces, mientras la Corte tenga la presidencia, mantienen el mismo nivel de poder”.

En el Consejo describen el cambio de clima con una metáfora futbolera. “Va a ser un Consejo menos tribunero y más resultadista, un Consejo bilardista”, dijo un consejero. Y explicó: en la gestión saliente había “mucha preocupación por los discursos y no salía un juez”; ahora será “menos estridente”, pero los acuerdos se votan y “se pagan con la designación”.

Sanciones a jueces

La gestión que termina también se despide con asuntos disciplinarios abiertos. El jurado de Enjuiciamiento destituyó al juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por cobrar una coima de 200.000 dólares. En el proceso intervinieron las senadoras Belén Monte de Oca y Florencia López y el diputado Nicolás Mayoraz, tres candidatos a una banca en el nuevo Consejo de la Magistratura.

Este Consejo de la Magistratura que termina cerrará su mandato con cuatro jueces destituidos: además de Salmain, Walter Bento, juez federal de Mendoza, en noviembre de 2023; Martín Poderti, camarista del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en diciembre de 2025, y Alfredo López, juez federal de Mar del Plata, en agosto pasado, por sus expresiones antisemitas en redes sociales.

Marcelo Bailaque, juez federal de Rosario, renunció en 2025 antes de que el plenario votara su acusación. En cambio, el jury rechazó en septiembre la destitución de Pablo Díaz Lacava, del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.

Es una cifra alta, si se considera que ACIJ relevó que en 27 años el Consejo recibió 5170 denuncias contra jueces y solo el 1,3% de las que cerró terminó en una sanción o una remoción.

Otros expedientes pasarán a la nueva integración. El caso de Alejandro Patricio Maraniello, juez civil y comercial federal denunciado por maltrato laboral y abuso sexual, parecía encaminado al jury, pero perdió impulso en la Comisión de Acusación y no llegaría al último plenario.

La denuncia contra Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, por atribuirse competencias que no le correspondían, caduca el 1° de diciembre si el plenario no se expide.

Villena acumula otras cinco denuncias, de las que solo una avanzó. En el Consejo advierten que, mientras no se muevan las causas penales en su contra, poco podrán hacer.

CÓRDOBA.− La polémica en la Justicia Federal de La Rioja continúa después de que un camarista denunciado por acoso, Jorge Gamal Chamía, votó a favor designar en su tribunal a la hija del juez que lo investiga. La designada, Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe, hija del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, quien tiene a su cargo la investigación contra Chamía, difundió un comunicado para defender su trayectoria y la legalidad del nombramiento.

Chamía fue uno de los dos magistrados que votaron a favor de nombrarla jefa de Despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja; el tercer integrante, José Camilo Quiroga Uriburu, votó en disidencia.

La funcionaria rechazó que su incorporación al cargo pueda explicarse por el parentesco con el magistrado: “Ser hija de un juez no es un mérito ni una falta: es un dato, y no reemplaza una trayectoria construida con trabajo propio”.

Para respaldar su posición, reconstruyó su recorrido en la Justicia Federal. Ingresó como escribiente interina en 2017, volvió al tribunal en julio de 2019 y permaneció allí hasta 2023. Luego pasó a la Fiscalía General del mismo tribunal mediante concurso público. Repasó que es abogada por la Universidad Nacional de La Rioja, magíster en Derecho por la Universidad Austral y docente concursada de esa universidad.

Su argumento jurídico se apoya en el artículo 15 del Reglamento para la Justicia Nacional, que establece que para cubrir estos cargos deben ponderarse la aptitud, la formación, la idoneidad, la conducta y la antigüedad. Sostuvo que el propio tribunal valoró su experiencia en el manejo de causas y la elaboración de proyectos de resoluciones.

También señaló que no registra sanciones disciplinarias y que obtuvo el tercer lugar en el orden de mérito de un concurso para el agrupamiento técnico jurídico del Ministerio Público Fiscal.

El cuestionamiento a su designación partió de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Aclara que no cuestiona a la designada, sino que su nombramiento habría alterado el escalafón y postergado a empleados con mayor antigüedad. El gremio presentó un recurso para que se revise la decisión y advirtió que recurrirá a instancias superiores si no obtiene respuesta favorable.

Herrera Piedrabuena Iturbe aseguró que acatará lo que se resuelva sobre el recurso presentado y defendió que sus antecedentes sean evaluados sin que su identidad profesional quede reducida al vínculo familiar. “No pido un trato preferencial por ser mujer: pido que mis antecedentes tengan el peso que merecen y que mi identidad profesional no quede reducida a ser ‘la hija de’”, concluyó.

Habló Chamía

En paralelo, el juez Chamía salió a responder la denuncia por acoso presentada en su contra por María Emilia Galván, empleada del tribunal. En declaraciones a Radio Fénix, reconoció que existe una presentación judicial en su contra. “Es cierto que hay una denuncia, esta es una denuncia que se hizo en febrero en mi contra en Buenos Aires, de una persona que no conozco prácticamente”, dijo.

Explicó que llegó al tribunal en 2022 y que, poco después, la empleada comenzó a solicitar sucesivas licencias ya que se había radicado en Buenos Aires y había presentado certificados por atención familiar, que eran evaluados por el Departamento de Medicina de la Corte Suprema.

Calificó las manifestaciones de la denunciante como “inverosímiles y aberrantes” y afirmó: “Nunca tuve un diálogo con ella en todo el tiempo que estuve allí”.

Reconoció que una sola vez que Galván ingresó a su despacho lo hizo acompañada por una secretaria. Le planteó entonces un problema que habría tenido en otro juzgado. También negó haber coincidido con ella en un casamiento y en los ascensores de tribunales.

El camarista apuntó que el origen de la denuncia está en el conflicto por las licencias. Precisó que la presentación inicial fue en Buenos Aires, ante el juzgado del juez Daniel Rafecas, que luego se declaró incompetente. La causa llegó a La Rioja y quedó bajo la órbita de Herrera Piedrabuena, quien delegó la investigación en la fiscalía.