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Consejo de la Magistratura: apuran 71 nombramientos de jueces para llegar a 302 en la era Mahiques

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El Consejo de la Magistratura se prepara para un cambio de época. El 18 de noviembre vencen los mandatos de casi todos sus integrantes y la gestión saliente quiere terminar lo que empezó: se prepara para convocar a un plenario en la próxima semana, o la siguiente, para intentar aprobar 71 ternas para cubrir otras tantas vacantes.

Será otro aporte para que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, siga colocando jueces y sumando poder: ya impulsó 231 nuevos magistrados y ahora podrá designar 71 más. El viernes envió al Senado otra lista de 17 candidatos.

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En ese plenario se debatirán además posibles sanciones a jueces y algunas desestimaciones. La última chance antes de que termine este período con estos consejeros, donde el estamento de los jueces tiene hegemonía.

Lo que viene después es un organismo distinto. Los jueces, que fueron eje de las mayorías, perderían peso; el kirchnerismo llegará con menos fuerza y más dividido; el oficialismo sumará consejeros propios, y ningún bloque tendrá los votos para imponer su agenda.

Los jueces, no obstante, conservan poder de fuego con la presidencia del cuerpo a cargo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte.

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“Va a ser un Consejo más fracturado, más atomizado, que va a negociar caso por caso”, anticipó a un integrante del cuerpo.

De los 20 consejeros, seguirán seguro dos: Rosatti y el viceministro de Justicia, Santiago Viola, representante del Poder Ejecutivo.

Antes del recambio, la Comisión de Selección, a cargo de la designación de magistrados, aceleró. Entre las 33 ternas aprobadas en las semanas previas y las 38 que elevó el 22 de octubre, el plenario tiene ante sí 71 ternas, entre ellas tres vocalías de la Cámara Federal de La Plata, dos de la Cámara Federal de Rosario y cargos en Posadas, Comodoro Rivadavia, Santa Fe y el fuero contencioso administrativo federal con sede en la ciudad de Buenos Aires.

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No es un número menor. “Son 70 huecos menos en el mapa de vacantes”, resumió la fuente. Para votar esas ternas en el último plenario es necesario hacer 200 audiencias y tomar 200 entrevistas personales pendientes, un trabajo que demandará tiempo.

Las ternas que se voten en ese último plenario pasarán luego al Ministerio de Justicia, que elige un candidato y envía el pliego al Senado.

“Este gobierno va a nombrar una parva de jueces, como no lo hicieron ni Macri, ni Alberto ni Cristina”, dijo un consejero.

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El ministro de Justicia, Juan Bautista MahiquesRicardo Pristupluk

Mahiques está por terminar la tarea que se propuso al asumir hace 238 días. Ahora va por su objetivo: la Procuración General de la Nación. En el Ministerio de Justicia dicen que es difícil que suceda ahora, porque el año próximo es electoral y deberían reunirse, ya o en sesiones extraordinarias, los votos de los dos tercios de los senadores.

Escenario fragmentado

El cambio más profundo en el Consejo de la Magistratura está en el estamento de los magistrados. La lista Bordó, oficialista en la Asociación de Magistrados, ganó la elección del 8 de octubre con 203 votos, pero el reparto por sistema D’Hondt dejó una banca para cada una de las cuatro listas: Marcelo Gallo Tagle (Lista Bordó), Juan Manuel Culotta (Lista Compromiso Judicial, 185 votos), Gabriela Vázquez (Lista Celeste 2, 125) y Paula Castro (Lista Celeste 1, 102).

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La Lista Bordó tenía dos consejeros, Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero. Se quedó con uno y perdió el segundo sillón por un voto. “En la Lista Bordó no están contentos. Ya no tienen la hegemonía”, resumió la fuente.

La lista Celeste, cercana al peronismo, llegó partida en dos y logró dos lugares: Vázquez encabezó la lista más identificada con el kirchnerismo; Castro llega por la nómina que respaldó el consejero saliente Alberto Lugones.

Entre los abogados, la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, de Alberto Biglieri, ganó con el 34% de los votos y se quedó con dos bancas: la suya y la de Claudia Sarmiento, ligada a la consejera saliente Jimena de la Torre. Orientan este espacio Ricardo Gil Lavedra y Daniel Angelici.

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Itatí Demarchi Arballo, impulsada por el peronista Juan Manuel Olmos y La Cámpora, logró una banca con el 32% de los votos. Fernando Levene, de Abogacía Federal, obtuvo la cuarta, con el 26,4%. Lo respaldan el peronista Diego Molea, el radical Maximiliano Abad y el gobernador Martín Llaryora. La lista libertaria, de Luis Palomino, quedó afuera del consejo con el 7,6%.

Sumadas, las listas de orientación peronista de Demarchi y Levene superaron el 58% de los votos, un dato que destacaron desde el PJ, así como los dos lugares de la Celeste entre los jueces.

Por los académicos vuelve Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora y expresidente del Consejo, elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional. La elección del segundo representante académico está judicializada.

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La batalla en el Congreso

Las ocho bancas del Congreso son las que todavía están en disputa. Los presidentes de cada cámara envía cuatro representantes a propuesta de las bancadas: dos por el bloque mayoritario, uno por la primera minoría y otro por la segunda.

En Diputados, La Libertad Avanza, hoy primera minoría, se quedaría con dos lugares: retendría el del diputado Gonzalo Roca y sumaría a Nicolás Mayoraz.

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Unión por la Patria pasaría de dos a uno, y la pelea por ese lugar es interna: Cristina Kirchner impulsa que siga Vanesa Siley, mientras que Guillermo Michel, del massismo, también lo reclama. Rodolfo Tailhade se va seguro.

El cuarto lugar, que hoy ocupa Álvaro González, le corresponde por número a Provincias Unidas, el bloque que preside Gisela Scaglia y que no tiene un especialista en temas judiciales. González aspira a permanecer.

En el Senado, la pelea está abierta. El regreso del peronista riojano Fernando Rejal al bloque de José Mayans dejó a Unión por la Patria con 22 senadores, uno más que los libertarios, y reabrió la disputa por la primera minoría. Patricia Bullrich y Mayans acordaron que decida la vicepresidenta Victoria Villarruel.

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LLA propuso a Nadia Márquez y Belén Monte de Oca. El peronismo, a Eduardo de Pedro y Florencia López. Pro perdería el lugar de Luis Juez, y en el radicalismo Eduardo Vischi busca renovar frente a Abad.

“Una cosa es Martín Menem y otra Villarruel”, deslizó la fuente sobre la incógnita de a quién favorecerá la vicepresidenta.

El antecedente pesa: en 2022 la división del bloque del Frente de Todos para quedarse con un lugar extra terminó en la Corte, que al final desplazó a Martín Doñate y ordenó la incorporación de Luis Juez. “Todo puede terminar judicializado”, admitieron en el Consejo.

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Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura
Nicolás Suárez

Con este reparto, ningún sector se acerca a los dos tercios de los presentes que se necesitan para aprobar ternas o acusar a un juez ante el jury. El oficialismo tendrá entre cuatro y cinco votos propios; los jueces y abogados, junto con Rosatti, otros cinco; el peronismo, en sus distintas vertientes, tendrá varios consejeros, pero repartidos entre kirchneristas y dialoguistas.

En el oficialismo hacen otra lectura. “El peronismo duro va a estar más débil que ahora. Nosotros creo que vamos a estar más fuertes”, dijo a una fuente del Gobierno que sigue de cerca el Consejo. Y relativizó el retroceso de los magistrados: “Los jueces, mientras la Corte tenga la presidencia, mantienen el mismo nivel de poder”.

En el Consejo describen el cambio de clima con una metáfora futbolera. “Va a ser un Consejo menos tribunero y más resultadista, un Consejo bilardista”, dijo un consejero. Y explicó: en la gestión saliente había “mucha preocupación por los discursos y no salía un juez”; ahora será “menos estridente”, pero los acuerdos se votan y “se pagan con la designación”.

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Sanciones a jueces

La gestión que termina también se despide con asuntos disciplinarios abiertos. El jurado de Enjuiciamiento destituyó al juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por cobrar una coima de 200.000 dólares. En el proceso intervinieron las senadoras Belén Monte de Oca y Florencia López y el diputado Nicolás Mayoraz, tres candidatos a una banca en el nuevo Consejo de la Magistratura.

Este Consejo de la Magistratura que termina cerrará su mandato con cuatro jueces destituidos: además de Salmain, Walter Bento, juez federal de Mendoza, en noviembre de 2023; Martín Poderti, camarista del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en diciembre de 2025, y Alfredo López, juez federal de Mar del Plata, en agosto pasado, por sus expresiones antisemitas en redes sociales.

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Marcelo Bailaque, juez federal de Rosario, renunció en 2025 antes de que el plenario votara su acusación. En cambio, el jury rechazó en septiembre la destitución de Pablo Díaz Lacava, del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.

Es una cifra alta, si se considera que ACIJ relevó que en 27 años el Consejo recibió 5170 denuncias contra jueces y solo el 1,3% de las que cerró terminó en una sanción o una remoción.

Otros expedientes pasarán a la nueva integración. El caso de Alejandro Patricio Maraniello, juez civil y comercial federal denunciado por maltrato laboral y abuso sexual, parecía encaminado al jury, pero perdió impulso en la Comisión de Acusación y no llegaría al último plenario.

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La denuncia contra Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, por atribuirse competencias que no le correspondían, caduca el 1° de diciembre si el plenario no se expide.

Villena acumula otras cinco denuncias, de las que solo una avanzó. En el Consejo advierten que, mientras no se muevan las causas penales en su contra, poco podrán hacer.



Hernán Cappiello,Conforme a

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La cautelar que frenó el proyecto Sea Lion sigue vigente y la Justicia sumó a Tierra del Fuego a la causa contra las petroleras

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La jueza federal Mariel Borruto admitió la intervención de la provincia de Tierra del Fuego en la causa judicial contra el proyecto petrolero Sea Lion y ratificó la vigencia de la medida cautelar que prohibió a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum iniciar, continuar o ejecutar cualquier obra, como perforaciones, infraestructura submarina, unidades flotantes de producción y obras terrestres o portuarias de apoyo.

La resolución, firmada el 27 de octubre y notificada por cédula electrónica al día siguiente en un expediente impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), formaliza una disputa procesal que se extendió por varias semanas: la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego había pedido ingresar a la causa, aunque lo hará con facultades acotadas: actuación accesoria y subordinada a la parte actora.

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El fundamento central de la magistrada es que la Fiscalía de Estado no hizo valer en la causa una posición material diferenciada. Por el contrario, en su presentación del 23 de septiembre declaró concurrir “compartiendo con las asociaciones actoras (el CECIM y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas -AAdeAA-) el propósito de prevenir el daño ambiental de incidencia colectiva”, y reservó para otras vías las pretensiones sobre titularidad de recursos naturales, daños propios e indemnizaciones.

Así, Tierra del Fuego podrá formular alegaciones, aportar elementos de juicio y promover prueba, pero dentro de los límites de la acción original. No podrá ampliar el objeto de la demanda ni introducir pretensiones autónomas.

La cautelar sigue en pie y no se revisará todavía

La jueza Borruto tampoco hizo lugar al pedido de la Fiscalía de incorporar recaudos adicionales a las condiciones de revisión de la cautelar, ni ordenó que Rockhopper y Navitas presenten por ahora las pólizas de seguros y garantías ambientales solicitadas por la provincia. Ambas decisiones se sustentaron en que los informes ordenados en septiembre aún no se incorporaron al expediente y las empresas demandadas todavía no fueron notificadas, dos condiciones que el propio tribunal había fijado como necesarias para reevaluar el alcance de la medida.

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La cautelar del 16 de septiembre detuvo las obras de Rockhopper y Navitas hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina competente. El proyecto contempla 23 pozos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, y tiene como primera extracción de crudo el primer trimestre de 2028. Navitas controla el 65% y Rockhopper el 35% restante.

Una plataforma petrolera en mar abierto exhibe letreros de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la Fiscalía fueguina también había solicitado convocar al Estado nacional al proceso. Borruto rechazó ese pedido. La magistrada aclaró que ya había ordenado el 16 de septiembre informes a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, a la Secretaría de Energía y a la Cancillería, cuya incorporación al expediente se encuentra pendiente.

“La sola condición de legitimado ambiental, o la existencia de competencias nacionales relacionadas con el emprendimiento, no impone su participación necesaria en todos los procesos de tutela del ambiente”, sostuvo Borruto.

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Avance legislativo

La incorporación de la Fiscalía de Estado al expediente no fue espontánea: respondió a una resolución de la Legislatura de Tierra del Fuego que, en septiembre, instruyó al Poder Ejecutivo provincial y a la Fiscalía a tomar intervención en la causa. El proyecto, impulsado por el legislador Matías Lapadula del bloque Provincia Grande, requirió al gobierno de Gustavo Melella que pusiera a disposición del tribunal la información técnica y administrativa disponible sobre las Islas del Atlántico Sur y sobre las obras de Sea Lion, y que informara a la Cámara las medidas adoptadas dentro de los 30 días.

La iniciativa argumentó que tanto la infraestructura logística proyectada en Puerto Argentino como las instalaciones marítimas del proyecto involucran territorio y espacios marítimos correspondientes a la Provincia, en virtud de la Ley de provincialización 23.775 y del artículo 81 de la Constitución fueguina, que declara de dominio provincial los recursos naturales de su mar adyacente.

Antes de que la causa ingresara al Juzgado Federal de Río Grande, el gobierno de Melella había tomado iniciativas propias. En mayo, la provincia presentó una denuncia contra Navitas Petroleum ante la Autoridad de Valores de Israel por presuntamente ocultar a sus inversores el riesgo jurídico y diplomático del proyecto.

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El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella

El gobierno fueguino trabaja además en un proyecto de ley de orden interno que regulará las operaciones marítimas dentro de las doce millas del departamento Islas del Atlántico Sur -como la observada reapertura de la ruta comercial entre Punta Arenas (Chile) y Malvinas- y contemplará sanciones económicas y prohibición de operar en puertos argentinos para empresas que actúen sin autorización provincial. Así lo informó el secretario de Malvinas provincial, Andrés Dachary, a Infobae.

La legisladora María Victoria Vuoto (PJ) también impulsó un proyecto de declaración de rechazo al intercambio comercial que instrumentará la naviera chilena Easter Island, por la preocupación de que esa conexión pueda servir de soporte logístico al proyecto Sea Lion.

La resolución de Borruto llegó en un momento en que el conflicto por Sea Lion escaló a varios frentes simultáneos: por ejemplo, la Argentina inició en octubre un arbitraje ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por la disputa de la soberanía sobre los recursos naturales con Reino Unido, bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Las primeras audiencias se realizarán el 10 y 11 de noviembre.

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El PRO no apura una alianza con LLA y pone el foco en el Congreso: “Hablar ahora de acuerdos electorales no tiene mucho sentido”

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Pese a que el PRO y La Libertad Avanza trabajan desde hace varias semanas en un mesa política para intentar avanzar en un acuerdo político, todavía no hubo grandes anuncios al respecto. En este sentido, en las últimas horas el propio Mauricio Macri descartó que existan grandes avances, hecho que generó un nuevo cruce con el Gobierno, que aseguró que se demora el entendimiento por una interna de sus eventuales socios.

“No hubo acance concreto está bien que no haya acuerdo hoy”, señalaron en el entorno de Macri a TN. “Se están conversando otras situaciones y cuestiones antes de avanzar en un acuerdo nacional”, aclararon.

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También descartaron tener un apuro en cerrar una alianza electoral. “Corresponde más a una ansiedad del periodismo que a una necesidad real de los partidos o un hecho político concreto”, expresaron cerca del expresidente a este medio. “Tanto el PRO como LLA vienen bien como están por el momento”, sentenciaron.

Diego Santilli, Eduardo Menem y Martín Menem se reúnen seguido con Cristian Ritondo y Fernando De Andreis en Casa Rosada. (Foto: Presidencia)

En tanto, el diputado nacional y presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, afirmó a TN: “El foco es el mismo que venimos marcando hace semanas. Hoy la conversación está puesta principalmente en el plano legislativo”.

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Bariloche: la alianza oficialista se queda con la mayoría y los libertarios salen terceros en las elecciones para convencionales constituyentes

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SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Con el 88% de las mesas escrutadas, la lista “Estamos Haciendo Bariloche” sacaba ventaja esta noche en el recuento para elegir a los 15 convencionales que reformarán la Carta Orgánica Municipal. De hecho, se quedaba una mayoría de ocho escaños. La jornada sirvió como termómetro político para la alianza entre el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente local Walter Cortés.

Sobre un padrón habilitado de 115.415 electores distribuidos en 333 mesas, los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a los 15 convencionales constituyentes titulares (y sus respectivos suplentes) que tendrán la tarea de reformar la Carta Orgánica Municipal.

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Al cierre de esta edición, Estamos Haciendo Bariloche, con la lista encabezada por Yanina Sánchez, obtenía el 35,2% de los votos, seguida por la peronista Fuerza Bariloche, que postuló a Andrea Galaverna, con el 16,8%. Martín Govetto, cabeza de La Libertad Avanza en Bariloche, alcanzaba el 13,2% de los sufragios.

“Bariloche respaldó el rumbo de la gestión y el trabajo de todos los días”, celebró Weretilneck, con la mira puesta en 2027: Bariloche es la ciudad con más electores de la provincia, con el 18% del padrón total.

La participación, de todos modos, fue baja: anoche no llegaba al 50% sobre los 115.415 electores habilitados y distribuidos en 333 mesas, que utilizaron el sistema de boleta única de papel para elegir entre 13 listas.

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La Carta Orgánica Municipal es la constitución fundamental de la ciudad. A 20 años de su última modificación, este texto establece las normas que organizan el funcionamiento político, institucional, administrativo y tributario de Bariloche.

Entre sus competencias generales, la Carta Orgánica define la estructura del gobierno local, las atribuciones del intendente y del Concejo Deliberante, los mecanismos de participación cívica y la preservación ambiental de recursos estratégicos como el Cerro Catedral, las costas del lago y las áreas protegidas. Los 15 convencionales constituyentes electos serán los encargados de reescribir y actualizar estas reglas esenciales para el desarrollo barilochense.

Los principales planteos para reformar la Carta Orgánica abordan desde la agilización de la gestión local hasta cambios estructurales en participación cívica, medio ambiente y servicios públicos. Cortés remarcó la necesidad de contar con una Carta Orgánica dinámica y con menos trabas burocráticas. Su enfoque prioritario radica en otorgar herramientas normativas para acelerar la ejecución de obra pública en la ciudad.

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Otras fuerzas como FIT y PAVE propusieron pasar a un esquema con rasgos más parlamentarios, limitando el poder del Ejecutivo mediante la eliminación del derecho a veto del intendente. También se propuso fijar los salarios de funcionarios, concejales e intendente al nivel de un haber docente y aplicar la revocabilidad de mandatos ante incumplimientos.

Más allá de la discusión normativa, los comicios en el distrito electoral más numeroso de Río Negro adquirieron un fuerte impacto político provincial. La elección significó la prueba de fuego para la alianza electoral Estamos Haciendo Bariloche, conformada entre el Partido Unión y Libertad (PUL) del intendente Cortés y Juntos Somos Río Negro (JSRN), espacio liderado por el gobernador Weretilneck.

El gobernador Weretilneck y el intendente Walter Cortés conformaron la alianza electoral Estamos Haciendo Bariloche.

Ambos líderes buscaron medir fuerzas y afianzar la gobernabilidad en el municipio, como un ensayo de cara a la proyección de los comicios provinciales y municipales previstos para 2027. Al emitir su voto al mediodía, Cortés enfatizó: “Es fundamental que el voto que emita la gente sea para que esta ciudad crezca. La responsabilidad cívica de sostener los gobiernos y la democracia es cuando todos acudimos a las urnas. Después no hay que quejarse”.

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Sobre la proyección del resultado y la normativa local, agregó: “Acá se juegan otras cosas también. Esto es un test. Los próximos intendentes van a necesitar de una Carta Orgánica dinámica, con menos burocracia, que le sirva al pueblo”. Y respecto a su alianza con el gobernador Weretilneck, aclaró: “Hasta hoy tenemos una alianza, después veremos”.

Por su parte, Govetto, primer candidato por La Libertad Avanza, afirmó durante la jornada electoral: “Estamos acá para acompañar este proceso, esperamos que se acerque la mayor cantidad de gente a votar. Estamos muy conformes con la campaña que hicimos”. Y Sánchez (asesora letrada de la municipalidad y cabeza de lista de Estamos Haciendo Bariloche) destacó el valor del comicio al señalar que en las urnas “de alguna manera se va a evaluar la gestión que estamos haciendo”.



Paz García Pastormerlo,Río Negro,Bariloche,Conforme a

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